Ante la crisis de DH y DIH en las últimas dos décadas, resultado del débil estado de derecho en México, la organización Justicia Transicional MX se conformó para construir un espacio de análisis multidisciplinario integrado con personas expertas en justicia transicional para el caso mexicano en las áreas de trabajo: investigación, memoria y verdad, incidencia, capacitación, divulgación y asistencia técnica. El blog es un espacio de opinión e incidencia sobre temas relacionados con JT.

Justicia Transicional en México

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Volver a ver a Chiapas: un grito de auxilio por la verdad, la justicia, la reparación y la memoria

Chiapas: un grito de auxilio por la verdad, justicia, reparación y memoria

Este blog resume los principales argumentos y propuestas del reporte “<a href="https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/7444/La%20impunidad%20activa%20PDF.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">La Impunidad Activa en México: Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos”</a> de Alejandro Anaya Muñoz, James Cavallaro y Patricia Cruz Marín, publicado por el ITESO y la University Network for Human Rights en 2021. El informe fue presentado en México el 13 y 15 julio de 2021. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
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En México, la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos no es accidental, involuntaria o resultado de una mera falta de capacidades institucionales. En un informe publicado recientemente,<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> al revisar con detalle las acciones de los agentes del Estado en un conjunto de casos sobre desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, se identifica una situación de impunidad activa; es decir, se encuentra que la impunidad, en estos casos, es resultado de acciones deliberadas por parte de los agentes del Estado encaminadas a socavar o impedir las investigaciones y así garantizar que no se castigue a los perpetradores.
El análisis de una serie casos representativos –la mayoría de ellos caracterizados por la participación directa de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos– permite identificar los mecanismos específicos a partir de los cuales opera la impunidad activa. Por ejemplo, en el caso de la ejecución de cuarenta y dos civiles en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, efectivos de la Policía Federal alteraron la escena de los hechos y sembraron evidencia falsa. De manera similar, en la ejecución extrajudicial de veintidós personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, elementos de la Sedena también alteraron la escena de los hechos y sembraron evidencia falsa, mientras que agentes de la procuraduría estatal no intentaron preservar la escena y recabar evidencia, además de que torturaron e intimidaron a testigos.
Los mecanismos de la impunidad activa se repiten en casos de violaciones graves a los derechos humanos en México. El reporte ahonda en los detalles y mecanismos de impunidad activa utilizados en once casos ocurridos entre 2008 y 2019 en seis estados del país. Entre otros casos, se analiza la desaparición forzada de tres integrantes de una familia en Buenaventura, Chihuahua, en diciembre de 2009, en el que agentes de la procuraduría estatal se negaron en un primer momento a recibir la denuncia y fueron posteriormente renuentes a realizar una investigación, mientras que familiares de las víctimas fueron acosadas y amenazadas de tal manera que tuvieron que salir del país. En otro caso, en el que miembros del ejército torturaron a tres personas en Maneadero, Baja California, en marzo de 2011, se identifica también el uso de la intimidación a familiares y testigos, como mecanismo de impunidad. Lo mismo en un caso más reciente en que un grupo de policías estatales de élite ejecutaron extrajudicialmente a cinco hombres y tres mujeres, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en septiembre de 2019.
En todos los casos incluidos en el reporte en que los perpetradores fueron presuntamente miembros de las fuerzas armadas se encontró una clara reticencia de las fiscalías competentes a realizar la investigación correspondiente.
En suma, el análisis de estos y otros casos lleva a identificar los mecanismos de la impunidad activa en México: la alteración de la escena de los hechos y la siembra de evidencia falsa; la negativa de recibir denuncias e iniciar investigaciones; la intimidación y amenazas a víctimas, familiares y testigos; la presentación de cargos en contra de las víctimas; la reticencia de autoridades civiles a investigar a elementos de las fuerzas armadas y a investigar casos de narcopolítica. El uso de cada uno de estos mecanismos muestra que mantener las violaciones a derechos humanos en impunidad no es una omisión involuntaria, resultado solamente de la negligencia o de la falta de capacidades institucionales para realizar investigaciones complejas, sino una acción consciente y deliberada de parte de los propios agentes del Estado, que tiene el objetivo último de asegurar que no se sancione a los responsables.
Ante dinámicas arraigadas de impunidad activa no es posible esperar cambios derivados de, por ejemplo, el aumento del número de policías en las calles o de fiscales o de jueces porque el problema no es meramente una cuestión de aumento de personal, de presupuesto o de diseño institucional. Por ello, en el abanico de opciones a mano, una posible solución propuesta por distintas organizaciones de la sociedad civil<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> es el establecimiento de mecanismos internacionales para investigar y procesar eficazmente a las personas responsables de cometer violaciones graves a los derechos humanos. La presencia internacional es una posibilidad también sopesada por las organizaciones de las sociedad civil en México que buscan promover la creación de mecanismos de justicia transicional para promover la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en México.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Este tipo de acompañamiento internacional resulta de especial utilidad cuando los propios actores estatales son los perpetradores directos o indirectos de las violaciones a los derechos humanos, cuando agentes del Estado han sido señalados como partícipes o cómplices, o cuando las autoridades civiles se tienen que enfrentar a poderes fácticos. Se trata de poner las investigaciones en las manos de personas ajenas a las cadenas de impunidad, personas que por venir de instituciones intergubernamentales gozan de una protección que los operadores de justicia mexicanos no corruptos no tienen.
La creación de un mecanismo internacional no puede, por sí misma, eliminar a la impunidad. No obstante, sí puede hacer contribuciones importantes y propiciar procesos de cambio en las prácticas de los agentes del sistema de justicia que comiencen a erosionar el círculo de impunidad imperante. Estos mecanismos han funcionado con distintos grados de efectividad en otros países y a partir de un análisis de otras experiencias es posible identificar qué factores de diseño institucional y bajo qué condiciones políticas pueden tener un mayor y mejor impacto.
Por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró impulsar procesos de investigación efectivos que culminaron con sentencias condenatorias para personas o figuras políticas del más alto nivel.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> Además, impulsó reformas legislativas que contribuyeron al desarrollo del aparato normativo interno de procuración de justicia en el país. Un segundo ejemplo relevante es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México creado ante la desaparición forzada de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> que mediante sus informes desmanteló “la verdad histórica” construida por el gobierno de Enrique Peña Nieto e impulsó cambios  positivos en el desarrollo de la investigación. Otros ejemplos de mecanismos similares incluyen la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Salvador (CICIES). De estas experiencias, se pueden desprender otro tipo de aprendizajes, relativos a situaciones o características que habría que evitar; como, por ejemplo, el no estar fundamentadas en una ley y el no contar con respaldo político y social.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>
La permanencia en el tiempo de estos mecanismos se ha visto obstaculizada como consecuencia de su propio éxito en la investigación y sanción a las autoridades responsables. Por ejemplo, pese a los importantes logros y el reconocimiento de la CICIG, ésta dejó de operar cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato y expulsar al Comisionado Velásquez cuando la CICIG ligó al hijo del presidente Morales y su hermano en una investigación en curso por cargos de corrupción y lavado de dinero.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> De manera similar, el mandato del GIEI en México no fue renovado en el 2016 al oponerse a la “verdad histórica” anunciada por la entonces Procuraduría General de la República. Por ello, resulta fundamental que un mecanismo internacional cuente con garantías necesarias para que sus integrantes puedan actuar con independencia e imparcialidad, así como mantener su mandato hasta cumplir su propósito incluso cuando las investigaciones apunten a altos mandos de poder político dentro del país.
Por otro lado, para poder afectar las dinámicas de la impunidad activa, un mecanismo internacional debe contar con facultades particulares, entre ellas la de poder iniciar procedimientos penales y coadyuvar o proveer asistencia técnica al Ministerio Público en cualquier etapa de la investigación penal o la de suscribir acuerdos complementarios con autoridades federales o estatales. De lo contrario, puede ocurrir como sucedió con la MACCIH, cuyas acciones se vieron limitadas considerablemente al no tener la autoridad legal para perseguir casos específicos, sino exclusivamente un mandato difuso para hacer recomendaciones de política relativas a la impunidad y la corrupción cuya implementación dependía de la voluntad política de las autoridades hondureñas.<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a> Otras buenas prácticas tienen que ver con la creación de este tipo de instancias mediante un tratado internacional, que por lo tanto requiera de la aprobación del Senado.
En México, ante la impunidad activa existente, un mecanismo internacional contra la impunidad que sea capaz de diseñar y recomendar modificaciones legales e institucionales, así como de iniciar investigaciones penales o proveer apoyo técnico a las autoridades podría promover dinámicas de cambio y desestabilizar los esquemas de impunidad activa imperantes, ejerciendo una presión indirecta sobre el sistema de justicia. De esta manera, se podría comenzar a erosionar la práctica de la impunidad activa y la estructura de intereses y complicidades que la motiva.
La impunidad en graves violaciones a derechos humanos en México es activa, no es pasiva. Por tanto, la solución al problema de impunidad requiere más que atender el problema de falta de capacidades. Pese a las dificultades políticas y financieras que crear un mecanismo internacional contra la impunidad en México puede generar, es una de las pocas alternativas capaces de minar las dinámicas de la impunidad en el país. Vale la pena considerarla, junto con las otras propuestas que se han puesto sobre la mesa en el país,<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a> como una alternativa posible.
Sin duda, el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad parece difícil de lograr en la coyuntura política actual.<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a> Actualmente no hay indicios de que el gobierno o la clase política en general simpaticen con una propuesta de este tipo. Pero la voluntad política para enfrentar problemas públicos complejos, como la impunidad activa, no se genera de manera espontánea; es necesario generarla, influyendo sobre las preferencias de la élite gobernante. En este sentido, es necesario proponer soluciones, aunque puedan parecer “poco viables” y buscar contribuir a la emergencia y el crecimiento de una demanda social amplia que las convierta, en la coyuntura política adecuada, en una opción real.
* Patricia Cruz Marín es una abogada mexicana licenciada por la UNAM y el ITAM. Ha representado a víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina en foros nacionales e internacionales. Es candidata a JSD en la Facultad de Derecho de Yale. James Cavallaro es cofundador y director ejecutivo de la <a href="https://www.reduniversitariadh.org/">Red Universitaria de Derechos Humanos</a> y profesor visitante en la Facultad de Derecho de Yale. Cavallaro fue comisionado (2014-2017), relator para México y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alejandro Anaya es profesor-investigador y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Las grabaciones de dos mesas de discusión en las que se presentó el reporte se pueden consultar <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iYQ8vmSc4u0" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OaZetdjn0KA" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Anaña Muñoz, Alejandro, et. al. <a href="https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/7444/La%20impunidad%20activa%20PDF.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">La Impunidad Activa en México. Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos</a> ITESO y University Network for Human Rights, México, 2021.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Ver, por ejemplo, Open Society Justice Initiative, Corrupción que mata, 2018, disponible <a href="https://www.justiceinitiative.org/uploads/39bec249-a57e-4f26-aeaa-160acd0088dd/corruption-that-kills-es-20180502.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Ver, por ejemplo, <a href="https://jtmexico.org/quienes-somos" target="_blank" rel="noopener">Justicia Transicional MX</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Open Society Foundations, Contra todos pronósticos: la CICIG en Guatemala, Marzo 2016, disponible <a href="https://www.justiceinitiative.org/publications/against-odds-cicig-guatemala/es" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Ángel Gabriel Cabrera Silva y Gabriela Kletzel, “Ayotzinapa. La experiencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, en CELS, Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2017, Siglo XXI, Buenos Aires, disponible <a href="https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/12/Capitulo8_IA17.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Acción ciudadana y otras organizaciones de la sociedad, Comunicado de Prensa, Piden al Gobierno de la República abrir diálogo político en torno a la cicíes, 3 de octubre de 2019, disponible <a href="https://accion-ciudadana.org/comunicado-de-prensa-accion-ciudadana-y-otras-organizaciones-de-la-sociedad-civil-realizan-conferencia-de-prensa/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Agencia EFE, “Guatemala expulsa a 11 funcionarios de la Cicig, que alega arbitrariedad”, 18 de diciembre de 2018, disponible <a href="https://www.efe.com/efe/america/politica/guatemala-expulsa-a-11-funcionarios-de-la-cicig-que-alega-arbitrariedad/20000035-3846496" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Convenio creando maccih, 19 de enero de 2016, p.5, disponible <a href="https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-001/16" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Si bien existen ciertas políticas de justicia transicional en marcha en México como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimcas y la Comisión de la Verdad en el Caso Ayotzinapa, no existe un marco integral diseñados para lograr la verdad, justicia, reparación y no repetición de las violaciones graves a derechos humanos en México. Ver Justicia Transicional MX, ¿Hay Justicia Transicional en México? Parte I y Parte II, 15 de enero del 2020, disponible <a href="https://front.animalpolitico.com/justicia-transicional-en-mexico/hay-justicia-transicional-en-mexico-parte-ii/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> Durante la administración federal actual se han establecido algunos mecanismos extraordinarios de justicia, como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas entre 1965 y 1990. Aunque es necesario enfatizar que estas instancias son claramente acotadas en su alcance, al estar centradas en casos, temáticas o períodos específicos, su existencia sugiere cierta apertura del espacio político para el establecimiento de mecanismos característicos de procesos de justicia transicional.

