La rentabilidad de la violencia y el contraste entre México y España
El 1 de noviembre, los asistentes al Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán escucharon el tronido de siete disparos antes de que comenzaran a correr. Entre flores de cempasúchil y velas se desangraba su presidente municipal, Carlos Manzo, otra víctima de la violencia homicida generada —según declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch— por presuntos operadores y células criminales vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación en el estado.
Un par de semanas después, al otro lado del Atlántico, una operación conjunta de la Policía Nacional española, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y autoridades policiales neerlandesas logró desmantelar “la oficina” del CJNG en España. El hecho dejó al descubierto su forma de operar en este territorio. Si bien han logrado infiltrarse en el territorio español gracias a que han podido aprovechar la gran infraestructura logística y, según informes del Ministerio Interior, abrirse paso hacia el resto del mercado europeo por medio de colaboración logística con redes vinculadas a la camorra napolitana, lo han hecho de manera extremadamente mesurada. Sin ejecuciones. Sin tiroteos. Sin matanzas.
El asesinato de Manzo y el mencionado desmantelamiento dan cuenta de cómo dos grupos pertenecientes al mismo cartel adaptan sus estrategias en contextos completamente opuestos. En Michoacán, violencia abierta; en España, discreción absoluta. Este cuestiona la narrativa impuesta de que los “cárteles son inherentemente violentos”, y que, en consecuencia, la única forma de combatir el fuego es con más fuego. No obstante, primero debemos entender que la violencia es una herramienta más de los grupos criminales, y es utilizada de manera estratégica en la consecución de objetivos específicos como gestionar conflictos, protegerse, o evitar la captura.
De acuerdo con Duran-Martínez, la violencia se forma a través de interacciones entre actores criminales y el Estado. Su frecuencia, así como su visibilidad dependen de un cálculo de costo-beneficio que involucra factores como la cohesión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la competitividad del mercado y la presencia de protección estatal hacia grupos criminales. Por otro lado, Lessing denomina condicionalidad de represión, a la capacidad del Estado para influenciar este cálculo. Al condicionar el nivel de represión estatal al comportamiento de los grupos criminales, el Estado aumenta el costo de violencia y se desincentiva su uso.
El caso español ilustra un ejemplo de cómo esta dinámica puede hacer más costosa la violencia y generar un escenario donde los criminales optan por establecer alianzas que les permitan obtener ganancias sin llamar la atención de las autoridades en lugar de disputarse territorios y mercados con otros grupos abiertamente. Esto no solamente se debe a las consecuencias inmediatas que puedan enfrentar, como el arresto de algunos de sus miembros, sino al aumento de las sanciones y represión que pueda imponer un Estado. Un claro ejemplo de esto fue la propuesta legislativa impulsada por el Partido Popular en diciembre del 2024, que buscaba endurecer las penas para delitos relacionados con el narcotráfico, y surgió a raíz del asesinato de dos guardias civiles por narcotraficantes en Cádiz un mes antes.
Según reportes de la Policía Nacional de España, pequeñas células del CJNG operan en las sombras en territorio español, internalizando sus tareas para evitar altercados, mediante personal especializado de confianza traído desde México. Colaboran con miembros de la camorra italiana, quienes facilitan la logística y distribución internacional de narcóticos, mientras que son empresarios españoles, no criminales “de oficio”, quienes prestan sus nombres y sociedades mercantiles como pantalla legal para el trasiego de cocaína y anfetaminas, así como el blanqueo de capitales.
El uso (o no) de la violencia criminal se adapta al contexto. Aunque las penas por narcotráfico y pertenencia a una organización criminal en España son sustancialmente menores que en México, la amenaza de que la represión por parte de la autoridades estatales aumente y el miedo a la captura evitan que la violencia escale. No solo existe un alto costo reputacional para los grupos criminales en España, sino que el Estado ha convertido a la violencia en una estrategia que no es viable. No obstante, en este caso debemos preguntarnos, ¿es la ausencia de violencia homicida lo mismo que la ausencia de daño social?
Michoacán presenta la imagen opuesta y evidencia lo que sucede cuando la fragmentación del Estado junto con su aparato de seguridad, una crisis de impunidad y políticas militaristas abaratan la violencia mientras que sus rendimientos se elevan por los cielos.
A diferencia de aquellas que operan en España, las células del CJNG en Michoacán se permiten la subcontratación de servicios —entre los cuales se encuentran niños y jóvenes reclutados, como quien disparó contra Manzo—, el uso de la fuerza para competir por territorio, rutas y mercados locales con otros cárteles, resolver disputas y demostrar su fortaleza de una manera creíble como lo plantea Gambetta. La fragmentación entre diversas autoridades gubernamentales y de seguridad convierte a la violencia en una estrategia perfectamente redituable mientras que la militarización y un sistema penal que no ofrece incentivos para la moderación, rompen con cualquier esquema de condicionalidad e imposibilitan la construcción de respuestas estatales efectivas.
Las 12,069 víctimas que, de acuerdo con Lantia Intelligence, han muerto en Michoacán derivado del problema del crimen organizado en los últimos siete años son resultado no solo de las acciones de grupos criminales, sino del sistema de incentivos que el Estado mexicano ha construido mediante su fragmentación institucional, y estrategias militarizadas de represión indiscriminada. La impunidad estructural —con un Índice Federal de Impunidad de 95.5% en el 2022 según un reporte de México Evalúa— reduce las posibilidades de que los crímenes sean castigados y abarata el uso de la violencia.
La fragmentación entre autoridades federales, estatales y municipales impide respuestas coordinadas y permite que los grupos criminales exploten jurisdicciones débiles. La militarización y la represión sin distinción entre el narcotráfico violento y no violento elimina cualquier incentivo para la automoderación: si el castigo potencial es el mismo, la violencia se convierte en una herramienta eficiente y mucho más valiosa que la negociación.
El aparato estatal ha generado un contexto donde la violencia es la opción más rentable para los grupos criminales, y comparte la responsabilidad causal en los resultados de este sistema. El contraste entre España y México no implica la existencia de una receta transferible: los contextos históricos, políticos, geográficos y de mercado son muy distintos. Sin embargo, lo que si evidencia es que la violencia criminal está sujeta a cálculos racionales que pueden ser influenciados para alterar los resultados con los que vivimos día a día.
* Sonia Hedrosa Medina es asistente de investigación en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.
Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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