2026: las políticas de seguridad que ya no pueden esperar
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 puso el acento en ejes ya conocidos: programas sociales, contención militar del delito y coordinación interinstitucional. No obstante, dejó fuera políticas clave que podrían marcar una diferencia real en la reducción sostenida de la violencia.
En 2026, el Mundial, la renegociación del T-MEC y la visión intervencionista de la política exterior de Trump son acicates y una ventana de oportunidad para corregir estas ausencias. El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado en tres frentes estratégicos: el fortalecimiento policial, una visión regional de la violencia y una política integral frente a la crisis de personas desaparecidas. Sin embargo, será un año corto, ya que en septiembre inicia el proceso electoral 2027, lo que politizará todo intento de avance técnico en materia de seguridad pública. El tiempo apremia.
Fortalecimiento policial: la fuerza de los estados y municipios… olvidada
La omisión más evidente de la estrategia actual es el fortalecimiento de las policías locales. Sin policías municipales y estatales profesionales, bien pagadas y con capacidades reales de investigación y proximidad social, no existe política de seguridad sostenible. Si bien la Federación puede reaccionar y contener espirales de violencia en alguna entidad, cuando las Fuerzas Armadas abandonen dicha entidad, ésta debe contar con elementos policiales que le permitan adueñarse del territorio y evitar la recaptura por parte de las organizaciones.
La evidencia señala que los territorios con corporaciones policiales estables, con mandos profesionales y controles internos efectivos, logran mejores resultados que aquellos que dependen casi exclusivamente de fuerzas federales. En 2026 debemos transitar a políticas concretas en materia policial. Éstas pueden resumirse en tres acciones: 1) homologar estándares de reclutamiento y de condiciones laborales; 2) desarrollar la carrera policial —lo que implica invertir en salarios y prestaciones como mecanismo para incentivar la permanencia de los elementos en las corporaciones—, y 3) fortalecer a las unidades de análisis criminal e investigación básica.
Por ahora es complicado hablar de manera seria de estos instrumentos de política pública si los municipios y los estados no cuentan con diagnósticos y métricas que permitan saber siquiera cuál es el número óptimo de policías que requieren para atender la demanda de seguridad. La presencia policial que requiere Michoacán no se parece a la de Tlaxcala, no solamente por su extensión territorial, sino por los mercados ilícitos que las organizaciones disputan.
Visión regional de la violencia: no más contagio entre entidades
Otro vacío crítico es la falta de una visión regional de la violencia. La estrategia nacional sigue operando, en los hechos, bajo una lógica administrativista y reactiva por entidad federativa. Mientras tanto, el crimen organizado se desplaza por corredores, mercados ilícitos y regiones funcionales que no respetan fronteras políticas.
La consecuencia ya la conocemos. Intervenciones intensivas en un estado desplazan a los grupos criminales hacia entidades vecinas en las que se resguardan, sin reducir la violencia. De acuerdo con el reporte mensual de Violencia y Pacificación de México Evalúa, este fenómeno se observa con claridad en la región de Tierra Caliente y en el noreste del país a partir de la ruptura del cártel de Sinaloa.
En 2026 se puede implementar una adecuada visión regional sin crear nuevas burocracias. Una acción concreta es convertir las actuales mesas estatales de seguridad en mesas operativas entre estados colindantes con alta violencia, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco y Michoacán o Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.
Hoy estas mesas existen, pero funcionan de manera aislada y con diagnósticos fragmentados. El cambio no es institucional, sino operativo: compartir inteligencia en tiempo real, definir objetivos regionales medibles (reducción de homicidios, desarticulación de células específicas) y ejecutar operativos simultáneos que impidan el desplazamiento del crimen de un estado a otro. Con metas comunes, responsables claros y evaluación trimestral, la cooperación regional dejaría de ser retórica y se convertiría en una herramienta para romper equilibrios criminales que hoy se sostienen precisamente por la fragmentación institucional.
Personas desaparecidas: del discurso a la política pública
La crisis de personas desaparecidas sigue siendo tratada como un problema colateral, cuando en realidad es uno de los indicadores más graves de la descomposición social y del debilitamiento del Estado de derecho.
A esta omisión se suma una forma persistente de violencia institucional contra los colectivos de madres buscadoras. Las hostilidades, ejercidas desde el propio Gobierno, van desde la descalificación pública y la criminalización simbólica, hasta la simulación administrativa y el abandono operativo. El Estado ha optado por administrar el problema de la desaparición de personas antes que resolverlo, trasladando a las familias la carga material de la búsqueda.