¿Cómo afrontar la impunidad activa en México? La opción de un mecanismo internacional

¿Cómo afrontar la impunidad activa en México?

El mecanismo extraordinario para la “Guerra Sucia”: luces y sombras

Esta es la segunda parte del texto titulado &#8220;<a href="https://front.animalpolitico.com/justicia-transicional-en-mexico/breve-recuento-de-la-lucha-social-y-los-precedentes-de-la-nueva-comision-de-la-verdad-parte-i/" target="_blank" rel="noopener">Breve recuento de la lucha social y los precedentes de la nueva comisión de la verdad (Parte I)</a>&#8220;. Estos textos buscan profundizar en la historia y antecedentes de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990”. Lo anterior con los objetivos de recordar la lucha y articulación contra la impunidad que emprendieron las víctimas y sobrevivientes de la Guerra Sucia, así como resaltar las iniciativas –primariamente– estatales que han abordado este tema y su legado. 
Justicia Transicional en México.
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La recién anunciada “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990 “ se inserta sobre una larga trayectoria institucional y social que ha buscado atender el legado de la llamada “Guerra Sucia”. Habría que comenzar por señalar como el antecedente más importante las décadas de lucha que han sostenido las víctimas de este periodo, muy especialmente las organizaciones de familiares, quienes comenzaron las tareas de búsqueda y denuncia hace casi cincuenta años, sin que ninguna autoridad del gobierno federal se diera a la tarea de investigar el destino y paradero de sus seres queridos. Hay casos emblemáticos como el de Tita Radilla, dirigente de la AFADEM (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México), cuyo padre, Rosendo Radilla, originario de Atoyac, Guerrero, fue detenido y desaparecido en un retén militar en agosto de 1974. La familia Radilla comenzó por recorrer cuarteles militares, estaciones de policía y ministerios públicos locales durante años, hasta que en 1990 la recién creada Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió un expediente. Años después el caso llegó a la entonces Procuraduría General de la República, y de ahí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001, en donde hizo otro largo recorrido hasta que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia, la primera sobre un caso de desaparición forzada en México. La sentencia de la Corte obligó al Congreso a reformar el fuero militar, y sin duda fue un importante antecedente de la reforma de 2011 que elevó los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México a nivel constitucional, pero Rosendo Radilla sigue desaparecido y la identificación y sanción de los responsables de ese delito, mandatadas por la Corte Interamericana, siguen sin cumplirse.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
No fue hasta que el régimen de partido de Estado comenzó a resquebrajarse a partir de la insurgencia electoral de 1988, cuando los reclamos de los familiares y sobrevivientes comenzaron a tomarse en serio. Fue así como en 1989 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por medio de la recién creada Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, recibió de algunos familiares los expedientes de un número considerable de casos de desaparición forzada, gracias a la credibilidad y buenos oficios de su entonces titular, Luis Ortiz Monasterio.
Sin embargo, las investigaciones de estos casos, cuyos expedientes pasaron después a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no vieron la luz hasta once años después, cuando el gobierno de Vicente Fox Quesada, quien llegó al poder por elecciones que significaron la primera alternancia de partido después de 71 años, anunció la creación de una fiscalía especial, adscrita a la PGR, para investigar los crímenes del pasado: la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Mucho se ha escrito y analizado sobre los alcances y las carencias de la FEMOSPP.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Este no es el espacio para enumerarlas. Baste con decir que, a pesar de contar en un primer momento con un cierto nivel aceptable de apoyo estatal y presupuesto suficiente, se mostró incapaz de cumplir con el cometido propuesto de llevar a la justicia a los perpetradores de las atrocidades cometidas en los casos investigados (movimiento estudiantil de 1968, el 10 de junio, los detenidos desaparecidos en la llamada “Guerra Sucia”, delitos de lesa humanidad contra la población y crímenes de guerra, persecución política y perversión de la justicia),  y de construir una narrativa capaz de develar la naturaleza sistemática y la operación de los crímenes bajo su competencia.
Por añadidura, el informe histórico elaborado por un grupo de investigadores adscritos a la FEMOSPP, particularmente con el material de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, con el cual se pretendía dar sustento adicional a las investigaciones ministeriales, fue desautorizado en 2006 por el entonces Procurador General de la República, y eliminado de la página oficial de la FEMOSPP. El funcionario responsable de la investigación fue destituido e inhabilitado por haberlo hecho público. Por fortuna, el documento ha sido rescatado por la actual Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, y se encuentra disponible en la página del Sitio de Memoria, Circular de Morelia #8. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
El Sitio, dirigido por un reputado periodista que ha acompañado a los familiares de las víctimas de la “Guerra Sucia” desde la década de los 70 del siglo pasado, ha contado con la participación activa de éstos en su concepción, diseño y operación.  Se encuentra alojado en las antiguas oficinas de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Cuenta con un acervo documental importante y un pequeño museo en el sitio de interrogatorio y tortura adonde eran llevados los detenidos. Es, asimismo, un espacio de difusión, reunión e intercambio que seguramente jugará un papel clave en la naciente Comisión.
No cabe duda que la Costa Grande del estado de Guerrero fue una de las regiones del país que más sufrió la represión en el periodo de la “Guerra Sucia”. Se calcula que el 40% de los desaparecidos provienen de este estado, el cual durante 1967 a 1974, aproximadamente, sufrió el embate de 14 campañas militares para erradicar las insurgencias encabezadas por Lucio Cabañas (Partido de los Pobres, 1967-1974) y Genaro Vázquez Rojas (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria 1968-1972), ambos profesores normalistas egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa. En coordinación con la Dirección Federal de Seguridad, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, incursiones armadas, sitios y saqueos en numerosas comunidades de la zona.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
La Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero (Comverdad), creada por decreto del Congreso estatal en abril de 2012, se dio a la tarea de recabar testimonios e intentar localizar las fosas clandestinas en donde presumiblemente se encontrarían restos de las víctimas de la “Guerra Sucia”. A lo largo de los dos años que duró su mandato, la Comisión documentó centenares de desapariciones forzadas, además de tortura, ejecuciones extrajudiciales y vuelos de la muerte de numerosas víctimas entre las cuales se encontraron campesinos, estudiantes, guerrilleros, profesores, activistas sociales, indígenas y familiares de guerrilleros, así como personas que llevaban el mismo nombre de éstos. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Sin duda el trabajo de la Comverdad será otra fuente importante de información para la naciente Comisión, además de los documentos en posesión de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, AFADEM, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación Diego Lucero, entre otras, así como los numerosos estudios académicos realizados a lo largo de las décadas, y que dan cuenta de las atrocidades cometidas por los sucesivos gobiernos del siglo pasado, y que aún permanecen en la impunidad.
El decreto de creación de la Comisión no alienta la esperanza en los resultados que se podrán obtener a partir de sus trabajos. Sus capacidades y alcances parecen limitados y han sido objeto de severos cuestionamientos.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>  Pese a ello, la nueva Comisión aportará al conocimiento del pasado tenebroso de nuestra historia reciente, y será un paso más en la construcción de una narrativa esclarecedora de dónde y por qué seguimos sumidos en la violencia y la impunidad. Hagamos votos para que tenga éxito, y para que, pese a sus limitaciones, sea un hito más para promover un proceso de justicia transicional que abarque también a las decenas de miles de víctimas de la violencia y  atrocidades cometidas en la actualidad, y que es inaplazable si queremos transitar a un México en paz y verdaderamente democrático.
* Mariclaire Acosta Urquidi (<a href="https://twitter.com/macostau" target="_blank" rel="noopener">@macostau</a>) es Presidenta del Consejo de Directores de Justicia Transicional en México.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Marcos Nucamendi, “Tita Radilla confía en la Comisión de la Verdad para esclarecer crímenes de la Guerra Sucia”, Proceso, 8/09/21. CMDPDH, <a href="http://cmdpdh.org" target="_blank" rel="noopener">Sitio Rosendo Radilla</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ver <a href="http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=758894&amp;fecha=27/11/2001" target="_blank" rel="noopener">acuerdo de creación</a>, ACUERDO por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, del 27 de noviembre de 2001.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Cfr. Jorge Carlos Peniche, The Memory of Nations-Democratic Transition Guide. The Mexican Transition Experience, Investigation and Prosecution of the Crimes of the Regime.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Disponible <a href="http://sitiosdememoria.segob.gob.mx" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> M.Nucamendi, op.cit.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, Informe Final de Actividades, 15 de octubre de 2014, 237 p.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> José Ramón Cossío Díaz, ”¿Verdad y Justicia?”, El País, 12 de octubre de 2021.

