En los primeros cinco meses del presente año, Zacatecas se ha convertido en el estado donde más agentes de seguridad pública han sido asesinados. Hasta mayo de 2022 se cuentan 21 víctimas a manos del crimen organizado. La lucha que existe entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa ha afectado de manera abrupta el tejido social y la población del corredor industrial zacatecano.
Desde el inicio de la administración del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, se ha incrementado la violencia tanto en contra de civiles como de agentes de seguridad pública. Estos sucesos se han concentrado en los municipios que forman el corredor industrial zacatecano (Guadalupe, Morelos, Calera, Fresnillo y la capital del estado, Zacatecas). El estado de Zacatecas es un territorio deseado por la delincuencia organizada debido a tres principales razones: 1) su ubicación geográfica, 2) su extenso territorio con decenas de kilómetros cuadrados que no están poblados y que permiten llevar a cabo actividades delincuenciales sin el monitoreo constante de las fuerzas de seguridad y, por último, 3) sus carreteras y vías férreas que ayudan al trasiego de droga. Zacatecas es un estado emblema y quien posee la plaza tiene la capacidad de controlar en su mayoría el trasiego de sustancias hacia la frontera norte.
El incremento en homicidios y en la presencia de grupos delincuenciales en el estado comenzó a mediados de 2019 cuando el Cártel de Sinaloa (CS) se expandió a municipios del norte del estado como Mazapio, Juan Aldama, Río Grande, Chalchihuites, Fresnillo y Sombrerete. El control territorial en estos municipios se facilitó ya que son los menos poblados y, además, para el CS representa una expansión del triángulo dorado (zona serrana entre Durango, Sinaloa y Chihuahua), que se considera zona de dominio de este cártel desde la década de los 70. Mientras el CS se hace cargo del norte del estado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se empezó a expandir desde el sur del estado, tomando los municipios colindantes con Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes.
La lucha de los cárteles por el control territorial se ha expandido. Desde Sinaloa, al norte, y Jalisco, al sur, las disputas han avanzado hasta encontrarse y confrontarse en el corredor industrial ubicado en el centro-sur del estado de Zacatecas, en mayor colindancia con los estados de Aguascalientes y de San Luis Potosí. En el proceso de conquista de la plaza se ejercieron acciones violentas en 2020 que tuvieron como consecuencia –según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública– 789 víctimas de homicidio doloso, lo que significa un incremento considerable a comparación de 2019 donde hubo 510 víctimas. Las cifras totales no son claras ya que no conocemos el número exacto de homicidios relacionados con el crimen organizado y, mucho menos, con esta lucha territorial entre el CS y el CJNG.
Según la Base de Datos de Presencia Criminal 2020 del Programa de Política de Drogas (BACRIM 2020), Zacatecas contaba con la presencia de seis carteles en 2020, de los cuales el CJNG y el CS (a través del grupo del Mayo Zambada -MZ) fueron los responsables de la mayoría de los conflictos armados observados en el territorio durante ese año. Estos dos cárteles lideran los bandos en la lucha por la plaza zacatecana, en la que se ven incluidos el Cártel del Noreste y el Cartel de los Talibanes, y que parecen estar aliados con el CS con el propósito de detener el avance del CJNG al centro-norte del país. Esta situación no sólo ha generado violencia e inseguridad en los municipios más vulnerables del estado, sino que la lucha por la plaza ha incrementado la percepción de inseguridad de los habitantes del estado.
Cuando el CJNG y el CS empezaron su expansión por el territorio zacatecano en 2019, el gobierno del estado estaba a cargo del Partido Revolucionario Institucional. Después de las elecciones estatales de 2021, Morena subió al poder con el gobernador David Monreal, heredando la violencia de los gobiernos anteriores. En noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en vigor el Plan de Apoyo a Zacatecas, con el que se busca hacer frente a la crisis de seguridad que presenta el estado. El 24 de noviembre del mismo año se anunció el operativo “Zacatecas II” durante una conferencia de prensa en la capital del estado. En ésta, el Secretario de la SEDENA, General Luis Crescencio Sandoval González, informó que 3,848 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se incorporarían a los 6,101 efectivos que posee el estado entre policías municipales, estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. El propósito de esta operación era evitar la confrontación entre grupos del crimen organizado, en el norte, centro y sur del estado.
