Crisis climática y afectaciones por las lluvias: mirar desde los derechos humanos
En los últimos días en nuestro país se registraron intensas lluvias, con afectaciones muy importantes e incluso fatales principalmente en cinco estados del país: Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, que derivaron en múltiples inundaciones, desbordamientos de ríos, destrucción de viviendas, cientos de personas damnificadas, más de 60 personas fallecidas y al menos 65 desaparecidas, de acuerdo con el reporte más reciente de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
La atención de la agenda nacional se ha volcado a priorizar la grave situación que sin duda deberá atenderse con una perspectiva de derechos humanos, pues los desastres naturales no sólo son producto del azar de la naturaleza. Son un espejo que muestra las vulnerabilidades y patrones de desigualdad existentes en nuestro país y que requieren de una respuesta no meramente humanitaria sino de respeto al ejercicio de los derechos de las personas afectadas; así lo hemos llamado también en otros momentos frente a otras catástrofes naturales, como el huracán Otis, en Guerrero.
Además, en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, es necesario destacar lo señalado desde distintos mecanismos de Naciones Unidas sobre la relevancia de la atención de desastres naturales, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar la salud, educación, protección social y otras necesidades públicas de las personas más vulnerables. También lo señalado por el Relator Especial sobre la vivienda adecuada a este respecto: “Algunos desastres naturales recientes y sus secuelas han demostrado la necesidad de integrar las normas de derechos humanos en las medidas de prevención, socorro y rehabilitación. En muchas de estas situaciones, entre las preocupaciones planteadas figuraban la discriminación, la falta de sensibilidad en cuestiones de género, la falta de participación y la corrupción, así como el retraso en la distribución de las ayudas”, entre otras.
La más reciente Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es clara en enfatizar en que las afectaciones en el contexto de los desastres climáticos son diferenciados, destacando las obligaciones del Estado frente a las poblaciones más vulnerables, como las niñas, mujeres, personas mayores, con discapacidad y en particular quienes se encuentran en situación de pobreza, como las comunidades rurales.
La labor no es menor. Desde la tribuna presidencial se indicó que del total de 150 localidades afectadas, se ha determinado hasta ahora que son 51 municipios los que recibirán atención prioritaria para restablecer servicios básicos y brindar auxilio a la población, de acuerdo a un censo, y se continúan recibiendo mensajes de exigencia frente a la necesidad de buscar a todas las personas desaparecidas y reinstalar los servicios de las zonas que se mantienen incomunicadas.
Para ello, es imprescindible exigir que sean las comunidades rurales y las periferias las que deben ser atendidas con un amplia prioridad por parte del Estado, y que la asistencia llegue más allá de las zonas turísticas que suelen ser las que reciben más atención; por ejemplo, los 47 municipios con mayor aislamiento y mortalidad, como en la Sierra Negra en Puebla y el norte de Veracruz, donde se encuentra la Sierra de Huayacocotla.
Para ello será fundamental también el acercamiento con organizaciones civiles, medios independientes y personas solidarias en el terreno que durante años han señalado la dificultad de las comunidades más vulnerables para el acceso a servicios básicos, de vivienda digna, así como la falta de acción de la autoridades para garantizar acciones de prevención, información, alerta y la gestión de riesgo, y la falta de acciones concretas para la prevención de desastres naturales y reparaciones debido al cambio climático. Son estas organizaciones y personas solidarias quienes se encuentran activamente actualizando a las comunidades y proveyendo de información de primera mano –derecho esencial en contextos como este–, como lo están haciendo nuestras y nuestros hermanos de La Voz Campesina, Radio Huaya, 105.5 FM.
Estas acciones se vuelven aún más relevantes de cara a la 30 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se realizará en noviembre en Brasil, y donde se abordará la importancia de apostar por una agenda global de acción climática ante un ambiente en el que el multilateralismo se ha visto severamente amenazado.
Frente a situaciones de urgencia y catastróficas como se viven ahora en nuestro país, los esfuerzos institucionales deben ir encaminados a atender a la población de manera igualitaria, sin discriminación y con una perspectiva diferenciada; a la vez que deben reforzarse con acciones, presupuesto y políticas de prevención institucionales a nivel nacional de prevención ante posibles desastres y fenómenos ambientales que, lamentablemente -y ante la crisis climática- son cada vez más recurrentes.
La protección de “La Casa Común” no es una opción estética, es la precondición para evitar que personas sigan perdiendo sus vidas y sus derechos ante fenómenos que, si bien tienen origen natural, magnifican sus efectos debido a la falta de prevención, la negligencia y la desigualdad estructural, que aún persiste.
Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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