En ese contexto, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ha funcionado más como un marco declarativo que como una herramienta eficaz. El protocolo estandariza procedimientos, pero no garantiza capacidades: no asegura personal suficiente, presupuesto, acceso real a bases de datos ni coordinación efectiva entre comisiones de búsqueda y fiscalías. Tampoco corrige la subordinación de la búsqueda a la lógica penal de las carpetas de investigación, ni establece consecuencias claras para las autoridades que incumplen. Así, la búsqueda se fragmenta, se vuelve burocrática y termina reducida a reportes y formatos que se ciñen al requisito, pero fallan en resultados.
La oportunidad para 2026 está en romper con un enfoque meramente procedimental y, también, con la dependencia acrítica del homicidio doloso como principal indicador de violencia. En amplias regiones del país, este dato ha dejado de reflejar la dinámica real del control criminal del territorio: cuerpos que no aparecen no cuentan como homicidios, aunque el ejercicio de la violencia sea el mismo.
Las desapariciones forman parte de una estrategia deliberada para reducir visibilidad, disciplinar comunidades y administrar el miedo sin detonar alertas estadísticas. Persistir en medir la violencia únicamente a partir de homicidios no sólo distorsiona el diagnóstico, sino que incentiva la simulación.
Por ello, en 2026 resulta indispensable unificar criterios de clasificación y registro entre homicidios, desapariciones y hallazgos forenses, de modo que los datos sean comparables y permitan análisis territoriales consistentes. Se debe, además, fortalecer a las comisiones de búsqueda con recursos reales y autonomía operativa. Vincular la política de desapariciones con la estrategia de combate al crimen organizado no es opcional, es imprescindible. Las desapariciones son un problema humanitario, una expresión de economías criminales y de la erosión del Estado en amplias regiones del país.
2026: Las oportunidades que no deben perderse
El año 2026 debe ser un punto de inflexión. La evidencia demuestra que sin fortalecimiento policial, sin una visión regional de la violencia y sin enfrentar de manera integral la crisis de personas desaparecidas, la estrategia de seguridad seguirá administrando la violencia en lugar de reducirla. La diferencia no está en diagnósticos adicionales, sino en voluntad política y capacidad de implementación.
Si la administración 2024-2030 aprovecha las oportunidades del año en curso, podrá heredar un andamiaje institucional sólido y robusto para continuar pacificando el país —una herencia institucional que el actual Gobierno no recibió al inicio de su mandato.
* Armando Vargas (@BaVargash) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua) y Yair Mendoza ( @yair_mendozacg) es investigador del mismo.
¿Cuál es la situación de la economía de Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump? Lo analizamos.
La captura del expresidente Nicolás Maduro ha abierto una etapa de incertidumbre no solo en Venezuela, sino también en el país que hasta ahora ha sido su principal aliado.
“Cuba está lista para caer”, declaró el presidente Donald Trump un solo día después de que el sábado 3 de enero fuerzas estadounidenses atacaran Caracas de madrugada y se llevaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, para juzgarlos en Nueva York.
Trump ha reiterado en los pasados días que el régimen cubano se sostiene por el suministro de petróleo de Venezuela y, si este se corta, quedará sin ingresos y colapsará por sí solo sin necesidad de una intervención militar.
Desde La Habana, las autoridades condenaron reiteradamente la operación estadounidense en Caracas y prometieron defenderse en caso de ataque, pero en ningún momento han refutado el pronunciamiento de Trump sobre la situación límite de la economía cubana.
En este contexto, surgen varias preguntas: ¿cómo está hoy Cuba? ¿Cómo le impactarán los cambios en Venezuela? ¿Puede realmente colapsar como dice Trump?
Una economía al límite
La economía cubana atraviesa una situación crítica, algo que ni siquiera el gobierno trata ya de ocultar.
El presidente, Miguel Díaz-Canel, reconoció que “no se trata de una crisis más”, sino de “la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios, exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo”.
El país lleva años atrapado en la recesión, incapaz de pagar sus múltiples deudas u obtener financiación externa, con una producción en retroceso y sin lograr garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a la población, golpeada a diario por cortes de electricidad de varias horas.
El producto interior bruto (PIB) se contrajo más de un 4% hasta el tercer trimestre de 2025, según el último dato oficial, y el cierre del año apuntaba a un resultado incluso peor por el agravamiento de la crisis energética y el impacto del huracán Melissa.
El gran problema es que la debacle afecta a todos los sectores, comenzando por el productivo.
La producción industrial en 2024 fue la más baja en 40 años, según los datos más recientes del gobierno, y todo apunta a que en 2025 se habría reducido aún más.
La agricultura está bajo mínimos por el ineficiente sistema de gestión estatal, la falta de fertilizantes y combustible; el turismo internacional —una fuente clave de divisas— cerró 2025 con cifras estimadas por debajo de los dos millones de visitantes, las peores en más de 20 años con excepción de la pandemia.
