Observatorio Presupuestal en Primera Infancia: una herramienta para monitorear el presupuesto asignado a la niñez en México
En México, el 48 % de los menores de 6 años viven en condición de pobreza y más de 7 millones no tienen acceso a la seguridad social, 6 de cada 10 menores de 1 año no tienen completas sus vacunas, tan solo 3 de cada 100 menores de 3 años asisten a algún programa de educación inicial y más de 2 millones de niños y niñas menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial.
Estos son sólo algunos datos que retratan el adverso panorama para la infancia temprana de nuestro país. Ante ello, el Pacto por la Primera Infancia se ha trazado como una de sus prioridades, desde hace varios años, lograr una mayor y mejor inversión en beneficio de este grupo etario que permita transitar a un mejor estadio de bienestar.
Lo anterior, con base en un cuerpo de creciente evidencia científica que ha demostrado que las inversiones de calidad en políticas públicas integrales para las niñas y niños menores de 6 años de edad tienen altas tasas de retorno, debido a sus efectos positivos de corto, mediano y largo plazo sobre la salud, la capacidad de aprendizaje, la productividad, el ingreso y la paz social. La inversión en esta etapa de la vida es la forma más costo efectiva de abatir las brechas de desigualdad y romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza.
El presupuesto es la vida y esencia de la política pública, dado que permite distinguir una promesa, un discurso, una buena intención de acciones concretas de políticas públicas que buscan solucionar los ingentes problemas. En este sentido, la principal herramienta de política pública es el presupuesto y su análisis permite identificar el nivel de prioridad en la agenda de gobierno, de ahí su importancia de examinar y monitorear puntual y periódicamente la evolución del presupuesto asignado y ejercido en la primera infancia, y con ello tener elementos para juzgar la importancia relativa de la agenda en nuestro país e impulsar su transformación favorable para garantizar integralmente los derechos de niñas y niños menores de 6 años.
El Pacto por la Primera Infancia ha diseñado el primer instrumento a nivel nacional de monitoreo del presupuesto destinado a la atención de niñas y niños en primera infancia. Se trata de una herramienta interactiva denominada Observatorio Presupuestal en Primera Infancia, que invitamos a conocer y explorar, en donde se encuentra información presupuestal relevante y actualizada trimestralmente respecto a la asignación, modificación y ejercicio del presupuesto de diversos programas presupuestarios vinculados a las dimensiones de la Ruta Integral de Atenciones, a fin de visibilizar y transparentar el tema de la inversión en primera infancia ante la opinión pública y actores políticos clave.
El Observatorio Presupuestal en Primera Infancia es importante por dos razones fundamentales. En primera lugar, impulsa la democratización de la información presupuestal, al ser un mecanismo innovador que promueve el interés público, así como la participación y la vigilancia ciudadana en los recursos para la primera infancia. Existe una necesidad ciudadana por saber más respecto de la asignación, destino y gasto de los recursos públicos que aportamos todos para lograr mayores y mejores inversiones en beneficio de niñas y niños que se encuentran en la etapa clave para su desarrollo.
En segundo lugar, es una herramienta de incidencia e interlocución política que busca elevar la cantidad y calidad de la inversión pública en primera infancia. Queremos que se utilice para guiar las decisiones presupuestales, tanto de los ejecutores del gasto, como de los legisladores que tienen la facultad exclusiva de aprobación del presupuesto, pero también de ser un contrapeso a través de la rendición de cuentas permanente.
Para el diseño y operación del Observatorio se seleccionaron nueve programas presupuestarios que, por sus propósitos, componentes, alcances e impactos se consideran clave para impulsar y garantizar el desarrollo integral y bienestar de la primera infancia, como son los programas de Vacunación, Salud Materna, Sexual y Reproductiva, el Fondo de Aportaciones Múltiples-Asistencia Social, Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, Educación Inicial y Básica Comunitaria, Expansión de la Educación Inicial, Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Registro e Identificación de Población y la Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
El micrositio contiene información que describe las características y modalidades de los diversos programas, así como los objetivos que persigue, es decir el bien público que provee, los derechos que garantiza y/o los principios que tutela. Además, permite identificar a la unidad responsable dentro del gobierno que planea y ejerce los recursos públicos de los programas.
La información presupuestal que conforma el Observatorio permite analizar los programas desde tres perspectivas: el total de recursos del programa en el presupuesto de egresos, los recursos etiquetados en el Anexo Transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes, así como los asignados para la primera infancia. Además, en tres momentos clave que identifica las fallas y disfuncionalidades presupuestales que desafortunadamente se recrean en los recursos para niñas y niños menores de 6 años: los recortes de un ejercicio fiscal a otro (presupuesto aprobado), las reducciones que experimenta (presupuesto modificado), así como la ineficacia en el gasto que implica los subejercicios (presupuesto ejercido).
