El Grupo de Información en Reproducción Elegida es una organización que promueve el debate informado sobre derechos reproductivos con la convicción de que existe una relación entre autonomía reproductiva, derechos humanos y democracia. La interrupción del embarazo, la mortalidad materna y la reproducción asistida y otros temas relacionados con la reproducción, ponen de manifiesto los estigmas y las creencias de la sociedad alrededor de la maternidad y del lugar de la mujer en la sociedad. La información científica, el ejercicio de los derechos y el debate sin tapujos, aseguran leyes y políticas públicas equitativas y garantes de los derechos. Esa es la labor de GIRE.

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La estigmatización del cabello rizado tiene profundas raíces históricas y está ligada a factores culturales, sociales y políticos. A lo largo del tiempo, el cabello rizado ha sido considerado como algo “diferente” en comparación con los estándares de belleza predominantes en muchas sociedades, que suelen favorecer los cabellos lisos y las características físicas asociadas con personas blancas.
Según la <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022</a> del INEGI, la población afrodescendiente declaró que la forma de su cabello y peinado es la segunda causa de discriminación; esto no quiere decir que todas las personas afrodescendientes sean de cabello rizado, sin embargo, forma parte de los estereotipos que se han construido a su alrededor.
Todes crecimos bajo narrativas dominantes que permean cada rincón de nuestra vida y dictan la manera en que actuamos en la sociedad, están tan interiorizadas que nos es difícil cuestionarlas. Estas narrativas asumen, entre muchas otras cosas, que existen jerarquías corporales, es decir, que hay formas correctas o mejores de tener el cabello, el cuerpo, las facciones del rostro y la lista sigue…
Por ello, a muchas personas podrá parecerles inofensivo escuchar o hacer comentarios donde se señale a las personas de cabello rizado como envidiosas, mentirosas, o donde su pelo sea descrito como exiguo, sucio, salvaje o poco saludable. Sin embargo, detrás de esos señalamientos de carácter inocente hay una historia de cientos de años de racismo, clasismo y sexismo.
Por ejemplo, vayamos a 1785 cuando se implementó una ley en Luisiana que obligaba a ocultar el cabello de las mujeres afro con turbantes en color blanco o gris, ya que resultaba molesto a los ojos de las demás personas. En aquel contexto había un entendimiento de quiénes eran las mujeres que portaban esos pañuelos: esclavas, campesinas, empleadas domésticas. Otra medida fue la creación de los desrizadores, que llegaron a finales del siglo XIX a Estados Unidos; eran sumamente cáusticos, por lo que su uso causaba quemaduras y posteriormente la pérdida del cabello.
Estos son solo un par de momentos que han perpetuado los estándares de belleza hegemónicos, así como las políticas discriminatorias sobre el cabello rizado. Claro que frente a toda esa represión hubo resistencia, apropiación y actualmente todo un movimiento de reivindicación e identidad del cabello rizado; sin embargo, aún hay mucho estigma y personas que buscan encajar en los cánones de belleza occidentales, en ocasiones, como la única vía para conseguir un mejor trabajo o simplemente un trato digno, sin importar el costo, el daño físico y las repercusiones psicológicas.
En el libro No me toques el pelo, Emma Dabiri señala que en los países latinoamericanos y caribeños existen formas muy detalladas de clasificar a las personas por motivos de raza, habiendo más prejuicios y discriminación. Ejemplifica con la República Dominicana, donde se hablaba de categorías entre las personas racializadas: las personas podían estar en lo más bajo de la lista no por el color de la piel sino por la textura capilar africana.
Aunque ahora en distintas partes del mundo existan leyes, muy recientes, que prohíben la discriminación por la textura o el estilo del cabello, durante siglos se les dijo a las personas de cabello rizado que no tenían una apariencia digna de respeto. Por ello, hoy debería ser inaceptable permitir que comentarios dirigidos a reforzar un estereotipo contra el que se ha luchado insistentemente lleguen al debate público. Hay una responsabilidad social y política en ello.
Con los años de lucha frente al racismo, el clasismo, el cumplimiento del mandato de género y los cánones de belleza, no sólo es necesario reivindicar la idea de que tenemos que dejar de juzgar a las personas por su apariencia física, sino cuestionar las agendas políticas y las posibles vías de cambios socioculturales, sobre todo en un contexto como el actual.
Si te interesa conocer más sobre el tema, puedes seguir a <a href="https://www.instagram.com/afrochingonas/" target="_blank" rel="noopener">@afrochingonas</a> <a href="https://www.instagram.com/afrocolectiva/" target="_blank" rel="noopener">@afrocolectiva</a> <a href="https://www.instagram.com/afronteracolectiva/" target="_blank" rel="noopener">@agronteracolectiva</a>.
* Karen Villalobos (<a href="https://twitter.com/Karenvillalobs" target="_blank" rel="noopener">@Karenvillalobs</a>) es asistente de Comunicación e Investigación en <a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>.

