¿“Una Fiscalía que sirva” a la vista? Tal vez la CDMX

Recientemente se presentó el primer informe de la nueva titular de la Fiscalía de la Ciudad de México. Un año parece poco tiempo para transformar una institución que arrastra vicios del proceso penal escrito. Sin embargo, estamos ante el primer informe de una Fiscalía centrado en la tarea principal de estas instituciones: litigar y ganar casos.

Transición inacabada

A diferencia de los tribunales de justicia —que con la reforma procesal penal ajustaron su gestión operativa, dieron capacitación a los jueces para enfrentar el escrutinio público e incluso renovaron espacios de trabajo (inauguraron salas de juicio oral con equipo para grabar audiencias)—, en la mayoría de las fiscalías no se dio un proceso similar. En estas instituciones simplemente se adaptaron algunos esquemas de trabajo a las exigencias del nuevo sistema, pero no cambiaron sus metas ni su operación.

Así, por ejemplo, muchos ministerios públicos recibieron capacitaciones sobre teoría del caso y argumentación en audiencias, pero continuaron “integrando” carpetas de investigación y cosiendo expedientes, de la misma manera como lo hacían con las averiguaciones previas. En la práctica, nunca tuvieron la oportunidad ni la responsabilidad de presentarse en una sala de audiencias.

“Una Fiscalía Que Sirva” —como la que desde hace años promovemos desde la sociedad civil— no se centra en “integrar carpetas”, sino en articular investigaciones. Se asegura de la legalidad de las pruebas y las somete a debate público hasta obtener sentencias.

El informe de la Fiscal centró el discurso en casos judicializados y sentencias, en vez de “disminución de incidencia delictiva”, que en la realidad significa reducción de denuncias recibidas. De hecho, un menor número de denuncias también podría interpretarse como falta de confianza para denunciar. En esta administración parece que la Fiscalía apunta hacia una meta: judicializar, obtener sentencias y resolver casos. Al respecto, se mencionó un total de 5,945 sentencias, de las cuales 90 % fueron condenatorias. Aunque para el número de casos que recibe la Fiscalía de la Ciudad de México sigue siendo una cifra reducida, es una buena noticia que la mira se ponga en ese objetivo en concreto.

Más allá del discurso, se plantearon esquemas de organización interna para poder dar seguimiento a los casos de principio a fin. Tal es el caso del Modelo Integral de Litigación que —de acuerdo a la explicación de la Fiscal—, sustituye la organización que divide a los fiscales “integradores o investigadores” de aquellos “litigantes”. En el sistema inquisitivo escrito eran los mismos ministerios públicos, pero con otros nombres: “de mesa de investigación” y “adscritos a juzgados”. De acuerdo a este modelo, el fiscal que recibe un caso será responsable (y esto también es muy importante porque evita que las responsabilidades se diluyan entre diferentes operadores) de los resultados de sus casos. Habrá que dar seguimiento a la implementación de este esquema y sus resultados.

Esta nueva forma de gestionar los casos debería instalar en la Fiscalía capitalina dinámicas diferentes orientadas a resultados, no simplemente en tramitar casos. Actualmente, y como se ha señalado por México Evalúa desde hace poco más de una década, el cuello de botella principal del sistema de justicia está en las fiscalías. En promedio, sólo un 6 % de los casos que llegan al Ministerio Público o a las fiscalías pasan ante un juez. Tener como objetivo judicializaciones y obtener sentencias condenatorias cambia la lógica de la institución.

Retos de la transición

La Fiscalía de la Ciudad de México se ha caracterizado por contar con un número de operadores y de agencias que superan los promedios nacionales; sin embargo, sus resultados han sido hasta ahora marginales. La hipótesis es que su operación y gestión estaba anquilosada en la cultura del viejo sistema de averiguaciones previas.

En ese sentido, también es urgente que se aborden las condiciones de trabajo de los operadores, ya que el cambio real proviene de que estén dispuestos a hacer la transición y cuenten con los insumos e incentivos para trabajar en una nueva lógica de atención a las personas, así como metas encaminadas a resultados. Por ello, la planeación de la transición tiene que tener como prioridad las condiciones de todo el personal de la Fiscalía. En el informe, si bien se reconocieron los logros de cada equipo —y eso habla del buen liderazgo de la titular—, ese reconocimiento tiene que estar acompañado de una mejora en las condiciones sustantivas del personal. Para tener una procuración de justicia digna, los operadores deben trabajar en condiciones dignas.

Otros retos pendientes son la transparencia institucional y la mejora de la percepción ciudadana. La Fiscalía capitalina carga con el peso de ser la institución ministerial con menos confianza ciudadana del país según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, con apenas un 36 % contra el 60 % del promedio de las entidades federativas. En ese sentido, la misma encuesta reporta que al 41 % de las personas les tomó más de cuatro horas hacer la denuncia. Si bien se anunciaron mejoras en el servicio, esperemos a corroborar que un estándar de eficiencia que reduzca estos tiempos se instale en la mayoría de las unidades de atención de la Fiscalía y que los resultados se socialicen para mejorar la percepción y confianza ciudadana.

El reto de llevar a la Fiscalía de la Ciudad de México hacia rumbos de mayor efectividad y soluciones justas, tomará tiempo, pero parece que se están dando los primeros pasos para el cambio; habrá que estar al pendiente.

* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.