Breve recuento de la lucha social y los precedentes de la nueva comisión de la verdad (Parte II)

Lucha social y precedentes de la nueva comisión de la verdad (Parte II)

Con el fin de contribuir a la conversación alrededor de la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990”, desde JTMX hemos comenzado con una serie de entradas en este blog donde abordaremos este tema tan importante. Tomando en cuenta que uno de los componentes centrales de esta nueva comisión será un mecanismo de esclarecimiento de la verdad sobre este periodo de violencia política, la semana pasada publicamos una primera entrega en la que discutimos de manera general en qué consisten este tipo de mecanismos, las distintas soluciones de diseño y funciones que despliegan, y para qué sirven. Esto con el fin de proporcionar una herramienta al público más amplio que permita contribuir al entendimiento de qué pretende lograr y cuál es la vocación de la nueva comisión. 
Esta semana publicamos dos entregas que profundizan en la historia y antecedentes detrás de esta nueva iniciativa. El objetivo es doble: por un lado, recordar la lucha y articulación contra la impunidad que emprendieron las víctimas y sobrevivientes de la Guerra Sucia; por otro, recordar las iniciativas –primariamente– estatales que han abordado este tema y su legado. La nueva comisión se insertará sobre los esfuerzos de estas trayectorias institucionales y sociales previas.
En la última entrega de esta serie nos concentramos en analizar el diseño institucional, la propuesta de modelo de funcionamiento y facultades concedidas a la nueva Comisión. Haremos también un esbozo inicial de algunos desafíos que esta Comisión podría enfrentar  -desde nuestra lectura- al insertarse como un nuevo mecanismo extraordinario o transitorio que deberá interactuar con un entramado ordinario de instituciones y probables resistencias políticas.
Justicia Transicional en México.
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El 30 de agosto de 2021, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, mientras algunos grupos de familiares de las decenas de miles de víctimas recientes de desaparición se manifestaban en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente de la República se reunía en la sede de la secretaría de Gobernación con familiares de los desaparecidos  y sobrevivientes de la llamada “Guerra Sucia”, que tuvo lugar aproximadamente entre fines de la década de los sesenta hasta  mediados de los ochenta del siglo pasado.
Acompañado por estos, así como por el recién nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el presidente anunció la creación de una Comisión Presidencial de Verdad, Justicia, Memoria y No-Repetición, cuyo objetivo sería el esclarecimiento, investigación y sanción de los crímenes cometidos durante el periodo en cuestión, así como la reparación del daño infligido a las víctimas y las garantías de no-repetición de los hechos.
Según se desprende de las notas de prensa, el presidente López Obrador ha sostenido dos reuniones con familiares y sobrevivientes de la “Guerra Sucia” durante las cuales se ha mantenido abierto a sus exigencias. Ha prometido, además, abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, una demanda sostenida insistentemente por los familiares de las víctimas, toda vez que la mayoría de las desapariciones de éstas ocurrieron en los cuarteles militares.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Semanas después, en la ceremonia de conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968, durante la presentación del proyecto Tlaxcoaque, Sitio de Memoria, el subsecretario Encinas informó que el presidente había suscrito el decreto por el cual se crea una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990.
Todo parece indicar que esta iniciativa es la misma que fuera anunciada el 30 de agosto, aunque con un alcance ampliado y más preciso que el de la idea de una comisión que se anunció anteriormente.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
El anuncio de la creación de la nueva Comisión se acompañó de la presentación, por parte de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de un proyecto de memorial colectivo en los sótanos de Tlaxcoaque, que obraron como centros de tortura entre los años 60 y 80. Tlaxcoaque: Sitio de Memoria contará con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que hará un reconocimiento de toda la memoria forense que pueda haber en ese sitio.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Los objetivos de esta Comisión, enunciados por el subsecretario Encinas en esa ocasión, son “…realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de lo que es la competencia de la administración pública federal y en su caso, porque no solamente basta conocer la verdad, iniciar ante las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas, todas las acciones que sean necesarias para que haya justicia”.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Agregó que los mecanismos de los que consta dicha comisión son el resultado de acuerdos entre los familiares y sobrevivientes de la “Guerra Sucia” con el presidente de la República.
Estos mecanismos, según se esbozaron en el discurso del subsecretario, serían cinco. Uno para la verdad y el esclarecimiento histórico, integrado por expertos independientes quienes podrán allegarse toda la información que requieran sin restricción alguna, incluyendo la que obra en poder de las Fuerzas Armadas; el otro mecanismo será un comité, integrado por tres personas, para el impulso de la justicia, cuya misión será la de judicializar toda la evidencia que resulte de los trabajos de memoria y verdad, de suerte que “..no quede ninguno de los responsables sin la sanción legal que le corresponde por las violaciones graves a los derechos humanos en que incurrieron”. Un tercer mecanismo será el Plan Nacional de Búsqueda, que abreva de la experiencia del Sistema Nacional de Búsqueda, sobre todo en lo referente a los ejercicios realizados en fosas comunes. Se contará también con un plan especial de reparación integral, con un enfoque individual o colectivo, según el caso. Finalmente, el quinto mecanismo se ocupará de las acciones para la memoria y garantía de no repetición de las víctimas de la represión de la Guerra Sucia, las cuales enaltecen su contribución a la transformación del país.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Como se anunció el 30 de agosto con el evento público que antecedió su creación, la Comisión seguramente partirá de las investigaciones inconclusas que en su momento realizó la desaparecida FEMOSPP (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) y los hallazgos de la Comisión de la Verdad para el Estado de Guerrero.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
El decreto de creación de la Comisión ha sido publicado el 6 de octubre. En él se detallan su mandato, su alcance y estructura, y será objeto de un análisis específico en la última entrega de esta serie. Adelantamos que el decreto prevé la instalación de un grupo de trabajo temporal que deberá impulsar el acceso a la verdad, la justicia, reparación, memoria, y garantías de no repetición para víctimas y sobrevivientes de la “Guerra Sucia”, mediante los cinco instrumentos enumerados arriba. La Comisión estará integrada por seis funcionarios públicos y cinco expertos independientes. Operará por tres años, y emitirá un informe final al término de su mandato.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>
A reserva de analizar este decreto a profundidad y sus implicaciones, esperamos que este nuevo mecanismo dé respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Cómo se determinó el periodo a investigar? ¿A partir de qué hechos? ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? ¿Qué hechos abarca? ¿Se centrará exclusivamente en la llamada “Guerra Sucia” como se anunció previamente? ¿En qué consistió la llamada “Guerra Sucia”? ¿Quiénes fueron sus víctimas? ¿Por qué motivos? <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a>  Responder a preguntas como éstas es de capital importancia para entender la génesis y naturaleza de la violencia ejercida por el Estado mexicano contra la población, la cual por cierto, no comienza en 1965, sino años antes, y tampoco termina en 1990. Habrá que explicar por qué los trabajos de la Comisión no abarcan la década de los 90’s, la última del siglo XX y de la hegemonía de partido único, y  que fuera marcada por incidentes gravísimos de violencia política y crímenes atroces contra disidentes políticos, miembros de grupos armados y poblaciones indígenas.
Según un reciente estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>, la represión sistemática a la disidencia, como política de Estado, antecede con mucho a la época que comúnmente se identifica como el periodo de la “Guerra Sucia”, durante la cual efectivamente se aplicó una política de represión contrainsurgente contra los diversos grupos armados y movimientos disidentes que proliferaron en los últimos años de los 1960s, pero que en realidad se gestó mucho antes.
Al respecto, nos dice el estudio de la CNDH, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que aún no existe un marco conceptual adecuado para encasillar los procesos de violencia política sufridos en el país. Esto, según el estudio mencionado, ha cercenado y fragmentado la historia de la represión política en México, y contribuido a fomentar la amnesia colectiva fomentada desde el poder, así como los pactos de silencio e impunidad que se construyeron durante los años de hegemonía del PRI como partido de estado, y que sobreviven, en gran medida, hasta nuestros días. Por ello, es necesario estudiar las características sistemáticas y la operatividad de esta violencia estatal, tan arraigada, para de esta manera poderla erradicar.<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a>
De cumplirse con la expectativa de las víctimas (familiares y sobrevivientes) respecto de la estructura, competencias y alcance de esta Comisión, estaríamos frente a un proceso muy comprimido y acotado de justicia transicional, toda vez que esta iniciativa comprende los llamados “cuatro pilares” de la misma, a saber: verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición limitados a un grupo determinado de personas y a un periodo específico en el tiempo. Dejará, entonces fuera de su ámbito de competencia los crímenes y atrocidades impunes cometidos durante la década de los 90’s del siglo pasado, así como los gigantescos saldos de la grave crisis de derechos humanos suscitada por las políticas de seguridad pública y especialmente de combate al narcotráfico, de las primeras dos décadas de este siglo.<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a> Esas víctimas, que se cuentan por decenas de miles,  no tendrán un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición, al menos por el momento.
* Mariclaire Acosta Urquidi es presidenta del Consejo de Directores de Justicia Transicional en México (@JTenMexico).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> “Alicia de los Ríos: carta a su ‘jefita’ y el encuentro con los perpetradores de la guerra sucia”, Proceso, 21/09/21.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a>  “Se crea comisión para investigar violaciones a los derechos humanos entre los años 1965 y 1990”, El Universal, 2 de octubre de 2021.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> “Sheinbaum anuncia memorial en sótanos de Tlaxcoaque habilitados como centro de tortura en la Guerra Sucia”, El Universal, 2 de octubre de 2021.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> El Universal, op.cit.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Ibídem.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> “AMLO anuncia la creación de una comisión de la verdad para la guerra sucia”, Forbes Política, 30 de agosto de 2021.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> D.O.F, 06/10/2021, Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Marcos Nucamendi lo define como “Un periodo en el que la policía y las Fuerzas Armadas se dedicaron a combatir toda disidencia política”, para el proyecto Adónde van los desaparecidos, Proceso, 8/09/21.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Cfr. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe sobre la violencia de Estado en México. Marco histórico objeto de las investigaciones de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por la Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente (1951-2016), junio 2021.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Ibídem.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> Cfr. CMDPDH, Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017), México, 2018, 59p. Texto que da cuenta solamente de las atrocidades cometidas directamente por fuerzas de seguridad del Estado, más no de aquellas cometidas por agentes no estatales con aquiescencia de agentes estatales, y que se mantienen en la impunidad.