Hablemos del cabello y de racismo estructural

Para GIRE 2023 fue un año extraordinario. Impulsamos diversos procesos a favor de la justicia reproductiva y logramos avances muy significativos como la despenalización del aborto en Aguascalientes y también a nivel federal. La lucha por la justicia reproductiva es cada vez más cercana a todas, todes y todos. Esto nos hace muy felices y fortalece nuestro compromiso con quienes nos honran con su confianza y apoyo.
<h2>La rompimos en la Corte</h2>
Creamos una estrategia nacional para eliminar el delito de aborto en los códigos penales y favorecer el acceso a servicios de salud reproductiva sin discriminación. Además de las resoluciones que declararon la inconstitucionalidad de la regulación del aborto en Aguascalientes y a nivel federal, logramos una sentencia en la que se ordenó a la Secretaría de Salud de Coahuila abastecer a los hospitales públicos de medicamentos, garantizar el seguimiento a los Lineamientos Técnicos para la Atención al Aborto Seguro y detener toda práctica estigmatizante. Por otra parte, a partir de un caso que acompañamos junto al Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, un juez federal ordenó al Sistema Nacional de Salud dejar de considerar la asexualidad como una enfermedad psiquiátrica; con esta decisión, las autoridades deberán adecuar los protocolos y normas para no discriminar a las personas asexuales en el acceso a la salud.
<h2>Movilizamos las instituciones</h2>
Acompañamos 218 casos en 29 estados del país. Obtuvimos recomendaciones y dictámenes por parte de las instituciones garantes de los derechos humanos e incidimos para que las instituciones públicas de salud brinden servicios en el marco de las resoluciones de la Corte. Por ejemplo, en cumplimiento al amparo que ganamos junto a CAFIS y ODESYR, siete hospitales públicos de Puebla, tanto de los servicios de salud locales como del IMSS, ISSSTE e ISSSTEP, anunciaron las unidades médicas que brindarán servicios de aborto a quienes sean acompañadas o asistidas por alguna de estas organizaciones. Por otra parte, el IMSS y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ofrecieron disculpas públicas por las violaciones a derechos humanos cometidas en el ámbito de la atención de la salud reproductiva.
<h2>Sacudimos Congresos</h2>
Trabajamos intensamente para incidir en la creación de leyes y políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos reproductivos. En cumplimiento de la sentencia de la Corte y en conjunto con Cultivando Género, Morras Help Morras, TERFU A.C. y CECADEC logramos que el Congreso de Aguascalientes aprobara una reforma para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Y a partir de un caso que acompañamos desde GIRE, el Congreso de Chiapas eliminó del Código Penal el plazo de 90 días para acceder al aborto por violación.
<h2> Lo contamos en los medios</h2>
Incidimos en el cambio de narrativas de los medios de comunicación en torno a la justicia reproductiva, en particular el aborto, abonando a que medios tan importantes como The Guardian, BBC News, El País, The Washington Post, Global News y The New York Times aborden el tema sin estigmas. Nuestra estrategia de comunicación a favor de la despenalización social del aborto fue notoria. En el marco de las decisiones de la Corte, el derecho a decidir regresó a las primeras planas de medios nacionales e internacionales; el tema ocupó la agenda por varias semanas y el aborto se visibilizó en televisión, radio y medios tanto digitales como tradicionales. Las voceras y comunicaciones de GIRE marcaron la narrativa predominante durante esos días.
<h2> Lo viralizamos en las redes</h2>
Las victorias en el ámbito judicial nos llevaron a más y diversas audiencias. Nuestros contenidos se hicieron virales y fueron el referente en el marco de la discusión. Posicionamos temas de aborto, salud reproductiva y cuidados a través de materiales en tendencia y nuevas narrativas. Nuestros mensajes trascendieron en efecto cadena, las audiencias se encargaron de expandirlos hasta volverlos virales, alcanzando a más de dos mil millones de personas. En el marco de las sentencias sobre aborto en Aguascalientes y a nivel federal, nuestra comunidad de seguidores y simpatizantes se duplicó. Convertimos en tendencia nacional la palabra aborto, visibilizando la importancia de estos logros en la lucha por el aborto legal en todas las entidades del país.
<h2>Nos abrazamos en la lucha</h2>
Impulsamos procesos de colaboración y alianzas con organizaciones locales, nacionales e internacionales para lograr un cambio sistémico en la atención de la salud reproductiva. Creamos espacios de diálogo e intercambio con organizaciones para robustecer el movimiento por la justicia reproductiva. Exigimos a las autoridades de salud la atención del aborto seguro y libre de discriminación a través del Movimiento por el Acceso al Aborto, integrado por 19 organizaciones y colectivas de los estados despenalizados. También nos reunimos con 105 activistas de 28 entidades federativas en el Encuentro Nacional por el Aborto Legal y Seguro al que convocamos con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y Católicas por el Derecho a Decidir-México.
<h2>Lo gritamos en las calles</h2>
Nos movilizamos en el espacio público para exigir acceso al aborto como un servicio de salud esencial. Brindamos información clara y accesible para comunidades indígenas, personas con discapacidad y migrantes, y con ello contribuimos a que la lucha por la justicia reproductiva sea más cercana y cotidiana para todas las personas. Obtuvimos el certificado tipo AA al seguir los criterios de accesibilidad en nuestra página web. Como parte de este proceso implementamos una serie de cambios técnicos, de diseño y estilo importantes para que nuestros recursos digitales cumplan con los estándares más altos de accesibilidad. Hoy nuestra web es más accesible, clara, incluyente y no sexista.
<h2> Nos fortalecimos</h2>
Afinamos la apuesta estratégica institucional desde una visión que priorice el cambio sistémico y beneficie a las personas a quienes dirigimos nuestras intervenciones. Logramos mayor fortaleza para la operación interna a través de una revisión constante de nuestras condiciones laborales a fin de que sean adecuadas y contemos con un espacio de trabajo seguro y agradable.
En el marco del aniversario 32 de nuestra organización, y con la satisfacción por las victorias alcanzadas, agradecemos a las personas que nos han permitido acompañarles en su búsqueda de justicia, y a quienes con su guía dan perspectiva a nuestro trabajo.
Lo anterior lo logramos gracias al compromiso, entusiasmo y profesionalismo que diariamente llevan a cabo todas las personas que integran el equipo de GIRE y que desde hace cuatro años he tenido la enorme fortuna de encabezar. Ello hace posible que la lucha sostenida durante más de tres décadas se materialice hoy en acceso a los derechos reproductivos de más mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar.
Les invitamos a consultar nuestro informe anual 2023 <a href="https://informe2023.gire.org.mx/">aquí</a>. ¡Gracias por seguir nuestro trabajo!
* Rebeca Ramos Duarte (<a href="https://twitter.com/rebecabouquets" target="_blank" rel="noopener">@rebecabouquets</a>) es directora de GIRE (<a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@gire_mx</a>).

La rompimos en grande

Marzo inició con noticias desde el otro lado del Atlántico. El 4 de marzo, el Parlamento francés aprobó una reforma constitucional que reconoce el aborto como una libertad garantizada de las mujeres. Nos parece valioso compartir los aspectos que la hacen histórica y explicar cómo abre la discusión sobre los modelos de protección constitucional del aborto y su relación con la implementación de los servicios.
En Francia, el aborto voluntario y consentido es legal hasta la semana 14 de gestación. Desde su despenalización en 1975, activistas y organizaciones de la sociedad civil han fortalecido su marco legal y lograron su reconocimiento como un servicio esencial de salud, cubierto por los programas de seguridad social y que pudiera ser asistido vía teleconsulta durante la pandemia por COVID-19.
A pesar del marco favorable, el movimiento francés por el derecho a decidir identificó, a partir de la anulación de Roe v. Wade en los Estados Unidos, la necesidad de proteger el derecho al aborto frente a la ofensiva antiderechos transnacional que busca retrocederlo. Así pues, un grupo de diputadas y diputados propusieron consagrar en el texto constitucional la interrupción legal del embarazo para obstaculizar cualquier intento de suprimirla.
Las reformas constitucionales en Francia son difíciles de conseguir, en comparación con otros países, pues requiere una votación en términos idénticos por el Parlamento (compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado) y aprobación a través de un referéndum. Estos requisitos tienen como fin asegurar consensos; de hecho, la Constitución francesa sólo había sido reformada 17 veces desde su promulgación en 1958.
La versión original de la propuesta de reforma, aprobada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2022, establecía que la interrupción legal del embarazo era un derecho de las personas, cuyo acceso libre y efectivo era garantizado. Sin embargo, fue rechazada por el Senado. Como segunda instancia, con una posición conservadora, decidió estipular que el aborto es una libertad de las mujeres condicionada a los criterios de la ley. La diferencia entre ambas redacciones implicaba obligaciones distintas para el Estado francés.
Ante este disenso, el presidente Emmanuel Macron presentó en diciembre de 2023 una propuesta, que no requería pasar por un referéndum y definía al aborto como una libertad garantizada de las mujeres. Ésta fue aprobada con 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones.
La decisión es histórica por varias razones. Primero, es la primera reforma constitucional aprobada desde 2008. También durante el debate parlamentario, ningún grupo o partido político se opuso al aborto, aunque algunos legisladores expresaron su rechazo a la propuesta por considerar que el tema no era un asunto de relevancia constitucional. Otro aspecto es que, de acuerdo con encuestas públicas, más del 80 % de la población apoya la reforma y considera que el aborto es un servicio de salud reproductiva y un derecho de las mujeres.
Pero la inscripción del aborto en la Constitución tiene un efecto más allá de prevenir y mitigar el retroceso de derechos. Recordemos que la norma constitucional es el texto fundante de la comunidad política de una nación y define quién forma o no parte de ella. En este sentido, el feminismo ha advertido que las mujeres no fueron consideradas dentro de este arreglo político durante siglos porque, como ya lo escribía Simone de Beauvoir en el Manifiesto de las 343, ellas están excluidas de la esfera pública hasta asegurar la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos. El triunfo en Francia refuerza las exigencias que llevaron a la aprobación de la ley de 1975 que despenalizó el aborto. Además, es el resultado de un esfuerzo que, en sus inicios, como refleja la película “La Indignada Annie” de Blandine Lenoir, dependió de redes de mujeres y personal médico que proveían abortos seguros, médica y emocionalmente, en un contexto de ilegalidad.
La noticia, entonces, no es menor. Al lograr que la Constitución mencione explícitamente esta libertad, reconoce la ciudadanía de las mujeres y da un paso importante para el acceso a servicios de aborto como un componente esencial en la protección de la salud. Esto debido a que se deberá reglamentar la modificación al texto constitucional, lo que es una ventana de oportunidad para fortalecer la regulación sanitaria en la materia.
Esta coyuntura es crucial ya que, a pesar de los cambios legislativos y esfuerzos gubernamentales en 50 años, en Francia persisten obstáculos de disponibilidad y accesibilidad que obligan a las mujeres a desplazarse al interior del país ante las diferencias de acceso entre regiones. Las barreras incluyen largos tiempos de espera, falta de servicios disponibles, personal que se declara objetor de conciencia y dificultades para acceder al aborto después de la semana 14, incluso por razones permitidas como las relacionadas con la salud mental.
La persistencia de obstáculos deja ver que los cambios normativos en sí son insuficientes, pues el acceso efectivo requiere políticas públicas enfocadas a garantizar la disponibilidad y accesibilidad de recursos para atender a las personas que buscan un aborto. Es decir, aun si la Constitución incluye el aborto como una libertad, su garantía requiere medidas adicionales para su realización. Además, queda pendiente observar cómo se incluirá (o no) a personas trans, agénero y no binaries con capacidad de gestar.
Francia es ahora el único país que incorpora explícitamente el aborto en su texto constitucional. Esto destaca el reconocimiento de la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y la necesidad de vías para eliminar las barreras en el acceso. Sin embargo, no es el único país que cuenta con protección constitucional del aborto. En América Latina, México y Colombia también la contemplan.
En <a href="https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2022/11/Paso-a-paso.pdf" target="_blank" rel="noopener">México</a>, a pesar de que el aborto no se señala explícitamente en la Carta Magna, la Suprema Corte reconoció el rango constitucional del derecho a decidir y su relación íntima con el derecho a la salud. Asimismo, las recientes decisiones señalan que el aborto debe ser considerado como un servicio esencial inmerso en la gama de servicios que permiten la realización del derecho a la salud.
Sin importar la vía que se tome para lograr el rango de constitucionalidad del aborto, es crucial que en su implementación se considere como parte de las intervenciones esenciales de la salud y se atiendan las barreras del acceso. Estaremos atentas a los avances en políticas de salud pública de las compañeras francesas y de lo que su experiencia pueda enriquecer a otras regiones.
* Frania Colmenero (@<a href="https://twitter.com/franiacolmenero" target="_blank" rel="noopener">franiacolmenero</a>) es Gerente de Desarrollo Estratégico y Geras Contreras (<a href="https://twitter.com/GerasContreras" target="_blank" rel="noopener">@GerasContreras</a>) es Oficial de Desarrollo Institucional en <a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>.

