Modernizar y ciudadanizar la procuración de justicia
La Fiscalía General de la República (FGR) históricamente ha visto obstaculizada su misión de ser una institución autónoma y al servicio exclusivo de la ciudadanía. Por eso, no podemos quedar indiferentes ante la salida de Alejandro Gertz Manero como titular de ese organismo y el nombramiento de Ernestina Godoy para ocupar ese cargo.
Esa secuencia de hechos nos recuerda que, desde la ciudadanía, tenemos que seguir exigiendo instituciones democráticas que respondan a las necesidades de todas las personas sin discriminación o privilegios, que garanticen el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
Un nuevo modelo de procuración de justicia
En 2014 se publicó la reforma constitucional que modificó el diseño de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Dejaba de ser una entidad controlada directamente por el Ejecutivo federal y se le otorgaba autonomía. En este contexto, decenas de actores sociales entre organizaciones civiles, instituciones académicas, grupos ciudadanos y especialistas de todo el país impulsaron un nuevo modelo de procuración de justicia bajo el Colectivo #FiscalíaQueSirva. Se buscaba que la institución fuera congruente con la autonomía constitucional y que se generaran nuevas dinámicas en la gestión, investigación y procesamiento de los casos que más gravemente afectan a nuestro país.
En dicho modelo se plantearon conceptos clave como la política criminal, la política de persecución penal, el plan de persecución penal, los fenómenos criminales, la macrocriminalidad y los mercados criminales. Todos ellos eran necesarios para comprender y redimensionar el ámbito de actuación que debía abarcar la Fiscalía General a nivel federal. También se definieron los instrumentos de política pública y gestión, mecanismos de control, coordinación, participación ciudadana y rendición de cuentas con los que debería de contar ese organismo. La meta era lograr una gobernanza democrática de la institución y resultados significativos para reducir la impunidad. Varios de estos elementos fueron incorporados en la Ley Orgánica de la FGR publicada en diciembre de 2018. Si bien fue abrogada en mayo de 2021, algunos se mantuvieron en la actual Ley de la FGR —como el Plan Estratégico de Procuración y el Consejo Ciudadano.
Un proceso de transición trunco y opaco
En enero de 2019, el Senado de la República seleccionó a Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general autónomo. Su clara cercanía con el entonces presidente López Obrador no fue obstáculo al nombramiento.
La encomienda del funcionario era implementar el nuevo modelo de procuración de justicia a nivel federal. Desde los primeros meses de su gestión, sin embargo, fue patente su resistencia a la transparencia, a la rendición de cuentas, y a colaborar con la sociedad civil.
En su momento, la FGR elaboró un Plan de Persecución Penal provisional y el Plan Estratégico de Transición (PET) con el objetivo de estructurar y conducir la ejecución de las actividades necesarias para la consolidación de su autonomía. El plan se comprometía a la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y se proyectó su conclusión en un horizonte de ocho años. No obstante, el último informe de la transición publicado por la FGR fue con corte al 31 de marzo de 2021: hace más de cuatro años y con un avance muy limitado.
En paralelo, otra agrupación ciudadana, el Colectivo contra la Impunidemia, realizó un balance del segundo año de Gertz Manero al frente de la FGR. El informe resultante señala una serie de deficiencias, irregularidades y omisiones en la gestión del fiscal. Entre ellas, anomalías en los procesos para el nombramiento de cargos claves (como las fiscalías especializadas), una comprensión distorsionada de la autonomía institucional, falta de retroalimentación con la ciudadanía, escasa revisión de los instrumentos de planeación a los que legalmente está obligado el Fiscal y, sobre todo, ausencia de rendición de cuentas.