Breve recuento de la lucha social y los precedentes de la nueva comisión de la verdad (Parte I)

Lucha social y precedentes de la nueva comisión de la verdad (Parte I)

Para conocer la verdad sobre violaciones graves de derechos humanos: qué son y para qué sirven los mecanismos de esclarecimiento

Qué son y para qué sirven los mecanismos de esclarecimiento

Guía del viajero para sobrevivir a la consulta popular… y no fracasar en el intento (Parte 3)

Guía del viajero para sobrevivir a la consulta popular. Parte 3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su afán por conciliar la norma constitucional con la democracia participativa, resolvió que el 1º de agosto los ciudadanos debemos responder, en la consulta popular organizada por el INE, a una pregunta casi imposible de entender por ambigua –en cuanto el alcance que puede darse a cada uno de de sus diversos componentes– y general:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Mucho se ha escrito en estos días, y se seguirá escribiendo, sobre lo complejo o incluso cantinflesco –han dicho algunos–de la pregunta, y cómo ésta fue la forma en la que las y los ministros quisieron evitar que la consulta se convirtiera en un linchamiento político y salvar el estado de derecho, modificando la pregunta original, planteada por el presidente de la República, en la que se pretendía someter a referéndum la aplicación de la justicia.
En una entrevista reciente al diario El País <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>, el propio ministro Zaldívar ha afirmado la intención, camuflada ciertamente en el lenguaje de la pregunta, de someter a la ciudadanía la posibilidad de establecer una “…especie de comisión de la verdad, (y apelar) a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y sucesos dolorosos para el país. (…) Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. De justicia transicional. (…) Cuando en un país se generan procesos de descomposición como los que hemos tenido, en algunos casos muy dolorosos, creo que este tipo de instrumentos no procesales pueden servir. Las comisiones de la verdad, por ejemplo, en ciertos casos, pueden ser útiles. También hay un derecho a la verdad, no todo es castigar a alguien con pena de prisión y no todo es la responsabilidad penal. También hay responsabilidades políticas y éticas. Y a eso atiende sobre todo la pregunta de la consulta”.
Algunos colectivos de víctimas, organizaciones de derechos humanos, y el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hemos leído el mensaje de la Corte como una oportunidad para volver a plantear la urgente necesidad de esclarecer, en un proceso de verdad, las innumerables atrocidades producidas por decisiones políticas, que han sido tomadas a lo largo de varias décadas, y que, huelga decirlo, se mantienen impunes. Esto en el entendido que ni la verdad ni la justicia dependen de una consulta, pues son derechos inalienables de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Abusos y atrocidades hay muchos y de larga data. Vienen a la mente la represión a los maestros y ferrocarrileros, y el asesinato de Rubén Jaramillo con López Mateos; la sangrienta represión a los movimientos estudiantiles en el gobierno de Díaz Ordaz; el 10 de junio y la Guerra Sucia contra grupos insurgentes del tiempo de Echeverría, continuada en el sexenio de López Portillo, a la que se agregó el Plan Cóndor, antecedente de la “Guerra contra las Drogas” de Felipe Calderón y Peña Nieto, para nombrar sólo algunos de los más lejanos. Los demás, de todos conocidos, se han ido acumulando y potenciando en los últimos cuarenta y tantos años, para “normalizarse” en la actualidad.<a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Ciertamente es indispensable llevar a cabo un ejercicio serio de esclarecimiento de toda esta historia si queremos romper la cadena de violencia e impunidad que nos aflige y que tantas víctimas ha producido y sigue produciendo. En el caso de que fructificara el objetivo que las y los integrantes de la Corte buscaron preservar, esto es, no poner barreras injustificadas al derecho a la democracia participativa, y el resultado de  la consulta fuera positivo y vinculante, habría que definir con mayor precisión temas como el periodo posible que pudiera abarcar un proceso de verdad; qué vamos a entender por “actores políticos”; cómo asegurar que la consulta impulse las obligaciones del Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos;  a través de qué mecanismos concretos y, finalmente, qué podemos entender por “proceso de esclarecimiento histórico”.
A la fecha la Corte no ha clarificado ni definido el alcance de estas preguntas, a pesar de que se han presentado solicitudes judiciales al respecto. No obstante, los principales actores involucrados en el procedimiento, como pudiera haber sido el Ejecutivo, a quien le cambiaron toda la formulación de la pregunta que inicialmente tenía en mente, o el INE, en quien recae socializar y difundir la pregunta, tampoco activaron formalmente mayores acciones de clarificación. Esto implicaría o que tienen muy claro el sentido de la pregunta o también que prefirieron omitir que se dote de contenido a tan compleja formulación.
Nuestro país ha tenido varios procesos aislados de esclarecimiento de hechos atroces y violaciones graves de derechos humanos. Destacan entre ellos los informes de la propia Suprema Corte, elaborados con fundamento en el artículo 97 de la Constitución, que la facultaba para investigar violaciones graves a las garantías individuales, y que se modificó en el 2011, para otorgársela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien lo ejerció en varios casos. El primero de estos informes, por cierto, data de 1946 y refiere una masacre de simpatizantes del PAN en la ciudad de León, Guanajuato. Asimismo, hemos tenido dos comisiones de la verdad, una para el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el gobierno, y sobre todo el Ejército, contra la población civil en el marco de la Guerra Sucia en el Estado de Guerrero, y otra en el Estado de Oaxaca, para investigar y esclarecer los hechos represivos ocasionados con motivo de las movilizaciones populares, conducidas por la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) en el 2006.  La apertura de los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad por el gobierno de Fox alentó varios ejercicios de esclarecimiento por parte de periodistas y académicos en su momento. Asimismo, la fallida FEMOSPP (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) produjo un informe sobre la represión en Guerrero que se hizo público brevemente, antes de que la propia Procuraduría General de la República lo secuestrara e inhabilitara a sus autores, también en el año de 2006.
De entonces a la fecha, una robusta cantidad de periodistas de investigación, académicos e investigadores, cineastas y organizaciones de la sociedad civil han realizado esfuerzos importantes de memoria y esclarecimiento de atrocidades cometidas recientemente en el marco de la política de combate al narcotráfico y los conflictos producidos entre bandas de delincuencia organizada. Algunos de ellos contaron con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)  y otros se presentaron a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).  Y, desde luego, no podemos dejar de lado la importantísima aportación de organizaciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense  (EAAF) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de  los cuarenta y tres estudiantes normalistas agredidos y desaparecidos en septiembre de 2014 por las fuerzas de seguridad en Iguala, antecedente inmediato de la actual Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso de Ayotzinapa, creada por el actual gobierno a principios de 2019.
A pesar de todos estos esfuerzos –todos ellos valiosos, pero aislados y generalmente menospreciados– aún no contamos con una narrativa coherente, clara y consistente de las causas, motivos y consecuencias de este legado masivo de abusos graves a los derechos humanos que padecemos y que ha generado una situación de violencia criminal endémica, así como miles de víctimas. Como dijo el antropólogo e historiador, Claudio Lomnitz, en su lección inaugural ante El Colegio Nacional, carecemos “…de una narrativa o épica en que se puedan reconocer, lamentar e ir sanando estos ultrajes”.<a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Esto es gravísimo por muchas razones, pero fundamentalmente porque abona a la ausencia de sanción de estos hechos atroces, con lo cual las conductas que los permitieron, se seguirán reproduciendo.  La impunidad es un incentivo poderoso para la repetición de conductas criminales, y en México ésta es activa, estructural y sistémica.
Por ello es necesario establecer una comisión de la verdad para nuestro país. En primer lugar, porque el sistema de justicia, por muchas razones, ha sido incapaz de proveer un mínimo aceptable de ésta para estos crímenes y agravios. La verdad no suple a la justicia, pero es un primer paso para obtenerla. Cuando los crímenes graves se convierten en la regla y no la excepción, ningún sistema de justicia puede resolverlos adecuadamente, y en casos como el mexicano, en donde ésta ha sido abandonada por los sucesivos gobiernos, esto es aún más claro. Por ello, las medidas judiciales deben acompañarse de otras, como son la búsqueda de la verdad, la reparación integral del daño, y las garantías de no-repetición. Todos éstos son, además, derechos de las víctimas consagrados en la ley.
Esa es una precisión que vale la pena hacer: el apelativo a una comisión de la verdad no descansa en la idea de rendirse a lo que puede hacer un sistema de justicia penal ordinario, o deriva en apostar con confianza ciega en medidas extraordinarias, simplemente porque las respuestas ordinarias no han producido los resultados esperados. Significa, más bien, apostar a que –en contextos de fallas estructurales del sistema– una comisión de la verdad puede entregar explicaciones de esclarecimiento que los sistemas de justicia no pueden (porque no es su vocación, pero también porque existen circunstancias de voluntad política que les impiden funcionar a cabalidad) y, desde ahí, trazar una hoja de ruta de mejoras institucionales y acciones de justicia.
Los esfuerzos aludidos, hasta ahora aislados, se refieren al esclarecimiento de hechos específicos.  Son muy valiosos, pero insuficientes, pues no ofrecen una visión clara y coherente de una situación de carácter sistémico.  A la larga, están destinados a producir otros esfuerzos recurrentes, entre otras razones, para suplir el carácter limitado de los que los antecedieron, y así sucesivamente. Es tiempo de corregir esta tendencia y de contar, de una vez por todas, con un órgano oficial con un mandato claro y específico en donde las víctimas estén en el centro, con una duración determinada previamente, con un enfoque nacional o regional, según se decida, y con la capacidad de hacer recomendaciones que se cumplan efectivamente, capaces de remediar los abusos y prevenir su recurrencia.
Enfrentar violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos es una tarea sumamente difícil. Es necesario preservar equilibrios políticos delicados, para lo cual se requiere de apoyo y voluntad política. Estos problemas generalmente son demasiado difíciles y complejos para ser abordados por una sola iniciativa. Es necesario combinar mecanismos de esclarecimiento y rendición de cuentas como la justicia, con medidas de reparación y reformas institucionales. Cada una de estas medidas, aplicadas por sí solas, y en forma aislada, pueden resultar ineficaces y hasta contraproducentes. Por ello deben diseñarse para que éstas se puedan complementar y generar sinergias.
Esto es, en suma, la justicia transicional cuyo objetivo central es el fortalecimiento de la democracia y el logro de la paz. Estas metas sólo se alcanzan cuando la sociedad se apropia de ellas. De ahí que la consulta y la participación sean esenciales para su funcionamiento efectivo.
<a href="https://twitter.com/JTenMexico" target="_blank" rel="noopener">@JTenMexico</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “En ningún sexenio se han dictado más resoluciones en contra de un gobierno”, El País, México, 10 de julio de 2021.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Para una  pequeña muestra de atrocidades más recientes, consultar <a href="https://twitter.com/search?q=%23LaPreguntaCorrecta&amp;src=typed_query" target="_blank" rel="noopener">#LaPreguntaCorrecta</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> “México: el tejido roto”, Nexos, abril de 2021, No. 520, Año 44, Volumen XLIII, p. 46.

