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CNDH en 2023: cinco años perdidos
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CNDH en 2023: cinco años perdidos
Sin consejo consultivo, omitiendo interponer acciones de inconstitucionalidad sobre leyes federales y priorizando la emisión de recomendaciones sobre hechos de sexenios previos, atacando a organismos y defensores de derechos humanos y periodistas, la CNDH ha ido socavando su legitimidad.
07 de diciembre, 2023
Por: La lucha cotidiana de los derechos humanos
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Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se conmemora el 75 aniversario de la Declaración Universal. La ocasión es propicia para hacer un balance sobre la situación de los derechos humanos en México. Entre otros aspectos, esto obliga a evaluar el estado que guarda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por ello, como lo hemos hecho cada año en este espacio, enseguida presentamos una versión preliminar del balance sobre la actuación de la CNDH en 2023, centrada en la parte medular de su actuar: investigación de quejas por violaciones a derechos humanos y emisión de recomendaciones; presentación de acciones de inconstitucionalidad; gobernanza interna, y comunicación social. Como se verá a continuación, 2023 fue un año de más deterioro en cada uno de estos rubros.

Sobre la emisión de recomendaciones, hasta el 4 de diciembre de 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitió 238 ordinarias y 48 por violaciones graves. Pero no es en el análisis cuantitativo sino en la revisión cualitativa donde salen a relucir las deficiencias. Por un lado, las autoridades a las que dirigió más recomendaciones ordinarias este año fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que en sí mismo muestra a qué temas se dedica mayor energía institucional. Por otro, en cuanto a las recomendaciones por violaciones graves, las autoridades que recibieron más fueron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con 22; Secretaría de Marina (SEMAR), con 13; Fiscalía General de la República (FGR) con 12; y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) con 7. En este rubro, claramente la actual CNDH concentra sus esfuerzos en mayor medida en analizar eventos ocurridos en administraciones pasadas que en la actual. Por ejemplo, CNDH dirigió a la SSPC 22 recomendaciones este año, de las que 12 son contra la Policía Federal por hechos ocurridos en otros sexenios y sólo 6 versan sobre hechos de este sexenio, todos atribuibles por cierto a la Guardia Nacional.

En cuanto a la emisión de recomendaciones, un evento relevante a señalar de este 2023 es la determinación de la CNDH de limitar el acceso público a recomendaciones emitidas en años anteriores. El 28 junio de 2023, Animal Político publicó una nota en la que expuso que la Comisión había eliminado de su página de internet las 2,543 recomendaciones emitidas por el organismo entre los años 1990 y 2015. En respuesta, el 3 de julio de 2023, la CNDH emitió un comunicado en el que confirmó que se había “suspendido momentáneamente” la publicidad de las recomendaciones debido a que realizaría una “versión pública” de las mismas y una vez hecho ello las volvería a subir. En meses posteriores, la Comisión publicó en su portal versiones testadas de las recomendaciones, en las que gran parte de la información –en ocasiones páginas enteras– fue censurada, incluyendo aspectos tan relevantes como la descripción de hechos. Entre las recomendaciones testadas destacan las de casos como Tlatlaya, Atenco o Pasta de Conchos, lo que ha sido impugnado.

Por otro lado, este año la actual CNDH continuó cerrando quejas sin investigar exhaustivamente situaciones del presente donde existen claros indicios de vulneraciones a derechos. Tal es el caso de la queja interpuesta por el defensor Raymundo Ramosm quien denunció hechos de espionaje en su contra por parte del Ejército mexicano mediante el software Pegasus, la cual fue concluida por la CNDH en abril de este año, sin que realizara una investigación exhaustiva con un mero informe de la Secretaría de la Defensa Nacional negando los hechos. Para redondear su política de inacción, la CNDH se pronunció sobre las denuncias del uso de Pegasus en el presente afirmando que había investigado “sin encontrarse por esta Comisión Nacional elementos que presuman que el gobierno federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje”, lo que después sirvió al Gobierno Federal para deslindarse del tema.

Pasando al rubro de las acciones de inconstitucionalidad, durante el año que concluye se repitió la tendencia a interponerlas sobre todo respecto de cuestiones de índole estatal y municipal, siendo muchas veces omisa la CNDH en activar esta facultad respecto de leyes federales. En este sentido, aunque se presentaron 208 acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, solamente se han publicado 71 en la página web de la Comisión —las que fueron admitidas a trámite por la Corte—, de las cuales la gran mayoría se enfoca en aspectos relacionados al cobro de servicios por las entidades federativas y ayuntamientos.

