Sin Fronteras es una organización civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro, que trabaja para contribuir al cambio de las condiciones en las cuales ocurren las migraciones internacionales y el asilo, a fin de que estos se den en un marco de plena vigencia de los derechos humanos de los migrantes internacionales, solicitantes de asilo, refugiados y sus familiares. Síguela en Twitter @SinFronteras_1

Por Un Mundo Sin Fronteras

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La movilidad humana ha dejado de ser un fenómeno limitado a conflictos armados o crisis económicas. Hoy los efectos adversos provocados por el cambio climático son uno de los principales factores que fuerza a las personas a desplazarse dentro y fuera de sus países. Según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 28 millones de desplazamientos asociados a desastres socio-naturales, una cifra que supera incluso a los desplazamientos por conflictos armados.
Estos desplazamientos tienen múltiples causas y son las poblaciones rurales, costeras y periféricas son las más vulnerables, ya que carecen de los recursos para adaptarse o resistir los embates climáticos. Hablar de estas personas no es hablar de números, sino de personas, familias que pierden sus hogares, infancias que dejan la escuela, comunidades enteras que desaparecen del mapa y en suma, la ausencia de un marco jurídico claro, ya que estas personas no tienen el estatus de refugiadas bajo la Convención de 1951, lo que los deja sin acceso a protección internacional. La mayoría de ellas terminan siendo desplazadas internas, reubicados en condiciones precarias dentro de sus propios países. Otras optan por migrar hacia ciudades saturadas, cayendo en la pobreza urbana o la informalidad laboral. Quienes cruzan fronteras enfrentan estigmatización, detención o deportación.
Además, los impactos de este tipo de desplazamiento son desiguales, para las mujeres y niñas, los pueblos indígenas, para las personas con discapacidad y con enfermedades crónico-degenerativas y adultas mayores; quienes sufren mayor exposición a violencia, pérdida de su territorio y de su cultura y para las personas con discapacidad ya que quedan desprotegidas por sistemas que no consideran sus necesidades.
Para Sin Fronteras IAP, desde 2018 hemos posicionado el tema ante diferentes actores, nacionales y regionales, inclinándonos por llevar la voz de personas que han perdido todo, enfocándonos específicamente por la integración y la búsqueda de oportunidades de empleo acordes a su experiencia y vida anterior en país de origen y apoyar en la construcción de un plan de vida, sin dejar a un lado la incidencia pública y social.
Como se puede observar a lo largo de la historia, las organizaciones de la sociedad civil hemos sido actores fundamentales. Muchas han brindado albergue, alimentos, atención médica, asistencia legal, acompañamiento psicosocial y espacios seguros para las poblaciones afectadas por causas climáticas y otros desastres y de igual forma hemos liderado procesos de documentación, incidencia y propuestas legislativas para el reconocimiento de estas personas, colaborando en espacios internacionales como las Conferencias de las Partes, con amicus curiae ante la Corte Interamericana para la Opinión Consultiva Chile y Colombia, La Revisión del Pacto Mundial de Migración en Santiago de Chile y la Construcción de la Declaración de Chile en 2024, así como ante distintos mecanismos de las Naciones Unidas. Sin embargo, hoy estos avances enfrentan una amenaza silenciosa: la drástica reducción del financiamiento internacional.
Hoy, mientras el mundo discute sobre energías limpias y reciclaje, hay millones de personas empacando sus vidas en mochilas porque sus casas quedaron bajo el agua, sus cultivos murieron o el aire se volvió irrespirable. Y al mismo tiempo, quienes les tendían una mano están cerrando sus puertas por falta de apoyo.
Los efectos adversos del cambio climático no solo destruyen bosques y arrecifes: destruyen hogares, familias, sueños y culturas enteras. Y si no fortalecemos a quienes protegen a estas poblaciones, no solo estamos fallando como especie, sino enterrando nuestra propia capacidad de responder éticamente al presente y al futuro.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, el mayor acto ambiental no es plantar un árbol. Es mirar de frente a las víctimas de las emergencias actuales y asegurar que no caminaremos en soledad en esta era incierta.
*Sandra Elizabeth Alvarez Orozco es directora general de Sin Fronteras IAP.
Referencias:
ACNUR (2023), Global Trends: Forced Displacement 2023, disponible <a href="https://www.unhcr.org/global-trends" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
ALVAREZ (2019), Desplazamiento interno por desastres industriales y/o tecnológicos, disponible <a href="http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/256/1/TESIS%20ALVAREZ%20OROZCO.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
Banco Mundial (2021), Groundswell Part II: Acting on Internal Climate Migration (2021), disponible <a href="https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/09/13/groundswell-part-2" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
CIVICUS (2024), State of Civil Society Report 2024, disponible <a href="https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2024" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
IDMC (2024), Global Report on Internal Displacement 2024, disponible <a href="https://www.internal-displacement.org/global-report" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
InterAction (2025), Informes sobre impacto de recortes presupuestarios a ONG humanitarias, disponible <a href="https://www.interaction.org/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
IPCC (2023), Sixth Assessment Report (AR6), 2023 Sección: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, disponible <a href="https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/">aquí</a>.
OECD (2024), Development Aid at a Glance 2024, disponible <a href="https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/">aquí</a>.
OIM (2024) Informe: World Migration Report 2024, disponible <a href="https://www.iom.int/world-migration-report-2024">aquí</a>.
SIN FRONTERAS (2024), Ecos del camino: Reflexiones sobre movilidad humana y cambio climático, disponible <a href="https://es.scribd.com/document/718842586/Ecos-Del-Camino-0">aquí</a>.

Tierras que arden, vidas que huyen: el costo humano del cambio climático y el desmantelamiento del apoyo internacional

El costo humano del cambio climático y el desmantelamiento del apoyo internacional

