El síndrome de Asperger: identidad y el derecho a un diagnóstico oportuno
Hablar del llamado síndrome de Asperger es recorrer no solo la historia de una categoría diagnóstica, sino también la evolución de nuestra comprensión sobre la neurodivergencia, la identidad y los derechos de las personas en el espectro autista.
En 1944, el pediatra austríaco Hans Asperger describió a un grupo de niños con dificultades en la interacción social, intereses intensos y estilos de comunicación particulares. Décadas después, en 1981, la psiquiatra británica Lorna Wing retomó esos hallazgos y acuñó formalmente el término “síndrome de Asperger”, describiendo a personas con diferencias significativas en la comunicación social y patrones restringidos de conducta, pero sin retraso importante en el lenguaje ni en el desarrollo intelectual.
El panorama cambió en 2013. El DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) eliminó la categoría independiente e integró esta presentación dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). El objetivo fue reflejar mejor la evidencia científica sobre la continuidad del espectro bajo un marco conceptual unificado. A ello se sumó un debate histórico y ético: investigaciones posteriores señalaron vínculos de Hans Asperger con prácticas médicas cuestionables durante el régimen nazi, lo que llevó a parte de la comunidad científica a reconsiderar la pertinencia ética del epónimo.
El cambio no estuvo exento de debate. Para muchas personas, el diagnóstico de Asperger no fue solo una etiqueta clínica, sino una forma de comprender su historia personal y encontrar comunidad. El término ofrecía una narrativa distinta, menos centrada en el déficit y más en las particularidades. Escuchar y respetar cómo cada persona elige nombrarse es, en si mismo, un acto de reconocimiento.
En el libro “Una tribu propia”, Steve Silberman afirma que “la neurodiversidad puede ser tan crucial para la humanidad como la biodiversidad lo es para la vida en general”. Esta idea resume el tránsito hacia una comprensión menos patologizante y más centrada en la variabilidad humana.
Más allá de los debates terminológicos, el punto clave es el impacto social del diagnóstico. Un diagnóstico oportuno brinda acceso a apoyos y ajustes razonables en los ámbitos de salud, educación y trabajo. El verdadero desafío no es solo cómo clasificamos, sino cómo acompañamos.
En México, la realización periódica y oportuna de la Evaluación del Desarrollo Infantil es, además de un derecho, una de las formas más efectivas para acompañar a las infancias y sus familias. El Pacto por la Primera Infancia tiene entre sus metas “incrementar a 90 % las niñas y niños menores de 5 años con un adecuado desarrollo infantil temprano, y a 50 % la cobertura de evaluaciones de desarrollo anuales”. No se trata de etiquetar, sino de comprender el perfil único de cada niña o niño para ofrecer orientaciones claras, apoyos proporcionales y, cuando sea necesario, derivaciones oportunas. Con un enfoque de derechos y perspectiva de neurodiversidad, la evaluación se convierte en una herramienta preventiva: reduce la incertidumbre familiar, evita trayectorias de estigmatización y favorece intervenciones tempranas centradas en el bienestar y la autonomía.
Garantizar evaluaciones de desarrollo como parte estructural del sistema de salud es una cuestión de justicia social. Significa reconocer que la diversidad neurológica existe y que el Estado tiene la responsabilidad de generar condiciones para que todas las infancias puedan desarrollarse plenamente.
Hoy sabemos que el término “síndrome de Asperger” puede haber cambiado en los manuales, pero la realidad de las personas neurodivergentes permanece, con sus desafíos y fortalezas. La evolución del concepto nos recuerda algo esencial: el conocimiento científico cambia, pero la dignidad y el derecho a un desarrollo pleno deben permanecer en el centro.
* María Azucena Espinosa Olivas es Pediatra del Desarrollo. Modelo Chiapas TEA, e integrante del colectivo Pacto por la Primera infancia (@Pacto1aInfancia).
Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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