La consulta ciudadana: ¿esclarecer qué y con qué objeto? (Parte 2)

¿Qué está pasando en Colombia?
Desde el pasado 28 de abril diferentes sectores sociales en Colombia salieron a las calles a marchar contra la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, a dos meses y medio de iniciado el estallido social, las protestas continúan y las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública y civiles armados siguen en aumento. A pesar de que la reforma tributaria fue el catalizador de la movilización social desde abril, las reivindicaciones de los y las colombianas incluyen el incumplimiento del gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz, la falta de protección a la labor y la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos, la falta de oportunidades laborales y educativas, y el reiterado abuso por parte de la fuerza pública, entre otras razones.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos han documentado casos de violencia y abuso policial, desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y oculares, entre otras violaciones.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en el marco de las protestas sociales, y reiteró las obligaciones del Estado colombiano de investigar con debida diligencia todos los casos, identificar y sancionar a los responsables, así como reparar a sus víctimas.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
El pasado 7 y 8 de junio, la CIDH realizó una visita de trabajo en el país en la que recibió información y testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos, se reunió con autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y otros representantes de sectores afectados por la protesta. Las recomendaciones de la CIDH al gobierno colombiano son claras y contundentes: i) promover un proceso nacional de dialogo con enfoque territorial y participación de diversos sectores de la sociedad; ii) garantizar la independencia de los poderes públicos y entes de control; iii) proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente los derechos a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, y iv) garantizar la vida y la integridad personal.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
¿Qué tiene que ver la justicia transicional con la protesta social en Colombia?
Luego de más de medio siglo de conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC-EP, el Acuerdo de Paz firmado entre este grupo y el gobierno colombiano supuso un avance hacia la construcción de paz, al poner fin a la confrontación armada más larga en la región con el grupo guerrillero más grande del país. El Acuerdo incluye seis puntos claves con reformas estructurales que buscan contribuir a solucionar las causas históricas y estructurales del conflicto, así como a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en los territorios, y posiciona a las víctimas y la satisfacción de sus derechos en el centro por medio del punto 5 sobre Víctimas del Conflicto, el cual crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
En este contexto de transición, el Acuerdo de Paz se convierte en una herramienta clave para buscar una salida a la actual crisis que atraviesa el país. En efecto, el Acuerdo contiene provisiones específicas de garantías de no repetición y regulación de la protesta pacífica que deben ser consideradas por el gobierno a la hora de promover reformas.
Movilización y protesta social en el Acuerdo de Paz
A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, muchas de las promesas consignadas en las más de 300 páginas del Acuerdo se han convertido en palabras que se las ha llevado el viento. Una de las tantas promesas es la garantía y protección del derecho a la protesta social, desarrollado en el punto 2 del acuerdo sobre participación política.
El Acuerdo establece que para la construcción de una paz estable y duradera se requiere la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, y en particular, en la implementación del Acuerdo. En consecuencia, el punto 2.2.2 del Acuerdo de Paz desarrolla las garantías para la movilización y la protesta pacífica, tales como la revisión del marco normativo para fortalecer las garantías para la movilización y la protesta social, la aplicación y el respeto por los derechos humanos en el ejercicio de la protesta, el fortalecimiento de la vigilancia y control de las autoridades policiales y de los medios utilizados por estas para el tratamiento de la protesta, garantías de diálogo como respuesta estatal a la movilización y la protesta, entre otras.
A pesar de que desde enero de este año se expidió el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica” (Decreto 003 de 2021), las denuncias por violencia policial en el marco de las protestas demuestran que su aplicación no ha sido efectiva ni tenida en cuenta. Además, los compromisos derivados del punto 2 del Acuerdo de Paz sobre revisar el marco normativo y fortalecer las garantías para proteger el derecho fundamental a la protesta social no han sido tenidos en cuenta por el gobierno actual y por el Congreso Nacional, quien tiene la competencia para expedir una ley para ello. Sumado a ello, y contrario a lo establecido en el Acuerdo de Paz y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno realizó recientemente nuevas modificaciones al Decreto 003 de 2021 para limitar la definición de protesta social, restringiendo así el ejercicio del derecho.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Otras promesas incumplidas: más razones para seguir en las calles
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, alrededor de 13,000 combatientes de las FARC-EP dejaron las armas y se acogieron a los compromisos derivados del Acuerdo. Desde el 2016 hasta abril de 2021, 270 excombatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz habían sido asesinados.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> Las causas de los asesinatos son múltiples y complejas, pero se conectan principalmente por la falta de implementación del Acuerdo de Paz y el sostenimiento de las garantías de seguridad en esa labor.
La falta de voluntad política frente a la implementación del Acuerdo es evidente y en el marco de las protestas sociales se ha intensificado. No sólo no se han tomado medidas para frenar el asesinato de líderes sociales y excombatientes que esperan el cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del gobierno, sino que no se han tramitado reformas indispensables para seguir con este proceso de implementación. Uno de los puntos clave del Acuerdo de Paz es la creación de una especialidad agraria en la administración de justicia que buscaría darle celeridad a la resolución de los conflictos agrarios. El proyecto de ley único presentado por el gobierno sobre la implementación del Acuerdo de Paz en esta legislatura tuvo poco acompañamiento por parte del gobierno. Y no solo eso, el gobierno habría presionado a que el presidente del Senado no agendara el proyecto en el orden del día para discutirlo en plenaria.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>
El accionar del gobierno es dificiente frente a su compromiso en la implementación del Acuerdo de Paz. Ello a su vez sigue alimentando el descontento social y aumentando aún más el riesgo para los y las excombatientes que se comprometieron a cumplir el Acuerdo.
Una mirada al futuro  
Los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Acuerdo de Paz pueden jugar un rol crucial en el marco de las movilizaciones sociales. En particular, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), cuyo mandato termina a finales de 2021, ofrece oportunidades para robustecer el marco normativo de la protesta social y para la transformación de la fuerza pública. La Comisión, en su informe final, puede hacer recomendaciones al gobierno para atender las demandas de la sociedad, entre las que se incluyen, la reforma a la fuerza pública y el desarrollo social a través de la oferta de servicios de salud, vivienda, educación como medidas que promueven la convivencia y la no repetición.
Durante décadas, el sonido de los fusiles no dejó escuchar la voz de descontento de los y las colombianos y colombianas. A más de dos meses y medio del inicio de las protestas sociales, las condiciones que hicieron posible la movilización y su persistencia siguen latentes. Una de éstas siendo el clamor por la implementación del Acuerdo de Paz. La protesta social se ha convertido en una plataforma de ejercicio de la ciudadanía en el contexto de una democracia participativa. Por lo tanto, es necesario que la garantía de este derecho y de los derechos de los y las manifestantes sea la regla, y no la excepción en una sociedad democrática. La represión de la protesta social por parte del gobierno, los abusos policiales y los ataques en contra de los y las protestantes no solo son una arremetida en contra de la democracia, sino también en contra del Acuerdo de Paz, de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana; quienes tienen la esperanza de que el Acuerdo contribuya a la construcción de una paz estable y a la reducción de la pobreza y las desigualdades en el territorio.
* Juliana Laguna (<a href="https://twitter.com/lagunat_juliana" target="_blank" rel="noopener">@lagunat_juliana</a>) es estudiante de la Maestría en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Antes trabajó como Abogada de Staff en Women’s Link Worldwide. Ely Cossio (<a href="https://twitter.com/ely_cossio" target="_blank" rel="noopener">@ely_cossio</a>) es estudiante de la Maestría en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Antes trabajó como consultora en derechos humanos en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Temblores ONG. Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los hechos de violencia física y homicida cometidos por la Policía Nacional de Colombia en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional. 2 de junio de 2021, disponible <a href="https://4ed5c6d6-a3c0-4a68-8191-92ab5d1ca365.filesusr.com/ugd/7bbd97_2ff2f789524b40e3bfd67b2294e68344.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> CIDH. “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”. 25 de mayo de 2021. Disponible <a href="http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones y recomendaciones: visita de trabajo a Colombia. Página 41. Junio de 2021. Disponible <a href="https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">4</a>  Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Disponible <a href="https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&amp;e=0fpYA0" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> DW. Colombia: Gobierno cambia decreto para castigar bloqueos de vías. 19 de junio de 2021. Disponible <a href="https://www.dw.com/es/colombia-gobierno-cambia-decreto-para-castigar-bloqueos-de-v%C3%ADas/a-57962288" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Agenda A.A. “En Colombia han sido asesinados 270 excombatientes de las Farc desde el Acuerdo de Paz”. 23 de abril de 2021. Disponible <a href="https://www.aa.com.tr/es/mundo/en-colombia-han-sido-asesinados-270-excombatientes-de-las-farc-desde-el-acuerdo-de-paz/2218371" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> La Silla Vacía. “El gobierno le pidió a Char que hundiera la Especialidad Agraria del Acuerdo de Paz”. 22 de junio de 2021. Disponible <a href="https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/El%20Gobierno%20le%20pidi%C3%B3%20a%20Char%20que%20hundiera%20la%20especialidad%20agraria%20del%20Acuerdo%20de%20Paz/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Entre promesas incumplidas: la protesta social y el Acuerdo de Paz en Colombia

