Gran Calzada, una comunidad bajo la presión del Gas
En Yucatán, alcanzar el sueño de una casa propia es una completa odisea. Las cifras oficiales del Gobierno de México son contundentes: durante el segundo trimestre del 2025, el valor de la vivienda en el Estado se disparó un 10.4 %, superando notablemente la media nacional del 8.45 %. Por consiguiente, obtener un patrimonio debería ser motivo de celebración; sin embargo, en el Fraccionamiento Gran Calzada, Umán, esa alegría se ha transformado en angustia y vigilia constante al descubrir que los hogares colindan con una bomba de tiempo.
El desarrollo inmobiliario de Osroca y Grupo Casitas prometía hogares con vida digna, pero lo que se recibió fue una cotidianeidad marcada por el miedo. A menos de 3 metros de las habitaciones donde las familias duermen, la Empresa Francesa Engie, bajo la filial Energía Mayakan, construye una Estación de Compresión (Booster) de Gas Natural (que es un combustible fósil, como el petróleo y el carbón); un proyecto estratégico para la “soberanía energética” que se rige sobre los cimientos de la tranquilidad de las personas: imponiendo vibraciones, polvo, olores nauseabundos y ruido constante que invaden la intimidad.
El proyecto busca abastecer de gas fósil a las nuevas plantas de ciclo combinado —Mérida IV y Riviera Maya (Valladolid)— actualmente en construcción. La rápida proliferación de este tipo de obras de alto riesgo se explica, a su vez, por la expansión de la importación de gas hacia la península de Yucatán, mediante megaproyectos como el gasoducto Mayakán, que suministrará gas proveniente de Estados Unidos y extraído mediante fracking. Todo ello busca satisfacer una demanda energética creciente, impulsada por la acelerada expansión urbana y por el avance de megaproyectos como el Tren Maya, los corredores turísticos y las granjas porcícolas, entre otros. En síntesis, estos proyectos y su enorme apetito energético forman parte de una reconfiguración territorial —tanto nacional como peninsular— orientada a los intereses del gran capital.
La inquietud latente entre los vecinos se materializó el 13 de octubre de 2025, fecha en que iniciaron las pruebas de la estación. Desde entonces, el entorno se ha visto sometido a un infierno acústico: vivir en Gran Calzada se volvió comparable a habitar entre el motor de un auto y una olla de presión a punto de estallar. Esta atmósfera ha detonado una indignación colectiva que transita entre el miedo y la rabia ante la falta de claridad.
El temor e incertidumbre llevaron a las primeras manifestaciones públicas, primeramente a través de la plataforma TikTok, por uno de los autores (Abner Torres), vecino afectado, quien desde el coraje y el dolor decidió compartir su testimonio, esperando el apoyo de la sociedad en general y del Gobierno tanto a nivel estatal como federal. Sin embargo, la respuesta institucional ha oscilado entre el silencio administrativo y un desdén burocrático. Consecuencia de esto, se realizaron 8 manifestaciones por parte de la comunidad de Gran Calzada, en lugares como las oficinas de la inmobiliaria “Grupo Casitas”, el Palacio del Gobierno del Estado de Yucatán, e incluso arriesgando su vida cerrando las vías del Periférico de Mérida, la autopista principal en esta ciudad.
El espaldarazo institucional
Todo esto llevó a una reunión entre la Empresa Engie, el Gobierno del Estado de Yucatán y una comitiva de vecinos del Fraccionamiento. Lastimosamente esta se vio permeada por el paternalismo insultante de la empresa francesa sobre la condescendencia de los funcionarios estatales, priorizando los intereses económicos sobre los derechos humanos. El mensaje fue claro: la vida de las familias vale menos que un gasoducto. Es la repetición de un abuso sistémico que los yucatecos vivimos en la colonia San Damián, en Mérida.
El “Renacimiento Maya” promete cercanía al pueblo, tal como lo aseguran todos aquellos gobiernos que comulgan con la Cuarta Transformación, pero en el territorio ha sido completamente distinto. El Ayuntamiento de Umán admitió, vía transparencia, que NO EXISTEN los permisos de uso de suelo para la operación del Booster y la construcción del Fraccionamiento Gran Calzada. A pesar de la gravedad de la situación la alcaldesa Kenia Waldina Sauri prefirió lavarse las manos y revictimizar a los vecinos por no “fijarse” donde adquieren sus viviendas. Por otro lado, el Gobierno del Estado, a cargo de Joaquín Díaz Mena, propone una “reubicación” de los habitantes como solución, sin previa consulta a los afectados y relegada a un acuerdo entre particulares, dejando el destino de al menos 160 familias que habitan la cuarta etapa de Gran Calzada en manos de las mismas entidades que propiciaron el conflicto: Engie y Grupo Casitas.