Desde el Pacto por la Primera Infancia estamos convencidos de que el Estado Mexicano está obligado a garantizar los derechos de niñas y niños, quienes tienen derecho de prioridad, por lo que es vital que se incremente de manera sostenida la cantidad y calidad del gasto público, pues no hacerlo tiene altos costos, no sólo para los más pequeños, sino para el país en su conjunto.
*Alberto Sotomayor es Coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia (@Pacto1aInfancia).
Impulsada por el levantamiento popular, Hasina se convirtió en un ícono nacional como representante del movimiento prodemocrático; sin embargo, como primera ministra, fue acusada de crimenes de lesa humanidad y de reprimir protestas.
La exprimera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad por la represión de unas protestas estudiantiles ocurridas a mediados de 2024.
Hasina, quién comenzó su carrera política como ícono del movimiento prodemocrático, fue declarada culpable en ausencia por ordenar el uso de fuerza letal contra los manifestantes durante las protestas que terminaron en su destitución y en las que murieron 1.400 personas, la mayoría por disparos de los cuerpos de seguridad, según los investigadores de derechos humanos de la ONU.
En sus informes, los expertos señalan que Hasina habría intentado aferrarse al poder por medio de una violencia sistemática y mortal contra los manifestantes.
A ella y a su partido, Liga Awami, se les atribuye las mejoras en el plano económico del país. Sin embargo, en los últimos años fue acusada de haberse vuelto autocrática y de reprimir a la oposición.
Exiliada en India desde que abandonó el poder en julio de 2024, Hasina fue juzgada en ausencia por el Tribunal de Crímenes Internacionales en Bangladesh.
Los fiscales la acusaron de ser la responsable de ordenar una dura represión contra los manifestantes, que ya es considerada como el peor derramamiento de sangre en el país desde la independencia en 1971.
Los familiares de las víctimas reclamaron duras penas contra la exprimera ministra.
Por su parte, Hasina ha negado todos los cargos en su contra, asegurando que el su juicio estuvo motivado políticamente.
El veredicto supone una prueba diplomática para India y Bangladesh. El gobierno de Daca ha solicitado formalmente su extradición, pero hasta el momento las autoridades indias no han mostrado ninguna disposición a acceder a ella.
Quién es Sheikh Hasina
Nacida en una familia musulmana en Bengala Oriental en 1947, Hasina lleva la política en su sangre.
Su padre, el líder nacionalista Sheikh Mujibur Rahman, apodado el “Padre de la Nación” de Bangladesh, lideró la independencia de 1971 y se convirtió en su primer presidente.
En ese momento, Hasina ya se había ganado una reputación como líder estudiantil en la Universidad de Dhaka.
Su padre fue asesinado junto a la mayoría de los miembros de su familia en un golpe militar en 1975. Solo Hasina y su hermana menor sobrevivieron debido a que se encontraba en un viaje en el exterior en ese momento.
Después de vivir su exilio en India, Hasina regresó a Bangladesh en 1981 y se convirtió en la líder de la Liga Awami, el partido de su padre.
Se unió a otros movimientos políticos para llevar a cabo manifestaciones a favor de la democracia durante el gobierno militar del general Hussain Muhammed Ershad.
Impulsada por el levantamiento popular, Hasina se convirtió rápidamente en un ícono nacional.
Elegida como primera ministra por primera vez en 1996, Hasina ganó popularidad luego de firmar un acuerdo de reparto de agua con India y un tratado de paz con los insurgentes tribales en el sureste del país.
Sin embargo, su gobierno ha sido criticado por una serie de acuerdos comerciales sospechosos de corrupción y por haber adoptado una posición demasiado subordinada con respecto a India.
En 2001, perdió las elecciones ante su exaliada Begum Khaleda Zia, del Partido Nacionalista de Bangladesh.
Como herederas de una dinastía política, ambas mujeres han dominado la política de Bangladesh durante más de tres décadas.
Los analistas aseguran que la rivalidad de estas dos líderes políticas derivó en una serie de atentados contra autobuses, al mismo tiempo que las desapariciones y los asesinatos extrajudiciales se convirtieran en sucesos habituales.
En 2009, Hasina finalmente regresó al poder, lo que la convirtió en una auténtica sobreviviente política, después de haber sufrido numerosos arrestos mientras estaba en la oposición, así como varios intentos de asesinato.
También ha sobrevivido a numerosos esfuerzos para obligarla a salir al exilio y a investigaciones judiciales en las que ha sido acusada de corrupción.