¿Por qué es histórica la decisión francesa?

El 24 de febrero se expidió, mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, la <a href="https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/newspaper/getAsset?q=newspaper/21918/1708726570-2024-02-24-VII.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley del Sistema Integral de Cuidados del Estado</a>. Una ley que tiene como objetivo principal establecer un marco legal que siente las bases para el acceso universal a servicios de cuidado de calidad, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, y promueva la coordinación entre instituciones para asegurar una atención integral y eficiente. La importancia de este acontecimiento radica en que Jalisco es el primer estado en el país en contar con una ley específica en la materia.
¿Cuántas de nosotras hemos tenido que ser cuidadoras de nuestras hermanas menores, de nuestras abuelas, de nuestros padres? ¿Cuántas de nosotras hemos tenido que llegar a casa, después de nuestras jornadas laborales, cansadas y aún así barrer, trapear, cocinar, lavar?  Esto ha sido una trampa de los estereotipos de género: que las mujeres somos por naturaleza “amorosas y abnegadas” y está en nuestro ser demostrar el amor mediante los cuidados. Eso es trabajo de cuidados y trabajo doméstico no remunerado, como dice Silvia Federici “eso que llaman amor es trabajo no pago”.
<figure id="attachment_1384070" aria-describedby="caption-attachment-1384070" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1384070" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/trabajos-de-cuidados-no-pagado.jpg" alt="Cartel con los trabajos de cuidado que se realizan y se confunden con amor para no pagarlos." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/trabajos-de-cuidados-no-pagado.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/trabajos-de-cuidados-no-pagado-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/trabajos-de-cuidados-no-pagado-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/trabajos-de-cuidados-no-pagado-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1384070" class="wp-caption-text">Imagen tomada de reveladas.com.ar</figcaption></figure>
Todo esto lo respaldan los datos:<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CSTNRHM/CSTNRHM2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"> las mujeres aportamos 2.6 veces más valor económico que los hombres</a> por el tiempo que dedicamos a estas labores durante el año. Por cada 30 minutos que le dedican los hombres, nosotras le dedicamos casi 2 horas. Esto teniendo en cuenta que, a nivel nacional, las <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut_2019_presentacion_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">mujeres trabajamos 6.2 horas más que los hombres</a> de manera remunerada. Trabajamos más, pero ganamos menos; por <a href="https://imco.org.mx/datos-y-propuestas-por-la-igualdad/" target="_blank" rel="noopener">cada 100 pesos que ganan los hombres, nosotras ganamos 65 pesos.</a> Esto sin mencionar que <a href="https://www.oecd.org/policy-briefs/mexico-ayudar-a-los-jovenes-desempleados-e-inactivos.pdf" target="_blank" rel="noopener">4 de cada 5 “ninis” en México son mujeres jóvenes que realizan trabajo de cuidados no remunerado.</a> Y que dicho trabajo aporta al <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CSTNRHM/CSTNRHM2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">Producto Interno Bruto (PIB) el 24.3 %</a>, que equivale a 7.2 billones de pesos, una cifra inimaginable.
La división sexual del trabajo ha abonado a esta jerarquización en donde el trabajo remunerado se realiza en el mercado que es masculinizado, mientras que el trabajo no remunerado y doméstico está feminizado, pese a que todas las personas hemos requerido o requerimos cuidados desde la niñez hasta la vejez. Ante la falta de respuesta del Estado han existido redes comunitarias que comparten, regalan e intercambian ropa, comida y dinero (tandas). La teórica Nthabiseng Motsemme lo ha denominado “<a href="https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/5451/Motsemme_n.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">sabiduría de la </a><a href="https://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/5451/Motsemme_n.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y" target="_blank" rel="noopener">sobrevivencia</a>”, que consiste en un conocimiento práctico que se traspasa generacionalmente para ingeniar formas de cuidar y sostener la vida.
Desde diferentes espacios (incluido GIRE) se ha impulsado el reconocimiento del derecho al cuidado, entendido como el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado (a veces solo necesitamos un día para nosotras mismas y que se nos reinicie la vida), pues es parte de los derechos humanos. Los cuidados son el sostén de la vida, de la comunidad, y abonan al tejido productivo; pese a ello, han sido invalidados e invisibilizados.
Diversas organizaciones de la sociedad civil en México redactaron un <a href="https://assets-global.website-files.com/64c019456bb62d07dc3af2b9/65652b92e8bd36673ec8582c_El%20derecho%20al%20cuidado%20y%20la%20justicia%20fiscal%20feminista.%20Amicus%20curiae%20para%20la%20Corte%20IDH.pdf?fbclid=PAAabL3b96bEtBRESazV_DgqmWoBimIM8UgghiTVJl9uKbJ9eSWfPs-U4xZU4_aem_ASC5JhSnYiN_lwNowPdZzoDEFGhOvAchbOL9-VYUAYbOUoEaAYrdUCgv4s6MzPAk9OI" target="_blank" rel="noopener">amicus curiae</a> dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al derecho al cuidado y la justicia fiscal feminista, en el que se pide que el Estado garantice recursos al derecho al cuidado a través de medidas que promuevan la igualdad de género, mediante cambios en la legislación y la creación de políticas públicas. Necesitamos que el costo de los cuidados ya no recaiga sobre las mujeres solamente. El Estado es garante de derechos humanos –a los cuales las mujeres no pueden acceder debido a las cargas desproporcionadas de trabajos no pagados– y tiene que asumir una corresponsabilidad.
Es por esto que celebramos avances en la legislación como en el caso de Jalisco, donde se reconoce la importancia social e histórica del trabajo de cuidados no remunerado. Esta ley tiene perspectiva de género e interseccionalidad, y busca conformar un modelo solidario y corresponsable entre familia, Estado, comunidad y sector privado (diamante del cuidado). También busca regular y reconocer a las personas cuidadoras, así como brindarles formación y capacitación.
Sin embargo, han existido otros esfuerzos en torno a implementar programas sociales. Por citar un ejemplo, <a href="http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/evaluaciones2021/Cuidadoras.pdf" target="_blank" rel="noopener">Iztapalapa implementó el Sistema Público de Cuidados</a>, el cual integra acciones para la atención de los adultos mayores, las personas con discapacidad, así como a las personas cuidadoras, atendiendo principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.
En conclusión, se necesita corregir la injusticia que históricamente ha ocurrido con los cuidados y garantizar recursos para empujar un Sistema Nacional de Cuidados que permita a las mujeres, principalmente, reducir la carga horaria en trabajos no remunerados y así tener tiempo para ejercer su autonomía y acceder al trabajo remunerado, a la educación y a la cultura; contar con buena salud y alimentación, y tener un desarrollo integral para alcanzar una verdadera igualdad sustantiva.
* Anahí Rodríguez Martínez (<a href="https://twitter.com/anahirgzm" target="_blank" rel="noopener">@anahirgzm</a>) es Oficial de Incidencia en <a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>.

