Observatorio Presupuestal en Primera Infancia: una herramienta para monitorear el presupuesto asignado a la niñez en México
En México, el 48 % de los menores de 6 años viven en condición de pobreza y más de 7 millones no tienen acceso a la seguridad social, 6 de cada 10 menores de 1 año no tienen completas sus vacunas, tan solo 3 de cada 100 menores de 3 años asisten a algún programa de educación inicial y más de 2 millones de niños y niñas menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial.
Estos son sólo algunos datos que retratan el adverso panorama para la infancia temprana de nuestro país. Ante ello, el Pacto por la Primera Infancia se ha trazado como una de sus prioridades, desde hace varios años, lograr una mayor y mejor inversión en beneficio de este grupo etario que permita transitar a un mejor estadio de bienestar.
Lo anterior, con base en un cuerpo de creciente evidencia científica que ha demostrado que las inversiones de calidad en políticas públicas integrales para las niñas y niños menores de 6 años de edad tienen altas tasas de retorno, debido a sus efectos positivos de corto, mediano y largo plazo sobre la salud, la capacidad de aprendizaje, la productividad, el ingreso y la paz social. La inversión en esta etapa de la vida es la forma más costo efectiva de abatir las brechas de desigualdad y romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza.
El presupuesto es la vida y esencia de la política pública, dado que permite distinguir una promesa, un discurso, una buena intención de acciones concretas de políticas públicas que buscan solucionar los ingentes problemas. En este sentido, la principal herramienta de política pública es el presupuesto y su análisis permite identificar el nivel de prioridad en la agenda de gobierno, de ahí su importancia de examinar y monitorear puntual y periódicamente la evolución del presupuesto asignado y ejercido en la primera infancia, y con ello tener elementos para juzgar la importancia relativa de la agenda en nuestro país e impulsar su transformación favorable para garantizar integralmente los derechos de niñas y niños menores de 6 años.
El Pacto por la Primera Infancia ha diseñado el primer instrumento a nivel nacional de monitoreo del presupuesto destinado a la atención de niñas y niños en primera infancia. Se trata de una herramienta interactiva denominada Observatorio Presupuestal en Primera Infancia, que invitamos a conocer y explorar, en donde se encuentra información presupuestal relevante y actualizada trimestralmente respecto a la asignación, modificación y ejercicio del presupuesto de diversos programas presupuestarios vinculados a las dimensiones de la Ruta Integral de Atenciones, a fin de visibilizar y transparentar el tema de la inversión en primera infancia ante la opinión pública y actores políticos clave.
El Observatorio Presupuestal en Primera Infancia es importante por dos razones fundamentales. En primera lugar, impulsa la democratización de la información presupuestal, al ser un mecanismo innovador que promueve el interés público, así como la participación y la vigilancia ciudadana en los recursos para la primera infancia. Existe una necesidad ciudadana por saber más respecto de la asignación, destino y gasto de los recursos públicos que aportamos todos para lograr mayores y mejores inversiones en beneficio de niñas y niños que se encuentran en la etapa clave para su desarrollo.
En segundo lugar, es una herramienta de incidencia e interlocución política que busca elevar la cantidad y calidad de la inversión pública en primera infancia. Queremos que se utilice para guiar las decisiones presupuestales, tanto de los ejecutores del gasto, como de los legisladores que tienen la facultad exclusiva de aprobación del presupuesto, pero también de ser un contrapeso a través de la rendición de cuentas permanente.
Para el diseño y operación del Observatorio se seleccionaron nueve programas presupuestarios que, por sus propósitos, componentes, alcances e impactos se consideran clave para impulsar y garantizar el desarrollo integral y bienestar de la primera infancia, como son los programas de Vacunación, Salud Materna, Sexual y Reproductiva, el Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social, Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Educación Inicial y Básica Comunitaria, Expansión de la Educación Inicial, Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Registro e Identificación de Población y la Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
El micrositio contiene información que describe las características y modalidades de los diversos programas, así como los objetivos que persigue, es decir el bien público que provee, los derechos que garantiza y/o los principios que tutela. Además, permite identificar a la unidad responsable dentro del gobierno que planea y ejerce los recursos públicos de los programas.
La información presupuestal que conforma el Observatorio permite analizar los programas desde tres perspectivas: el total de recursos del programa en el presupuesto de egresos, los recursos etiquetados en el Anexo Transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes, así como los asignados para la primera infancia. Además, en tres momentos clave que identifica las fallas y disfuncionalidades presupuestales que desafortunadamente se recrean en los recursos para niñas y niños menores de 6 años: los recortes de un ejercicio fiscal a otro (presupuesto aprobado), las reducciones que experimenta (presupuesto modificado), así como la ineficacia en el gasto que implica los subejercicios (presupuesto ejercido).
Desde el Pacto por la Primera Infancia estamos convencidos de que el Estado Mexicano está obligado a garantizar los derechos de niñas y niños, quienes tienen derecho de prioridad, por lo que es vital que se incremente de manera sostenida la cantidad y calidad del gasto público, pues no hacerlo tiene altos costos, no sólo para los más pequeños, sino para el país en su conjunto.
*Alberto Sotomayor es Coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia (@Pacto1aInfancia).
Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Cuál es la capacidad militar de Venezuela y cómo puede responder a un eventual ataque de EE.UU.
- Así es el USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo que EE.UU. envió a las costas del Caribe y que costó US$13.000 millones
- “EE.UU. pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela”: la carta que Maduro le envió a la OPEP denunciando la amenaza militar de Washington