A esto se suma una grave escasez de medicamentos en un contexto de brotes simultáneos de dengue, zika y chikungunya, y la reducción al mínimo de la cartilla de racionamiento, que desde hace años no garantiza la supervivencia de las familias.
Los cubanos también sufren la inflación: el peso cubano ha caído en picado frente al dólar en los últimos años y el último dato de junio de 2025 refleja una subida interanual del 14,75% en los precios al consumidor.
Por si fuera poco, el embargo financiero y comercial que EE.UU. impone a Cuba desde 1960, endurecido por Trump en sus dos mandatos, aporta una losa extra a la pesada carga que ya soporta una economía derrotada, sin apenas margen de maniobra y aislada de los mercados internacionales.
Lo más delicado de la crisis cubana, en todo caso, es la situación límite en la que se encuentra su sistema energético.
“En muchas partes del país los cortes eléctricos no bajan de 20 horas al día. Quiere decir que solamente tienen luz cuatro horas, y eso es una situación difícil”, indica a BBC Mundo el economista Omar Everleny, exdirector del centro de estudios de la economía cubana de la Universidad de la Habana.
Al margen del precario estado de las centrales eléctricas en la isla, los apagones responden sobre todo a la escasez del petróleo que las abastece; una escasez cuyo impacto se extiende al transporte, la producción y la vida cotidiana.
Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios para funcionar con normalidad y produce por su cuenta aproximadamente 40.000, por lo que depende en gran parte del crudo que recibe del exterior.
Más en concreto, de dos proveedores casi exclusivos: Venezuela y México.
¿Cuánto depende del petróleo de Venezuela?
La relación económica entre Cuba y Venezuela se ha reducido en los últimos años a un intercambio muy específico.
“Cuba aporta servicios médicos, educacionales, entrenadores deportivos y ahora se confirmó -aunque ya lo sabíamos- que también de seguridad y militares a cambio de petróleo venezolano”, indica a BBC Mundo el economista Ricardo Torres, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington DC.
Esto se debe, señala, a que Venezuela apenas exporta otros bienes, Cuba carece de divisas para pagar sus compras de crudo y tampoco existen ya inversiones bilaterales relevantes desde la retirada de PDVSA de la isla en 2017.
Durante años, el petróleo de Venezuela fue el principal sostén del sistema energético cubano, con el envío de unos 100.000 barriles diarios en la cumbre de la alianza entre Hugo Chávez y Fidel Castro a inicios de este siglo.
El flujo, sin embargo, se ha ido reduciendo de forma sostenida según diferentes estimaciones, a falta de datos oficiales fiables.
Omar Everleny explica que de aquellos niveles iniciales se pasó a promedios “de 58.000 barriles diarios, luego a 38.000 y finalmente, en 2025, nunca se sobrepasaron los 30.000 y en algunos meses llegaron a caer hasta los 18.000”.
“Cuba ya estaba adaptándose a esa disminución sistemática del flujo desde Venezuela”, puntualiza.
La agencia Reuters estima que Venezuela envió a Cuba un promedio de 27.000 barriles diarios, según datos de seguimiento de tanqueros y documentos de PDVSA, lo que estaría cubriendo, hasta ahora, casi la mitad del déficit energético que arrastra la isla.
¿Y del crudo de México?
En el caso de México, la petrolera estatal Pemex confirmó en diciembre, en un informe presentado ante autoridades bursátiles de Estados Unidos, que su filial Gasolinas Bienestar había enviado a Cuba unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de derivados entre enero y septiembre de 2025, con un valor aproximado de US$400 millones.
El portal de noticias mexicano Proceso recoge que en los diez primeros meses de 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba crecieron un 121% en comparación con el mismo período del año anterior.
Ante esto, surge una pregunta: Si Cuba está en bancarrota, ¿cómo hace frente a los pagos del petróleo mexicano?
Ni la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni Pemex ni su subsidiaria han ofrecido una respuesta clara.
Preguntada por un periodista local, Sheinbaum afirmó en una rueda de prensa que los envíos de petróleo mexicano a Cuba van por dos vías: “contratos” y “ayuda humanitaria”.
Pese a los datos antes mencionados, la presidenta aseguró que “no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular”.
Cuba despliega personal médico en México (se otorgaron 3.650 visados a doctores en los últimos 7 años, según el último dato oficial de la cancillería mexicana el pasado octubre) pero se desconoce si este servicio se remunera en parte con petróleo.
“Supongo que Cuba no está pagando por ese petróleo porque, si Cuba pudiera comprar petróleo cuando lo necesita, lo compraría en cualquier lugar. El problema es que no tiene dinero y le debe a todo el mundo”, sentencia el economista Ricardo Torres.