El pilar que sostiene la vida: yo cuido 24/7

Desde GIRE, en conjunto con otras organizaciones nacionales y locales, iniciamos una estrategia de amparo en todo el país con el objetivo de que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pudieran tener acceso a servicios de aborto sin criminalización y sin estigma. En este sentido, desde principios del año 2022, tras la despenalización del aborto en Coahuila por resolución de la Suprema Corte, presentamos amparos contra el delito de aborto en los Códigos Penales de todas las entidades del país que aún penalizan de forma absoluta el aborto voluntario.
La estrategia jurídica, poco a poco, comenzó a dar grandes resultados. El 30 de agosto de 2023 la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo contra el Código Penal de Aguascalientes, determinó que éste era inconstitucional, atentaba contra el derecho a decidir, y ordenó al Congreso de Aguascalientes derogar el delito de aborto por criminalizar en todo momento el acceso al mismo. En cumplimiento a la sentencia, en diciembre de 2023 el Congreso local reformó el tipo penal y Aguascalientes se convirtió en el décimo segundo estado en permitir el aborto hasta finales de la semana doce de gestación.
Tras Aguascalientes, el 6 de septiembre de 2023 las y los Ministros de la Suprema Corte se pronunciaron nuevamente sobre el tipo penal de aborto, esta vez declarando inconstitucional el Código Penal Federal. Así, se ordenó a la Cámara de Diputados y a la de Senadores que deroguen el tipo penal de aborto a nivel federal. Desde enero de 2024 el Congreso federal está notificado y deberá cumplir con la sentencia en su primer periodo de sesiones, lo cual dará lugar a que todas las instituciones de salud federales (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, etc.) no puedan volver a negar servicios de aborto argumentando que es un delito.
La estrategia legal no ha terminado, quedan pendientes de resolverse 19 amparos más y los criterios de la Corte comienzan a influir en las decisiones de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados a lo largo del país. Ejemplo de esto es el amparo presentado en Yucatán. En julio de 2023 presentamos una demanda de amparo contra el tipo penal y sólo 4 meses después la jueza de Distrito que conoció del asunto reconoció el interés de GIRE para defender los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad para gestar y, en sintonía con las sentencias de la Suprema Corte, ordenó al Congreso de Yucatán derogar el delito de aborto por criminalizar el aborto durante todo el embarazo y emitir un mensaje discriminatorio y estigmatizante.
El Gobernador de Yucatán y su Congreso impugnaron la sentencia y la misma se encuentra en espera de resolución; sin embargo, desde GIRE celebramos, por un lado, que los criterios de la Suprema Corte en favor de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar tengan un impacto tan inmediato en la realidad y el acceso a derechos. Por otro lado, celebramos la resolución de la jueza quien, con base en la Constitución y obligaciones internacionales, tomó en serio su mandato de erradicar la violencia y discriminación.
Finalmente, hacemos un llamado al Gobernador y al Congreso de Yucatán a que actúen apegados a la Constitución, los derechos humanos y el deber de laicidad del Estado mexicano. Asimismo, hacemos un llamado a las y los magistrados que conocen del asunto para que confirmen la sentencia de la jueza de Distrito y respeten las resoluciones de nuestra Suprema Corte, todo esto, asegurando los derechos reproductivos y el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar del estado de Yucatán.
No más criminalización, no más estigma, sí al acceso legal y seguro a servicios de aborto, sí a la maternidad libre y elegida.
* Enrique Arcipreste es Abogado de Amparo y Procedimientos Constitucionales en <a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>.

