¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Balance de la salud pública y desafíos para 2026
Este 2025 la política del gobierno mexicano se caracterizó por centralizar sus decisiones en la continuidad y expansión administrativa de programas sociales, acompañada de una narrativa de derechos y universalidad que contrastó con limitaciones operativas y presupuestarias persistentes. En el caso de la política de salud, las acciones implementadas por el gobierno muestran avances en términos institucionales, pero no se traducen en una ampliación efectiva de cobertura, además de enfrentar serias restricciones estructurales y financieras que condicionan su impacto.
Destaca, en primer lugar, la expansión del IMSS-Bienestar como principal proveedor de servicios públicos de salud para la población sin seguridad social: hasta diciembre de 2025, 23 entidades federativas se habían incorporado al IMSS-Bienestar. Se formalizaron decretos y anuncios de incorporación de hospitales rurales y unidades médicas en varias entidades, con la promesa de mantener atención gratuita para poblaciones marginadas.
En segundo lugar, se llevaron a cabo acciones masivas de prevención y atención primaria que incluyeron campañas de vacunación, educación en salud y acciones comunitarias. Destaca la “Semana Nacional de Salud Pública 2025”, en la que se reportó un alcance amplio (26.2 millones de personas atendidas en todo el país), lo que mostró capacidad operativa –como resultado de la coordinación interinstitucional y multisectorial– para acercar servicios preventivos a la población.
Por último, la estrategia de unificar las compras y adquisiciones de medicamentos e insumos para su distribución en las instituciones públicas de salud, a través de las “Rutas de la Salud” y recientemente las “Farmacias del Bienestar”. A principios de diciembre del año pasado se anunció por parte del gobierno la puesta en marcha de las “Farmacias del Bienestar” como el esquema de distribución gratuita de medicamentos, que en primera instancia beneficiaría a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes tienen que acudir a las “Tiendas del Bienestar” para surtir sus recetas que previamente fueron emitidas por personal del programa “Salud Casa por Casa”. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, se prevé que para marzo de 2026 se cuente con este esquema en todas las entidades del país.
Si bien estas acciones reflejan una orientación hacia la atención primaria y el acceso universal a la salud, su implementación se ha dado en un contexto de restricciones presupuestarias, persistentes problemas de desabasto de medicamentos e insumos y déficit de personal de salud, lo que afecta considerablemente su continuidad y calidad de los servicios.
En suma, se puede aseverar que el 2025 fue un año de consolidación administrativa y de un importante despliegue de programas, más que de mejoras sustantivas y homogéneas en los resultados de la política de salud, dejando retos clave abiertos para su sostenibilidad y efectividad en 2026.
A partir de este balance es posible advertir los siguientes desafíos en materia de salud para este 2026:
- Financiamiento sostenido y rigidez presupuestaria, lo que implica hacer más con menos en un contexto de restricciones fiscales. Sin mayor financiamiento, la universalización de servicios seguirá siendo nominal. El desafío es consolidar un sistema que promete gratuidad, en este sentido, es fundamental destinar más recursos en infraestructura, capital humano, equipamiento y medicamentos.
- Consolidación real del IMSS-Bienestar. En 2026, el IMSS-Bienestar enfrentará su prueba más importante: pasar de la expansión territorial a la operación efectiva. Para ello será necesario fortalecer su capacidad operativa lo que implica homologar modelos de atención entre estados con realidades muy diversas; integrar sistemas de información clínica y administrativa; y, garantizar continuidad en la atención al absorber hospitales estatales con rezagos históricos.
- Abasto de medicamentos. El abasto seguirá siendo un reto central en 2026, por lo que debe implementarse una estrategia que considere los siguientes aspectos fundamentales:
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- Contar con una planeación eficiente basada en la demanda real;
- Diseñar e implementar una logística robusta de distribución de medicamentos;
- Contar con un sistema de transparencia que permita verificar la trazabilidad y el cumplimiento del surtimiento efectivo de medicamentos al paciente.
- Fortalecimiento del capital humano en primer y segundo nivel. Un sistema de salud será funcional con personal suficiente y bien distribuido, para ello es esencial que médicos especialistas y enfermeras cuenten con condiciones laborales adecuadas y contratos estables, además de asegurar una alta rotación de personal en zonas rurales y marginadas.
- Gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Este desafío es clave, ya que en conjunto hacen posible una política de salud más justa, eficiente y centrada en las personas, asegurando que los recursos públicos se utilicen correctamente y que el derecho a la salud se ejerza de manera efectiva, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
* Evelyn Guzmán Rojas es coordinadora de la causa de Cero Desabasto.
El presidente de EU afirmó que las empresas petroleras de su país invertirán miles de millones en la producción petrolera venezolana, pero el dinero no es el único problema que tendrán.
Donald Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela después de su incursión militar y detención del presidente Nicolás Maduro expresando que EE.UU. “administrará” el país hasta que haya una transición “segura”.
El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado.
Trump expresó que las empresas estadounidenses repararán la “muy dañada” infraestructura petrolera y “empezarán a generar dinero para el país”.
Pero los expertos advierten de los inmensos desafíos que enfrenta el plan de Trump, señalando que costará miles de millones y tomará hasta una década para lograr una producción significativa de petróleo.