Analizando la gobernanza interna, 2023 marcó el año en el que renunciaron todas y todos los Consejeros Ciudadanos de CNDH en funciones. El 12 de octubre de 2023, las seis integrantes emitieron un comunicado haciendo pública su renuncia, señalando que su trabajo se había obstaculizado sistemáticamente. La renuncia ocurrió luego de que denunciaran reiteradamente esta situación. Recién en agosto de 2023, por ejemplo, señalaron que no se había sometido a su consideración el presupuesto anual de la Comisión, pese a que la Ley de la CNDH y su Reglamento Interno establecen que es atribución del Consejo emitir una opinión sobre éste.

Por cuanto hace a la comunicación social, hasta el 30 de noviembre del 2023 la CNDH había emitido más de 330 comunicados de prensa y más de 40 pronunciamientos, además de dedicar notorios esfuerzos institucionales este año a la apertura y actualización constante de un apartado en su sitio web llamado “Mentiras sobre CNDH”. Ahí, la Comisión responde a medios de comunicación o periodistas que expresan críticas a su labor, a menudo con un tono impropio de una institución de derechos humanos, empleando adjetivos y afirmaciones desproporcionadas.

Por ejemplo, a un reportero de Animal Político afirmó tajante que “miente”. Sobre un trabajo de un medio digital sostuvo a modo de réplica, en cinco páginas, que la información del medio era “falaz” y que el medio había “violado flagrantemente el derecho a la información de la ciudadanía, y el derecho de las audiencias” por ser parte de “una verdadera campaña con miras electorales (…) que transgrede principios y normas del derecho humanitario internacional”, además indicó que analizaría “los recursos legales a que haya lugar” en su contra. Sobre una nota de otro portal, contestó que la nota podría ser “contraproducente para las víctimas y potenciales víctimas de violaciones a derechos humanos que, influenciadas por un entorno enrarecido y premeditadamente distorsionado, puedan sentirse desalentadas de presentar sus quejas o dar seguimiento de ellas”. Y ante otra nota del mismo medio sostuvo que éste había publicado una pieza “sin importar si afectan el honor y la reputación de las personas, y sin reparar en las consecuencias que sus dichos generan, porque nos exponen al odio y al escarnio y hasta ponen en riesgo nuestra integridad y la de nuestras familias”. Respecto de un trabajo de un periódico de circulación nacional, la CNDH sostuvo que era parte de las “campañas mediáticas en su contra (…)” y que “toma a capricho los datos que convienen para su intencionalidad”. Lo mismo hizo la CNDH frente a una bien fundada columna de opinión publicada en otro portal digital por un especialista connotado, que descalificó en una larga réplica cargada de adjetivos.

La errática política de comunicación de la CNDH, que es consecuencia desde luego de un direccionamiento institucional fallido, tuvo durante el 2023 varios episodios con innegables implicaciones sobre el ejercicio de su autonomía. Efectivamente, en su comunicación, una y otra vez CNDH dejó de lado el cuidado de la autoridad moral de la institución Ombusperson, para fungir más bien como caja de resonancia del discurso político hoy predominante. Por ejemplo, en 2023 la Comisión señaló al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Nacional Electoral (INE) en diversos pronunciamientos; destacó el de febrero de 2023, en el cual la CNDH respaldó la iniciativa de reforma electoral y afirmó que no se afectaba la autonomía del ente electoral pues se buscaba eliminar “los excesos en que éste ha incurrido”.

Así también, han sido motivo de señalamientos públicos la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Sobre la CDHCM, la CNDH respondió a un boletín en el que la primera urgía a la segunda a tomar acciones por los operativos migratorios realizados por el Instituto Nacional de Migración en la capital, diciendo que había cumplido su labor y que no haría “de su trabajo un espectáculo”. En cuanto a la CNB, la CNDH aseveró que la extitular de la Comisión de Búsqueda, “fue omisa en rectificar la existencia de más de un registro único con relación a una víctima y sus familiares, pese a tener información necesaria para ello, y por la no emisión de lineamientos para la operación del Registro Nacional”. El posicionamiento de la CNDH fue precisamente en el mismo sentido que las declaraciones del Presidente de la República con respecto a la anterior Comisionada, en el contexto del impulso del Gobierno federal del Censo de Personas Desaparecidas; además, tanto en el boletín de prensa como en la Recomendación la CNDH señala a la extitular personalmente, lo que no ocurre respecto de los mandos de otras instituciones cuando les dirige recomendaciones, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas.

