Cuando el cuidado se terceriza, el placer se vuelve riesgo
Nos acostumbramos a vivir la salud como un expediente. Un conjunto de signos vitales, resultados de laboratorio, recetas, indicaciones y “seguimientos” que, a veces –y si corremos con suerte–, pasan por manos expertas para convertirse en un diagnóstico y luego tratarlo con medicamentos. Aunque el problema no es que existan la farmacología o la medicina, ¡benditos sean los antibióticos, la anestesia, las cirugías, los diagnósticos tempranos y la atención especializada! El problema es cuando una sociedad entera aprende, sin darse cuenta, a renunciar a su propia competencia para cuidarse.
Este tipo de dependencia institucional de la salud es a lo que Iván Illich llamó iatrogenia cultural: no el daño clínico de un procedimiento –que es una iatrogenia–, sino el daño social que aparece cuando delegamos nuestro bienestar a instituciones que convierten la salud en trámite y la autonomía en obediencia. 1 Se trata de un fenómeno que tiene historia, formas y nombres.
Durante siglos, la consolidación de la medicina “profesional” no solo organizó hospitales y universidades, también reordenó el mapa del cuidado. Parteras, curanderas y herbolarias —muchas veces mujeres con saberes transmitidos por generaciones— fueron desplazadas, subordinadas o directamente perseguidas; la curación dejó de ser un arte comunitario y se volvió un territorio regulado por credenciales y jerarquías.
Ehrenreich y English narran ese viraje como una captura política del cuidado, el paso de sanadoras autónomas a trabajadoras incorporadas a un sistema dominado por varones y por instituciones. 2 Pero la operación no fue solo laboral, sino cognitiva. Lo que no cabía en el canon se etiquetó como superstición, charlatanería o error. Boaventura de Sousa Santos propuso un nombre duro para esa amputación del conocimiento y lo llamó epistemicidio: la destrucción sistemática de repertorios para conocer y habitar el mundo, una injusticia social y cognitiva. 3
En América Latina, Eduardo L. Menéndez describió este patrón como un modelo médico hegemónico; un entramado que privilegia el biologicismo, la intervención técnico-burocrática y la autoridad profesional, y expande el lenguaje médico hasta colonizar la vida cotidiana. 4 Illich dibuja el mapa completo cuando advierte que un sistema de salud que crece “más allá de límites críticos” no solo produce daños clínicos, sino que también expropia la capacidad de las personas para curarse, acompañarse en sus vidas, darle sentido al dolor y a la muerte, y termina estableciendo un monopolio sobre los métodos y procesos que considera legítimos e “higiénicos” para los cuerpos.
Esa idea conversa, décadas después, con un concepto que la sociología bautizó como medicalización: el proceso por el cual cada vez más ámbitos de la vida ordinaria –como la tristeza o la inquietud– pasan a ser definidos, vigilados y gestionados como asuntos médicos. Peter Conrad y otros autores lo resumieron: más y más vida cotidiana bajo el dominio y la supervisión de la medicina. 5
¿Qué tiene que ver todo esto con el placer? Mucho. Porque si la salud queda “del otro lado del mostrador”, atendida por especialistas o por el Estado, entonces el placer —que es parte del bienestar, pero también una fuerza que empuja— se nos aparece como algo separado del cuidado. En un mundo de iatrogenia cultural, se aprende a pensar así: mi salud la ve alguien más; yo, mientras tanto, busco alivio, energía, calma, pertenencia, descanso, dopamina, sabor, sexo y comida. Y esa búsqueda puede tomar formas inocentes o intensas; café aunque sepamos que nos irrita el estómago; azúcar aunque la glucosa “salga mal”; alcohol aunque el sueño se destruya, o el uso de sustancias psicoactivas ilegalizadas en contextos donde el cuidado quedó reducido a regaño, castigo o clandestinidad.