A pesar de los esfuerzos federales y del gobierno estatal, la violencia criminal en el estado no se ha disminuido. En el municipio de Fresnillo, por ejemplo, 94.3% de la población mayor a 18 años considera que la ciudad es altamente insegura según la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública Urbana 2021 (ENSU). Mientras tanto, la capital del estado se posiciona como la tercer ciudad más violenta del mundo según el ranking 2021 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal con 107.47 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que es un incremento considerable ya que el mismo ranking consideró a Zacatecas en el puesto número 15 en 2020.
En la Ermita de los Correa, comunidad perteneciente al municipio de Jerez en el sur del estado, se presentó el pasado septiembre un éxodo de 1,500 habitantes. Éstos huyeron a los municipios de Guadalupe, Calera y Fresnillo debido a la violencia y a los conflictos armados entre grupos delictivos. Este fenómeno se ha concentrado en la Sierra de Cardos y en áreas rurales del estado. El caso más reciente es el de Palmas Altas y Sarabia, donde en marzo pasado los habitantes de dichas comunidades fueron obligados a dejar sus hogares bajo amenazas de muerte. Suman ya 18 comunidades serranas las que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia provocada por la guerra entre el CS y CJNG.
Hasta el momento se han instalado cuatro bases militares del Ejército en la sierra de Jerez con el propósito de lograr que estas 18 comunidades rurales puedan regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, solamente la comunidad de Ermita de los Correa ha tenido resultados positivos, las demás personas provenientes de diversas comunidades siguen viviendo en carácter de refugiados en municipios aledaños a la cabecera municipal de Jerez. Los habitantes sobreviven en instalaciones gubernamentales, con familiares o en casas rentadas entre varias familias, la mayoría con apoyo de miembros de sus familias que trabajan al otro lado de la frontera norte, pues no tienen ingresos ni empleo seguro.
Las actividades delincuenciales de los cárteles se han vuelto parte de la cotidianidad de los ciudadanos por medio de los actos reiterados que realizan para generar terror en la población. Un ejemplo de esto son los famosos “colgados” que se han convertido en tendencia en el estado, sobre todo durante los últimos meses de 2021 y el presente año. El número de cuerpos torturados y expuestos en puentes se elevó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, y enero de 2022, principalmente en la zona del corredor urbano zacatecano. La mayoría de estos cuerpos fueron encontrados torturados y con los genitales expuestos, particularmente en municipios donde los policías municipales han renunciado por la misma violencia y por la falta de protección hacia ellos. Éste es el caso de Ciudad Cuauhtémoc, donde el pasado noviembre el total de la plantilla de agentes policiales municipales renunció debido a amenazas del narcotráfico hacia ellos y sus familias. Tres de los 24 cuerpos que fueron encontrados colgados en los principales puentes del municipio pertenecían a elementos policiales.
A principios de este año, el 6 de enero, se marcó un precedente que rompió definitivamente con la tendencia que había tenido el crimen organizado en el estado de Zacatecas. La madrugada del Día de Reyes se encontraron 10 cuerpos –8 masculinos y 2 femeninos–, abandonados dentro de una camioneta estacionada sobre la Plaza de Armas a un costado de la Catedral, el punto más emblemático del centro histórico de la capital zacatecana. Se rumora que fue un acto del CS dirigido hacia el gobernador, acusándolo de pactar con el CJNG; sin embargo, esta información no fue confirmada por las autoridades. A partir de este momento, la lucha entre los cárteles se intensificó principalmente en el municipio de Guadalupe, colindante con la capital y ubicado en la salida hacia el estado de Aguascalientes. En este municipio hasta el mes de mayo suman nueve los asesinatos a agentes de seguridad pública, la mayoría de ellos policías municipales. Ahora las balaceras se pueden escuchar desde el jardín frente al convento franciscano de Guadalupe, epicentro del comercio municipal.
Cuerpos sin vida, cabezas cercenadas, desmembrados, colgados y balaceras son el rastro que deja el narco día con día. La ciudadanía, a pesar de los esfuerzos estatales y federales, no percibe mejoras en la seguridad. Al contrario, según los resultados de la ENSU, la ciudadanía desconfía cada vez más de sus autoridades, sintiéndose menos segura dentro de sus hogares y en su cotidianidad. Los gobiernos federal y estatal demuestran la poca capacidad que poseen las fuerzas de seguridad para generar las condiciones de seguridad indispensables y se han visto incapaces de proteger a la población. La violencia en Zacatecas no discrimina: tanto el corredor urbano zacatecano como las zonas rurales son vulneradas por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
* Thelma Alejandra Mata Hernández (@ThelmaAlejandr8) es asistente de investigación en el Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE, estudiante de la Licenciatura en Políticas Públicas en el CIDE Región Centro.
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