La CNDH también dedicó energía a golpetear burdamente a las instancias internacionales de derechos humanos. Así, durante 2023 la CNDH dirigió cuestionamientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), todos en relación con las preocupaciones expresadas por estos organismos sobre la situación del país. Especialmente lamentable fue el extenso documento que la Comisión emitió para “puntualizar y precisar” los hallazgos del GTDA, con el que pretendió desvirtuar las conclusiones del Grupo.

En esta misma tesitura, la Comisión también dirigió en 2023 señalamientos contra organizaciones de sociedad civil. Por ejemplo, en su documento sobre “Un nuevo modelo de defensa de los derechos humanos”, que se presenta como informe aunque es más bien un boletín de propaganda, el organismo refirió que la actual presidencia reforzó su autonomía frente a “grupos de interés”, incluyendo a “la exclusiva élite de los ‘abogados-defensores de derechos humanos’ más interesados en la calificación de los organismos internacionales que en la calificación del pueblo”. En la misma tónica, en una réplica emitida el 24 de noviembre de 2023 al referirse a la denuncia de ejecuciones extrajudiciales que habían cometido elementos del Ejército en este sexenio, la CNDH aseveró que organizaciones civiles trataron de imponer “agendas políticas” a través de los medios de comunicación para influir en el curso de las investigaciones a efecto de “satisfacer necesidades particulares, convenientes a determinados grupos de opinión o de poder”.

Con comunicaciones como estas, sin consejo consultivo, omitiendo interponer acciones de inconstitucionalidad sobre leyes federales y priorizando la emisión de recomendaciones sobre hechos de sexenios previos, la CNDH ha ido socavando su legitimidad. Así, cuestionada y decepcionante, se enfila hacia el último año de la actual gestión. En ese marco, es fundamental advertir desde ahora sobre el riesgo de que busque la reelección la actual titular –o su continuidad, por otras vías, el equipo a cargo de la Institución– dado que el marco legal que permite esta posibilidad no ha sido reformado, aun cuando se trata de un incentivo perverso para no ejercitar cabalmente la autonomía, como se ha acreditado una y otra vez tanto a nivel nacional como estatal.

En materia de reformas, por cierto, la actual CNDH no ha tocado el tema de la reelección. En febrero de 2023, la Comisión hizo pública una propuesta de reformas a la Constitución y a su propia Ley con el fin de realizar modificaciones para, entre otras cosas, convertirse en “Defensoría del Pueblo”; ampliar sus facultades en materia electoral; modificar el proceso de designación de la titular del organismo y las integrantes del Consejo Consultivo para que sean electas mediante mecanismos de participación ciudadana; aumentar las exigencias y requisitos para ser consejero o consejera, y proponer que quienes lo sean estén sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para poder ser investigadas y sancionadas. Además, propuso modificaciones restrictivas respecto del acompañamiento que brindan organizaciones de la sociedad civil a víctimas. Además de que la CNDH carece de facultades para presentar iniciativas de ley, los cambios propuestos se alejan de los estándares internacionales y de las mejores prácticas en la materia. El cambio de denominación de “Comisión” a “Defensoría” simplemente queda en un cambio nominal.

Son ya casi cinco años perdidos. Las repercusiones a nivel estatal son innegables, pues las debilitadas comisiones de las entidades, a menudo subordinadas a los gobernadores, no cuentan hoy con una instancia de referencia que tenga liderazgo y reconocimiento nacional. Sabiendo que este derrotero no cambiará en los meses que quedan, es fundamental comenzar a pensar la necesaria reconstrucción de la institución Ombudsperson, que habrá de venir.

La versión más extendida de este balance y los de los años previos pueden consultarse aquí. 

