De la criminalización al reconocimiento de derechos, el enfoque obligado para la respuesta al VIH
Todavía en 2024 se sigue criminalizando y discriminando a las personas con VIH, lo cual afecta su dignidad y la respuesta efectiva contra la epidemia. Es primordial crear entornos donde cualquier persona, sin importar su condición de salud, pueda ser visible y tenga acceso garantizado a mecanismos de prevención, detección y tratamiento, sin temor a ser discriminada o criminalizada.
En enero de 2024, el Congreso de la Ciudad de México eliminó del Código Penal local el delito de “peligro de contagio”, el cual castigaba a quienes, sabiendo que tenían una enfermedad grave y contagiosa, ponían en riesgo la salud de otra persona. Es decir, si alguien con una enfermedad contagiosa tenía contacto con otra persona sin informarle de su condición, podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión. Aunque este delito no se refería específicamente al VIH, se entendía para esta condición, lo cual presentaba varios problemas.
Penalizar la transmisión del VIH desincentiva la realización voluntaria de pruebas de detección, ya que las personas podrían preferir no conocer su estado de salud para evitar ser criminalizadas. Esto resultaba en una baja tasa de detección, uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la epidemia. Conocer la condición de salud es crucial para detener la transmisión del VIH. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH y sida (ONUSIDA), la mayoría de las personas con VIH que son conscientes de su condición toman las medidas necesarias para evitar la transmisión. Además, el tratamiento antirretroviral que es prescrito a las personas con VIH elimina la posibilidad de transmisión, ya que una persona con una cantidad de virus baja, denominada “indetectable”, no puede transmitir el VIH, de acuerdo con el informe sobre salud pública de ONUSIDA.
Otro inconveniente de penalizar el “peligro de contagio” es la dificultad de determinar quién transmitió el VIH, lo que podría llevar a condenas erróneas. Este riesgo se agrava, ya que puede afectar mayormente a grupos históricamente discriminados por su condición socioeconómica, pertenencia étnica, identidad u orientación sexual. Asimismo, ONUSIDA ha dado cuenta que no hay datos que demuestren que la amenaza de sanciones penales prevenga los comportamientos que pueden provocar la transmisión del VIH, y que no hay diferencias en los comportamientos entre las regiones con y sin leyes que penalicen la transmisión del VIH.
Aunque el Código Penal de la Ciudad de México eliminó el delito de “peligro de contagio”, prácticamente todos los códigos en el país aún lo contienen, por lo que es necesario que los congresos estatales reconozcan que la respuesta penal no es la solución. Se requiere atención a la salud, sensibilización y garantía de derechos humanos.
La criminalización de las personas con VIH no es el único obstáculo que enfrentan en el ejercicio de sus derechos humanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, elaborada por el INEGI, CONAPRED y la CNDH, el 35 % de los hombres mayores de 18 años no estaría dispuesto a rentarle un cuarto a una persona con VIH; el 15 % no estaría de acuerdo en contratar a alguien con VIH, y un alto porcentaje considera que convivir con personas con VIH siempre es un riesgo.
En Argentina, el 12 de agosto se conmemora el Día de la visibilidad de los derechos de las personas con VIH, gracias al esfuerzo de activistas y organizaciones, y al apoyo de legisladores. Esta fecha conmemora el nacimiento de Roberto Jáuregui, destacado activista y la primera persona en hacer público su estado como persona con VIH. Jáuregui falleció el 13 de enero de 1994 y siempre luchó por el acceso a medicamentos y derechos humanos para las personas con VIH.
La eliminación del delito de “peligro de contagio” representa un avance significativo en la lucha contra la criminalización de las personas con VIH. Esta medida reconoce que la penalización perpetúa el estigma y la discriminación, obstaculizando los esfuerzos de prevención y tratamiento. Así como en Argentina se reconocen los derechos de las personas con VIH como algo importante, en México también ha habido avances en la materia como se muestra con la eliminación del delito, acciones necesarias para lograr la igualdad.