La consulta ciudadana a llevarse a cabo el 1 de agosto del presente año ha generado muchos debates en la esfera pública desde que fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de agosto del año pasado. Por ello, desde Justicia Transicional en México (JTMX) buscamos abonar a la conversación mediante una revisión del proceso de la consulta desde sus orígenes hasta su cierre, tomando en cuenta qué deberíamos esperar en caso de que la ciudadanía vote a favor de este proceso. Entre los temas a desarrollar se encuentran: ¿cuál fue la pregunta original propuesta por el presidente?; ¿cuál ha sido el proceso recorrido por ésta hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)?; ¿a qué se refiere la SCJN cuando alude a un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado?, y ¿cuáles son los estándares y condiciones para que estos sean llevados a cabo?
Para ello, dedicaremos una serie especial de textos enfocados en esta discusión. En esta primera entrega, recordamos  la pregunta original propuesta por el presidente, seguida por otra, emanada de la sociedad civil, para desembocar en lo resuelto finalmente por la SCJN.
El análisis sobre el alcance de la pregunta aprobada por la Corte, expresado en el engrose de la determinación, los estándares nacionales e internacionales en la materia para su ejecución y los pasos a seguir, se abordarán en los textos subsecuentes.
El presidente prometió desde su campaña electoral  buscar someter a una consulta popular el “enjuiciamiento”  de los expresidentes de México. Originalmente, preguntaría a la ciudadanía sobre tres temas: 1) la conformación de la Guardia Nacional, 2) la apertura de expedientes para procesar a los expresidentes de México, por impulsar las políticas neoliberales que causaron el empobrecimiento de millones de mexicanos y la crisis de inseguridad y de violencia, y  3) la autorización del “pueblo” para poder recibir asesoría de los empresarios.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Respecto a los primeros dos puntos, el presidente indicó que estaba a favor de la Guardia Nacional y, en el caso de los expresidentes, apoyaba poner un “punto final” a la historia y que no nos “empantanemos” persiguiendo a nadie.
La lista de delitos por los cuales esta administración buscaba enjuiciar a cinco expresidentes de la República eran los siguientes:<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
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<li>Carlos Salinas de Gortari: fue durante su periodo presidencial cuando más crecieron las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres; señalando que la causa fue la entrega a particulares nacionales y extranjeros de una cantidad sin precedentes de bienes públicos.</li>
<li>Ernesto Zedillo Ponce de León: por privatizar bienes nacionales y adjudicar deudas privadas a todas las y los mexicanos en el marco del rescate bancario conocido como el “Fobaproa”.</li>
<li>Vicente Fox Quezada: por intervenir ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición, traicionando el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.</li>
<li>Felipe Calderón Hinojosa: por embarcar al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y costosa para el país. Además, ignoró los señalamientos de que Genero García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, era cómplice de un grupo de la delincuencia organizada.</li>
<li>Enrique Peña Nieto: por la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en su campaña presidencial. Además, recientes señalamientos en el caso de sobornos de Odebrecht apuntan a su complicidad en las cuantiosas cantidades de dinero entregadas a legisladores para la aprobación de la llamada reforma energética.</li>
</ol>
En un inicio, se planeaba que la consulta se realizara el 21 de marzo de 2019. No obstante, el 13 de marzo de ese mismo año, el presidente anunció que se esperaría a contar con una reforma al artículo 35 Constitucional para poder regular las consultas, con el fin de que éstas fueran vinculantes.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Dicha  reforma se aprobó el 20 de diciembre de 2019.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Esta adicionó que la ciudadanía tuviese derecho a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia regional, no solo nacional, y estableció que para que las consultas fueran consideradas vinculatorias para el poder Ejecutivo y Legislativo y autoridades competentes se requeriría de al menos la participación total del 40 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Por otro lado, la reforma amplió la gama de temas que no pueden ser sometidos a consulta, entre los que se encuentran: la restricción de derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero; ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Ahora bien, una vez aprobada la reforma, el presidente anunció su intención de enviar al Congreso la solicitud de consulta popular el 26 de agosto de 2020. Por otro lado, una movilización ciudadana por parte de los seguidores del presidente organizó una colecta de firmas del 1 al 14 de septiembre de 2020, misma que juntó 2,336,837 firmas válidas. No obstante, fue la propuesta del presidente la que llegó a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para determinar si no era contraria a los derechos humanos y, en su caso, realizar las modificaciones necesarias.
La pregunta enviada por el presidente fue:
“¿Está de acuerdo o no con que autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
Adicionalmente, el 9 de septiembre de 2020, más de 100 colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil  y personas, lanzaron la campaña “La pregunta correcta”. En ella, se pronunciaban por cambiar el sentido de la pregunta y pedían que se reformulara la pregunta, pues en los términos planteados no podría ser calificada como constitucional. La pregunta propuesta por sociedad civil fue:<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
“¿Está usted de acuerdo con que el presidente de la República active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que con ayuda de la ONU se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México, a la par de la creación de una gran comisión de la verdad?”.
En una votación dividida de 6 a 5, y no ausente de mucha controversia y debate, la SCJN determinó que la materia de la consulta resultaba constitucional, pero modificó la pregunta –para hacerla admisible de cara a la materia aprobada– mediante la siguiente formulación:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Es, por un lado, discutible cómo interpretó la Corte su potestad constitucional -en términos llanos su margen de acción– para modificar la pregunta de la consulta. La Constitución Federal establece únicamente que la Suprema Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Mediante esta lectura, la Corte ha entendido que se trata de un análisis en dos gradas. Primero se califica si la materia es constitucional y, solamente superada esta grada, se procede a calificar la pregunta, lo cual implica un segundo análisis de legalidad. Profundizaremos sobre este punto en la segunda entrega. Basta decir que la Corte leyó que tal revisión de constitucionalidad debe privilegiar el acceso a la consulta y la integridad de su objeto, más allá de formalidades.
De nuevo, se puede discrepar y problematizar de cómo interpretó la Corte los límites de su margen de acción. Sin embargo, para efectos técnicos, la pregunta modificada o en su redacción actual debe reputarse –al menos en grado formal– compatibilizada con la Constitución Federal. La explicación es simple: ha pasado por la aduana de la Corte; ésta (bien o mal) la ha moldeado, en votación mayoritaria, bajo una lectura de cómo sería admisible constitucionalmente. Dicho en otras palabras, la Constitución Federal proscribe materias y preguntas de consulta que no sean constitucionales (de ahí la función de la Corte); si se supera esta aduana, para efectos constitucionales, la pregunta debe ser considerada como regular o válida en cuanto su introducción al sistema político y jurídico para ser consultada.
Luego, quizá una interrogante más valiosa es cómo leemos la pregunta con el resto de los propios límites constitucionales que la rodean; es decir, cómo problematizamos todos sus elementos y la tornamos operativa. En este sentido, hubo modificaciones sustanciales en la pregunta: se retiraron los nombres de los expresidentes, se habla de iniciar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, sin definir cargo o personas específicas, y, sobre todo, se pone en el centro de la pregunta a las víctimas, ya que su objetivo principal será encaminar a garantizar la justicia y los derechos de éstas. La consulta popular que será llevada a cabo el próximo 1 de agosto es ya constitucionalmente válida, incluso si votase una sola persona. Una discusión distinta es si se superará el umbral de participación que permite que sus resultados –en cualquier sentido– se tornen vinculantes.
Camino a la activación de este mecanismo de participación ciudadana, en las siguientes entregas abordaremos  los elementos de la pregunta, desde lo resuelto por la Corte, y problematizaremos con su alcance, haciendo un esfuerzo por desgranar cómo debe ser leída, esto es, un ejercicio que no debe ser echado en saco roto: todo lo demás constante, y concediendo que la pregunta es compatible con el marco constitucional, ¿cómo podemos imaginar que productos derivarían de ella que sean, de nuevo, válidos a la luz de la Constitución?
A la par, reflexionaremos sobre otras experiencias y lo que implica un proceso de esclarecimiento histórico desde la perspectiva de la justicia transicional y una de sus herramientas, los mecanismos extraordinarios de verdad.
De cara a la consulta, es nuestro compromiso abrir una discusión sobre este tema y apostarle a que, si bien podemos discrepar razonablemente, pues de eso va una democracia, es importante tener claridad sobre lo que implica este ejercicio y lo que está en juego. Esto es, la posibilidad de iniciar una discusión seria sobre mecanismos de justicia transicional en nuestro país.
<a href="https://twitter.com/JTenMexico" target="_blank" rel="noopener">@JTenMexico</a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Entrevista al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el 24 y 25 de noviembre de 2018, después de votar en una consulta organizada con la Fundación Arturo Rosenblueth, Morena para determinar los 10 programas prioritarios:  1. construcción del Tren Maya; 2. desarrollar el Istmo de Tehuantepec, 3. Construcción de la refinería en dos bocas; 4. el programa sembrando vida; 5. el aumento a la pensión de adultos mayores; 6. Jóvenes construyendo el futuro; 7. las becas a estudiantes de nivel medio superior; 8. Pensión a un millón de personas con discapacidad; 9. Atención médica y 10. El acceso a internet en todo el país, disponible aquí: <a href="https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/habra-consulta-juzgar-expresidentes-mexico-amlo/" target="_blank" rel="noopener">El 21 de marzo habrá consulta para juzgar a expresidentes de México: AMLO – Noticieros Televisa</a>. La primer consulta realizada fue para la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Diario de Debates del Senado de la República del 7 de octubre de 2020, consultable <a href="https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/113009" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa disponible aquí: <a href="https://www.debate.com.mx/politica/AMLO-pospone-consulta-para-enjuiciar-ex-presidentes-de-Mexico-20190313-0065.html" target="_blank" rel="noopener">AMLO pospone consulta para enjuiciar ex presidentes de México | EL DEBATE</a>
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Diario Oficial de la Federación, 20 de diciembre de 2019, disponible en versión digital aquí: <a href="http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582486&amp;fecha=20/12/2019" target="_blank" rel="noopener">DOF &#8211; Diario Oficial de la Federación</a>
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Idem
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a>  Campaña “La pregunta correcta”, consultable <a href="https://twitter.com/JTenMexico/status/1303823134060093441?s=20" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

La consulta ciudadana: qué es, qué dijo la SCJN y qué sigue (Parte 1)