En un mundo sacudido por conflictos, desigualdades, injusticias, prejuicios y desplazamiento forzado, hablar de paz no es un lujo, es una urgencia. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares cada año debido a la violencia, el conflicto, la persecución o los efectos del cambio climático. En este escenario, la migración se convierte no solo en un fenómeno social, sino en una oportunidad para repensar las bases de nuestra convivencia y el tipo de paz que queremos construir.
En el proceso de construcción de paz, hay un elemento que no podemos ignorar: el papel fundamental de las mujeres en movilidad como constructoras de paz. Las mujeres en movilidad no solo buscan refugio o mejores condiciones de vida. También traen consigo su cultura, saberes, lenguas, prácticas comunitarias y una profunda capacidad de resiliencia. En muchas ocasiones, son ellas quienes reconstruyen redes sociales, cuidan de otras personas en situación de vulnerabilidad y promueven espacios de diálogo allí donde la exclusión y el miedo han sembrado distancia.
Desde Sin Fronteras IAP lo sabemos bien: no hay desarrollo sostenible posible sin la paz, y no hay paz duradera sin inclusión. Los muros que separan culturas no solo alimentan el miedo y la desconfianza, también impiden que florezcan soluciones reales a los problemas que compartimos como humanidad. Superar esas divisiones es una tarea colectiva, pero no equitativa en su reconocimiento: históricamente, las mujeres han estado en el centro de las redes de cuidado, resiliencia y mediación, aunque pocas veces en los espacios de toma de decisiones formales sobre la paz.
Las mujeres, y en particular las mujeres en contexto de movilidad, son pilares de la transformación social. A través de su liderazgo comunitario, su participación en actividades culturales, su defensa de los derechos humanos y su compromiso con el bienestar colectivo, estas mujeres encarnan la posibilidad de un mundo más justo, solidario e inclusivo. Su voz no solo debe ser escuchada, sino colocada al centro de cualquier estrategia que aspire a construir una paz duradera con soluciones justas, sostenibles y humanas.
Por ello, en Sin Fronteras trabajamos todos los días para promover el diálogo intercultural como eje de integración, facilitamos la participación activa de mujeres migrantes y sujetas de protección internacional en la vida comunitaria y elevamos sus historias como ejemplo de liderazgo transformador. Creemos, firmemente, que las mujeres migrantes y sujetas de protección internacional no solo tienen derecho a la paz: ellas están ayudando a construirla, día con día, en sus familias, en sus colonias, en sus comunidades de acogida.
Porque cuando las mujeres participan activamente en los procesos de paz —como mediadoras, líderes comunitarias, defensoras de derechos humanos o diseñadoras de políticas públicas— se amplía la gama de perspectivas y se fortalecen las soluciones sostenibles. No es casualidad que estudios de Naciones Unidas muestren que los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres tienen más probabilidades de mantenerse en el tiempo. Ellas saben que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia, dignidad y oportunidades.
Invertir en las mujeres es invertir en un futuro más justo. Escucharlas es escuchar el pulso de una humanidad que no se rinde. Visibilizarlas es dar el primer paso hacia una paz que no excluya a nadie. Apostamos por el liderazgo de las mujeres en movilidad como agentes de cambio, y por su participación plena y efectiva en todos los niveles de toma de decisiones. En este momento histórico, donde los desafíos son grandes, pero también lo son las posibilidades, es tiempo de reconocer y fortalecer el papel de las mujeres en movilidad como constructoras de paz. Ellas no solo cruzan fronteras geográficas: cruzan también las fronteras del miedo, la indiferencia y la discriminación. Y con cada paso que dan, nos acercan a un futuro más humano, más justo y verdaderamente en paz.

Arquitectas de paz en un mundo en movimiento

Hace unos días una noticia conmocionó al Uruguay y al mundo entero. Dejó este plano “El Pepe”, como le decían sus amigos, o “El Guerrero”, como se definía asimismo. Un gran ser humano, humilde y poco convencional, admirado y respetado en América Latina y el mundo entero. José Mujica fue impulsor de políticas sociales progresistas en la región: el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la legalización de la mariguana. Y colocó en la agenda pública global la discusión de la agenda migratoria.
Desde su amor a la vida, en diversos foros planteó que estamos obligados a vernos ante el espejo de nuestra historia como humanidad. Que hemos atravesado grandes olas migratorias en el paso de los siglos y aunque pareciera, no estamos hoy frente a una misión imposible en la gobernanza de las migraciones. Que estamos obligados a dar prioridad a la dignidad humana y la búsqueda del bien común.
Desde el pragmatismo llamaba a que los países que se convierten hoy en destino de esta población, reconocieran el peligro que significa el congelamiento de la natalidad, poniendo como ejemplo su propio país, que es reflejo de varios más, diciendo que en Uruguay están a tal punto que hoy los que nacen apenas equilibran los que se van de la vida, y esa paridad es la mayor amenaza estratégica a futuro para el crecimiento económico y sobre todo para la productividad promedio de un país. Era claro en señalar que esto debería ser una preocupación de todos los países, cualquiera que fuera su definición  política.
Puntualizó que los países que hoy protegen sus fronteras, también se han visto obligados en otros tiempos a salir de sus países y buscar acogida fuera de sus fronteras, sin olvidar que muchos de ellos se conformaron a partir de las migraciones. Que debían recordar la solidaridad y facilidades que recibieron en su momento, de los países que hoy requerían de apoyo, por lo que llamaba a la solidaridad y memoria.
Con su crítica a la desigualdad que existe en el mundo, él insistía en que los gobiernos no entendían el problema y éste no era que los migrantes o refugiados lleguen a un país, sino que hay que ir para sus países y solidariamente apoyarles a salir de la pobreza y hacer frente común al narcotráfico y la criminalidad que enfrentan..
Desde la política en los escenarios de gobierno y desde su quehacer cotidiano, Don Pepe trabajó por la gente y con la gente. Visitó el muro fronterizo de Estados Unidos en Tijuana, México, donde convivieron él y su esposa con mexicanos, haitianos, africanos y centroamericanos. En Uruguay recibió a población refugiada proveniente de Siria. Él fue un latinoamericano que soñó con la patria común, y abogar por acuerdos para facilitar la recepción de población migrante fue una de sus muchas luchas. Decía que no podemos parar el conflicto que vive un país, pero sí mitigar sus efectos.
Desde Sin Fronteras también creemos que dignificar la vida de la población en contexto de movilidad es una forma grandiosa de querer la vida, de luchar por la libertad y por el bien común. Gracias por tu legado José Mujica. Las personas se van, pero sus legados se quedan. Seguiremos soñando por un mundo SIN FRONTERAS.
* Nancy Pérez García (<a href="https://x.com/nancyperez_g" target="_blank" rel="noopener">@nancyperez_g</a>) es integrante del Consejo Asesor de Sin Fronteras.