Es crucial que los congresos y autoridades adopten un enfoque basado en la salud, la educación y la sensibilización, en lugar de la criminalización. El desafío es trabajar para erradicar los prejuicios y estigmas que enfrentan las personas con VIH en todos los ámbitos de su vida. Es fundamental crear entornos donde las personas con VIH no tengan que esconder su diagnóstico y el acceso a la salud y al resto de sus derechos humanos sea plenamente garantizado.
* Víctor Hugo Castellanos Lemus (@VicCastellanosS) es sexólogo, especialista en derechos humanos, legalidad y políticas públicas.
Un nuevo documental de la BBC arroja luz sobre cómo Jasveen Sangha terminó siendo acusada en el caso del actor de “Friends” Matthew Perry.
Ella era una mujer que parecía tenerlo todo: una crianza privilegiada, una buena educación y un amplio círculo de amigos.
Pero Jasveen Sangha guardaba un oscuro secreto que, según algunos de sus amigos más cercanos, ocultaba incluso de ellos. La ciudadana con doble nacionalidad británica-estadounidense proveía de sustancias controladas a estrellas ricas y famosas de Hollywood, y administraba una ‘casa de escondite’ de drogas que incluía cocaína, Xanax, pastillas falsas de Adderall y ketamina.
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Su negocio —y la ilusión de su vida encantada— llegó a un abrupto final después de suministrar 50 viales de ketamina que finalmente fueron vendidos al actor de Friends Matthew Perry, incluyendo la dosis que provocó su muerte por sobredosis en 2023.
Ahora, Sangha está entre otras cinco personas, incluidos dos médicos, que se han declarado culpables de delitos relacionados con la muerte de Perry.
En febrero, Sangha será la última acusada en recibir sentencia en el caso, el cual destapó una red clandestina de ketamina en Los Ángeles. Podría enfrentar una pena máxima de 65 años en una prisión federal.
Bill Bodner, agente especial a cargo de la oficina de Los Ángeles de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el momento de la muerte de Perry, dijo a la BBC que ella era “una persona altamente educada que decidió ganarse la vida traficando drogas, y usar ese dinero del narcotráfico para financiar esta personalidad de influencer en redes sociales”.
Añadió que Sangha dirigía “una operación de narcotráfico bastante grande que atendía a la élite de Hollywood”.
Los fiscales han señalado que Perry estaba tomando cantidades legales y prescritas de ketamina para tratar la depresión, pero luego comenzó a querer más de lo que sus médicos le permitían.
Los documentos judiciales relacionados con la investigación federal muestran cómo eso llevó al actor a ponerse en contacto con varios médicos y luego con un distribuidor que obtenía la droga para Sangha a través de un intermediario.
Su abogado, Mark Geragos, ha dicho que Sangha está asumiendo la responsabilidad, pero ha negado que ella conociera realmente a Perry, quien fue más conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular comedia televisiva Friends.
“Ella se siente terrible. Se ha sentido terrible desde el primer día”, dijo Geragos a los periodistas después de que se declarara culpable en el caso. “Ha sido una experiencia horrenda”.
Doble vida
Semanas antes de la muerte de Perry, Sangha habló por teléfono con su viejo amigo Tony Marquez.
Él y otras personas hablaron con la BBC y la presentadora Amber Haque para un documental que investiga las circunstancias alrededor de la muerte de Perry. Es la primera vez que amigos hablan abiertamente sobre la mujer que se ha hecho conocida mundialmente como la “reina de la ketamina”.
Sangha y Marquez se conocen desde la década de 2010, y él dijo que incluso había frecuentado a su familia. Como Sangha, Marquez era un habitual del circuito de fiestas en Los Ángeles.
Él también ha enfrentado problemas legales relacionados con drogas y tiene una condena previa por narcotráfico. Pero aunque ambos compartían una larga historia, dice que Sangha nunca insinuó que estaba en serios problemas.
Solo unos meses antes, su casa en North Hollywood, que según los fiscales era una “casa de escondite’, había sido allanada por la policía.
Jash Negandhi asistió a la Universidad de California en Irvine junto con Sangha en 2001 y han sido amigos durante más de 20 años.
“Ella estaba muy metida en la escena de la música dance”, recuerda Negandhi. “Le encantaba bailar y pasarla bien”.