Así que, ¿podrá realmente EE.UU. tomar control de las reservas de petróleo de Venezuela? Y ¿funcionará el plan de Trump?
Con aproximadamente 303.000 millones de barriles, Venezuela ostenta la mayor reserva probada de petróleo.
Pero la cantidad de crudo que el país produce actualmente es diminuta en comparación con esta riqueza.
La producción cayó agudamente desde principios de los 2000, cuando el otrora presidente Hugo Chávez y luego el gobierno de Maduro reforzaron su control sobre la empresa estatal PDVSA, lo que provocó un éxodo de su personal más capacitado.
Aunque varias empresas petroleras, incluyendo la estadounidense Chevron, siguen activas en el país, sus operaciones se han contraído significativamente a medida que Washington amplió las sanciones e interceptó las exportaciones de crudo con miras a restringir el acceso de Maduro a una fuente económica clave.
Las sanciones -primero aplicadas en 2015 durante el gobierno del presidente Barack Obama por supuestas violaciones de derechos humanos- también han dejado a Venezuela descontentada de inversiones y repuestos necesarios para esta industria.
“El desafío verdadero que enfrentan es su infraestructura”, comenta Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec (empresa Anglo-Sudafricana bancaria y de gestión de patrimonio internacional).
En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860.000 barriles diarios, según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía.
Eso es escasamente un tercio de lo que era hace 10 años y representa menos de 1% del consumo de petróleo mundial.
La situación política
Las reservas del país están hechas del llamado petróleo “pesado, agrio”. Es difícil de refinar, pero útil en la producción de diésel y asfalto. Estados Unidos típicamente produce el petróleo “ligero, dulce” ideal para gasolina.
En anticipación de los ataques y captura de Maduro, EE.UU. también incautó dos buques petroleros frente a las costas de Venezuela, además impuso un bloqueo a la entrada y salida del país de buques cisterna sancionados.
Homayoun Falakshahi, principal analista de cotización de materias primas de la plataforma de datos Kpler, indica que los obstáculos clave para las empresas de petróleo que esperan explotar las reservas venezolanas son legales y políticos.
En conversación con la BBC, el analista dijo que quienes esperan perforar en Venezuela tendrán que llegar a un acuerdo con el gobierno, lo que no será posible hasta que haya un sucesor de Maduro en funciones.
Para Falakshahi, las empresas estarían entonces arriesgando miles de millones de inversiones en la estabilidad de un futuro gobierno venezolano.
“Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, concluyó.
Las compañías que esperan aprovecharse del plan de Trump necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno cuando esté instalado, antes de empezar el proceso de aumentar la inversión en la infraestructura en Venezuela.
Los analistas también advierten que se requerirán decenas de miles de millones de dólares -y potencialmente una década- para restablecer la producción anterior de Venezuela.
Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, señaló que los planes de Trump tendrían un impacto limitado en el suministro global y, por ende, en el precio del crudo.
Opinó que hay “una enorme cantidad de obstáculos que librar y el plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo” que los precios del crudo en 2026 verían muy poco cambio.
Shearing vaticinó que las firmas no invertirían hasta que un gobierno estable estuviera instalado en Venezuela, y los proyectos no tendrían rendimiento por “muchos, muchos años”:
“El problema siempre han sido las décadas de inversión insuficiente, el mal manejo y los altos costos de extracción”.
El analista añadió que aunque el país regresara a los niveles anteriores de producción de unos tres millones de barriles diarios, todavía continuaría por debajo de los 10 principales productores mundiales.
Además, Shearing resaltó la alta producción de los países de la OPEP+, diciendo que el mundo actualmente “no está sufriendo de una escasez de petróleo”.
La apuesta de las petroleras
El antiguo director ejecutivo de BP (British Petroleum) John Browne comentó a BBC News que la reactivación de la industria petrolera de Venezuela era un “proyecto a muy largo plazo”.
“La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear todos los recursos, particularmente el material y el personal, toma muchísimo tiempo”.
Mientras que podría haber un “alza rápida” de alguna producción, Browne indicó que el volumen podría de hecho disminuir mientras la industria se reorganiza.
Chevron es el único productor estadounidense todavía activo en Venezuela, después de recibir una licencia de operación bajo el anterior presidente Joe Biden en 2022, a pesar de las sanciones de EE.UU.
La compañía, actualmente responsable de aproximadamente una quinta parte de la extracción de petróleo venezolano, informó que está enfocada en la seguridad de sus empleados y está cumpliendo “con todas las leyes y regulaciones relevantes”.
Las otras grandes firmas petroleras han mantenido silencio público de sus planes hasta ahora, y sólo Chevron ha abordado la situación.
Pero Falakshahi piensa que los jefes de las petroleras estarán conversando internamente sobre si tomar provecho de la oportunidad.
“El apetito de ir a alguna parte esta vinculado a dos factores principales, la situación política y los recursos sobre el terreno”, expresó.
A pesar de la enormemente incierta situación política, Falakshahi concluyó que “la ganancia potencial podría considerarse demasiado grande de eludir”.
John Browne sostuvo que las compañías querrán involucrarse porque “tener opciones de negocio en diferentes partes del mundo es algo bueno”.
“Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía… vas a querer involucrarte muy rápidamente”.
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