José Mujica: No es misión imposible la gobernanza de las migraciones

Un gran amigo me dijo una vez: “Muchas veces queremos cambiar al mundo, pero olvidamos los actos más simples. ¿Cuántas veces te das tiempo de conocer a tus vecinos? ¿De organizarte en tu colonia? El verdadero cambio nace de la voluntad de conectar con los más cercanos”.
Al conmemorar el día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, reflexiono sobre estas palabras. La diversidad cultural no es solo un concepto abstracto, es una realidad cotidiana que se manifiesta en nuestras comunidades, en nuestras interacciones diarias.
Pero ¿cómo comenzamos? Es necesario reconocernos como iguales para fomentar el diálogo intercultural. Hablo de reconocernos como parte de la clase dominada. Identificar de manera colectiva nuestra realidad social nos ayudará a enfocarnos en las similitudes que tenemos y no en las diferencias, para construir puentes de entendimiento. El diálogo surge cuando compartimos nuestras experiencias y emociones, al darnos cuenta de que nuestras realidades son más similares de lo que parecen.
Como segundo paso, tenemos que reflexionar también sobre las estructuras que limitan el dialogo, la interculturalidad y el desarrollo, comenzando por lo que comúnmente entendemos como “desarrollo de la humanidad”. Es importante cuestionar la definición predominante, que generalmente se centra en el crecimiento económico y prioriza el capital sobre el bienestar integral de las personas. Las grandes corporaciones ven a los individuos como recursos para generar riqueza, ignorando dimensiones fundamentales como la satisfacción de nuestras necesidades reales, el fomento de una conciencia crítica y el reconocimiento de nuestra integralidad biopsicosociocultural.
Reconocer estas estructuras como violencias es el primer paso hacia la construcción de una cultura de paz. Este proceso debe incluir la participación de todos, especialmente a nivel local. Identificar en nuestros actos la violencia estructural, cultural y simbólica nos ayudará a transformarlas por la organización comunitaria, el intercambio de intereses y la convivencia pacífica.
Es así como pueden surgir nuevas formas de pensar desde otras racionalidades. Es urgente dejar de ser espectadores pasivos y asumir un papel activo en la creación de realidades más justas. Esto implica reflexionar éticamente y actuar en consecuencia, sin esperar soluciones en las políticas públicas. Si no actuamos, nos convertimos en cómplices de la injusticia.
La verdadera diversidad cultural se construye en el día a día, en la interacción con nuestros vecinos, en el reconocimiento de las problemáticas comunes y en la organización para abordarlas. Es en la comunidad donde podemos practicar el diálogo, la diversidad cultural y el desarrollo.
* Marianna Malinalli Calleja Martha es auxiliar de Acompañamiento Psicosocial en Sin Fronteras.

El poder de la comunidad

&#8220;Escuchar a los niños no es una opción, es un deber democrático&#8221;.
Francesco Tonucci, pensador, psicopedagogo y dibujante italiano.
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Recuerdo tener diez años y estar en el patio de la primaria jugando tazos con mis amigos, comiendo un sándwich aplastado por mis libros, con un jugo de guayaba a medio tomar. Llega la hora de salida, espero a que mi abuelita vaya por mí y mi hermana. Estoy en el comedor haciendo mi tarea esperando a mi mamá para irnos a casa, mientras mi abue cose una servilleta de flores atenta al noticiero de Lolita Ayala.
Este recuerdo lo tengo muy presente: una rutina que tenía con mis amigos, mis hermanas, mi abuela y mi madre. Igual que las infancias y adolescencias en movilidad humana. Infancias que tuvieron que migrar por obligación, necesidad, por buscar a sus padres y madres, por violencia familiar o reclutamiento por parte de cárteles o pandillas.
Hablar de las infancias en movilidad humana y que no estén acompañadas, es hablar de una realidad cruda, dolorosa y con emociones entrecruzadas. De acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, tan solo en el 2023, 113,660 infancias en situación irregular fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración, 54 % eran hombres y 46 % mujeres. 80,951 (72 %) eran infancias de 0 a 11 años y 32,103 (28 %) eran adolescencias de 12 a 17 años. Los principales países de origen fueron Honduras, Venezuela y Guatemala. Ese mismo año, 33,572 infancias y adolescencias solicitaron refugio en México, 1,394 (4 %) se encontraban sin compañía de sus padres o tutores y 32,572 (96 %) acompañados. Honduras, Brasil, Chile, fueron las principales nacionalidades de los solicitantes de refugio.
Es imposible no vislumbrar números sin pensar en todas las condiciones a las que se enfrentan las infancias. Se habla de duelos con las personas adultas, pero poco se habla de las emociones, traumas y pensares que las infancias atraviesan. Se pierde una amistad, se deja un juguete, se extraña una escuela. Las infancias son personas sujetas de derechos que no tienen voz al momento de una travesía internacional, son llevados por sus padres y, en el peor de los casos, van sin acompañamiento de algún tutor.
En el proceso de migrar a otro país, para las infancias involucra en la mayoría de las veces una violación de derechos constante. Desde la barrera del idioma, secuestros, explotación por parte grupos delictivos, laboral y sexual, hasta las autoridades corruptas. Sin mencionar que la salud mental está siendo vulnerada todo el tiempo. Es una constante a lo largo de su trayecto, pues la incertidumbre de lo que pasará, la tristeza de lo que dejan atrás y el estrés que se suscita en el viaje generan traumas emocionales duros de sobrellevar y sanar.
Al llegar al país destino -como por ejemplo, México- se enfrentan a otros retos y dificultades que empeoran su integración en el país y que, de cierto modo, entorpecen otros procesos como la regularización. La negación de la educación por no tener un documento como la CURP, la falta de sensibilización por parte de autoridades educativas, la xenofobia que pueden enfrentarse en el acceso a la salud, y la necesidad de trabajar que recae en una explotación laboral son factores que propician una violación de derechos.
No sólo en el marco del Día de las Infancias es importante reconocer a esta población no acompañada y vulnerable en muchos sentidos. Es imperativo sensibilizar a las autoridades educativas, de gobierno y de salud, a las sociedades de acogida y a la comunidad en general, e invitarles a realizar conciencia de lo que una infancia atraviesa al llegar a México. No solo es ir a la escuela, tener techo y comida, también implica que las infancias sean visibilizadas y tomadas en cuenta como personas humanas y con derechos.
Las infancias necesitan personas que las abracen y les den apoyo para acompañar duelos, sueños, metas y objetivos. Necesitan pares con quien jugar, con quien platicar, con quien reír y con quien crecer. No reconocen distinción alguna, son los adultos quienes imponen esos pensamientos. Ser infancia, ser niño, niña o niñx migrante no debería de ser razón para ser indiferente con ellxs.
* Daniel Sánchez Delfín es profesor Titular del Programa Clases de español de Sin Fronteras.

