¿Para qué quemar el país? Tres reflexiones sobre el domingo ardiente
Llevamos años conviviendo con niveles de violencia que resultarían intolerables en la mayoría de los países. Pero el domingo ardiente fue distinto. El miedo colectivo alcanzó otra escala. Nunca nos había paralizado a tantos al mismo tiempo. En redes sociales, en chats grupales y en conversaciones nerviosas —cuando alguien salía a comprar comida— se repetía la misma pregunta: si lo capturaron en Jalisco, ¿para qué estaban quemando el país?
Desde luego, la caída de un personaje como Nemesio Oseguera “El Mencho” no ocurre con frecuencia. Tengo para mí que es y será uno de los acontecimientos más importantes de México en el siglo XXI. Pero ese hecho, por sí solo, no termina de explicar la quemazón del domingo. Este texto presenta tres reflexiones al respecto. Los partidarios del antiguo líder del CJNG quemaron el país por una razón emocional, porque tuvieron la oportunidad y porque necesitaban demostrar fuerza dentro y fuera de su organización. En otras palabras: porque querían, porque podían y porque debían.
Porque querían
La violencia del domingo puede entenderse, en parte, como la manifestación del apego emocional de los partidarios de “El Mencho” hacia su líder tras su eliminación. No fue solo una operación criminal, sino también una reacción simbólica que incluyó duelo, rabia y manifestaciones públicas de lealtad. El equipo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México (SVyP-Colmex) analizó esa dinámica en redes sociales durante las horas posteriores a la noticia. El SVyP-Colmex identificó expresiones de añoranza hacia el líder, manifestaciones de religiosidad dirigidas a su figura, mensajes de duelo y respeto por su eliminación, así como formas de identificación aspiracional dentro del grupo. En resumen, las emociones también sirvieron como combustible durante el domingo ardiente, en tanto la violencia funcionó como canal de las emociones colectivas dentro de la organización y entre sus simpatizantes, según lo manifestaron ellos mismos.
Porque podían
El domingo también dejó ver, una vez más, que el Estado mexicano no controla amplias zonas del país. Su presencia es desigual, con regiones en las que llega tarde o simplemente no llega. Durante horas, grupos asociados al CJNG bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y atacaron negocios en varios estados. Quemaron autos, camiones y autobuses de pasajeros. También bloquearon las entradas y salidas de ciudades enteras, con millones de personas dentro.
El contraste fue evidente: mientras la organización criminal reaccionó con rapidez y coordinación, el Estado tardó horas —que parecieron días— en recuperar el control.
Sin duda, capturar o eliminar a un líder criminal de ese calibre es una operación compleja. Requiere inteligencia, coordinación institucional y, muchas veces, colaboración internacional, como lo evidenciaron las múltiples reacciones de funcionarios de Estados Unidos que señalaron su participación en la caída del líder criminal. En ese sentido, fue un esfuerzo notable y un triunfo del gabinete de seguridad nacional. Pero una cosa es realizar una operación quirúrgica y otra muy distinta es quedarse a limpiar el quirófano y cuidar al paciente. Así, aunque la comunicación oficial presentó el operativo como un éxito de precisión, lo cierto es que el país vivió un vacío de control en amplias zonas del territorio durante las primeras horas posteriores al enfrentamiento.
Estamos, una vez más, ante la evidencia de la falta de coordinación inmediata entre las autoridades federales, estatales y municipales. Puede explicarse por el temor a filtraciones hacia el grupo criminal o por la rapidez del operativo. En cualquier caso, la conclusión es la misma: el Estado mexicano no controla el territorio a cabalidad y, en consecuencia, los criminales pueden desplegar distintas formas de violencia, como ocurrió este domingo ardiente. Quizá no sabíamos que podían hacerlo con tal rapidez y de manera simultánea, hasta llenar de miedo a millones de personas que terminamos autoimponiéndonos un toque de queda.
Porque debían
Los eventos del domingo también respondieron a una lógica corporativa: los encargados en el territorio debían mostrar fuerza y lealtad a la organización, además de enviar un mensaje al Estado, a sus competidores y a la población de que controlan ese espacio. Sí, el CJNG es una organización enorme, transnacional, con recursos económicos significativos y acceso a armamento de alto calibre. Pero no es un monolito. Como ocurre con muchas organizaciones criminales en México, se trata de una red de liderazgos regionales que deben demostrar constantemente su capacidad operativa y su control territorial.
Dos consideraciones finales ayudan a explicar este punto. Primero, desde la expansión del componente paramilitar de las organizaciones criminales en México —especialmente desde la emergencia de Los Zetas— la violencia se volvió parte estructural del modelo de negocio criminal. Desde hace décadas, estas organizaciones son mucho más que narcotraficantes: participan en extorsiones, secuestros, tráfico de personas y control territorial. Como en otros contextos, los actores armados utilizan la violencia para cumplir funciones económicas, políticas y simbólicas; les sirve para disciplinar a las poblaciones, intimidar a rivales y enviar mensajes al Estado.
Segundo, estas organizaciones operan en un entorno en el que la impunidad sigue siendo más la regla que la excepción. En ese contexto, las acciones espectaculares de violencia pública también funcionan como demostraciones de poder necesarias para conservarlo. Por eso, en buena medida, sostengo que “debían” hacerse presentes y demostrar su fuerza ante un evento de la magnitud de la caída de Nemesio Oseguera.
A manera de cierre
Por eso, la pregunta que circuló ese domingo —¿para qué quemar el país?— tiene una respuesta incómoda. Lo hicieron porque querían manifestar su rabia y su lealtad; porque podían aprovechar vacíos de autoridad, y porque, dentro de su propia lógica organizacional, debían demostrar que son la fuerza armada dominante en regiones enteras del país, capaces de competir con el Estado de uno de los países más grandes y ricos del mundo.
Entender estas dinámicas no significa justificarlas. Pero sí implica reconocer algo incómodo: en México, el poder criminal no solo se disputa con armas, tal como lo sufrimos el domingo pasado.
* Manuel Pérez Aguirre es integrante del Seminario sobre Violencia y Paz y Doctor por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, especializado en violencia.
El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Un exdirector de la Policía
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El mayor Ronald y Robson Calixto Fonseca
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
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