Los camarones brincan
En la Bahía de Ohuira, Sinaloa, la abundancia de camarones es tal que de pronto puedes ver que brincan. Es una verdadera belleza. Si te distraes, te lo pierdes. He comprobado que, igual que yo, mucha gente ignora este hecho. La realidad es que la mayoría de las personas estamos muy desconectadas con cuestiones cotidianas del mundo natural que pueden darnos alegría. Quienes están totalmente conectados a estos ciclos naturales desde su cotidianidad son las comunidades indígenas mayo-yoremes de esta bahía. Desafortunadamente, los camarones, las aves, las tortugas, los delfines y las personas están en riesgo por proyectos de gas que se están impulsando en Topolobampo.
Desde hace años, las comunidades que habitan la costa norte de Sinaloa han estado dando la batalla por proteger sus sustentos de vida frente a una enorme planta de amoniaco que se alimentaría con gas proveniente de fracking en Texas, igual que los proyectos de gas natural licuado (Saguaro, AMIGO y Vista Pacífico, este último también en Topolobampo) que amenazan el Golfo de California.
Pero a todo esto, ¿qué es el amoniaco y por qué es una gran preocupación? El amoniaco se produce con lo que llaman gas “natural” (en realidad fósil o metano), que igual al petróleo o carbón son los tres grandes responsables del calentamiento del planeta y de terrible contaminación. El amoniaco es un insumo de la agricultura industrial que se utiliza para producir fertilizantes. El problema es que el amoniaco es un compuesto muy peligroso y su producción y uso son altamente contaminantes.
Para producir el amoniaco se usa el gas metano por partida doble: como combustible para echar a andar la planta que lo produce y como insumo (o ingrediente si fuera receta de cocina) necesario para que haya amoniaco. La quema del metano es responsable de la alta contaminación del aire con documentados daños a la salud, como explica a detalle Carla Flores en la columna anterior de este blog.
También podemos hablar del daño directo a los camarones que son un medio de subsistencia –tanto de alimentación como de economía– para las personas que habitan la región. El CIIDIR-Sinaloa (Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del IPN) estima que la planta de amoniaco podría significar la destrucción del 60 % de la producción de camarón en la Bahía, es decir, más de 500 toneladas anuales. Además, el amoniaco es tan peligroso que, como advierte la Coalición de Ciencia del Hidrógeno (HSC por sus siglas en inglés), “el hundimiento de un barco con una carga de amoniaco podría esterilizar kilómetros cúbicos de océano”.
Sin embargo, el mayor riesgo son las fugas de amoniaco. El contacto directo con el amoniaco puede causar irritación severa, quemaduras químicas, daño pulmonar agudo y, en concentraciones altas, hasta la muerte en cuestión de minutos. El propio Estudio de Riesgo Ambiental de la empresa promotora, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), reconoce que una fuga de apenas 5 minutos de amoniaco podría convertir a toda la Bahía de Ohuira en una zona de “peligro inmediato para la salud o la vida”. La nube tóxica alcanzaría un diámetro de 45 km, lo que pondría en riesgo a más de 400,000 personas, incluidas las y los habitantes de Los Mochis.
Las comunidades rechazan el proyecto y los especialistas de Naciones Unidas hacen eco de sus demandas
Desde 2014, las comunidades indígenas y ciudadanía de la región se han organizado en el colectivo “Aquí No” rechazando el proyecto de amoniaco. Las comunidades han recurrido a estrategias de lucha por medios jurídicos. En 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón en un caso en donde argumentaban la falta de consentimiento previo, libre e informado para la construcción de la planta. Desafortunadamente, se hizo una consulta tramposa y esto permitió retomar la construcción de la planta que, según la empresa, ya está en un avance de más del 70 % de su construcción. Hoy, las comunidades siguen pidiendo el apoyo de la ciudadanía para recolectar firmas contra el proyecto.
La defensa de su territorio les ha traído graves consecuencias, incluyendo amenazas, violencia, intento de secuestro y desplazamiento. La manera de operar de GPO ha dividido a las comunidades buscando premiar con dádivas a quienes aceptan este proyecto tóxico. Recientemente once relatores de Naciones Unidas destacaron las múltiples y graves violaciones a derechos humanos sufridas por la comunidad y cuestionaron tanto a GPO, como su empresa matriz, Proman, el banco alemán KfW y los gobiernos involucrados.
Ahora que disfrutes romeritos con tu familia, aprovecha para contarles que los camarones brincan, que en Ohuira están en riesgo y nos toca apoyar a las comunidades que defienden cotidianamente la vida en el Golfo de California.
* Claudia Campero (@claucampero) es coordinadora de justicia climática en Conexiones Climáticas (@CClimaticas).
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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