Negandhi dijo que quedó desconcertado al enterarse de que su amiga era una traficante de drogas.
“Yo no sabía nada”, afirma. “Absolutamente nada. Ella nunca había hablado de eso”.
Ciertamente, la mayoría de los amigos asumían que ella no necesitaba dinero.
“Ella siempre tenía dinero”, dice Marquez. “Viajaba por todas partes en jet privado, y hacía eso mucho antes de que todo explotara”.
Los abuelos de Sangha eran multimillonarios del comercio de moda en el este de Londres, según el periódico The Times, y Sangha —hija del empresario Nilem Singh y de la doctora Baljeet Singh Chhokar— estaba destinada a heredar la riqueza familiar.
Su madre se volvió a casar dos veces y se mudó a Calabasas, en California, donde En Sangha creció. Su casa familiar en Los Ángeles es “hermosa” y “grande”, según Marquez.
“Hacíamos parrilladas o fiestas en la piscina en la casa de sus padres”, dice. “Son muy atentos, muy cariñosos, y nos trataban como si fuéramos sus hijos”.
Sangha pasó un tiempo en Londres después de la secundaria y se graduó con un MBA en la Hult International Business School de Londres en 2010. En las fotos, se la puede ver sonriendo dulcemente a la cámara con un elegante traje negro y el cabello castaño alisado durante una visita al Financial Times en 2010.
“No daba la impresión de ser una buscavidas”, señala un antiguo compañero de clase. Sangha era amistosa, aunque algo distante.
En clase usaba ropa de diseñador y disfrutaba socializar. No había rumores de que estuviera involucrada en drogas. “Si hubiera sido consumidora en Hult, probablemente lo habríamos sabido”.
Regresó a Los Ángeles poco después de completar su MBA. La madre y el padrastro de Sangha administraban franquicias de KFC en California y fueron demandados por la compañía en 2013 por más de 50.000 dólares, según muestran documentos judiciales, por no pagar regalías a la empresa por el uso de su marca.
El padrastro de Sangha se declaró en bancarrota antes de que el caso concluyera. Si la familia de Sangha estaba atravesando dificultades financieras durante ese período, sin embargo, ella no lo reveló a muchas personas.
“No escuché nada sobre eso”, dice Negandhi.
Sangha parecía querer alcanzar los logros empresariales de sus padres. Abrió un salón de manicura de corta duración llamado Stiletto Nail Bar y hablaba con amigos sobre ambiciones que incluían ser propietaria de una franquicia de restaurantes.
Fiestas que duraban días
Pero su verdadero interés parecía estar en salir de fiesta. En Los Ángeles, tenía un círculo muy unido de amigas llamado las ‘Kitties’, según Marquez, que era un grupo compuesto en su mayoría por mujeres que disfrutaban organizar fiestas a las que asistían celebridades.
A menudo se reunían en Avalon, un teatro histórico en el corazón de Hollywood que alberga conciertos y eventos de música electrónica, y festejaban hasta altas horas de la madrugada.
Marquez afirma que tomaban pastillas y ketamina. A veces sus fiestas, que organizaban en distintas partes de California, duraban varios días.
“Íbamos de viaje al Lago Havasu, alquilábamos una gran mansión antigua y llevábamos a nuestros DJs, todos nuestros sistemas de sonido, y cada noche teníamos una fiesta temática solo para nosotros”, dice Marquez sobre el lago, que limita con California y Arizona.
“Nos vestíamos elegantes y hacíamos una fiesta de blanco, una fiesta de trajes brillantes. Tuvimos una fiesta de hongos.”
Estas fiestas “siempre incluían ketamina”, afirma. Pero aunque Sangha tenía muchos apodos dentro de este grupo de amigos, nadie la conocía como la “reina de la ketamina”.
“Nadie la llamaba así”, dice Marquez.
El grupo estaba preocupado por la contaminación del suministro ilegal de drogas con el mortal opioide fentanilo y, por lo tanto, hizo esfuerzos extraordinarios para obtener grandes cantidades de ketamina de alta calidad.