Logros y controversias
Habiendo sido uno de los países más pobres del mundo, Bangladesh mejoró en el plano económico a partir de 2009 bajo su liderazgo.
El ingreso per cápita se triplicó en la última década y el Banco Mundial estima que más de 25 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 20 años.
Gran parte de este crecimiento ha sido impulsado por la industria de la confección, que representa la gran mayoría de las exportaciones totales de Bangladesh y se ha expandido rápidamente en las últimas décadas.
Utilizando los fondos propios del país, préstamos y asistencia para el desarrollo, el gobierno de Hasina también emprendió enormes proyectos de infraestructura, incluido el puente Padma en el Ganges, con un costo de US$2.900 millones.
Sin embargo, Hasina ha sido acusada durante mucho tiempo de promulgar medidas autoritarias y represivas contra sus opositores políticos, detractores y los medios de comunicación.
Este punto representa un elemento central a la hora de describir su liderazgo, sobre todo para una mujer que en algún momento luchó por la democracia multipartidista.
Desde que Hasina volvió al poder en 2009, los grupos de derechos calculan que al menos 700 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas, mientras que otras han sido asesinadas. Hasina niega su responsabilidad en estos hechos.
Las fuerzas de seguridad de Bangladesh también han sido acusadas de abusos graves. En 2021, Estados Unidos sancionó al Batallón de Acción Rápida, una notoria unidad policial acusada de llevar a cabo numerosos asesinatos extrajudiciales.
Los activistas de derechos humanos y los periodistas también se enfrentaron a ataques crecientes, incluidos arrestos, vigilancia y acoso.
A su vez, su gobierno fue acusado de “acosar judicialmente” a disidentes, incluido el ganador del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, quien se convirtió en jefe del gobierno interino después de que Hasina saliera del país.
Yunus había sido detenido a principios de 2024 y se enfrentó a más de 100 cargos, que sus partidarios dicen que estaban motivados políticamente.
El gobierno de Hasina negó las denuncias de abuso de poder, al tiempo que restringía la entrada al país a periodistas extranjeros que buscaban investigar las acusaciones.
Las protestas contra los cupos en el servicio civil, que desencadenaron el levantamiento del año pasado, se produjeron mientras Bangladesh lidiaba con el aumento vertiginoso del costo de vida tras la pandemia.
Desde 2016, la inflación se disparó, las reservas de divisas cayeron y la deuda externa se duplicó. Los críticos culpan de esta situación a la mala gestión del gobierno de Hasina y aseguran que el progreso económico de Bangladesh sólo benefició al entorno de la ex primera ministra.
Fuerza letal
En enero de 2024, Hasina ganó un inédito cuarto mandato como primera ministra en unas elecciones ampliamente cuestionadas, consideradas una farsa por críticos y boicoteadas por la oposición.
Las protestas comenzaron ese mismo año y exigían la abolición de los cupos en los empleos de la administración pública.
Para el verano, se habían convertido en un movimiento antigubernamental más amplio, luego de que Hasina recurriese a la policía para reprimir con dureza a los manifestantes.
En medio de las crecientes demandas de renuncia, Hasina se mantuvo desafiante y calificó a los manifestantes de “terroristas”. También envió a cientos de personas a la cárcel y presentó cargos penales contra centenares más.
Un audio filtrado a la prensa sugería que había ordenado a las fuerzas de seguridad que “usaran armas letales” contra los manifestantes, aunque, la ex primera ministra niega haber emitido una orden para disparar contra civiles desarmados.
Algunos de los hechos más sangrientos ocurrieron el 5 de agosto del año pasado, el día en que Hasina huyó en helicóptero antes de que las multitudes asaltaron su residencia en Daca.
Ese día, la policía mató a al menos 52 personas en un barrio concurrido, lo que lo convierte en uno de los peores casos de violencia policial en la historia del país.
Hasina, quien fue juzgada en ausencia, calificó al tribunal de “farsa”.
“Es un tribunal amañado, controlado por mis oponentes políticos, destinado a dictar un veredicto de culpabilidad preestablecido y a desviar la atención del mundo del caos, la violencia y la mala gestión del [nuevo] gobierno”, dijo a la BBC Hasina hace unos días.
La exprimera ministra pidió que se levantara la prohibición a su partido antes de las elecciones previstas para febrero.
En otro proceso Hasina también está acusada de crímenes contra la humanidad relacionados con desapariciones forzadas durante el gobierno de la Liga Awami. Hasina y la Liga Awami niegan todos los cargos.
Hasina y otros miembros destacados de su antiguo gobierno también enfrentan un juicio por corrupción en otro tribunal, cargos que ellos niegan.
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