Cuando el juez cruza la reja, la tortura deja de ser invisible
Hablar de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes en México suele remitir de forma casi automática a las detenciones arbitrarias, a los interrogatorios ilegales o a las primeras horas bajo custodia policial. Sin embargo, esa mirada parcial deja fuera uno de los espacios donde estas prácticas no solo persisten, sino que se normalizan: las prisiones. La ejecución penal continúa siendo un territorio donde la violencia institucional se vuelve cotidiana, donde la dignidad se erosiona lentamente y donde el control del poder punitivo se diluye entre rutinas administrativas y silencios prolongados.
En ese contexto, la prevención de la tortura no puede entenderse como una tarea abstracta ni como una responsabilidad exclusiva de organismos especializados. Es, ante todo, una obligación estructural del Estado que atraviesa de manera directa al Poder Judicial. Y, dentro de este, a una figura que ha sido históricamente subestimada: la de las juezas y los jueces de ejecución penal.
Desde el 2016, la Ley Nacional de Ejecución Penal abrió la puerta a un cambio de paradigma al reconocer que la prisión no es un espacio ajeno al derecho, sino un ámbito que debe estar sometido a control judicial permanente. No obstante, en la práctica, ese control sigue siendo distante, fragmentado y, en muchos casos, meramente formal. La ejecución de la pena se gestiona desde expedientes, resoluciones y audiencias breves, mientras la vida real en prisión continúa desarrollándose sin una mirada judicial constante sobre las condiciones materiales de detención, el acceso a la salud, el uso del aislamiento o las prácticas disciplinarias.
Esta distancia no es neutra. Cuando la persona juzgadora no conoce directamente lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios, la ejecución penal corre el riesgo de convertirse en una administración acrítica del encierro. El derecho deja de ser una herramienta de protección y se transforma en un mecanismo que, por omisión, legitima prácticas que pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las visitas penitenciarias judiciales representan, en este sentido, una de las herramientas más potentes y menos utilizadas para la prevención de la tortura. No se trata de una cortesía institucional ni de una práctica simbólica. La presencia física de la persona juzgadora dentro de la prisión tiene un efecto inmediato y profundamente disruptivo frente a la normalización de la violencia. Ver las celdas, recorrer los módulos, escuchar directamente a las personas privadas de la libertad y constatar el funcionamiento real de los servicios penitenciarios permite detectar riesgos que difícilmente aparecen en los informes escritos.
La prevención adquiere entonces un carácter concreto. Se vuelve posible identificar a tiempo condiciones de internamiento indignas, omisiones graves en la atención médica, usos indebidos del aislamiento, sanciones disciplinarias ilegales o represalias contra quienes se atreven a denunciar. En estos escenarios, la intervención judicial oportuna puede evitar daños irreversibles. La tortura, en muchas de sus expresiones contemporáneas, no irrumpe de manera súbita, sino que se construye a partir de acumulaciones de abandono, negligencia y violencia cotidiana.
Frente a este potencial preventivo de la judicatura, resulta inevitable abordar de manera crítica el papel que actualmente desempeña el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. A pesar de su reconocimiento legal y de su mandato específico, la realidad muestra que su actuación no ha logrado incidir de forma eficaz en la reducción de prácticas que desembocan incluso en muertes bajo custodia. Las visitas suelen ser discontinuas y sin seguimiento, las recomendaciones carecen de efectos vinculantes y los tiempos de reacción llegan, en muchos casos, cuando el daño ya está consumado.
Esto no implica desconocer la importancia del MNPT, sino advertir con claridad que la prevención de la tortura no puede descansar exclusivamente en un mecanismo debilitado por limitaciones estructurales. La experiencia demuestra que, sin controles internos fuertes y cotidianos, la violencia institucional se adapta y persiste. En este punto, el Poder Judicial tiene una responsabilidad que no puede seguir delegando.
Es cierto que las juezas y los jueces de ejecución operan bajo condiciones adversas. La sobrecarga de trabajo, la falta de personal especializado y la escasez de recursos técnicos son obstáculos reales que afectan el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, estos factores explican las dificultades, pero no pueden justificar la renuncia al control directo sobre los espacios de privación de libertad. Al contrario, evidencian la urgencia de repensar el diseño institucional de la ejecución penal y de dotar a la judicatura de las herramientas necesarias para cumplir con su mandato constitucional.
La función judicial en esta etapa no consiste en administrar cárceles, sino en garantizar que el encierro no se transforme en una pena adicional, ilegal y profundamente desigual. Cuando la persona juzgadora asume un rol pasivo, la prisión vuelve a convertirse en un espacio de excepción, donde los derechos existen solo en el papel y la violencia se normaliza como parte del castigo.
Adoptar las visitas penitenciarias judiciales como práctica sistemática implica dotar a la ejecución penal de un sentido garantista. Significa reconocer que la tutela judicial efectiva no termina con la sentencia y que el control del poder punitivo debe extenderse hasta el último día de privación de libertad. Significa, también, asumir que la prevención de la tortura exige la presencia institucional, una escucha activa y decisiones terminantes para su mitigación.
Mientras sigan ocurriendo muertes bajo custodia, las condiciones indignas de detención persistan y la prisión continúe siendo un espacio opaco para la judicatura, el Estado mexicano seguirá incumpliendo su obligación reforzada de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. La pregunta ya no es si las juezas y los jueces de ejecución pueden contribuir a prevenir los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La pregunta es por qué, teniendo el mandato y las herramientas para hacerlo, el sistema ha normalizado su ausencia.
En un país donde la prisión sigue siendo sinónimo de abandono, la presencia judicial no es un lujo ni una buena práctica. Es una condición mínima para que la dignidad humana no quede, una vez más, del otro lado de la reja.