Amistades, dulces y juguetes que se quedan por ahí

&#8220;Las desigualdades sociales definen las maneras de enfermar y morir&#8220;.
Joan Benach 
Para las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, la conmemoración del Día Mundial de la Salud el 7 de abril y la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la oportunidad para resaltar el arduo camino que día a día enfrentan los distintos grupos con vulnerabilidades sociales, para mejorar sus condiciones de vida y alcanzar un estado mínimo de bienestar de salud. El grado más alto de este bienestar depende de qué tanto los sistemas de salud permiten un verdadero ejercicio para facilitar el acceso sin anteponer condiciones de cualquier tipo. 
Las personas en contexto de movilidad humana: migrantes y sujetas de protección internacional en México, no son ajenas a las distintas desigualdades que hoy en día continúan obstaculizando el acceso a la salud, como si no se tratase de un derecho humano fundamental. Por ello, la intención de este texto es acercarlos a una realidad, desde la perspectiva de la migración, con respecto al contexto actual que enfrentan las personas extranjeras, pues pareciera que antes de llegar al estado más alto de salud, no tendrían que enfermar. 
Desde nuestra experiencia de 29 años como organización de asistencia privada en la Ciudad de México, que acompaña a las personas en contexto de movilidad humana para su integración sociocultural local, somos testigas y testigos que las políticas públicas constantemente condicionan el acceso a la salud, primordialmente al tratarse de personas en situación migratoria irregular. Es aquí donde debemos preguntarnos en qué momento se origina una incongruencia constitucional, cuando dentro del artículo 4 se hace referencia a la protección de la salud de toda persona que se encuentre en territorio nacional, priorizando a los grupos vulnerables. Un ejemplo tan crudo del condicionamiento es, por ejemplo, al momento de transferir las afiliaciones al sistema de salud, incluyendo los programas para personas no derechohabientes, al sí o sí de contar con una clave única del registro de población (CURP), pues los portales electrónicos de registros aún no están diseñados para entender las limitantes de las personas que se encuentran en situaciones de desigualdad. 
El derecho a la salud es uno de los medios para la construcción de sociedades más justas y, bajo esta lógica, en Sin Fronteras guiamos nuestras acciones de intervención para que las personas en contexto de movilidad fortalezcan sus capacidades para el ejercicio de su derecho humano y se reencuentren con sus propias concepciones del estado de bienestar en la Ciudad de México. También se busca la permanente alianza con las jurisdicciones sanitarias locales para realizar un trabajo colaborativo que vislumbre las carencias del acceso y con ello idear caminos que no lo entorpezcan. Por ejemplo, desde el año 2023 hemos tenido avance para acercar lo mayor posible el derecho a la protección de la salud; sin embargo, las estrategias se vuelven temporales debido a los cambios constantes de las acciones de las autoridades migratorias para los procesos de regularización migratoria, sumando a las reglas de operación de los programas de salud públicas. 
Estamos en un año crucial en cuanto a los cambios en las políticas migratorias a nivel mundial, en gran medida por las estrictas políticas migratorias de Estados Unidos con la migración irregular y la suspensión de los procedimientos de solicitudes de asilo. Esto ha provocado que más personas carezcan de oportunidades para lograr un estado de bienestar, incluso no sólo con respecto al derecho a la salud, sino a todo lo que se deriva a través de los derechos económicos, sociales y culturales. La Ciudad de México debe apostar por el fortalecimiento de políticas públicas que consideren dentro de sus marcos normativos un enfoque intercultural para la igualdad de oportunidades, que se materialice en el acceso a las condiciones más dignas para los estados de bienestar. 
* Héctor Miguel Víquez Gómez es licenciado en Promoción de la Salud por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha participado en el Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, impartido por Iniciativa ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C. En el periodo de 2017 a 2019 fue responsable del área de Trabajo Social en Fundación Casa Alianza I.A.P y en Casa Hogar para Madres Solteras A. C. en la Ciudad de México; En el periodo del 2019 al 2021 fue encargado del Centro de Día “La Ceiba” en Sin Fronteras I.A.P, del periodo del 2021 a 2024 responsable del área de Trabajo Social y recientemente colabora como subcoordinador de Acompañamiento Psicosocial en dicha organización.

Acceso a la salud, desafío para las personas migrantes

El autismo, o Trastorno del Espectro Autista (TEA), se refiere a una forma única en la que algunas personas experimentan y perciben el mundo, interactúan y se comunican. Se llama &#8220;espectro&#8221; porque cada persona lo vive de manera distinta: algunas necesitan más apoyo, mientras que otras son más independientes.
En 2007, la Asamblea General de la ONU estableció el 2 de abril como el “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo”, para generar comprensión y fomentar valores como la aceptación, la empatía y el respaldo a las personas autistas y sus familias. Por ello nosotros nos preguntamos: ¿qué pasa cuando una persona con TEA se ve forzada a salir de su país de origen ya sea por persecución, guerra, conflictos sociopolíticos o para conseguir una intervención adecuada para su trastorno? ¿O cuando una madre migrante viaja con su hijx y se da cuenta de que este se está desarrollando de manera diferente? ¿Tiene las posibilidades de acceder a un servicio que le permita diagnosticar a su hijx durante su proceso migratorio? O si ya tiene un diagnóstico, ¿tiene la posibilidad de acceder a una atención adecuada?
La migración y el autismo no son fenómenos aislados; son realidades que atraviesan fronteras y vidas, pero que usualmente pasan desapercibidas. Las familias migrantes con integrantes autistas o personas autistas que transitan solas enfrentan desafíos como barreras para acceder a servicios especializados, diferencias culturales en la percepción del autismo, estigma y negación hacia el diagnóstico, y a esto se le suma el impacto emocional del proceso migratorio, lo que a su vez intensifica las dificultades de integración social, a servicios de  salud, cultura y educación en el país por el que van transitando o en el que están buscando asilo. Ignorar estas realidades es perpetuar un sistema que excluye y silencia. Reconocerlas y visibilizarlas es crucial para construir un futuro consciente e inclusivo.
En Sin Fronteras estas particularidades son plenamente reconocidas y se trabaja desde una atención integral. El equipo psicosocial se encarga de identificar las necesidades individuales de cada persona usuaria y de diseñar planes de intervención únicos que respeten y fortalezcan sus habilidades en conjunto con otras áreas. El objetivo es promover la defensa de los derechos humanos, asegurando que todas las personas tengan conocimiento de sus derechos y acceso a servicios esenciales. Es fundamental tener consciencia, consideración y sensibilización hacia estas realidades, ya que un diagnóstico de autismo en conjunto con el tratamiento, atención y terapias necesarias no pueden esperar ni depender de los tiempos administrativos relacionados con los trámites migratorios o de protección internacional, como lo es una entrevista ante la COMAR o la regularización migratoria ante el INM. No son un trámite de selección ni un trámite burocrático; son problemáticas y vulnerabilidades urgentes que requieren atención inmediata y prioritaria para garantizar un apoyo digno, adecuado y brindado por personal capacitado, ya que esto permite atender las necesidades particulares de cada caso de manera efectiva y de esa forma proteger, respetar, promover y cumplir con los derechos humanos de forma inclusiva y equitativa de las personas que transitan.
Conocer qué es y qué no es el autismo, sin romantizarlo,  es clave para brindar una atención diferenciada que considere las necesidades únicas de cada persona, así como abrir espacios de diálogo para reconocer el autismo y la migración como una realidad es promover la formación de  redes de apoyo comunitario. Esto se puede comenzar a hacer desde espacios seguros en los que se realicen actividades como cine debates, por ejemplo, iniciativa que se está tomando desde Sin Fronteras no sólo para el TEA, sino para hablar y no olvidar la diversidad que atraviesa la salud mental y la migración.
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Referencias:
Augereau, N., &amp; Tordjmann, S. (2017). Estudio del papel de la migración como factor de vulnerabilidad en los trastornos autistas. Contraste, 46(2), 163-188.
Cruz, M. (2024). DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD EN LAS HISTORIAS DE VIDA DE FAMILIAS MIGRANTES CON HIJOS E HIJAS CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTА [Tesis de doctorado]. Universidad de Alcalá.
Esteban, C. L., &amp; Gonçalves, A. P. (2021). Autismo y migración: inclusión por educación por la diversidad. En Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género III: migraciones y derechos humanos (pp. 879-889). Ediciones Universidad de Salamanca.