También se ha emprendido una batalla legal mediante un recurso de amparo para reubicar el Booster, logrando una suspensión provisional que fue retirada en menos de 12 horas por la magistrada Julia Ramírez Alvarado y el magistrado José Alejandro de Guadalupe Moguel Espejo, derivado de una queja presentada por Engie, dejando en claro lo rápido que actúa el Poder Judicial bajo intereses económicos, ya que posteriormente fue negada la suspensión permanente.
Mientras las batallas institucionales siguen sin encontrar soluciones, la salud de la comunidad cobra factura: se ha presentado un incremento en la frecuencia de dolores de cabeza e irritación de nariz y garganta, así como cuadros de ansiedad e insomnio entre los vecinos. Pero lo más alarmante es la normalización del peligro en la niñez, que crece jugando a la sombra de la torre del “quemador de gas”, integrando el riesgo industrial a su paisaje cotidiano. El miedo de ser parte de las cifras de accidentes que ha presentado esta empresa es latente entre todos los habitantes.
El Gobierno de México mantiene su silencio. Quizás porque “del total de las importaciones de gas metano que realiza México, el 99 % provienen de Estados Unidos y, en específico, de los campos al sur de ese país, en Texas”. Como bien señaló Marcelo Ebrard, somos el principal comprador de gas de Texas y existen “socios influyentes” cercanos a Trump a quienes no se puede incomodar. Tal parece que nuestro país se ha convertido en un gran conducto para las empresas fósiles, donde el metano importado dicta la política interior y el bienestar es moneda de cambio.
Atrapados entre administraciones que evaden responsabilidades y priorizan el capital extranjero, los habitantes de Umán y la zona metropolitana de Mérida se perfilan como víctimas de una expansión inmobiliaria carente de ética moral y ambiental. No obstante, lejos de la resignación, la comunidad mantiene su resistencia y comunicación por un bien común. La organización vecinal, los amparos y la vigilancia del territorio continúan siendo las herramientas frente a un sistema que parece haber decidido que las vidas son prescindibles. Esta lucha no solo busca una solución a un problema de “unas cuantas casas”, sino sentar un precedente de dignidad y defensa del territorio frente a la voracidad corporativa y los falsos espejismos gubernamentales. Solo la comunidad organizada puede salvar a la misma comunidad de quienes han puesto precio a nuestras vidas.
* Victor Balam Villanueva, contacto: [email protected]. Abner Gerardo de Jesús Aragón Torres (IG @abneraragont), contacto: [email protected]. Redes vecinales (IG @yucatanconenergiasegura / Facebook Colectivo X un Yucatán con Energía Segura).
Las autoridades federales y las locales ofrecen versiones contradictorias del incidente que acabó con la vida del manifestante Alex Pretti.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado airadas protestas y una extendida condena.
Cientos de manifestantes desafiaron el clima gélido para salir a las calles para protestar por la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por agentes de Inmigración durante un incidente este sábado.
Los videos del lugar muestran el forcejeo entre los agentes federales y Pretti.
Las autoridades federales y estatales han ofrecido versiones contradictorias de lo que sucedió en los momentos previos al tiroteo.
Trump ordenó el envío de agentes federales a este estado gobernado por demócratas hace unas semanas, con el objetivo de realizar una deportación masiva de migrantes indocumentados.
El sábado por la noche, cientos de personas rindieron homenaje a Pretti, encendiendo velas y coreando su nombre cerca del lugar donde recibió los disparos.
Durante el día, cientos de manifestantes expresaron su indignación por el tiroteo y por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, mientras agentes armados y enmascarados utilizaban gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersarlos.
Las protestas se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco., en las que muchos asistentes portaban pancartas que pedían “Justicia para Alex” y “abolir el ICE”.
Versiones contradictorias
El gobierno de Trump ha descrito a Pretti como un “terrorista doméstico”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que estaba allí “para perpetuar la violencia”, y alegó que se aproximó a los agentes federales con una pistola semiautomática de 9 mm.