* José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Director General en ASILEGAL @AsíLegalMx.
Autoridades federales dijeron que los disparos del agente del ICE fueron en defensa propia, mientras que las locales consideron los hechos commo una acción injustificada.
La mujer que murió este miércoles en la ciudad de Minneapolis por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años.
Good, madre de tres hijos, murió durante un operativo de ICE contra la migración irregular.
La mujer era ciudadana estadounidense, según le dijeron dos fuentes federales a la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos.
De momento se desconoce la identidad del agente que la mató.
El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.
Las autoridades federales aseguran que los disparos del agente contra Good fueron en defensa propia, mientras que las de Minneapolis y el estado de Minnesota consideran que el agente disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida.
“Un ser humano increíble”
La madre de Good, Donna Granger, identificó públicamente a su hija unas horas después del tiroteo mortal, describiéndola como “una de las personas más amables” que ha conocido.
“Era extremadamente compasiva. Durante toda su vida se preocupó por la gente. Era amorosa, tolerante y afectuosa. Era un ser humano increíble”, le dijo Granger al diario The Minnesota Star Tribune.
Granger expresó incredulidad ante las circunstancias de la muerte de su hija. “Fue algo tan estúpido”, le declaró al medio local. “Probablemente estaba aterrorizada”.
Según su madre, Good residía junto a su pareja en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, algo que confirmaron en una declaración conjunta varios miembros del Concejo Municipal.
En lo que parece ser la cuenta de Instagram de Good, que ahora es privada, los medios estadounidenses afirman que ella se describía a sí misma como una “poeta, escritora, esposa y madre” que estaba “disfrutando de Minneapolis”.
Oriunda de Colorado Springs, se había mudado a Minneapolis el año pasado desde Kansas City.
El Minnesota Star Tribune informa que solía presentar un podcast con su segundo marido, Tim Macklin, pero que él falleció en 2023. Tuvieron un hijo juntos, que ahora tiene 6 años, según declaró el padre de Macklin al periódico.
Good tuvo otros dos hijos con su primer esposo, que habló con los medios estadounidenses con la condición de que no revelaran su nombre. Él afirmó que Good no era activista, sino una cristiana devota que había viajado a Irlanda del Norte en misiones juveniles cuando era más joven.
Según la agencia de noticias AP, anteriormente había trabajado como asistente dental y en una cooperativa de crédito, pero en los últimos años era ama de casa.
Good estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, y en 2020 ganó un premio para estudiantes universitarios de la Academia de Poetas Estadounidenses.
“Cuando no está escribiendo, leyendo o hablando sobre escritura, ve maratones de películas y hace arte con su hija y sus dos hijos”, reza la biografía del premio, según citan los medios estadounidenses. Ahora, aparentemente, el texto ha sido eliminado de la página web.
Good se graduó ese mismo año en la Facultad de Artes y Letras de la universidad con una licenciatura en inglés.
En un comunicado, su presidente afirmó que su repentina muerte “es otro claro ejemplo de que, lamentablemente, el miedo y la violencia se han convertido en algo habitual en nuestro país”.
“Ojalá la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: la libertad, el amor y la paz”, escribió Brian Hemphill, presidente de la Universidad Old Dominion.
Videos del momento
Videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales muestran desde varios ángulos el vehículo en el que viajaba la mujer bloqueando parcialmente una calle en el momento en que se aproximan los agentes migratorios.
Estos tratan de abrir la puerta de la conductora, que aparentemente trata de huir acelerando a la derecha.
Uno de los agentes, que intentaba bloquear el paso del vehículo, respondió con varios disparos hacia el asiento de la conductora, cuyo auto acabó fuera de control y empotrado contra otro que se encontraba estacionado.
Los videos no dejan claro hasta qué punto el vehículo en marcha llegó a tocar al agente.
Tras el incidente se concentraron cientos de manifestantes en el lugar, ubicado cerca de algunos de los negocios de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a menos de 2 kilómetros del lugar donde George Floyd murió a manos de la policía en 2020.
“Algo horrible de ver”
El presidente Donald Trump declaró que las imágenes son “algo horrible de ver” y alegó que la conductora se comportaba de forma “muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba de visita en Texas, describió el incidente como un “acto de terrorismo doméstico” contra el servicio migratorio.
Según su versión, la conductora intentó atropellar a los agentes y los embistió con su vehículo, lo que llevó a uno de ellos a disparar “para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban”.
Esa caracterización fue duramente rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien calificó la versión del gobierno federal de “basura”.
Frey condenó el despliegue de más de 2.000 agentes federales en las áreas metropolitanas de Minneapolis y St. Paul como parte de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.
“Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza”, afirmó el alcalde, quien pidió a los agentes migratorios abandonar la ciudad usando un lenguaje explícito.
Tras asegurar que había visto los videos del incidente, Frey subrayó que no se trata de un caso de defensa propia.
“Asesinato público”
La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez también condenó el incidente, tachándolo de “asesinato público”.
Se ha iniciado una investigación sobre el tiroteo, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, acusó a los agentes federales que estaban tocando el vehículo de haber podido afectar la escena.
La muerte de la mujer de 37 años es, según los datos disponibles, el quinto fallecimiento vinculado a operativos migratorios recientes en grandes ciudades del país.
El área de las Twin Cities (Minneapolis y St. Paul) se encontraba en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el martes el inicio del operativo, relacionado en parte con presuntas irregularidades y fraudes que implicarían a residentes somalíes.
Kristi Noem confirmó que se han realizado “cientos y cientos” de arrestos en el marco de esta campaña.
*Con reportería e información adicional de Tiffany Wertheimer, periodista de BBC News.
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