Las personas autistas también migran

Los cambios sociopolíticos a lo largo de la historia de México han moldeado el marco normativo de la nacionalidad mexicana, incluyendo los lineamientos acerca de la adquisición de la nacionalidad por medio de la naturalización. A pesar de que con el tiempo la concepción de quien es visto como un nacional mexicano se ha actualizado y transformado, la resistencia administrativa al cambio, así como la segmentación institucional persistente en la burocracia mexicana, siguen haciendo del proceso de naturalización una carrera de obstáculos. Entre los impedimentos para acceder a la nacionalidad mexicana se encuentra la falta de coordinación entre dependencias, la falta de reconocimiento de las necesidades de personas apátridas y con protección internacional, el trato diferenciado preferencial a ciertos grupos, y el costo del trámite.
La necesidad de forjar y difundir el nacionalismo mexicano después de la independencia contribuyó al desarrollo prolífico de normas que establecían los criterios para determinar quiénes serían reconocidos como mexicanos —criterios que aún tienen relevancia dentro de nuestros marcos legales. La Constitución de Apatzingán de 1814, por ejemplo, se basaba en el concepto de ius solis para restringir la nacionalidad a los nacidos en territorio mexicano (González Martín, 1999, pp. 19-20). Más tarde, el Plan de Iguala de 1821 expandió el acceso a la ciudadanía al incorporar el concepto de ius domicili y reconocer a personas residiendo en México como nacionales, independientemente de donde hayan nacido o su parentesco (González Martín, 1999, p. 20). Ya en 1828 se adoptó el ius sanguinis a este sistema para reconocer a los hijos de mexicanos que nacieron en el extranjero como si hubiesen nacido en territorio nacional (González Martín, 1999, pp. 21-22).
La transformación temprana de los criterios para reconocer a nacionales mexicanos estuvo acompañada por la creación de normas jurídicas referentes al proceso de naturalización. Aunque el primer Congreso Constituyente le autorizó al Ejecutivo el poder de expedir cartas de naturalización en 1823, fue en 1828 que la legislación estableció al proceso de naturalización como un “procedimiento judicial y administrativo” (González Martín, 1999, p. 21). Dentro de este esquema, la ley exigía residencia en territorio mexicano por al menos dos años continuos para poder naturalizarse, ilustrando como la influencia del ius solis en criterios de nacionalidad también permeaba al proceso de naturalización (González Martín, 1999, p. 21). En 1857 el Congreso Constituyente aprobó una reforma constitucional que proveía la posibilidad de considerar como mexicanos a extranjeros con hijos mexicanos, recalcando así la influencia del derecho de sangre en la naturalización mexicana (González Martín, 1999, p. 29).
Los cambios normativos de 1828 y 1858 que consagraron el ius domicili e ius sanguinis, respectivamente, en el proceso de naturalización, demuestran que el proceso de naturalización ha respondido a cambios más amplios respecto a la nacionalidad mexicana. Sin embargo, el desajuste entre concepciones actuales de la nacionalidad mexicana y el proceso de naturalización ha convertido a la naturalización en un proceso estancado en el tiempo. Este desempate ha creado un sistema deficiente con requisitos rígidos, procesos poco claros y un costo prohibitivo que contradice la supuesta protección a poblaciones vulnerables.
El trámite de naturalización en México presenta múltiples inconsistencias derivadas de la falta de coordinación entre las dependencias involucradas, como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Esta falta de coordinación genera confusión y retrasos en el proceso. Un ejemplo de ello es el manejo de las entradas y salidas del país. En muchos casos, el INM emite una opinión negativa dentro del trámite de naturalización, lo que lleva a la SRE a emitir un requerimiento para que la persona solicitante presente su flujo migratorio. Sin embargo, este documento también es emitido por el INM, lo que crea un círculo burocrático en el que la misma autoridad que necesita la información es la encargada de generarla, retrasando aún más el proceso.
A esto se suma una falta de reconocimiento hacia las personas con protección internacional y apátridas dentro del trámite de naturalización. Esto se evidencia en la ausencia de una modalidad específica en la solicitud de naturalización (DNN3) para personas refugiadas, lo que vuelve el proceso excluyente. La modalidad determina los plazos para solicitar la naturalización y considera ciertas vulnerabilidades, por lo que su omisión deja en desventaja a quienes necesitan estos ajustes.
También existe un trato diferenciado hacia ciertos grupos. En el caso de las personas haitianas, no se les considera parte de Latinoamérica para efectos de naturalización, lo que resulta alarmante. Esta exclusión deja a una gran cantidad de migrantes haitianos, ya de por sí en situación de vulnerabilidad, fuera de los beneficios que sí reciben otros migrantes de la región. Además, impone un obstáculo temporal que retrasa su acceso a una protección más amplia por parte del Estado mexicano, que va más allá del refugio y se materializa en la naturalización.
Finalmente, el costo del trámite es una contradicción en sí mismo. A pesar de que el Estado reconoce la vulnerabilidad de las personas refugiadas, les cobra la misma tarifa de naturalización que a cualquier otro solicitante. En un país donde el salario mínimo diario es de aproximadamente 250 pesos, pagar más de 9,000 pesos por la naturalización es simplemente inaccesible para muchas personas.
Estos obstáculos demuestran que urge una reforma integral que simplifique el proceso, elimine la discriminación institucional y reduzca las barreras económicas. Algunas soluciones clave incluyen la creación de un mecanismo claro para personas apátridas, ajustes en el costo del trámite según la situación del solicitante y una mayor coordinación entre dependencias para agilizar los procesos. También es fundamental transparentar los criterios de evaluación y ampliar la capacidad operativa de la SRE para reducir tiempos de espera. El acceso a la nacionalidad no debería ser un privilegio reservado para quienes pueden sortear un sistema desactualizado y lleno de trabas; es un derecho fundamental que se tiene que garantizar sin distinciones arbitrarias ni barreras innecesarias.
* Roberto Rosales Ruiz es encargado del área de Naturalización de Sin Fronteras. Jose Alfredo Chiquito Sandoval es voluntario del área de naturalización de Sin Fronteras.
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Referencias: 
González Martín, N. (1999). Evolución histórica de la nacionalidad mexicana En (Ed. 1), Régimen Jurídico de Nacionalidad en México (pp. 19-49). Universidad Nacional Autónoma de México.