La impunidad es reconocida como un fenómeno que es, al mismo tiempo, origen y destino de algunos de los más serios problemas que enfrentan los países de América Latina y el resto del mundo. En esta región, la memoria y la verdad han sido, como lo son siempre, una composición simbólica del pasado, restauradora de vida e identidad; inversamente su contrario, el olvido, es aquello ante lo que nos negamos a sucumbir
El Salvador mantiene una lucha constante por recuperar su memoria, haciendo de la ciudadanía la protagonista de su propia historia. Sin embargo, el contexto tan adverso que atenta contra la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador, ha agravado el paso firme que las víctimas y las organizaciones de derechos humanos han dado para evitar que se decrete el perdón y el olvido.
Las masacres de El Mozote y lugares aledaños, acontecidas durante el periodo del conflicto armado en El Salvador, continúan en un proceso de acceso a la justicia para las víctimas y el pueblo salvadoreño. Los obstáculos siguen, pero no claudicaremos. Mantenemos en el centro a las víctimas, la memoria y la lucha contra el olvido.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, la historia registra una de las masacres más grandes ocurrida en América Latina: la perpetrada por el Ejército de El Salvador en los poblados de El Mozote, La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y otros lugares aledaños, ubicados en el departamento de Morazán.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
En 72 horas, el batallón Atlacatl, liderado por Domingo Monterrosa, junto con unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera, ejecutaron el asesinato masivo de hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes. La orden era arrasar con la población. No dejar huellas del lugar, que, según la inteligencia militar salvadoreña, era territorio usado por las fuerzas guerrilleras.
El ataque, conocido como “Operación rescate” o “Yunque y martillo”, fue llevado a cabo como parte de la estrategia militar de “tierra arrasada”, una táctica que implica destruir comunidades enteras con el fin de impedir que movimientos guerrilleros puedan recibir suministros u ocultarse entre la sociedad civil. Los territorios de El Mozote y lugares aledaños, según la lectura militar salvadoreña, fungía como una herramienta que fortalecía el movimiento contra insurgente. Es entonces que el discurso iba dirigido a señalar a los pobladores de El Mozote y sus alrededores como una figura enemiga a la soberanía salvadoreña.
El miedo usado como una herramienta de control contra las familias y personas desplazadas provocaron un manejo sumamente hermético de los hechos por parte del Estado salvadoreño, manteniendo el caso bajo un manto de secretismo e impunidad.
A ello, las voces inconformes y la sed de memoria hicieron de estos hechos una causa inquebrantable para el acceso a la verdad, justicia y reparación de violaciones a derechos humanos en América Latina y el Caribe. Fue la lucha de quienes sobrevivieron para contarlo ーy que se mantienen de pie, después de casi 40 añosー la que les permitió llegar a tribunales internacionales y conseguir una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal de la región.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Dicha sentencia fue emitida en 2012. Ésta establece la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación al derecho a la vida,  la integridad personal,  la libertad,  la vida privada,  las medidas de protección de la niñez, y considera como personas agraviadas no solamente a las víctimas de la ejecución militar, sino a sobrevivientes, sus familiares y personas desplazadas de manera forzada a raíz del desarrollo de los operativos. La Corte definió, en atención a la preservación de la memoria histórica y a la imperante necesidad de que hechos similares no vuelvan a repetirse, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos y la recuperación de la memoria de las víctimas fallecidas; una medida transformadora.
En el marco del proceso ante la Corte Interamericana, el Estado salvadoreño reconoció esta responsabilidad, lo que tiene un valor histórico trascendental debido a la especial gravedad de los hechos. Sin embargo, ninguna persona ha sido aún sancionada. Actualmente, al menos 13 miembros de las Fuerzas Armadas fueron identificados y se encuentran bajo proceso judicial en fase de investigación, dentro de la cual se han presentado obstáculos, como la insistente negativa del Ministerio de Defensa de reconocer la existencia de archivos militares y dar acceso a información que resulta clave en el juicio.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Hoy, a 8 años de dictada la sentencia, El Salvador arrastra deudas históricas con respecto a las víctimas y al pueblo salvadoreño, tales como la sistemática obstaculización<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> del acceso a la justicia en la negativa del Ministerio de la Defensa Nacional de brindar información crucial este caso, así como el continuo impulso de una normativa de reconciliación nacional contraria a los estándares internacionales sobre la prohibición a otorgar amnistías u otras eximentes de responsabilidad ante graves violaciones a los derechos humanos.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
El impedimento de la inspección de los archivos militares podría conducir a la destrucción, ocultamiento o sustracción de los documentos y generar un daño de la más extrema gravedad al derecho al acceso a la justicia de las víctimas, tanto de aquellas pertenecientes al caso como aquellas que tienen procesos pendientes a nivel interno. Lo anterior dado que se impediría el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y la identificación, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables, asegurando la impunidad.
En suma, el actual contexto continúa amenazando el Estado de Derecho. El 1 de mayo del 2021, asumió la Asamblea Legislativa para el período 2021–2024 <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. En la primera sesión plenaria<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> violentaron la independencia judicial y la democracia, destituyendo, en menos de seis horas, a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, juramentando -sin evaluar perfiles- a personas afines a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> En la decisión se transgredieron procesos constitucionales y al sistema de gobierno salvadoreño, según el mandamiento judicial de inconstitucionalidad 01-2021 que, de hecho, no fue considerado por los Órganos Ejecutivo y Legislativo.<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>
Recientemente, en marzo de 2021, se celebró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, en la que se destacó la necesaria respuesta del Estado salvadoreño frente a  sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en el marco del cumplimiento de la <a href="https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">sentencia Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador de 2012</a>, específicamente sobre iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones con el propósito de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a>
Actualmente, las víctimas y familiares de las masacres y sus representantes esperamos que el llamado del máximo tribunal regional signifique avances sustantivos a nivel interno, y lograr procesos que consoliden una transición justa y significativa para el pueblo salvadoreño. Esperamos también que jamás nos alcance la impunidad, ni el olvido.
Masacres de El Mozote y lugares aledaños contra la desmemoria regional 
El caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños en El Salvador ha representado una oportunidad para conocer los alcances y aplicabilidad de los estándares en materia de derechos humanos sobre justicia, verdad y reparación, especialmente en América Latina y el Caribe, territorio que ha padecido una serie de hechos atroces contra población civil durante conflictos armados y contextos políticos de suma adversidad y tensión.
En la región se han aplicado medidas de justicia transicional o extraordinaria con mayor o menor éxito. Hemos observado comisiones de la verdad y reconciliación como en Argentina; construcción de espacios públicos para la promoción de la memoria histórica en Chile<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a>; procesos de paz como el colombiano; esfuerzos de base como la población garífuna y la instalación del SUNLA en Honduras para el esclarecimiento de hechos sobre desapariciones forzadas<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a>; o informes como el de Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala. Sin embargo, también hay casos como México donde se vivieron episodios que han lastimado profundamente la historia nacional, tales como Ayotzinapa, Aguas Blancas, Tlatlaya, Atenco, entre otros, y que no logran consolidarse dentro de un discurso público e institucional que les reconozca como hechos sistemáticos que aún aguardan justicia.
Sin duda, los procesos institucionales que favorecen la memoria histórica y justicia transicional habilitan entornos para no caer en la desmemoria colectiva. No obstante, también es necesario reconocer aquellos procesos que se han fortalecido de manera paralela a las vías institucionales y que son el resultado de la fuerza de aquellas voces que se niegan a ceder al olvido. Por ejemplo, cabe notar cómo la resignificación y reapropiación del espacio público son estrategias que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad desde el reconocimiento de nuestros territorios. Tal es el caso del <a href="https://www.arquine.com/construir-demoliendo-el-memorial-news-divine/" target="_blank" rel="noopener">Memorial del News Divine</a><a href="#_ftn13" name="_ftnref13">13</a>, en México, dónde las familias, inconformes con el plan del desarrollo del monumento impulsado por el Estado, reestructuraron el discurso público, visibilizando que el estigma y discriminación de las juventudes fue lo que marcó el fatal desenlace de los hechos: 13 personas perdieron la vida, víctimas de una mala praxis policial y un uso indebido de la fuerza pública, 4 de ellos, menores de 18 años.
La construcción de memoria histórica y colectiva constituye un verdadero desafío y es necesario reconocer el papel de las familias y víctimas sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos en contextos de conflicto armado o dictaduras en la región, que todos los días nos recuerdan el camino que falta por recorrer. Para las familias de El Mozote y lugares aledaños, cada aniversario es una constatación de la lentitud de la justicia en El Salvador, sin embargo, su lucha por la memoria y contra la impunidad, se mantiene inclaudicable.
Sin memoria, no hay democracia 
La memoria no es solamente, como hemos visto, una mirada hacia el pasado. Ella debe funcionar hacia el futuro como negadora de hábitos y creencias que engendran exclusión y violencia; ella debe desacreditar definitivamente las ideologías racistas, colonialistas, machistas y marginadoras, expulsar el léxico y la gramática de la discriminación de nuestro lenguaje público. Al mismo tiempo, ella, como memoria compartida, está llamada a colocar en el centro de nuestra imaginación política la conciencia de que no habrá democracia duradera en la región si ésta no se asienta, en primer lugar, sobre la difusión y el respeto a los derechos, sobre la ampliación de la condición de la ciudadanía y sobre la humanización de nuestras sociedades.
Memoria, justicia y democracia son tres términos indisociables en el destino de una región que aún se encuentra en deuda. Nos mantenemos de pie acompañando a quienes son el rostro, voz y vida que honran la lucha por la justicia de las Masacres. Recordamos la frase grabada en una placa, en la plaza de El Mozote, en El Salvador: “ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera”.
El pueblo salvadoreño exige honrar la memoria de las víctimas y demanda el fin de la impunidad.
#ProhibidoOlvidarSV
#JusticiaYReparación
* Liliana Caballero es Oficial de Incidencia en el Programa para México y Centro América del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional &#8211; CEJIL.
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Fuentes adicionales: 
Documental: Las masacres de El Mozote. (s/f). Recuperado el 31 de mayo de 2021, de Elfaro.net website <a href="https://elfaro.net/es/201112/video/15409/Documental-Las-masacres-de-El-Mozote.htm" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Masacres de El Mozote. Audiencia de 4 de março de 2021 • CEJIL. (s/f). Recuperado el 31 de mayo de 2021, de Cejil.org website <a href="https://summa.cejil.org/pt/entity/12xvslty7nob" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Terry Karl identifica a los oficiales que masacraron en El Mozote y afirma que se utilizó napalm. (s/f). Recuperado el 31 de mayo de 2021, de Elfaro.net website <a href="https://elfaro.net/es/202104/el_salvador/25447/Terry-Karl-identifica-a-los-oficiales-que-masacraron-en-El-Mozote-y-afirma-que-se-utiliz%C3%B3-napalm.htm" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Corte IDH, Ficha Técnica: Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador. Disponible <a href="https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=229" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Corte IDH, CASO MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR SENTENCIA DE 25 DE OCTUBRE DE 2012, (Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible <a href="https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Nelson Rauda, Terry Karl identifica a los oficiales que masacraron en El Mozote y afirma que se utilizó napalm, El Faro, 29 de abril de 2021. Disponible <a href="https://elfaro.net/es/202104/el_salvador/25447/Terry-Karl-identifica-a-los-oficiales-que-masacraron-en-El-Mozote-y-afirma-que-se-utiliz%C3%B3-napalm.htm" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Agencia EFE, Denuncian que el bloqueo de archivos militares evita la justicia en El Salvador, 4 de marzo de 2021. Disponible <a href="https://www.efe.com/efe/america/politica/denuncian-que-el-bloqueo-de-archivos-militares-evita-la-justicia-en-salvador/20000035-4480097" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> DW, ONGs: impunidad persiste en El Salvador pese a anulación de Ley de Amnistía, DW, 17 de julio de 2020. Disponible <a href="https://www.dw.com/es/ongs-impunidad-persiste-en-el-salvador-pese-a-anulaci%C3%B3n-de-ley-de-amnist%C3%ADa/a-54208559" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Tribunal Supremo Electoral, Elecciones 2021, Diputadas y diputados para asamblea legislativa, TSE, 2021. Disponible <a href="https://www.tse.gob.sv/documentos/elecciones/2021/escrutinio-final/reporte/02-Asamblea-Legislativa-conformacion-departamental.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Asamblea legislativa, Sesión de Instalación de la Nueva Asamblea Legislativa, Youtube, 1 de mayo de 2021. Disponible <a href="https://www.youtube.com/watch?v=298ghwJlJjM" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Karla Arévalo, ¿Quiénes son los magistrados y el fiscal impuestos por la Asamblea Legislativa?, elsalvador.com, 2 de mayo de 2021. Disponible <a href="https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/golpe-de-estado-a-la-corte-quienes-son-magistrados-fiscal/833866/2021/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Mandamiento judicial de inconstitucionalidad. 1-2021. Disponible <a href="https://www.jurisprudencia.gob.sv/sctter/M_1-2021.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> Corte IDH, Audiencia Pública. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, YouTube, 4 de marzo de 2021. Disponible <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9kHRPCg9zb8&amp;t=8095s" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, Sobre del museo. Disponible <a href="https://web.museodelamemoria.cl/sobre-el-museo/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">12</a> Criterio HN, Crean SUNLA, mecanismo alterno para investigar desaparición forzada de garífunas, Criterio HN, 18 de febrero de 2021. Disponible <a href="https://criterio.hn/crean-sunla-mecanismo-alterno-para-investigar-desaparicion-forzada-de-garifunas/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> Sergio Beltrán, Construir demoliendo, Arquine, 3 de septiembre de 2015. Disponible <a href="https://www.arquine.com/construir-demoliendo-el-memorial-news-divine/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Masacres de El Mozote y lugares aledaños: que no nos alcance el olvido

