Pasó la elección judicial, ¿y ahora qué nos espera?

A pesar de las múltiples y graves controversias políticas, mediáticas y legales, el 1 de junio se realizaron las elecciones judiciales en México. Fue un cambio enorme en muy poco tiempo, con escasa preparación, amplios vacíos legales y repetidas advertencias de los riesgos para la justicia.

El gobierno insiste en que ha sido un logro completar estas elecciones. En efecto, se desarrollaron en tiempo récord y con una inversión importante (aunque insuficiente) de dinero público. Sin embargo, el interés ciudadano fue mínimo. Aproximadamente sólo el 13 % del padrón electoral acudió a votar. De este porcentaje, un 2 % anuló su voto. Al final, el oficialismo alcanzó su objetivo: designar a sus candidatos a jueces y juezas de todos los niveles y todas las materias.

La ciudadanía y su relación con juezas y jueces

Para el ciudadano común y corriente, los jueces son figuras abstractas, cuyas funciones no se comprenden a cabalidad. En una encuesta levantada en nueve entidades federativas disponible en Hallazgos 2023 sobre el conocimiento ciudadano del sistema de justicia penal, encontramos que entre 2020 y 2024 el número de personas que dijeron no saber “nada” sobre las instituciones de justicia penal creció un 10 % (de 12 a 22 % de la población encuestada).

¿Qué podemos esperar de esta nueva era judicial?

En el mejor de los casos, los jueces continuarán su labor de forma similar al pasado, pues la reforma nunca estuvo enfocada en cambios sustantivos. El énfasis fue en lo electoral y eliminar los contrapesos del poder.

Por ejemplo, verificar si se mantendrán criterios valiosos de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y su violación a derechos humanos. O bien —conforme al discurso gubernamental— se argumentará que la eliminación de esta figura pone en riesgo la seguridad del país, al dejar libres a “presuntos criminales” (aún cuando se trate de personas a quienes no se les ha probado su responsabilidad).

Desde México Evalúa hemos observado que estados como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán han adoptado esta interpretación de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a ello, han disminuido drásticamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, tratando de siempre justificar esta medida cautelar cuando llega a aplicarse.

Aquí, el seguimiento ciudadano deberá monitorear si en las resoluciones judiciales los intereses gubernamentales se impondrán sobre la ley y los derechos de las personas. ¿Cómo saber en qué escenario estamos viviendo? Para ello, habrá que evaluar el desempeño de la justicia. Una forma de hacerlo es comparar los resultados actuales del sistema judicial contra las próximas evaluaciones a las resoluciones de las y los nuevos jueces.

Salidas alternas en lo penal como ejemplo de otras formas de justicia

Es probable que desde las instituciones se tengan que fortalecer distintas vías para la resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, que facilitan la resolución de conflictos antes de llegar a juicio. De otro modo, un sistema disfuncional en el peor de los casos podría incentivar la corrupción (aunque esto también se puede medir).

En particular, la materia penal puede poner en juego la libertad de las personas. Ante ello, hay varias alternativas que no necesariamente terminan en sentencias. Están, por ejemplo, los acuerdos reparatorios, que si bien no son aplicables a todos los delitos, permiten que las partes (probable responsable y víctimas) se sienten a negociar una reparación del daño. Lo importante es que, si todos se ponen de acuerdo, el juez sólo revisa que dicha reparación sea justa y se “finaliza” el caso.

Hasta el momento, lo que hemos observado desde México Evalúa es que, en la mayoría de las entidades federativas, se aplican poco los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que dan lugar a estos acuerdos. Una hipótesis es que la abogacía no permite su avance, pues alargar los litigios les conviene más que negociar. Bajo la nueva realidad judicial, tenemos que evaluar si se están generando los incentivos para utilizar más estos Mecanismos, y si las autoridades ministeriales y judiciales tienen las capacidades para ampliar su uso.

Otra forma de solución, que también sólo aplica para algunos delitos, es la suspensión condicional del proceso, donde el juez impone condiciones que, de ser cumplidas en el plazo establecido, reparan el daño y se “finaliza” el caso. No acabar en prisión es una solución justa en algunos casos.

Si en un accidente de tránsito muere alguien, legalmente sería un homicidio culposo para quien iba conduciendo. Pero ni a la sociedad, ni a los familiares de la víctima y menos del chofer, les conviene que éste acabe en prisión. A la sociedad, porque mantener a alguien en el reclusorio por años es costoso; a los familiares de la víctima tampoco les ayuda en nada que encierren a quien ocasionó el accidente, y se afecta profundamente a la familia del automovilista. El resultado no es un acto de justicia, sino dos familias traumatizadas. En cambio, una suspensión condicional del proceso podría establecer que el conductor ayude a la familia de la víctima por algunos años. Esto les permitiría mejorar su calidad de vida y, aunque la pérdida es irreparable, al mismo tiempo posibilitan al responsable de hacerse cargo sin privarlo de la libertad.

Los retos de seguir observando el impacto de la reforma judicial

Elegir a los jueces y juezas mediante las urnas nos deja muchas lecciones que tenemos que procesar. Nos enfrentamos a múltiples tareas: promover el conocimiento ciudadano del rol de los poderes judiciales, la importancia de tener juezas y jueces independientes, la relevancia de un equilibrio entre intereses comunes y derechos de las personas en un ambiente democrático, mejorar los procesos de elección de candidatos y candidatas para la tarea judicial, mejorar los procesos electorales, tener una visión panorámica sobre el papel de otros actores del sistema de justicia (fiscalías, abogacía, mediadores y facilitadores), evaluar el impacto de la reforma judicial en la calidad de la justicia, y mirar hacia otras formas legales de solucionar los conflictos entre personas y con el gobierno. Sólo por mencionar algunas.

Lo que resulta imprescindible es medir los resultados de los jueces y juezas; la duración de los juicios; la calidad de las resoluciones (pues de nada sirve que la primera instancia haga todo mal y la segunda instancia tenga que corregir siempre su trabajo); los diferimientos de audiencias, el abuso de las incompetencias, entre muchos otros. Sólo a partir de datos comprobables podremos construir soluciones para mejorar la justicia en México.

Esperemos que continúe el ímpetu con el que se aprobó la reforma y se realizó la elección, pero enfocado en una mejora en la impartición de justicia en todas las materias. Las y los mexicanos merecemos continuar teniendo jueces de la mejor calidad posible.

* Diego Labougle Martínez es investigador del programa de Justicia de México Evalúa.