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Las dos caras del ajustazo sin precedentes de Milei en Argentina
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Las dos caras del ajustazo sin precedentes de Milei en Argentina
Sin consejo consultivo, omitiendo interponer acciones de inconstitucionalidad sobre leyes federales y priorizando la emisión de recomendaciones sobre hechos de sexenios previos, atacando a organismos y defensores de derechos humanos y periodistas, la CNDH ha ido socavando su legitimidad.
22 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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La semana última Argentina vivió dos hitos: por primera vez en más de una década, el ministerio de Economía anunció que hubo superávit fiscal. Es decir, que se recaudó más de lo que se gastó, algo que ha ocurrido en poquísimas ocasiones en este país sudamericano.

Poco tiempo después, el prestigioso Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer una cifra que dejó helados a muchos: estimó que la pobreza en enero superó el 57%, el peor índice desde la crisis de 2001/2.

Estos datos reflejan las dos caras de la Argentina de Javier Milei, el economista libertario que asumió en diciembre pasado prometiendo sanear la economía del país, que lleva décadas entrando y saliendo de crisis, y reducir la inflación, que hoy es la más alta del mundo.

En apenas dos meses Milei ha logrado cumplir con su meta de “déficit cero”, es decir, dejar de tener las cuentas en rojo. Y los mercados muestran su satisfacción:

Los bonos y acciones argentinos están en alza, el dólar libre (o “blue”) se ha estabilizado y el llamado “riesgo país” -un índice que muestra la confianza en la capacidad de un Estado para pagar su deuda- está en su nivel más bajo en dos años, todas señales de que el rumbo macroeconómico va por buen sendero.

Pero el remedio que ha aplicado Milei para lograr estas mejoras –un ajustazo sin precedentes– tiene severas consecuencias en una población que ya llevaba seis años consecutivos de caída del salario real, con un sueldo mínimo que equivale a apenas US$160, el más bajo de la región después de Venezuela.

Motosierra + licuadora

Milei se hizo famoso durante la campaña por blandir una motosierra, un símbolo de cómo pensaba arrasar con el gasto público, el motivo que ha llevado al país a estar constantemente en déficit (112 de los últimos 122 años).

Según el economista, las soluciones que aplicaron hasta ahora los distintos gobiernos -emitir más billetes o pedir dinero para cubrir esos gastos- llevaron a que el país tenga una inflación que supera el 250% anual y sea el principal deudor mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En vez de esas recetas, este outsider, que ingresó a la arena política hace menos de tres años, propuso una solución más drástica: cortar el origen del problema -el gasto excesivo-, para llegar al “déficit cero”, que ha definido como su principal meta de gobierno.

Y en noviembre pasado, en la segunda vuelta electoral, casi el 56% de los argentinos apoyó la idea, que supuestamente -según Milei- se iba a centrar en cortar los gastos de la “casta”, como él llama a la clase política tradicional.

Pero pocos imaginaron lo rápido y profundos que serían los cambios que traería el nuevo presidente. Ni tampoco cuánto les afectaría a ellos directamente.

Milei dando su discurso de asunción en las escalinatas del Congreso el 10 de diciembre de 2023.
Reuters
El día que asumió, Milei prometió reducir 5 puntos del PIB -un ajuste sin precedentes- y en enero ya cumplió su meta.

El día que asumió, el 10 de diciembre, Milei declaró que su objetivo era recortar 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un ajuste pocas veces visto en la historia, no solo de este país, sino del mundo.

No detalló que planeaba aplicar ese mega recorte en menos de dos meses, algo también inédito.

Para lograr su objetivo no solo prendió la famosa motosierra, reduciendo a la mitad los ministerios y secretarías, frenando nuevas obras públicas, recortando subsidios y gastos en publicidad institucional y eliminando las transferencias discrecionales a las provincias (lo que ha generado una pelea con los gobernadores de esos distritos).

También encendió la licuadora, que ha sido en realidad su principal herramienta de ajuste.

Emitió un decreto para que este año se aplique el mismo Presupuesto que en 2023, haciendo que las partidas presupuestarias queden por debajo del índice de inflación (lo que, en efecto, las redujo fuertemente).

Pero su medida más contundente fue quitarle la mitad de su valor al peso contra el dólar, lo que hizo desplomar -o “licuar”- el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Según el economista Martín Polo, de la consultora Cohen Aliados Financieros, las medidas de Milei recortaron en más del 38% las jubilaciones y pensiones, el principal gasto del Estado.

También se achicó un 27% los salarios públicos, un 64% los subsidios económicos (principalmente a la energía) y 86% la obra pública. Todo de golpe.