En todo caso, la falta de claridad sobre su naturaleza y los mecanismos de pago ha puesto los envíos de crudo mexicano a Cuba en el foco de debate.
Lo que hasta ahora era un intercambio discreto ha pasado a adquirir una dimensión geopolítica, ya que determina en gran medida la supervivencia energética de Cuba, especialmente si se corta el flujo del suministro venezolano.
Esto no ha pasado desapercibido en Estados Unidos: altos funcionarios y congresistas han comenzado a prestar atención a los envíos de petróleo mexicano a Cuba, según indican fuentes de Washington a medios como Reuters y Financial Times, si bien por ahora no se han emitido amenazas o sugerido posibles sanciones al gobierno de Sheinbaum.
¿Caerá Cuba, como dice Trump?
Entonces, ¿qué espera a Cuba en 2026? ¿Se quedará sin combustible? ¿Puede colapsar como dice Trump?
Cualquier respuesta a estas preguntas sería especulativa, por lo que solo es posible analizar el escenario actual en busca de pistas.
El gobierno cubano ha prometido que 2026 será un año de recuperación económica, con un crecimiento del 1% del PIB si se recuperan el turismo, las exportaciones, la producción, los servicios y la financiación.
Sin embargo, ni los más optimistas dentro y fuera de la isla creen que esto sea posible.
La posible reducción del suministro de petróleo podría dejar casi a oscuras un país que ya sufre cortes eléctricos de varias horas al día, dificultar aún más la producción y el transporte de bienes básicos y disuadir a posibles visitantes extranjeros.
A esto se suma que unos 2,7 millones de cubanos han huido de la isla desde la pandemia en un éxodo migratorio masivo, según datos del demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos.
Con ellos Cuba no solo ha perdido más de una cuarta parte de su población -de más de 11 millones a entre 8 y 9 millones según diferentes cálculos- sino también a una parte importante de los jóvenes cualificados que podrían ayudar a sacar adelante su economía.
Un corte total del petróleo venezolano, cerca de un tercio de la demanda energética de Cuba, representaría un golpe devastador.
“Si esto pasa, y creo que va a pasar, pondría al país en una situación límite, porque ¿cuánto más puedes quitarle la electricidad a la gente? Ya sería quitársela completamente”, indica el economista Ricardo Torres.
Torres opina que, aun manteniendo el suministro mexicano, el sistema eléctrico y el transporte de la isla estarían en riesgo de paralización casi completa.
El economista recuerda, además, que Trump todavía tiene cartas bajo la manga para dañar aún más a Cuba, como suspender los vuelos, eliminar o reducir los envíos de dinero, o cortar completamente las exportaciones de algunos productos exentos del embargo estadounidense.
Los expertos no creen, en todo caso, que una asfixia económica total de la economía cubana fuerce necesariamente un cambio político.
El reciente éxodo se llevó a las pocas figuras que quedaban de la oposición dentro de la isla gobernada por el Partido Comunista (único legal) y el régimen de Díaz-Canel ha intensificado su represión sobre la disidencia hasta prácticamente desactivarla desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
“Aunque nos devuelvan a la época de las cavernas, esto no va a cambiar”, declaró un cubano desde el anonimato a BBC Mundo, en una frase que encarna el ambiente de pesimismo y resignación que impera dentro de la isla.
Por otra parte, las opciones de ayuda externa a corto plazo son limitadas: los aportes de aliados lejanos como Rusia o China han sido hasta ahora marginales en comparación con el petróleo venezolano.
Cuba acumula además importantes deudas con ellos, por lo que no se espera que redoblen sus inversiones o amplíen su financiación, y tampoco se vislumbran otras fuentes de financiación externa para un país excluido de los circuitos internacionales de crédito y en situación de morosidad con sus acreedores, entre ellos el Club de París.
Así, más que un colapso inmediato e inminente, lo que la mayoría de los expertos vaticinan para Cuba es una profundización de la crisis hacia un punto límite difícil de sostener.
“Ya la gente en Cuba está sobreviviendo. Si tú tienes apagones, falta de medicamentos, comida y transporte, estás en un nivel mínimo de sobrevivencia. Entonces, pasar del piso no sé si se pueda, pero estamos muy cerca del último lugar a donde se puede bajar”, apunta el economista Omar Everleny.
Sin un solo indicio de salida a la crisis, las consecuencias en términos políticos, sociales y humanitarios de llegar a ese escenario extremo es, por el momento, una incógnita.
BBC Mundo solicitó a autoridades cubanas una entrevista para este artículo, pero no obtuvo respuesta.
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