Nacionalidad mexicana: el premio al otro lado del laberinto

A pesar de que el derecho universal a la migración establece que toda persona tiene el derecho fundamental de desplazarse, salir de su país y retornar a él cuando lo desee, en la práctica esta garantía, que en teoría simboliza la autodeterminación, enfrenta a una realidad marcada por profundas desigualdades. Para muchas personas migrantes, en especial aquellas provenientes de América Central con destino a México, este derecho se convierte en una promesa inalcanzable, restringida por múltiples obstáculos.
Uno de los principales obstáculos es el fenómeno de la inmovilidad forzada. Este fenómeno describe la situación de quienes, pese a la necesidad de migrar, se ven imposibilitados de elegir su destino final debido a restricciones legales, políticas, económicas y sociales. En México, esta condición se manifiesta a través de la ausencia de vías legales para regularización, la precariedad económica y las detenciones arbitrarias, generando una división entre quienes pueden ejercer este derecho y quienes quedan atrapados en un limbo migratorio. A su vez, el Estado impone un control riguroso sobre la movilidad de los migrantes, sometiéndolos al estigma del &#8220;falso turista&#8221;, lo que obstaculiza su permanencia regular. Históricamente considerado un país de tránsito, México ha evolucionado hacia un espacio de &#8220;permanencia forzada&#8221;, donde las personas migrantes quedan inmovilizadas sin alternativas claras ni condiciones de vida dignas para su estancia.
Este problema ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a los cambios en las políticas migratorias internacionales. De hecho, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el subsiguiente endurecimiento de las políticas migratorias en 2025 han transformado la posición de México en la región. México ha dejado de ser un simple país de tránsito, un corredor migratorio, para convertirse en un muro de contención. El reforzamiento de la seguridad en la frontera norte, sumado al aumento de controles en la frontera sur, ha restringido drásticamente las posibilidades de las personas migrantes. Muchas de ellas, con la esperanza de reunirse con sus familias en Estados Unidos, quedan varadas en territorio mexicano sin redes de apoyo ni acceso a servicios esenciales. La detención migratoria se ha convertido en una práctica sistemática, mientras que la falta de información y asistencia legal reduce las opciones de obtener protección internacional, agravando su situación. En consecuencia, la inmovilidad forzada dentro del propio México se convierte en una nueva realidad, donde los mecanismos de regularización son escasos y muy costosos, dificultando la posibilidad de establecerse legalmente en el país.
Otro factor emergente que agrava la inmovilidad forzada es el cambio climático, el cual ha intensificado el desplazamiento por razones ambientales y exacerbado problemas estructurales como la falta de oportunidades económicas y la inseguridad. No obstante, el derecho internacional aún no reconoce a los desplazados climáticos como refugiados, lo que los deja en un vacío legal sin protecciones ni mecanismos claros de regularización en México. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en una situación de inmovilidad forzada, sin posibilidad de avanzar ni de regresar a sus lugares de origen, condenadas a una existencia precaria e incierta.
<h2>El papel de las organizaciones: una respuesta ante la falta de políticas inclusivas</h2>
Ante la falta de políticas inclusivas, diversas organizaciones han debido adaptar sus estrategias para asistir a quienes quedan varados en México sin opciones de regularización ni redes de apoyo. Muchas personas no encajan en las categorías migratorias tradicionales, lo que genera incertidumbre sobre su futuro. Organizaciones como Sin Fronteras no solo se dedican a la defensa de los derechos humanos ante las instituciones, sino que también trabajan en la reconstrucción de proyectos de vida para las personas migrantes en México. Esto implica proporcionar asesoramiento legal, apoyo psicosocial para mitigar los efectos emocionales de la incertidumbre y fomentar la inclusión económica. Además, documenta las condiciones de detención de los migrantes y lleva a cabo litigios estratégicos para la protección de sus derechos.
Frente a este panorama, la falta de acción gubernamental y el escaso reconocimiento oficial de estas poblaciones limitan el alcance de las iniciativas de apoyo. El derecho a migrar no puede seguir siendo una declaración abstracta, sino que debe materializarse en una realidad con garantías efectivas para todas las personas. La inmovilidad forzada, resultado de políticas restrictivas, barreras económicas y los efectos del cambio climático, constituye una grave vulneración de los derechos humanos. En un contexto donde México se consolida como un espacio de contención migratoria, resulta urgente una reforma que garantice protección e inclusión. Sin Fronteras sigue luchando por una visión del mundo en la que las fronteras no sean obstáculos para la dignidad humana, sino espacios de encuentro y acogida, donde todas las personas migrantes y refugiadas puedan elegir libremente su futuro.
* <a href="http://linkedin.com/in/marie-l-8948591b6" target="_blank" rel="noopener">Marie Léveillé</a> es integrante de la Clínica Jurídica de Documentación Migratoria e Identidad en Sin Fronteras IAP.