Además, la fuerte devaluación aceleró aún más la inflación, que se duplicó entre noviembre y diciembre, alcanzando el 25,5% mensual a fin de año.

Caída del consumo

El resultado de estas medidas ha sido tan impresionante como dramático.

Por un lado, el gobierno celebra que en tiempo récord logró su meta de “déficit cero”, destacando que es la primera vez desde 2012 que el sector público no dio pérdidas.

(Por el contrario, en enero tuvo un sobrante (o superávit) de más de US$580 millones).

Paquetes de yerba con sus precios, en enero.
Getty Images
Argentina hoy tiene la inflación más alta del mundo, del 254% anual.

Milei también resalta que la inflación, que parecía estar entrando en un proceso irreversible de hiperinflación, se ha desacelerado, bajando cinco puntos en el primer mes del año (al 20,6%).

La mayoría de los pronósticos privados anticipan que la tendencia continuará a la baja, con una inflación que rondaría el 15% en febrero.

Sin embargo, el costo humano de estas mejoras económicas ha sido enorme.

Según el Observatorio de la Deuda Social, entre diciembre y enero la pobreza pegó un salto, pasando del 49,5% al 57,4%, una cifra que se acerca a la de la peor crisis que vivió Argentina hasta el momento, la de 2001/2, cuando se alcanzó una cifra récord del 65,5% de personas pobres.

Y, aunque la baja de la inflación genera expectativa, la triste realidad es que el principal motivo por el que bajan los precios es que la gente ya no tiene suficiente dinero para gastar.

“Hubo una caída del consumo en el mercado interno. Las ventas minoristas cayeron el 26,8% en el mes de enero, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y continúan cayendo en febrero”, señaló a BBC Mundo Damián Di Pace, director de la consultora económica Focus Market.

“Y el consumo masivo bajó un 18,5%, así que lo que se ve es una caída de la actividad”.

En otras palabras: una profundización de la recesión que ya arrastraba Argentina, o más bien la “estanflación” -como explicó el propio Milei-, ya que se combina el estancamiento económico con una inflación astronómica, el peor de los escenarios.

Este proceso llevó al FMI a recortar drásticamente sus proyecciones de PIB para Argentina.

Mientras que en octubre había pronosticado para 2024 un crecimiento del 2,8%, a finales de enero cambió el signo de positivo a negativo, estimando que, con las nuevas medidas anunciadas por el flamante presidente, la economía argentina se contraerá un 2,8% este año.

El tsunami Milei

Los argentinos, de todos los estratos sociales, no olvidarán fácilmente estos primeros dos meses de gobierno de Milei.

Un carnicero argentino
Reuters
Los salarios, que ya eran los más bajos de la región, después de Venezuela, se desplomaron con el ajuste de Milei.

Por un lado, sus sueldos sufrieron una marcada caída del poder de compra, por la devaluación y la aceleración de la inflación, que superó el 50% acumulado entre diciembre y enero (la inflación en alimentos fue aún superior).

Pero, al mismo tiempo, sus bolsillos sufrieron -y siguen sufriendo- un verdadero bombardeo por el “sinceramiento de precios” que ha llevado que tanto productos como servicios -que durante los años de gobierno kirchnerista estuvieron “pisados”, por intervención del Estado- de golpe se liberen.

Por la quita de subsidios, el transporte público aumentó más del 200% en la región más poblada del país y la tarifa eléctrica subió entre el 65% y el 150% (según niveles de ingreso).

Las “prepagas” de la Salud (empresas privadas de medicina de las que dependen millones de argentinos) aumentaron sus cuotas más del 100% luego de que el nuevo gobierno desregulara el sector.

“Los aumentos han sido demenciales. Es la primera vez en mi vida que no puedo pagar la prepaga”, le dice a BBC Mundo Andrés, un consultor privado de 60 años que prefiere no dar su apellido.

“Voy a tener que pedir un préstamo al banco para pagarlo porque tengo un problema de salud crónico y no puedo cambiar de plan, soy rehén del sistema privado”, afirma.

“Espero que solo sea por unos meses, hasta que la economía mejore”.

Los del medio

El temor es que muchas personas de clase media que ya no pueden pagar la salud privada empiecen a acudir a la pública, que ya está desfinanciada y sobrepoblada.