Han surgido videos que muestran un forcejeo entre agentes de la Patrulla Fronteriza y el hombre justo antes del tiroteo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que los agentes dispararon en defensa propia después de que Pretti se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Testigos presenciales, funcionarios locales y la familia de la víctima han cuestionado ese relato, señalando que tenía un teléfono en la mano, no un arma.
Sus padres acusaron a la administración de difundir “mentiras repugnantes” sobre lo sucedido.
BBC Verify analizó múltiples videos que muestran los momentos previos al tiroteo. Estos muestran a Pretti filmando a los agentes con su teléfono.
Uno de los agentes empuja a otra persona al suelo, y Pretti se interpone entre esa persona y el agente.
El agente le rocía gas pimienta en la cara y, mientras él intenta ayudar a la mujer en el suelo, más agentes se unen y lo derriban. Ninguno de los videos disponibles muestra a Pretti sosteniendo un arma.
Se puede ver a un agente con una chaqueta gris con las manos vacías mientras intenta quitarle algo de la cintura a Pretti. Luego, el agente se aleja de Pretti, sosteniendo lo que parece ser una pistola en su mano derecha.
Menos de un segundo después de esto, un agente dispara contra Pretti. Se escuchan diez disparos.
Dos testigos refutaron en declaraciones oficiales el relato del DHS sobre lo sucedido, y ambos afirmaron que no vieron a Pretti blandir un arma.
Sin embargo, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, declaró el domingo en el programa Meet the Press de NBC que los videos no eran claros y que “hay mucho que no vemos” en ellos, por lo que era importante realizar una investigación.
El presidente Trump afirmó que los funcionarios locales y estatales estaban “incitando a la insurrección”, sugiriendo que ordenaron a la policía local no proteger a los agentes federales de inmigración en el lugar del tiroteo.
El gobernador Walz rebatió enérgicamente la versión del gobierno federal sobre el incidente. “He visto el video desde varios ángulos y es repugnante”, les dijo a los periodistas.
“Gracias a Dios tenemos el video porque, según el DHS, estos siete tipos heroicos enfrentaron el embate de un batallón contra ellos o algo así. Es una tontería y son mentiras”, afirmó.
Walz reiteró su llamado a Trump para que ponga fin a las operaciones de ICE en Minesota y pidió al gobierno federal a que deje de “calumniar” a Pretti. Añadió que su familia “ya ha pasado bastante” al tener que enterrar a su hijo.
El gobernador pidió que las protestas se mantengan pacíficas, pero acusó a los agentes federales de eliminar pruebas del lugar de la muerte de Pretti.
“Este es un punto de inflexión”, dijo Walz a sus compatriotas.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también exigió que los agentes de ICE abandonen el estado.
“¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?”, declaró.
Pero Greg Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza, dijo en un programa de la cadena CNN que “el sospechoso se puso en esa situación” en referencia a Pretti y su muerte por disparos de los funcionarios.
“Las víctimas aquí son los agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo Bovino.
Las autoridades locales llevan semanas reclamando al gobierno de Trump que ponga fin al despliegue extraordinario de agentes federales de Inmigración en Minesota y en particular en Mineápolis.
El jefe de la policía de Mineápolis, Brian O’Hara, afirmó que Pretti era un propietario legal de armas que no tenía antecedentes penales, y del que solo constaban algunas infracciones de tráfico.
En Minesota es legal portar una pistola en público si se cuenta con un permiso.
El senador republicano Bill Cassidy calificó los sucesos en Mineápolis como “increíblemente perturbadores”.
La “credibilidad” del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego”, afirmó en una publicación en redes sociales.
“Debe haber una investigación conjunta completa, tanto federal como estatal”.
Semanas de tensiones
Este último tiroteo ocurre tras semanas de tensiones entre las autoridades de Minesota, agentes federales y manifestantes que han salido a las calles para vigilar a los agentes durante sus redadas contra la inmigración.
A principios de este mes, un agente de ICE mató a tiros a Renee Good, una residente de Mineápolis de 37 años que participaba en una de esas labores de observación.
La ofensiva de Trump en Mineápolis se puso en marcha en diciembre, después de que algunos inmigrantes somalíes fueran condenados en un fraude masivo de programas estatales de bienestar social.
El estado alberga a la comunidad más grande de inmigrantes somalíes en Estados Unidos.
Los agentes de ICE tienen el poder de detener a personas de las que sospechan que se encuentran ilegalmente en EE.UU.
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