La ilusión de la libertad: la paradoja del derecho a migrar

La migración es un fenómeno en constante evolución y los perfiles de las personas que cruzan fronteras en búsqueda de protección internacional reflejan esta dinámica. Aunque en el imaginario colectivo generalmente se podría pensar que la persona que sale de su país es un hombre adulto joven que viaja solo, lo cierto es que las mujeres representan un 50 % de los flujos migratorios en México. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Según datos de ACNUR, en el año 2023 más de la mitad de las mujeres con necesidades de protección internacional en México mencionó la violencia –entre ellas, la violencia en el ámbito familiar– y amenazas directas como las principales causas de huida del país de origen. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Desafortunadamente, la violencia de género no conoce fronteras; no cesa en automático una vez que las mujeres salen huyendo de sus países, sino que las persigue en su tránsito, incluso en el país destino.
Durante su paso y estadía en territorio mexicano, las mujeres con necesidades de protección internacional suelen ser víctimas de diversos tipos de violencia, como psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Quienes ejercen estas violencias con frecuencia son parte de su propio círculo familiar, autoridades, empleadores, arrendatarios y población en general.
Resulta de especial interés nombrar la existencia la violencia institucional <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> cometida por personas servidoras públicas de cualquier orden de gobierno que tienden, entre otras, a obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Debido a la naturaleza de sus competencias y su contacto directo con población en movilidad, las autoridades señaladas con mayor frecuencia en este rubro son el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guardia Nacional y agentes policiacos.
A este panorama se suma no solo el recrudecimiento de políticas migratorias, sino también los altos índices de inseguridad. En consecuencia, las mujeres en movilidad se enfrentan, por ejemplo, a la detención migratoria como práctica generalizada y la posibilidad de un evento de devolución a país de origen, situación que pondría en riesgo extremo su seguridad, libertad y vida misma; y, por otro lado, a un peligro alto de ser víctimas o testigos de delitos como robo, secuestro, trata de personas, delitos sexuales, etcétera.
Son estos y múltiples factores más los que exponen la urgencia de abordar la movilidad humana desde un enfoque de género e interseccional para comprender los motivos de huida de país de origen, así como de atender las necesidades específicas de la población migrante y sujeta de protección internacional en México.
Resulta crucial escuchar activamente las historias de vida de las mujeres que migran, comprender sus contextos y así caminar hacia el reconocimiento, nombramiento y visibilización de las distintas violencias, de lo contrario, se les revictimiza y se refuerza la violencia simbólica en su contra.
Para hacer frente a la violencia de género que traspasa fronteras, los países de origen, tránsito y destino deben comprometerse a brindar, a través de sus diversas instituciones, un acompañamiento que permita, en primer lugar, su empoderamiento, su autorreconocimiento como mujeres resilientes y sobrevivientes de dichas violencias; en segundo, una atención multidisciplinaria realmente especializada y, en tercero, la búsqueda de reparación integral y garantías de no repetición.
*Ariadna es Licenciada en Derecho y Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como <a href="https://www.linkedin.com/in/ariadna-cano-cuevas-759643281/" target="_blank" rel="noopener">abogada encargada del Área de Asilo en Sin Fronteras IAP</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Organización Internacional para las Migraciones, Estadísticas Migratorias para México. Boletín Anual 2023, p. 2, disponible <a href="https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2024-03/estadisticas-migratorias-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, México, Reporte de Monitoreo de Protección en México 2023 “El Impacto del Desplazamiento forzado en la movilidad humana”, p. 4, disponible <a href="https://www.acnur.org/mx/media/reporte-de-monitoreo-de-proteccion-en-mexico-2023-el-impacto-del-desplazamiento-forzado-en-la" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Según el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

La violencia de género no conoce fronteras

Este 01 de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación, para reconocer y celebrar los avances a nivel nacional e internacional del compromiso con el Artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” Aunque México ha logrado un gran avance en este ámbito, especialmente desde la adopción de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 2003, el trato diferenciado hacia personas migrantes y refugiadas que residen en México se sigue reproduciendo a nivel nacional y limita los esfuerzos hacia la cero discriminación.
La <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Discriminación</a> (ENADIS), levantada en el 2022, demuestra que “México es un país en el que el lugar de origen es un motivo importante de discriminación” (CONAPRED, 2023, p.94). De acuerdo con los resultados, el 33.2 % no rentaría una habitación de su vivienda a una persona migrante o refugiada, reflejando el alto grado de exclusión social y discriminación hacia personas migrantes (CONAPRED, 2023). Otro resultado preocupante es que alrededor del 25.6 % de la población no apoyaría que su hija o hijo se casara con una persona migrante o refugiada, demostrando que la discriminación se extiende a relaciones interpersonales y se reproduce en vínculos familiares (CONAPRED, 2023). Además, en el ámbito laboral, el 22 % de la población se mostró en contra de contratar a una persona migrante o refugiada (CONAPRED, 2023). Estas cifras indican que la discriminación es un parteaguas en la brecha social que existe en México ya que afecta directamente la vida de las personas migrantes.
El trato diferenciado hacia personas migrantes no solo influye en sus emociones al momento del rechazo, sino que también niega el acceso a derechos, como la salud, la educación, el empleo e inclusión financiera. Esta negación de derechos surge por el desconocimiento sobre las diversas condiciones migratorias reconocidas y otorgadas por instituciones mexicanas.
A menudo este desconocimiento resulta en el rechazo de documentos migratorios válidos y legítimos expedidos por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la residencia temporal, permanente, el documento de identidad y viaje, la carta de naturalización, entre otros.
A esto se le suma la existencia del bajo grado de empatía por parte de la sociedad mexicana. Por esta razón las personas migrantes comienzan a buscar soluciones eficientes que contrarresten la falta de oportunidades y que les permitan ejercer plenamente el uso de sus derechos humanos y civiles.
El acceso a documentos mexicanos como el INE y el pasaporte podría manifestarse como la disminución de esta discriminación, por lo que una de las soluciones es la búsqueda de la nacionalidad mexicana a través de la naturalización, como respuesta al rechazo y negación de derechos. Sin embargo, la discriminación hacia las personas naturalizadas sigue articulándose con base en rasgos físicos como el color de piel y la pronunciación del español.
Desde el área de naturalización de Sin Fronteras acompañamos a personas usuarias, a quienes tanto funcionarios públicos como la sociedad en general les han hecho cuestionamientos infundados sobre la veracidad y comprobación de sus documentos como el INE.
Esta desconfianza hacia personas naturalizadas refleja que la discriminación va más allá del estatus legal de una persona: la identidad nacional y, como consecuencia, la concepción de “ciudadanía mexicana,” se construye desde visiones racistas, aporofóbicos y capacitistas que se reiteran a través de varios marcadores sociales impuestos sobre los cuerpos y comportamientos de las naturalizadas. En otras palabras, la reproducción de narrativas sobre lo que nos hace mexicanos contribuye a que, aunque el Estado considere a personas naturalizadas como ciudadanas, en la práctica continúen siendo vistas como foráneas, no pertenecientes a nuestro entorno.
El camino hacia la cero discriminación exige que reconozcamos la calidad pluricultural de nuestro país y honremos los derechos de todas las personas. La discriminación hacia las personas naturalizadas se suma a la lista de razones por las cuales debemos combatir los prejuicios que empujan a nuestra sociedad a descuidar el respeto y tolerancia. Como participantes en la construcción social de nuestro entorno, todas tenemos la responsabilidad de denunciar los tratos diferenciados en el acceso de derechos con el objetivo de erradicar la discriminación.
* Fernanda Lara consultora legal de Sin Fronteras. José Alfredo Chiquito Sandoval es voluntario del área de naturalización de Sin Fronteras.
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Referencias:
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2023). <a href="https://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/05/ENADIS_2022_prontuario_de_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022: Prontuario de Resultados</a>.