El objetivo de este artículo es exponer cómo la justicia transicional podría ser una herramienta para afrontar la problemática de la trata de personas. Así, comenzaremos mencionando que la justicia transicional alude a un conjunto de mecanismos cuya finalidad es transformar a una sociedad donde se han cometido violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Generalmente, se escucha sobre ésta cuando algún estado recurre a ella para transitar de un periodo de conflicto armado o dictadura hacia la democracia como los casos de Argentina, Chile o Colombia en América. Sin embargo, también se puede recurrir a ella cuando la democracia y el Estado de derecho son débiles en un país, como es el caso de México, donde el sistema judicial convencional no puede dar una respuesta adecuada a la magnitud y gravedad de las violaciones, entre las cuales se encuentra la desaparición de personas. Según cifras oficiales, se han registrado 85.053 desde 2006 al 7 de abril de 2021, de ellas 44.174 desaparecieron entre el 1° de diciembre de 2018 y el 7 de abril de 2021 <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>. Es importante mencionar que, posiblemente, entre estas cifras se encuentren casos de trata de personas. Lo mismo que en las de asesinatos <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>, de los cuales un porcentaje desconocido se refiere a ejecuciones extrajudiciales.
Pero, qué debemos entender por trata de personas. Según la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en Materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de junio de 2012 <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>, en el artículo 10 se establece que la trata es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación y que ésta se entenderá como la esclavitud; la condición de siervo; la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; la explotación laboral; el trabajo o servicios forzados; la mendicidad forzosa; la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas; la adopción ilegal; el matrimonio forzoso o servil; el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y, por último, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>.
Algunas personas especialistas en el tema aclaran que no es necesario la presencia de la explotación humana para la existencia del delito de trata de personas, solo basta con la finalidad por parte del perpetrador. Por lo tanto, es innecesaria la acreditación de un acto de explotación para demostrar la consumación del delito de trata de personas <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>.
Sin embargo, debido a la complejidad del delito de trata de personas y a la desconfianza del sistema de justicia, las denuncias y el seguimiento a dichos delitos son escasas. Entre 2012-2017 a nivel nacional se identificaron 5.245 víctimas de este delito, de las cuales, 3.308 son mujeres, 1.086 niñas, 492 hombres y 289 niños <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>.
Durante 2019, el 50% de las víctimas de trata fueron con fines de explotación sexual y el 38% para trabajos forzados, mientras que el 6% fueron sometidas a actividades delictivas forzadas y más del 1% a la mendicidad. Un número menor de personas fue objeto de trata para matrimonios forzados, extracción de órganos y otros fines <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a>.
En México, las principales víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas. Esto responde a dos factores, principalmente, por un lado, a una estructura social y cultural basada en la discriminación y en la violencia de género. Por otro, las condiciones estructurales políticas y económicas existentes generan falta de oportunidades, vulnerabilidad económica <a href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> y altos índices de impunidad que, entre otras situaciones, se traduce en sectores sociales empobrecidos y vulnerables ante la delincuencia organizada; existencia de redes de tráfico de personas, saturación del sistema judicial convencional, etcétera. En añadidura, la vinculación entre algunos funcionarios públicos con el crimen organizado que, en los últimos años, se han especializado en la trata de personas por los altos ingresos económicos que genera.
Recientemente se ha hecho hincapié en la vinculación entre las organizaciones del crimen organizado y la desaparición y asesinato de personas en México, especialmente de mujeres; el empleo de menores de edad como sicarios para la producción, el transporte y la venta de drogas; el reclutamiento, el uso de la tortura y el asesinato de niños y jóvenes indígenas para explotarlos en la delincuencia forzada <a href="#_ftn9" name="_ftnref9">9</a>; el desplazamiento forzado a raíz de los megaproyectos, los secuestros, la extorsión, el robo de oleoductos y la migración en tránsito principalmente proveniente de países de Centroamérica <a href="#_ftn10" name="_ftnref10">10</a>, también vinculado a la trata de personas <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn11" name="_ftnref11">11</a>. Por ejemplo, en este último punto, un número importante de mujeres extranjeras, víctimas de trabajo forzado y tráfico sexual en México, son enganchadas en la frontera sur del país por el crimen organizado, llevadas a casas de seguridad para su traslado a Estados Unidos u otros países <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn12" name="_ftnref12">12</a>, en ocasiones con el apoyo de las autoridades de seguridad pública. Durante un lapso de tiempo estas mujeres se encuentran desaparecidas. Algunas veces son rescatadas y otras encontradas en fosas clandestinas.
Sin embargo, desde las instituciones gubernamentales el estudio de dicha vinculación es limitado, dada la escasa investigación y el análisis de los patrones locales, regionales y nacionales de la trata de personas, sin dejar de mencionar la falta de coordinación, capacitación y financiamiento de las autoridades involucradas en esta problemática en los tres niveles de gobierno, así como la incapacidad de la detección de situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes utilizados por la delincuencia organizada, de las personas de la comunidad LGTBI+ explotadas sexualmente o de las personas en contextos de movilidad humana.
En definitiva, la problemática de la trata de personas es de gran complejidad por su inmersión en contextos de violaciones graves a derechos humanos, lo cual demanda cambios en las políticas de seguridad para afrontar la crisis de derechos humanos, de hecho reconocida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn13" name="_ftnref13">13</a>. Este cambio podría cimentarse sobre la creación de mecanismos extraordinarios, debido a que los ordinarios resultan insuficientes o su capacidad técnica y humana es escasa para hacer frente a fenómenos de violencia a gran escala y masivos, a saber: una gran comisión de la verdad; comisiones de la verdad regionales, comisiones de investigación; leyes de amnistía creadas específicamente para afrontar esta problemática <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn14" name="_ftnref14">14</a>; un mecanismo internacional de justicia extraordinaria, y un plan de reparación integral para las víctimas y sus familiares.
Lo anterior, en un marco de política de estado para asegurar la coherencia y la articulación de las iniciativas que les permita reforzarse mutuamente. La implementación de estas medidas e iniciativas debe ser secuencial y gradual. Si fuera necesario, con el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos como Naciones Unidas.
Con comisiones de la verdad se conoce el contexto o los factores generadores de dicha problemática, se logra conocer la verdad de los hechos, lo cual significa investigar qué, cuándo y cómo pasó para, posteriormente, saber los patrones de actuación de los perpetradores, conocer sus nombres y obtener justicia, además de tomar todas las medidas necesarias para evitar que los hechos se vuelvan a repetir y atender de manera integral a las personas que hayan sido víctimas, es decir, reparar el daño causado.
La justicia transicional es un  conjunto de procesos de investigación y divulgación de la verdad sobre hechos o acontecimientos relacionados a graves violaciones de derechos humanos, de carácter masivo; al enjuiciamiento y atribución de responsabilidad penal y administrativa de las personas perpetradoras; a las medidas de reparación integral de las víctimas y sus familiares, así como a las reformas de las instituciones del estado, con la finalidad de transformar las estructuras políticas y sociales para, de esa manera, evitar la repetición de hechos similares.
* Eloísa González Hidalgo es especialista en Derechos Humanos y Justicia Transicional.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Véase: SEGOB-CNB (2021) Caso Alfredo Jiménez Mota.  Disponible <a href="https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/04/CPM-CNB-Informe-08abr21.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2019, 35.506 personas fueron asesinadas en México, cifra equivalente a 97 asesinatos diarios. Se estima que, por cada homicidio, entre siete y diez personas cercanas a la víctima resultan afectadas (México Unidos contra la Delincuencia, 2020). Véase <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Atlas-de-homicidios-Me%CC%81xico-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Esta definición se retomó de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como el Protocolo de Palermo, cuyo artículo 3 señala que la trata de persona se define como: (…) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación (…) la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (…). El Protocolo de Palermo fue ratificado por Estado mexicano el 25 de diciembre de 2003.
Desde principios del siglo pasado, la regulación penal de la trata de personas se ha desarrollado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, con el Convenio Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas de 1910; con la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores de 1921; con la prohibición de la trata de esclavos mediante la Convención sobre la Esclavitud de 1926, origen de la trata de personas; con el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad de 1933 y el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949. Y finalmente, con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de noviembre de 2000, y uno de los tres protocolos que completan esta  Convención, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (Protocolo de Palermo). Así como mediante sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Sentencia sobre los Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil de octubre de 2016, que se puede consultar <a href="https://summa.cejil.org/es/document/gmxtogck77fm39moud7bke29?page=7" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Para conocer más sobre la ley consúltese: Garrido Márquez, G. U. y Nava Garcés, E.A. (2016) Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos con comentarios. México: INACIPE. Le Goff, H. y Lothar W. T. (2011) La trata de personas en México. Diagnóstico sobre la asistencia a víctimas. México: OIM.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Uribe Olvera M. (2018) “El tipo penal de trata de personas”, en CNDH Trata de personas. Un acercamiento a la realidad nacional. México: CNDH, pp. 199-208.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> En 13 estados, el porcentaje de mujeres y niñas víctimas fue mayor que a nivel nacional: Tlaxcala (99%), Guanajuato (98%), Oaxaca (95%), Ciudad de México (93%), Michoacán (93%), San Luis Potosí (90%), Baja California (90%), Chiapas (89%), Chihuahua (89%), Baja California Sur (87%), Sinaloa (87%), Nayarit (86%) y Quintana Roo (86%)(CNDH.2019: 33).
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Véase: UNODC (2020) Global Report on Trafficking in Persons 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3). Disponible <a href="https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> En ocasiones, en el ámbito familiar o en el comunitario se recurre a este tipo de delitos para afrontar la situación económica, lo cual poco a poco se va normalizando. Lo anterior es recurrente en estados como Tlaxcala o Chiapas.
<a href="#_ftnref9" name="_ftn9">9</a> Véase: Department of State (2020) Trafficking in persons report. USA. Disponible <a href="https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y UNODC (2020) Global Report on Trafficking in Persons 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.IV.3)
<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">10</a> El porcentaje de víctimas de trata extranjeras respecto a las nacionales es mayor a nivel nacional en Aguascalientes con 19% y Chiapas con 43%. El 88% de las víctimas extranjeras son mujeres, procedentes principalmente de 28 país: América el 83%, Europa el 13%, Asia el 3% y África el 1%. Véase: CNDH (2019) Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México. México: CNDH. Disponible <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_RE_2019.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref11" name="_ftn11">11</a> Preston, D. (2018) “La historia no oficial: la trata de personas en México, en CNDH Trata de personas. Un acercamiento a la realidad nacional. México: CNDH, pp. 285-294.
<a href="#_ftnref12" name="_ftn12">12</a> Véase: “Crisis migratoria. El drama que esconde la historia de Wilton, el niño nicaragüense abandonado en la frontera sur de EE UU”. El País, 13 de abril de 2021. Disponible <a href="https://elpais.com/mexico/2021-04-13/el-drama-que-esconde-la-historia-de-wilton-el-nino-nicaraguense-abandonado-en-la-frontera-sur-de-ee-uu.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Otro caso más conocido fue la masacre de San Fernando Tamaulipas en agosto de 2010.
<a href="#_ftnref13" name="_ftn13">13</a> Disponible <a href="https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref14" name="_ftn14">14</a> Para mayor información sobre este tema y la situación en México véase <a href="https://front.animalpolitico.com/justicia-transicional-en-mexico/amnistias-y-justicia-transicional-parte-i-de-iii/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>, <a href="https://front.animalpolitico.com/justicia-transicional-en-mexico/amnistias-y-la-reinsercion-parte-ii-de-iii/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://front.animalpolitico.com/justicia-transicional-en-mexico/justicia-transicional-amnistias-iii/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

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