“Si íbamos a consumir ketamina, queríamos conseguirla de la fuente”, dice Marquez.
Los amigos supuestamente usaban mensajeros para ir a México a recoger la droga —que se utiliza como sedante durante cirugías— de veterinarios y farmacias corruptas al otro lado de la frontera.
“No sabría decir si Jasveen hacía eso”, afirma Marquez. “¿Pero teníamos acceso? ¿Teníamos gente que lo hacía? Sí”.
Marquez afirma que nunca sospechó que Sangha estuviera traficando drogas en paralelo: “Es impactante, te lo digo”.
“Durante años y años he conocido a esta persona. Conozco a su familia. Sé cómo actúa, sé de lo que es capaz. Sé de dónde viene. No puedo —aún hoy en día— no puedo creer que esto esté pasando”, dice.
Mirando en retrospectiva, Marquez sospecha que Sangha se volvió “adicta” al estatus social que conllevaba ser una traficante de drogas para los ricos y famosos.
“Creo sinceramente que Jasveen estaba adicta a esa vida de vender [drogas] a celebridades”, afirma.
“Ella era adicta a estar en ese círculo social y a ser buscada por celebridades que la gente ha visto toda su vida en la televisión”, agrega.
Dice que cree que ella nunca fue una “capo” ni una gran traficante, sino que simplemente cayó en el negocio porque “le encantaba consumir ketamina, igual que todos nosotros”.
Las acciones de Sangha, sin embargo, sugieren un carácter más despiadado.
Sobria
Los fiscales han dicho que en 2019, Sangha vendió ketamina a un hombre llamado Cody McLaury.
McLaury sufrió una sobredosis y murió. Tras su muerte, su hermana le envió un mensaje de texto a Sangha para decirle que las drogas que había vendido a su hermano lo habían matado.
“En ese momento, cualquier persona sensata habría acudido a las autoridades, y ciertamente cualquier persona con un mínimo de corazón habría detenido sus actividades y no habría seguido distribuyendo ketamina a otros”, dice Martin Estrada, exfiscal jefe del Distrito Central de California, quien anunció cargos federales contra Sangha en agosto de 2024.
“Ella siguió haciendo esto, y vimos que, varios años después, la continuación de su conducta resultó en la muerte de otra persona, el señor Perry”, agrega.
Otro amigo de un círculo distinto que solía ir a clubes con Sangha en la década de 2010 recuerda haberse sorprendido de manera similar con la noticia.
Le dijo a la BBC que conocía a Sangha desde la secundaria y que socializaba mucho con ella al mismo tiempo que Marquez.
El amigo no quiso ser identificado, para poder hablar con franqueza sobre la mujer que conocía y que ahora “está siendo acusada de ser una narcotraficante”.
“Siempre estábamos en fiestas, casi todas las noches. Durante muchos, muchos años”, dice él. “Ella nunca me ofreció nada”.
Recuerda que Sangha llevaba a su tío Paul Sing con ella a casi todos lados. “No es realmente el comportamiento de una narcotraficante”, afirma. “[Y] no es que simplemente lo dejara acompañarla. Él siempre vestía a la moda”.
Paul Sing aparece en fotos de eventos junto a Sangha y estuvo presente en el tribunal para escucharla declararse culpable el 3 de septiembre.
Según Marquez, en algún momento de la década de 2020 Sangha asistió a rehabilitación. En documentos judiciales presentados el mes pasado, su abogado Mark Geragos afirmó que llevaba 17 meses sobria. En su última conversación con Negandhi, hablaron sobre el futuro.
“Ambos estábamos ya en nuestros cuarenta, y tiendes a autoevaluarte cuando llegas a esa edad. Y empiezas a pensar, ¿qué es lo que queremos hacer ahora que hemos alcanzado esta etapa?”, dice él.
“Ella estaba muy emocionada por haber estado sobria durante bastante tiempo y simplemente esperaba muchas cosas de la vida”, agrega.
Sangha no mencionó que había sido arrestada recientemente.
“Yo no tenía idea de que estaba pasando por todo esto cuando hablábamos”, afirma. “Ella no había revelado nada de eso”.
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