La marea sube, nuestro aporte desde el litigio

Este 8 de marzo volvimos a las calles a gritar “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, verbalizando, gritando y cantando todas las luchas que hoy en día nos mueven a seguir resistiendo y creando en comunidad, una que le haga frente a las embestidas de los discursos conservadores. Las piezas del ajedrez se siguen moviendo en eventos como la Conferencia Política de Acción Conservadora con líderes mundiales, las jugadas en contra de los derechos reproductivos ganados, y las restricciones a la perspectiva de género y el lenguaje. Pero, ¿por qué los conservadores buscan controlar, restringir y censurar expresiones lingüísticas?
Uno de los entramados donde se ejecutan estas piezas de ajedrez es en el campo del lenguaje, de los discursos y conceptos que se propagan en las redes sociales y otros medios de comunicación, ¿y por qué deberían importarnos estos discursos? Porque con ellos construimos nuestra realidad, todo se socializa a través de la palabra, nos convertirnos en seres sociales cuando comenzamos a nombrar las cosas. Las mujeres tuvimos que luchar por nuestros derechos y lo seguimos haciendo también en este tablero, creando, visibilizando, historizando y conceptualizando palabras tan fundamentales para nuestra lucha como feminismo, patriarcado, género, entre otras, o con el simple hecho de que se nos nombre.
Las mujeres y hombres trans, las personas no binaries y otras identidades también contienden en este tablero para posicionar la necesidad de un lenguaje inclusivo que visibilice la existencia de sus propias identidades. Un discurso que marque el camino a la garantía de sus derechos.
Juan Ignacio Velada en su tesis Joan Scott: aportes para una perspectiva feminista sobre la historia, nos explica el pensamiento de esta teoría del género para entender “el discurso no como mero texto o conjunto de palabras, sino como una estructura histórica, social e institucionalmente específica de enunciados, categorías y creencias. De esta manera, los discursos representan formas totales de pensamiento, de comprensión de cómo opera el mundo y de cuál es el lugar que uno tiene en él, y por lo tanto son formas de organizar los modos de vida, las instituciones y las sociedades, y asimismo de materializar y justificar las desigualdades. Los discursos constituyen ‘terrenos de fuerzas’ en los cuales los significados se elaboran a partir del poder y el conflicto”.
Es en esta relación de poder y conflicto donde los discursos conservadores buscan hacer su jugada de defensa. Por ejemplo, Javier Milei en Argentina, a través de la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en las instancias públicas, una orden sin ningún tipo de argumento político o de Estado. Los conservadores saben que en este tablero las restricciones al lenguaje pueden ser una contraofensiva de invisibilización de mujeres y otras identidades.
Nayib Bukele en el Salvador es otra pieza del tablero que se posiciona en contra de la “ideología de género” y el lenguaje inclusivo, como lo dejó ver en la Conferencia Política de Acción Conservadora realizada en Estados Unidos, donde Milei, Bukele, Trump y otros líderes se encontraron para marcar las pautas del movimiento extra conservador en todo el mundo contra las políticas de izquierda. Y es que sabemos que Bukele en 2020 se posicionó en contra del matrimonio homosexual y el aborto, equiparando la interrupción del embarazo a un genocidio.
En Argentina el movimiento feminista teme que la siguiente jugada sea contra los derechos adquiridos por el movimiento como la Ley de Educación Sexual Integral y la legalización del aborto. Es en la conquista de nuestros derechos reproductivos que el conservadurismo ha comenzado a hacer movimientos como la revocación de Roe vs Wade, donde el máximo tribunal de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto.
Ante este panorama las feministas coronaron el derecho al aborto en Francia, logrando algo inédito: incluirlo en su Constitución. ¿Qué implicaciones tiene esto? Francia está normalizando el concepto aborto y la relevancia de los derechos reproductivos como fundamentales. Reorganizando con una sola palabra el modo de vida de mujeres y personas con capacidad de gestar, sus instituciones y su sociedad, materializando la garantía de que en nuestros cuerpos solo decidimos nosotras y nosotres.
El 8 de marzo Macron hizo oficial la decisión y esta victoria enmarca la relevancia de la justicia reproductiva en un día especial para el feminismo en todo el mundo. El derecho al aborto, la agencia de decidir sobre nuestros cuerpos, implica también la necesidad de condiciones dignas para gestar y parir, el libre desarrollo de nuestra personalidad sin violencia social ni institucional.
Para nosotras y nosotres, el bloque abortero en México, es una noticia inspiradora, ya que también estamos moviendo piezas en el tablero como lo hicimos con la jugada donde la Corte despenalizó el aborto a nivel federal, la suma de Aguascalientes a los estados despenalizados en el país, el litigio estratégico que en GIRE estamos impulsando y, por supuesto, en el terreno del lenguaje seguimos construyendo contranarrativas para la despenalización social del aborto.
Las palabras construyen realidades, por eso continuaremos nombrando al aborto como un derecho de salud pública, donde la capacidad de gestar no es solo de las mujeres sino también de hombres trans, personas no binaries y agénero. Ninguna censura puede detener el impacto de la marea verde, feminista y abortera.
* Estefania Millán es Oficial de Comunicación Digital en <a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>.

Lenguaje: campo de batalla del feminismo

El 4 de marzo de 2022 se conmemoró, por primera vez, el Día Mundial contra la Gordofobia. Ese día, activistas contra la gordofobia reivindicaron una fecha que antes conmemoraba el Día Mundial contra la Obesidad. Es así que redactaron un <a href="https://raquel-lobaton.com/dia-munidal-contra-la-gordofobia/" target="_blank" rel="noopener">manifiesto colectivo</a> en el que declaran, entre otras cosas, que la obesidad no es una enfermedad, que las personas gordas no le deben salud a nadie, que la gordura es parte de la diversidad humana y que las personas gordas son merecedoras de recibir atención e intención de tratamiento médico adecuado.
En esta fecha de resignificación nos parece urgente visibilizar que una de las deudas principales con las personas gordas es el acceso a servicios de salud reproductiva no centrada en el peso, libre de violencia y sin sesgos gordofóbicos.
Cuando hablamos de <a href="https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Cuerpos-Disidentes-La-discriminacion-contra-las-personas-gordas.pdf" target="_blank" rel="noopener">gordofobia</a> nos referimos a un fenómeno sociocultural, económico y político cargado de prejuicios valorativos incitadores de odio contra los cuerpos que no entran en los cánones corporales normativos. Al abordar este fenómeno es muy importante tomar en cuenta que se trata de un tipo de violencia estructural y como todo problema sistémico se esconde con discursos que parecieran ser bien intencionados, pero que traen detrás asociaciones negativas que se traducen en el rechazo, la exclusión y el menoscabo de derechos de las personas gordas.
El gordo odio ha sido uno de los problemas más difíciles de evidenciar y la razón es sencilla: el discurso gordofóbico se ha escondido en una supuesta preocupación por la salud de las personas. Se ha conceptualizado a los cuerpos delgados como cuerpos saludables, mientras que los gordos han sido asociados automáticamente con enfermedad, cuando lo cierto es que la salud y el bienestar de una persona dependen de muchos factores no asociados con el peso. Así, el peso ha sido usado como un chivo expiatorio que debería explicar todos los padecimientos de una persona con un cuerpo gordo.
El fenómeno afecta todos los espacios de la medicina y, evidentemente, influye en la forma en que las mujeres y personas con capacidad de gestar gordas acceden a servicios de salud sexual y reproductiva.
Desde el acompañamiento de casos en GIRE hemos identificado actuaciones gordofóbicas de las autoridades en la aplicación de Técnicas de Reproducción Asistida (TRA). Por ejemplo, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre exige como requisito para poder acceder a estas técnicas que las pacientes cuenten con un índice de masa corporal (IMC) menor a 30 IMC Peso (kg/m2). Cabe mencionar que, de acuerdo con el manifiesto mencionado al inicio, el IMC es una fórmula basada y pensada para hombres cis blancos, europeos y adultos, por lo que se trata de un indicador clasista, racista, androcentrista, cisexista y eugenésico que es poco representativo de la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En ese sentido, existe evidencia contundente de que el IMC no es una categoría adecuada para ciertos grupos poblaciones, en particular para mujeres y personas con capacidad de gestar, grupos etarios jóvenes y de edad avanzada y algunos otros grupos poblacionales; por ejemplo, el <a href="https://minorityhealth.hhs.gov/obesity-and-african-americans" target="_blank" rel="noopener">Departamento de Salud de Estados Unidos</a> ha encontrado que las mujeres afroamericanas tienden a ser categorizadas como obesas con más frecuencia.
Además, durante la atención médica nuestras acompañadas han reportado una insistencia fuerte en la pérdida de peso para “mayor eficacia” del procedimiento de fertilización in vitro.  Les recetan, incluso, medicamentos o dietas restrictivas que provocan una pérdida de peso significativa en un corto periodo de tiempo, ignorando el impacto que esto podría generar en su salud física y mental, y además colocándolas en una situación en la que, si la técnica aplicada falla, se sienten responsables por no haber perdido el peso suficiente. Lo cierto es que no hay evidencia científica que sustente que la pérdida de peso influye en el tratamiento de la infertilidad o en el éxito de las TRA.
Desde GIRE también hemos identificado esta violencia en la atención del embarazo, parto y puerperio, es decir, como una forma de violencia obstétrica. La violencia obstétrica gordofóbica va desde el hostigamiento a las personas embarazadas para que no suban de peso durante el embarazo, hasta comentarios relacionados con la imposibilidad de realizar un ultrasonido porque la grasa abdominal supuestamente resta visibilidad, la necesidad de optar por una cesárea exclusivamente por el peso de la paciente y las dietas restrictivas después del parto para perder los kilos subidos en el embarazo.
Este actuar no solo se ve hacia las personas embarazadas o buscando un embarazo, sino que es común en la atención ginecológica que el personal de salud sugiera como solución la pérdida de peso, haciendo comentarios hirientes sobre el cuerpo de la persona y sin atender realmente el problema subyacente, no importa cuál sea. Este tipo de situaciones ocasiona que ante la culpa y la vergüenza generada las personas se abstengan de acudir nuevamente para revisión.
Todos estos ejemplos son un reflejo del problema sistémico que es la gordofobia, misma que no solo se perpetúa en los lineamientos técnicos que se utilizan en los hospitales sino que es sostenida por el personal médico. El reto de eliminar la atención centrada en el peso es enorme, ya que la gordofobia no se ve como un problema que atender, sino más bien es el status quo. Así, permea la concepción de que hay enfermedades que solo les dan a los cuerpos gordos y que la pérdida de peso por sí misma soluciona padecimientos, a pesar de que ninguna de las dos afirmaciones es cierta.
El Día Mundial contra la Gordofobia nos da la oportunidad de reflexionar sobre la violencia gordofóbica que presenciamos e incluso ejercemos. Y, a las personas comprometidas con la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, nos obliga a reconocer la deuda que tenemos hacia las personas gordas, cuyas necesidades hemos desatendido.
* Sofia del Carmen Aguiar Reynoso (<a href="https://twitter.com/sofiaguiarr" target="_blank" rel="noopener">@sofiaguiarr</a>) y Ximena Mendoza Ramírez (<a href="https://twitter.com/xime9898" target="_blank" rel="noopener">@xime9898</a>) son abogadas de Documentación y Acompañamiento de Casos en <a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>.