Personas migrantes naturalizadas: la lucha por el reconocimiento de derechos en México

En el transcurso de estas líneas se privilegiará una redacción coloquial, que nos permita acompañar estas historias de resistencia omitiendo abordar aspectos técnico-jurídicos o procesales. A veces, para explicar cosas complejas es preferible privilegiar el uso de un lenguaje común, como lo es el futbolístico. De Galeano aprendimos que podemos hablar de tragedias y de esperanza, usando figuras retóricas de la cancha, de fútbol y epopeyas modernas.
Probablemente, si usted ha tenido la experiencia de realizar un trámite o intervenir en un procedimiento administrativo o judicial, bien sabrá que para las autoridades es un deporte nacional establecer requisitos no previstos legalmente o resolver en perjuicio de los justiciables. Honradas excepciones se han alejado de ese fervor al perjuicio colectivo, desafortunadamente, son la minoría.
Particularmente, hablemos de una dinámica violatoria de derechos humanos: los acuerdos de terminación de Procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado (PRCR) emitidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Con esta jugada, la COMAR generalmente da por terminado el PRCR. Como si fuera un juego de fútbol, la COMAR sabe que muchos de estos acuerdos no serán revisados por órganos revisores; en otras palabras, por flagrante que sea la infracción, no habrá VAR, por lo que la COMAR asume el riesgo de cometer esta falta, sabiendo que en su mayoría estos casos quedarán impunes. Las consecuencias más destacadas de este tipo de resolución consisten en hacer inaccesible el derecho al acceso y búsqueda de asilo de los solicitantes, exponiendo ante el riesgo de detención migratoria y de deportación.
Así como cuando evaluamos las faltas como espectador, en las que juzgamos el dolo o imprudencia, bien podemos decir que la COMAR, al reanudar la obligación de acudir a firmar de los solicitantes de PRCR mediante redes sociales, con publicación de 27 de febrero de 2024 que entró en vigor el 01 de marzo de 2024, lo hizo con dolo o imprudencia porque esa forma de comunicación no es una de las previstas legalmente para comunicar una obligación procesal. Por estos medios, difícilmente los destinatarios del mensaje se enterarán de su contenido por distintas barreras a las que se enfrentan: muchas veces no hablan español, no cuentan con internet o celular para consultar las redes sociales o página oficial de la COMAR. Así como cuando se reprueba el juego sucio y se aborrece al rival que gana partidos, por medio de faltas flagrantes no sancionadas, bien deberíamos reprobar estas conductas que cometen nuestras autoridades.
Sobre el caso en concreto podemos mencionar que el 22 de agosto de 2024, la Oficina Representativa de la COMAR en la Ciudad de México (COMAR CDMX) emitió diversos acuerdos de terminación de PRCR en detrimento de muchas personas solicitantes, debido a que no dieron cumplimiento a la obligación de reanudación de firma publicada en redes sociales el 01 de marzo de 2024. Y que a juicio de la COMAR CDMX, los solicitantes no expusieron causas justificadas para acudir a firmar.
Muchas personas acudieron a las Oficinas de Sin Fronteras a solicitar apoyo para impugnar los acuerdos de COMAR CDMX que se emitieron en su contra. No obstante, al realizar la atención correspondiente, se explicó a las personas las alternativas legales para controvertir su caso y, al no existir la garantía de tener un resultado exitoso, muchas personas decidieron no interponer dicho recurso y dar por concluido su deseo de permanecer en México, tomaron la decisión de abandonar el país, emprendiendo viaje rumbo a EUA. Otras decidieron regresar a su país, con los riesgos que ello implica. Pocas personas decidieron resistir, esperar y ser representadas por el área de Defensoría de Sin Fronteras, para impugnar sus acuerdos de terminación mediante demandas de Amparo Indirecto.
Como espectador, uno se maravilla ante historias de lucha y resistencia, como aquellos partidos en donde el equipo chico vence al equipo grande. Claro, a todos nos encanta la justicia poética, porque hay belleza en las historias que rompen la lógica y cualquier probabilidad estadística. Y cómo no valorarlas cuando provienen de historias reales, cuando muchos de nosotros cuidamos el resultado, jugando al empatito a cero, cuando tenemos malos días.
Personas valientes que decidieron jugar este partido y defender hasta el final su derecho a solicitar asilo en México, contra la COMAR, nos invitan a maravillarnos de su historia. Una pareja rusa (conformada por mujer y hombre) una mujer afgana, y un hombre haitiano resistieron y decidieron hacer frente contra esta dinámica de COMAR, interponiendo Juicio de Amparo Indirecto para combatir los acuerdos de terminación de PRCR dictados en su contra. Estas epopeyas modernas pueden inspirar aún más cuando consideramos que los protagonistas de esta historia abandonaron su país por la existencia de conflictos armados, contextos generalizados de violencia y crisis de derechos humanos en sus países de origen. Curtidos por la adversidad, acostumbrados a la injusticia y escenarios adversos, como si fueran juegos de preparación, para un partido decisivo, estos retos les han dado la experiencia necesaria para no dar marcha atrás, aunque la balanza de las circunstancias de la vida les invite a titubear.
Contra todo pronóstico, y muchos factores en contra, en dos Amparos obtuvieron sentencia favorable. Consistentes en los Amparos Indirectos, 1507/2024 y 1508/2024, de la pareja rusa y la mujer afgana, respectivamente, radicados ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para efecto de que la COMAR CDMX revoque los acuerdos de terminación de PRCR dictados en su contra y emitiera diversos para reanudar sus PRCR. Con esta decisión, se logró empatar y estirar a tiempo extra los procedimientos contra la COMAR. Seguiremos acompañando a pareja rusa y mujer afgana, hasta el final en su lucha por su reconocimiento de la condición de refugiado en México.
Por ello es digno de reconocer el trabajo y participación de los jueces federales en los Juicios de Amparo. Los juicios, como los juegos de futbol, requieren de un árbitro justo, en el primero para que los derechos humanos no se vean afectados, en el segundo para que la pelota no se vea manchada.
Los razonamientos inmersos en las sentencias bien pueden servir de referencia en casos futuros en los que se combatan acuerdos de terminación de PRCR. Esperemos que muchos juzgadores federales, al revisar casos similares, tengan temple de árbitro al que no le tiembla la mano en sancionar una falta analizada en el VAR contra equipos locales en partidos difíciles.
En cuanto al hombre haitiano, continua en resistencia. Su amparo registrado con el número 1408/2024, radicado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, actualmente se encuentra en espera de dictado de sentencia. Ojalá tenga un resultado favorable y continuemos maravillando con estas historias de lucha y la resistencia, en las que las asimetrías de poder no deciden el resultado. Porque tanto en el fútbol como en la vida necesitamos que todos podamos obtener resultados con justicia y siempre será motivo para maravillarnos las victorias de aquellos que, contra todo pronóstico, sacan el resultado.
* Luis Felipe Calva Arriola es defensor de Derechos Humanos, abogado encargado del área de Defensoría en Sin Fronteras IAP.

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