El capacitismo también afecta el acceso a los servicios de salud reproductiva
La lucha por el acceso a los derechos reproductivos ha sido una constante en el movimiento feminista, pero algunas veces se ha olvidado a quienes viven con una discapacidad y no se ha reflexionado lo suficiente sobre el capacitismo que enfrentan.
El capacitismo se entiende como una forma de discriminación y de opresión contra las personas con discapacidad. Es un sistema de valores que prioriza ciertas características del cuerpo y la mente como ideales para llevar una vida plena y satisfactoria. Este enfoque tiende a valorar estándares específicos de apariencia, funcionamiento y comportamiento, lo cual puede llevar a considerar la discapacidad como inherentemente desafiante o menos deseable, subestimando así la diversidad de experiencias humanas y la capacidad de las personas con discapacidades para ejercer plenamente sus derechos.
Las prácticas y actitudes que estigmatizan a las personas que viven con discapacidad tienen raíz en el lenguaje que utilizamos en la cotidianidad. En los servicios de salud exacerban las barreras para que puedan ejercer sus derechos reproductivos y refuerzan los mitos y estereotipos que tienden a normalizar diversas formas de violencia, como la obstétrica y, agravan los obstáculos para que ejerzan sus derechos reproductivos con autonomía.
Desde GIRE hemos identificado que las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para acceder a los servicios de salud reproductiva. Con frecuencia son víctimas de violencia obstétrica a través de esterilización no consentida y de anticoncepción forzada donde se sustituye la toma de decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad. Datos de la ENDIREH (2021) revelan que 55.6 % de mujeres con discapacidad y 39.6 % de mujeres con limitación entre 15 y 49 años sufrieron al menos una manifestación de violencia obstétrica en su último parto, siendo las jóvenes con discapacidad las más afectadas por este tipo de violencia.
El deseo que tienen terceras personas de controlar sus ciclos menstruales, su crecimiento, o evitar que se embaracen y así impedir que “hereden o contagien” su discapacidad, limita su libertad de elegir si desean reproducirse y ejercer la maternidad. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha reconocido que las mujeres con discapacidad “con frecuencia se ven privadas del control de su salud reproductiva y de la adopción de decisiones, al darse por sentado que no son capaces de otorgar su consentimiento”.
Organizaciones como Women Enabled International han señalado que las mujeres con discapacidad física pocas veces tienen el poder de tomar decisiones autónomas durante el parto. Por ejemplo, a menudo el personal de salud indica que deben parir por cesárea, a pesar de que esto no siempre es necesario. En México, organizaciones como Disability Rights International (DRI) y el Colectivo Chuhcán han documentado los abusos y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos hacia las mujeres con discapacidad psicosocial, exponiendo el arraigado problema de la esterilización no consentida al que se enfrentan niñas y mujeres con discapacidad, principalmente psicosocial.
Otra de las prácticas capacitistas que el personal de salud, las familias o personas que toman el papel de tutoras imponen sobre las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad es el aborto sin consentimiento. Las razones por las que creen necesario que se interrumpa un embarazo están guiadas por estereotipos que consideran que por su discapacidad no pueden maternar ni criar.
Este tipo de discriminación también está latente en el acceso a la información. Generalmente desde la infancia se les excluye de la educación sexual y reproductiva y hay presunciones de que no la necesitarán. Se pensaría que en la edad adulta sí tendrán acceso a ella, pero no es así, se les sigue excluyendo al no proveerla en formatos accesibles y bajo sistemas de apoyo y de ajustes razonables, es decir, modificaciones y adaptaciones necesarias y particulares que garanticen a las personas con discapacidad acceder a ella en igualdad de condiciones.
En GIRE continuaremos trabajando para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud reproductiva sin discriminación y las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad puedan decidir sobre su destino reproductivo. Para que las instituciones de salud sean accesibles, el personal de salud brinde la atención libre de estigmas, estereotipos y prejuicios, y se realicen ajustes razonables para la atención de las personas usuarias, según sea necesario.
Es imprescindible reflexionar sobre la justicia reproductiva con las gafas anticapacitistas para ampliar el panorama de necesidades que a lo largo del tiempo ha estado centrado en una atención a la salud para las personas que viven sin discapacidad.
Después de todo, la lucha feminista y los movimientos de personas con discapacidad trabajamos desde nuestras trincheras para garantizar un mismo derecho: la autonomía reproductiva. No olvidemos que la justicia reproductiva sólo será justicia si es también para las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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