Los números de la gestión de Gertz Manero
Al cierre de la gestión de Gertz, la FGR permanece entre las instituciones federales que la ciudadanía percibe con mayor corrupción. Así lo indicó el 57 % de las personas que respondieron a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Sólo 13.7 % dijo tener mucha confianza en la Fiscalía. Comparado con la credibilidad de instituciones como la Marina (49 %) o el Ejército (40 %), el porcentaje resulta sumamente bajo. La encuesta fue publicada en septiembre de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Otros datos generados por el INEGI dan respaldo estadístico a la desconfianza ciudadana. Conforme a los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Federal, en el periodo 2019 a 2024, la FGR determinó 656,454 carpetas de investigación. De ellas, en el 64 % de los casos se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es decir, no encontró elementos para considerar que hubo hecho delictivo. Además, 14 % de las carpetas fueron a dar al archivo temporal y 9 % fueron resueltas por incompetencia. Únicamente en el 7 % de las carpetas de investigación se ejerció la acción penal ante los tribunales. El número es muy bajo. El resto de los casos se determinó por acumulación, facultad de abstenerse de investigar y criterios de oportunidad.
Si consideramos sólo el último año completo de la gestión de Gertz Manero, es decir 2024, encontramos que 93 % de las causas penales concluidas no dependió de una estrategia de litigio por parte de la FGR en un juicio oral. Esos casos fueron resueltos por sentencias definitivas condenatorias en procedimiento abreviado (57 %), otro tipo no especificado (28 %) y por la suspensión condicional del proceso (8 %). El resto de las causas concluyeron por sobreseimientos (4 %) y sentencias definitivas en juicio oral (3 %). De estas últimas, 3 de cada 10 fueron absolutorias, lo que muestra que hubo pruebas insuficientes y una deficiente gestión del proceso por parte de los agentes del ministerio público federal.
Por su parte, México Evalúa reportó que el Índice de Impunidad Federal para 2022, el último año con datos disponibles, se ubicó en 95.5 %. Además, de 2019 a 2022 se encontró que los niveles de impunidad en el ámbito federal se han mantenido prácticamente constantes.
Expectativas de la nueva gestión
Más allá de los intereses políticos que propiciaron la salida de Gertz Manero de la FGR, hay que tener presente la importancia de continuar el fortalecimiento democrático de esta institución para que responda a la necesidades de las personas víctimas y facilite el acceso a la justicia.
Para avanzar en este sentido, aquí exponemos algunos puntos que deben considerarse en la nueva gestión:
- Completar el proceso de transición de Procuraduría dependiente del Ejecutivo a una Fiscalía Autónoma.
- Consolidar el carácter de órgano constitucionalmente autónomo de los poderes políticos, partidistas o fácticos.
- Construir mecanismos que hagan confiable la actuación de la Fiscalía frente a la ciudadanía. Entre ellos, instalar el Consejo Ciudadano.
- Elaborar el Plan de Persecución Penal con participación de la sociedad civil. En él se deberán esclarecer las estrategias, metas, tiempos y recursos para investigar y perseguir penalmente los delitos y fenómenos criminales que más nos afectan como país.
- Reactivar los diversos mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la ley ante el Senado y ante la sociedad.
- Focalizar los esfuerzos en judicializar casos. Es decir, que las investigaciones se traduzcan en juicios sustentados en pruebas obtenidas legalmente por las policías y la FGR.
- Desarrollar las capacidades para perseguir los delitos que se cometen en México, y que estos sean investigados, probados y juzgados en México, y no se dependa sólo de la extradición a otros países.
- Mejorar la coordinación con las policías, pero también con las fiscalías estatales. Esto debido a que, al final de la gestión de Gertz, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se encuentra disminuida.
- Realizar investigaciones con profesionalismo, que lleven a juicio a las redes criminales de delitos de corrupción, trata de personas y desaparición, narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas que son los que más nos aquejan como país.
Es urgente recuperar el impulso de transformación de la Fiscalía General de la República. No tenemos oportunidad de perder más tiempo ante el panorama de violencia e impunidad en el que estamos inmersos.
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y Jorge Carbajal es coordinador de alianzas en dicho Programa.
El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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