Acceso a la salud libre de gordofobia: un reto para la justicia reproductiva

Somos una organización feminista y de derechos humanos que, desde hace casi 32 años, trabaja para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos, y seguiremos apostando por el diálogo y la escucha activa con los actores involucrados en el movimiento por el derecho al aborto seguro.
GIRE ha identificado que todas las colectivas y organizaciones feministas que trabajan por los derechos reproductivos tienen, entre varios de sus objetivos, uno en común: el acceso al aborto como un servicio de salud. Es importante recordar que el movimiento por el derecho al aborto en México es parte de un tablero político y social complejo en donde interactúa con grupos conservadores y antiderechos, y cada actor se mueve respondiendo a su posición, recursos, necesidades y postura política.
Los cambios políticos y la presencia de movimientos conservadores avanzan rápidamente, por lo que existe una necesidad cada vez mayor de estrechar vínculos entre colectivas y organizaciones de diferentes entidades para hacer frente a los ataques del lado conservador del tablero y a las constantes transformaciones de las políticas públicas. En la región de Latinoamérica y el Caribe, países como Argentina que lideraban agendas progresistas ahora están presenciando la disolución de los ministerios que llevaban la batuta en los cambios en política pública; por otro lado, en Centroamérica y el Caribe se enfrentan a la penalización absoluta del aborto.
Bajo este contexto, la cooperación entre las organizaciones y colectivas puede ser una opción que permita vislumbrar estrategias más integrales y desde los territorios para avanzar hacia la garantía del acceso al aborto como un servicio de salud. En la cooperación las posturas no están obligadas a coincidir, pero pueden hacerlo en el beneficio del intercambio de recursos, estrategias y experiencias para el cumplimiento de objetivos en común. En nuestra región tenemos ejemplos de articulaciones y alianzas exitosas que han sucedido en torno al derecho al aborto, como el movimiento Causa Justa, en el que las compañeras colombianas lograron identificar los recursos y las fortalezas que cada organización y colectiva tenían hasta lograr unirlas, reconociendo la experiencia diversa de cada una en incidencia, acompañamiento y difusión de información, así hasta conseguir su objetivo: eliminar el delito de aborto en Colombia.
En el caso de México, actualmente el movimiento es diverso y las organizaciones se articulan en torno a sus contextos, posturas políticas y necesidades. En los últimos años ha sido complejo encontrar caminos de cooperación que nos permitan obtener una fotografía más amplia del estado actual de nuestras posturas y estrategias para garantizar los derechos reproductivos. Sin embargo, una de las fortalezas del movimiento por el derecho al aborto es la colaboración y la coordinación, materializada en la organización de marchas, amparos colectivos, participación en encuentros feministas regionales, articulación para elaborar iniciativas legislativas, difusión del conocimiento y hasta generación de cadenas de suministro de medicamentos para el aborto en casa. La creatividad es una insignia del movimiento abortero en México y Latinoamérica, tanto para realizar acciones de incidencia política o social como para crear estrategias de despenalización por la vía judicial.
Sin duda, hemos aprendido de diversas experiencias de encuentro y desencuentro, y GIRE, junto a otras organizaciones y colectivas, ha sabido construir puentes que han permitido comprender que la complementariedad que formamos todas juntas puede fortalecernos, y también simplemente decidir articularnos o no. En un contexto nacional cambiante, y con actores que pretenden retroceder la agenda de los derechos reproductivos, es necesario pensar en nuevas formas de articularnos y cooperar, de intercambiar experiencias y sostener alianzas que puedan conectar nodos de sur a norte.
Desde GIRE creemos en la cooperación y en las alianzas, y nuestra apuesta por la justicia reproductiva implica adoptar una mirada más amplia, interseccional, transincluyente y que reconozca otras <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/punto-gire/hacia-al-menos-los-proximos-treinta-anos-los-retos-de-gire" target="_blank" rel="noopener">formas de opresión y contextos atravesados por la violencia</a>. Hoy ante los logros alcanzados, como la reciente sentencia que elimina el aborto del Código Penal Federal, pero también con las nuevas olas de conservadurismo, se vuelve necesaria la cooperación y la escucha activa.
Debemos reconocer las fortalezas que tenemos cada uno de los actores en el tablero del movimiento por el derecho al aborto; por ejemplo, desde GIRE sabemos que las experiencias de las acompañantes transforman el conocimiento médico hegemónico. También comprendemos que las acciones de incidencia que ocurren en un lugar del país pueden servir de guía para compañeres en otra entidad; y sabemos que muchas colectivas aun teniendo recursos limitados están despertando la marea hasta en las localidades más alejadas.
De sur a norte, GIRE seguirá contribuyendo y cooperando con herramientas e intercambio de experiencias para exigir que todas las mujeres, hombres trans, personas no binaries y personas con capacidad de gestar puedan acceder a un aborto seguro sin importar su condición económica, de género, origen étnico, lengua o territorio.
* Fernanda Castro Tarinda es Oficial de Incidencia Social en <a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>.