El resultado es una brecha estructural entre placer y cuidado, y no sólo cuidado personal. A veces, hasta el cuidado a otras personas. Cuando esa brecha se normaliza, quedamos desarmados ante cualquier evento que atraviese la salud. Ya sea una gastritis, una ansiedad persistente, una presión arterial que se descompensa, un duelo, una búsqueda sexual, una ruptura, un dolor crónico, o un consumo que deja de ser esporádico y se vuelve refugio.
En ese escenario, la balanza suele inclinarse hacia el riesgo; no porque el placer sea enemigo, sino porque el cuidado fue expropiado. Ya no es una práctica cotidiana aprendida en comunidad que se puede aplicar a nuestras prácticas, sino un servicio al que se “acude” cuando el daño ya ocurrió. A veces ni siquiera pensamos en que necesitamos cuidarnos, porque de eso se encarga alguien más.
No se trata de fiscalizar el placer ni de convertir la vida en penitencia sanitaria. Se trata de recuperar la idea de que el placer también puede planearse. A veces lo hacemos intuitivamente; comemos pastel y luego caminamos. Tras una semana pesada de trabajo, buscamos una noche de fiesta y al día siguiente protegemos el sueño y la hidratación. Ese tipo de balance —simple, humano— es una forma de autonomía. El problema aparece cuando la cultura nos educa para pensar que el equilibrio es asunto exclusivo del consultorio, de la terapia, o peor aún, de ningún lado, y es ahí donde el placer se vuelve “huérfano”, no dialoga con el cuerpo sino que compite con él.
Reconstruir el puente entre el saber del placer, del cuerpo y la sustancia no exige negar avances médicos. Exige devolver voz y lugar a conocimientos históricamente marginados y, al mismo tiempo, reubicar a la medicina en un papel menos colonial. No como dueña del sentido, sino como aliada del autocuidado informado. No como monopolio del bienestar, sino como herramienta al servicio de vidas complejas.
Quizá el horizonte no sea más ni menos medicina, sino reaprender una cultura del cuidado, donde el placer no esté divorciado de la salud ni de la conexión con las otras personas. Donde las decisiones vengan acompañadas de contexto, información y comunidad. En ese punto, la reducción de riesgos y daños deja de ser “un servicio para casos extremos”. Se vuelve un idioma cotidiano, un conjunto de políticas, programas y prácticas orientadas a disminuir las consecuencias adversas del uso de sustancias psicoactivas —legales e ilegales—, sin convertir la abstinencia en requisito para merecer apoyo. Propone una forma de trabajar sin juicio con quienes usan, para reducir riesgos concretos y promover salud y bienestar.
Solo así podremos revertir el daño cultural de depender ciegamente de las instituciones. Con el tiempo podremos empezar a revertir la iatrogenia cultural, devolvernos herramientas para habitar el cuerpo, experimentar placer sin culpa y no condenarnos a buscar alivio a ciegas.
* Andrés Portilla Martínez es químico farmacéutico, maestro y doctor en Investigación en Medicina con especialización en Farmacología por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una especialización en Endocannabinología por la UNAM. Como investigador ha publicado en múltiples revistas científicas nacionales e internacionales. Como divulgador científico desarrolla textos y contenido para redes sociales como Instagram y YouTube sobre educación en reducción de riesgos y daños, automedicación responsable y uso informado de fármacos y sustancias desde su canal @Farmadrux.
1 Illich I. Medical Nemesis: The Expropriation of Health. New York: Pantheon Books; 1976.
2 Ehrenreich Barbara, English Deirdre. Witches, Midwives, and Nurses: A History of Women Healers. New York: The Feminist Press; 1973.
3 De Sousa Santos, Boaventura. Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide. Routledge: Taylor & Francis; 2014.
4 Menéndez EL. El Modelo Médico y la Salud de los Trabajadores. Salud Colectiva. 2005;1(1):9–32.
5 Conrad P. Medicalization and Social Control. Annual Review of Sociology. 1992;18:209–232.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
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