Algo similar podría ocurrir con la educación. En marzo empiezan las clases, después del receso de verano, y muchas familias tendrán que hacer cuentas para ver si pueden costear los colegios privados de sus hijos, que anunciaron aumentos importantes luego de que el gobierno de Milei los habilitara a fijar el valor de sus cuotas “sin límites”.

El mandatario ha señalado que está trabajando en “un mecanismo de asistencia” para afrontar este problema (“si caen los ingresos y tenés que cambiar a los chicos del colegio, es traumatizante para padres e hijos”, afirmó en una entrevista con Radio La Red).

Una mujer mayor en su casa en Buenos Aires
Reuters
Los jubilados y la clase media han sido los más perjudicados por el ajuste.

Pero aún es temprano para saber si esta posible ayuda puede paliar los efectos del ajuste económico en la clase media, la gran perjudicada junto con los jubilados.

Así lo muestran las cifras del Observatorio de la Deuda Social, que señalan que mientras que, en los hogares más humildes, que reciben asistencia social, la pobreza aumentó 9 puntos desde el tercer trimestre de 2023, el incremento más grande se dio entre las familias que no califican para recibir ayuda del Estado, donde la pobreza saltó del 27% al 44% (17 puntos).

Este aumento puede verse en los comedores populares, donde, según los movimientos sociales, la cantidad de personas que asiste diariamente aumentó al menos un 50% desde diciembre.

“A mí me sirve mucho llevar un plato de comida para que mis hijos estén más llenos mientras mi mujer cocina, y aguanten un poco hasta la merienda”, señaló Daniel Barreto, un albañil que asiste al comedor Las Hormiguitas Viajeras, en el municipio de San Martin, al norte de la provincia de Buenos Aires.

“Lamentablemente la plata no sirve y todo es plata”, afirmó a la agencia AFP.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran por qué “la plata no sirve”: hoy el salario mínimo argentino representa menos de un tercio del precio de la canasta básica, el conjunto de bienes y servicios que necesita una pareja con dos hijos para no ser pobre.

Y eso no incluye el alquiler, uno de los gastos más grandes para muchas familias que no son propietarias de una vivienda.

El gobierno asegura que está pendiente de los más necesitados.

Si bien recibió muchas críticas por su decisión de frenar el envío de alimentos a los comedores y merenderos populares, mientras realiza una auditoría que busca sacar del medio a las organizaciones intermediaras a las que acusa de clientelismo, el gobierno destaca que aumentó la ayuda directa, duplicando la Asignación Universal por Hijo y aumentando la tarjeta alimentaria en un 50%.

Mujeres cocinando en un comedor popular en Villa Fiorito, Buenos Aires
Reuters
Los comedores populares dejaron de recibir insumos del Estado nacional en diciembre y enero, cuando la inflación se disparó más del 50%.

En febrero, el ministerio de Capital Humano también firmó convenios de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas y la asociación católica Cáritas, por un total de US$600.000 millones.

Pero por el momento no hay medidas para aliviar la situación de los estratos medios y de las personas de la tercera edad, quienes más vieron licuados sus ingresos.

Lo peor está por venir

En medio del escozor que aún producen sus medidas, el propio Milei advirtió que “el momento más duro será entre marzo y abril“.

Sin embargo, también dijo que luego habrá una recuperación en forma de V: “A partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar“, predijo en diálogo con Radio Rivadavia.

“Las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año”, detalló, en referencia a levantar las restricciones al acceso de dólares que se impusieron hace años en Argentina por la falta de reservas del Banco Central (que hoy siguen en rojo, aunque vienen en aumento y se abultarán en abril gracias a las exportaciones del campo).

“Cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante”, auguró el mandatario.

Cartel en una protesta contra Milei
EPA
Milei ha enfrentado decenas de protestas e incluso un paro general en sus primeros dos meses.

No todos comparten este pronóstico optimista. Pero incluso quienes sí lo hacen se preguntan dos cosas.

¿Cuánto caerá el empleo y cuántas empresas deberán cerrar como consecuencia de este período de fuerte estanflación? (uno de los pocos índices “positivos” de Argentina es su baja tasa de desempleo, que ronda el 6%).

Y, más acuciante aún: ¿hasta cuándo aguantará la tolerancia de la gente a esta realidad sin precedentes?

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BBC

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