La cooperación abortista de sur a norte

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en diversas sentencias que las medidas de satisfacción dentro de una reparación integral se refieren a actos u obras de alcance o repercusión públicos, que buscan la transmisión de un mensaje de reprobación oficial de las violaciones a derechos humanos ocurridas, aunado al compromiso de que éstas no se repitan.
Por otra parte, la Ley General de Víctimas señala que estas medidas buscan la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, siempre que ello no perjudique a las víctimas, por lo que es necesario que sean escuchadas y sus necesidades se tomen en cuenta, al momento de determinar las medidas de reparación integral.
En este sentido, una disculpa por violaciones a derechos humanos consiste en la celebración de un acto por medio del cual la autoridad responsable reconoce ante la víctima que cometió tales violaciones, y establece un compromiso para que no se repitan. Estos actos tienen distintas características, según el caso concreto, y debido a su trascendencia pueden contribuir a generar medidas de no repetición.
En los últimos 5 años, con el acompañamiento de GIRE, se han obtenido diez disculpas  –de autoridades federales (IMSS e ISSSTE) y de hospitales públicos y Secretarías de Salud locales–, ofrecidas a personas que fueron víctimas de diversas violaciones a derechos humanos: negativa de acceso al aborto, violencia obstétrica, anticoncepción forzada,  esterilización forzada y muerte materna o neonatal.
Las disculpas como medidas de reparación integral pueden establecerse, por ejemplo, desde el momento en el que una autoridad jurisdiccional emite una sentencia o en la recomendación de una comisión defensora de los derechos humanos. Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos, ya que cada uno es distinto.
Si lo desean, posteriormente las víctimas pueden manifestar a las comisiones de atención a víctimas –la federal o las locales, según la competencia– que es de su interés recibir una disculpa de la autoridad responsable, pues son estas comisiones las encargadas de emitir los planes de reparación integral, es decir, las resoluciones administrativas que contienen, de manera individualizada, cada una de las medidas a favor de las personas. De esta manera, también existe la posibilidad de que la disculpa esté contemplada en dicha resolución.
En este punto es importante señalar que la Ley General de Víctimas contempla en su artículo 5o el principio de participación conjunta, que reconoce el derecho de las víctimas a colaborar con las autoridades en las medidas de reparación integral.
En el caso de una disculpa implica que la víctima tiene derecho a decidir cómo quiere que se realice el acto: en una reunión privada o en un evento con la presencia de medios de comunicación, acompañada de sus familiares y representantes legales, e incluso con la presencia de una psicóloga o un psicólogo en caso de necesitarlo. Si la persona no desea tener interacción alguna con las autoridades responsables, puede recibir la disculpa por escrito a través de sus representantes, o bien se puede publicar en el periódico oficial del estado, sólo por mencionar algunos ejemplos.
De igual manera, la víctima tiene derecho a conocer, previo a la celebración del acto, el texto de la disculpa y hacer los comentarios que considere necesarios, los cuales deberán ser tomados en cuenta por las autoridades en el texto final.
Con base en todo lo anterior, la importancia y trascendencia de una disculpa radica en que se trata de un acto elaborado en conjunto con las víctimas, donde se les escucha y se toman en cuenta sus necesidades, para que la autoridad haga un reconocimiento oficial –por escrito y/o de manera verbal– de que su actuar vulneró los derechos de una o más personas, y por lo tanto se disculpa y se compromete a la no repetición de los hechos.
En varios de los casos acompañados por GIRE en los que se ha obtenido una disculpa, este acto ha resultado la medida más significativa para las personas acompañadas y ha sido de gran importancia en su proceso de cierre a nivel personal y/o en el núcleo familiar, debido a  las implicaciones sociales que conlleva. Por ejemplo, Angélica Juárez –quien recibió el año pasado una disculpa por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México– decidió difundir el acto en medios de comunicación porque para ella es importante que las personas tomen conciencia respecto a la violencia obstétrica y la anticoncepción forzada, y que quienes han pasado por la misma situación levanten la voz y sepan que tienen derecho a una reparación integral.
Finalmente, la disculpa en sí misma y el compromiso de que hechos similares no vuelvan a ocurrir pueden generar efectos como medidas de no repetición, ya que dan lugar, por una parte, a que se lleven a cabo las acciones necesarias para que el personal de salud brinde servicios con perspectiva de género y apego a los derechos humanos; y, a la vez, permite que el mismo personal tome conciencia de que su actuar puede constituir violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias y/o de sus familiares, y que deben asumir la responsabilidad que ello implica, lo que acompañado de una serie de cambios institucionales puede generar  cambios estructurales.
* Jenny Murrieta es abogada auxiliar de Reparación Integral en <a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>.

La trascendencia de una disculpa como una forma de reparación

A principios del año 2022, tras la despenalización del aborto en el estado de Hidalgo, GIRE y diversas organizaciones presentamos solicitudes de información a los sistemas de salud (local, IMSS e ISSSTE) respecto de la prestación de servicios de aborto. Lo anterior como parte de una estrategia integral para asegurar no sólo la despenalización en las leyes sino también que los servicios cuenten con presupuesto, personal capacitado y lineamientos adecuados para la debida prestación del servicio de salud.
En seguimiento a la solicitud realizada en el mes de agosto de 2022, la Delegación del IMSS en el estado de Hidalgo contestó señalando que no existen unidades médicas o algún procedimiento para que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder a servicios de aborto voluntario. Esto a pesar de que en dicha respuesta el propio IMSS reconoció que en Hidalgo el acceso al aborto voluntario es un derecho al menos hasta la semana 12 de gestación.
Por lo anterior, GIRE presentó una demanda de amparo alegando violaciones a los derechos reproductivos y el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar en Hidalgo, quienes al ser derechohabientes del IMSS no pueden acceder a servicios de aborto voluntario en dicha institución. La jueza que conoció del asunto reconoció que el IMSS de Hidalgo no brindaba los servicios a pesar de que debía hacerlo; sin embargo, decidió no resolver el juicio al considerar que GIRE, al ser una organización civil y no una mujer o persona gestante que acude a los servicios de salud, no podía reclamar las violaciones a derechos humanos.
Dicha decisión fue impugnada y el pasado 14 de enero el Tribunal Colegiado, órgano revisor del trabajo de la jueza de Distrito, concedió la razón a GIRE. Por un lado, el Tribunal reconoció que GIRE –al ser una organización defensora de derechos humanos que ha trabajado por más de 30 años en la búsqueda de justicia reproductiva– sí puede acudir al juicio de amparo para hacer valer violaciones a derechos reproductivos y el derecho a decidir, por lo cual sí debe estudiarse el asunto.
Por otro lado, el Tribunal reiteró la existencia de las omisiones reclamadas, es decir, la falta de prestación de servicios de aborto en el IMSS de Hidalgo, y señaló que la jueza que conoció del asunto cometió un error al momento de estudiar el caso, pues sólo llamó como autoridad responsable al Director General del IMSS cuando debió llamar también a la Asamblea General, el Consejo Técnico y la Dirección de Prestaciones Médicas, pues de concederse el amparo el IMSS deberá destinar recursos suficientes para asegurar la prestación de los servicios de salud: medicamentos, personal e infraestructura.
Desde GIRE destacamos la resolución del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, pues a través de su criterio se asegura que el juicio de amparo sea un recurso judicial efectivo; se permite que organizaciones defensoras de derechos humanos puedan contribuir en el goce y garantía de los mismos, y se reiteran criterios importantes sobre derechos reproductivos al reconocerse expresamente, como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no sólo no debe criminalizarse el acceso al aborto, sino que la prestación de los servicios es una obligación del Estado mexicano cubierta por el artículo 4 constitucional, el derecho a la salud y diversos tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso regresará con la jueza que conoció inicialmente de la demanda, por lo que la resolución del asunto tardará un poco más; la jueza deberá reconocer que GIRE sí puede combatir el incumplimiento del IMSS en Hidalgo y estudiar el deber de los altos órganos directivos de la institución para proporcionar servicios adecuados de aborto. Lo anterior –en conjunto con la decisión reciente de la SCJN que ordenó derogar el delito de aborto del Código Penal Federal– implica un paso más en la búsqueda de asegurar el acceso al servicio de aborto y la debida garantía del derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, no sólo en Hidalgo sino en todo el país.
<a href="https://twitter.com/GIRE_mx" target="_blank" rel="noopener">@GIRE_mx</a>

Abortar en el IMSS

El 30 de noviembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación en la que reconoce que el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General de Acapulco vulneraron los derechos humanos de Rosemari y David, al obstaculizar su acceso al aborto en un caso de alteraciones incompatibles con la vida.
En 2019 Rosemari cursaba su tercer embarazo. A las 17.4 semanas de gestación se realizó un ultrasonido obstétrico en el que detectaron alteraciones en el producto. En el Hospital General de Acapulco le proporcionaron una referencia médica para el servicio de medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología, donde confirmaron el diagnóstico. Rosemari y David, su pareja, decidieron interrumpir el embarazo. Solicitaron el servicio, pero la jefa de genética lo negó.
Ante la negativa, Rosemari y David regresaron al Hospital General de Acapulco para entregar el resumen clínico del Instituto Nacional de Perinatología; con base en el diagnóstico, solicitaron verbalmente y por escrito la interrupción del embarazo. Personal del hospital le pidió a Rosemari que fuera al nosocomio para que la internaran y le realizaran el procedimiento. Cuando acudió, le comentaron que estaban esperando autorización del Comité de Bioética y, horas más tarde, que no contaban con las imágenes del ultrasonido porque el Instituto Nacional de Perinatología no las había enviado.
Días después, Rosemari se realizó el estudio requerido con un médico especialista en medicina materno-fetal en Guerrero, confirmando de nueva cuenta el diagnóstico. Rosemari y David entregaron dicho estudio en el Hospital General de Acapulco y otra vez les indicaron que la ingresarían a urgencias.
Durante la estancia de Rosemari en el hospital, en diversas ocasiones señalaron que no le realizarían la interrupción del embarazo, por lo que David presentó escritos y habló con el director para exponer lo que estaba sucediendo. Finalmente, le realizaron una cesárea, pero les informaron que había nacido una niña que respiró por sí misma.
Sin consentimiento de Rosemari y David, el personal de salud llevó a cabo varios procedimientos para asistir a la recién nacida, pero no lograron mejora alguna pues el pronóstico era malo. Ante la insistencia de David, quien mostró los estudios que confirmaban el diagnóstico, la pediatra del hospital decidió desconectar el respirador y tres días después la niña falleció.
Desde 2020, Rosemari y David recibieron el acompañamiento de GIRE para lograr el acceso a la justicia. Y fue a través de un amparo y una queja ante la CNDH que se logró el reconocimiento de la responsabilidad del Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General de Acapulco.
En la Recomendación 269/2023, la CNDH señaló que se vulneraron los derechos humanos de Rosemari, entre ellos, a la protección de la salud sexual y reproductiva, a una vida libre de violencia obstétrica, a la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, reconoció como víctimas directas a Rosemari y la recién nacida, y como víctima indirecta a David.
Entre las medidas de reparación establecidas se señala que el Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital General de Acapulco deberán colaborar en los trámites necesarios para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emita el dictamen correspondiente que les permita a Rosemari y David acceder a la reparación integral por violaciones a derechos humanos.
Asimismo, estas instituciones deberán diseñar e impartir un curso de capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, perspectiva de género, aborto seguro y marco legal vigente en materia de interrupción legal del embarazo, y también en la aplicación del Lineamiento del Aborto Seguro.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Perinatología y la Secretaría de Salud de Guerrero deberán generar un programa permanente de capacitación para sensibilizar a su personal médico en asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar; diseñar e implementar una campaña de difusión para las personas derechohabientes sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo, y generar un protocolo de actuación para la realización del aborto seguro en sus unidades médicas, que garantice la atención de forma inmediata.
Desde GIRE celebramos la emisión de esta Recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esperamos que tanto el Instituto Nacional de Perinatología como el Hospital General de Acapulco cumplan con los puntos recomendatorios y, con ello, Rosemari y David puedan acceder a la reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos.
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El INP y el Hospital General de Acapulco deben brindar servicios de salud reproductiva, incluido el aborto

Hospitales públicos en Acapulco deben brindar servicios de salud reproductiva, incluido el aborto

Sabemos que el aborto por violación es legal en todo el país; sin embargo, GIRE lleva años acompañando a niñas, adolescentes y mujeres a quienes se les niega este derecho. La labor de las colectivas y las organizaciones que se ubican en los estados nos permite evidenciar lo mucho que nos falta para lograr que el aborto se reconozca como un derecho. Por ejemplo, a lo largo del año pasado acompañamos dos casos de negativa de aborto por causal violación en el estado de Sonora.
En uno de estos casos, cuando las personas que acompañamos acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora a denunciar la violación sexual, tanto el agente del ministerio público como la médica legista les informaron sobre su derecho a decidir si continuar o no su embarazo, enfatizando que no era delito abortar y podían hacerlo de forma legal y segura.
Fue en el sector salud donde la revictimización comenzó. Al personal de salud no le importó que la Fiscalía hubiese emitido un oficio donde señalaba que el embarazo era producto de violencia sexual, y por lo tanto se les pedía realizar el aborto, ni que la normativa nacional establezca el derecho al aborto en este tipo de casos.
La chica que acompañamos fue ingresada para su revisión en el hospital y ahí se buscó impedir su salida. Cabe recalcar que en ningún momento el personal le informó que sería internada; tampoco solicitaron su autorización para ello ni explicaron la necesidad del internamiento.
Al día siguiente la trasladaron a otro hospital bajo el argumento de que, al ser de mayor nivel,  se podría determinar si procedía o no el aborto. Por la noche y tras su ingreso a ese hospital, el personal de salud trató de disuadir a la chica y a su mamá diciéndoles, entre otras cosas, que luego se iba a arrepentir.
De acuerdo con datos obtenidos por GIRE vía solicitudes de acceso a la información, al 20 de octubre de 2022 la Secretaría de Salud del estado contaba con 93 médicos no objetores; sin embargo, el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora argumenta que no cuenta con personal no objetor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido pronunciamientos contundentes respecto al derecho a abortar de las mujeres y personas con capacidad para gestar. Por ejemplo, en el amparo en revisión 438/2020, la Primera Sala señaló como inconstitucional el establecer un límite temporal para acceder al aborto por violación.
De igual forma, el Pleno de la SCJN, en la acción de inconstitucionalidad 54/2018, invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que establecía de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería. Y en los lineamientos señalados en la sentencia señaló que la legislación en materia de objeción de conciencia debe establecer claramente que las personas que pretenden invocarla deben abstenerse de emitir algún juicio valorativo de carácter religioso, ideológico o personal que pueda discriminar o vulnerar la dignidad de las pacientes, y también abstenerse de intentar persuadir con cualquier doctrina religiosa, ideológica o estrictamente personal con el fin de evitar que se realice un procedimiento como el aborto.
Como profesionistas del derecho debemos alejarnos del fetichismo jurídico: esta idea de que las leyes, por sí solas, son capaces de transformar la realidad. Es fundamental que entendamos los contextos sociales y las razones que hay detrás de las constantes negativas que las mujeres y personas gestantes reciben para hacer valer sus derechos.
La despenalización del aborto en el sistema jurídico cada vez está más cerca, y desde GIRE continuaremos identificando y litigando las barreras que los sistemas imponen a las mujeres y personas gestantes para limitar su derecho a la autonomía reproductiva.
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