El 4 de noviembre, las comisiones unidas de Igualdad de Género y Procuración de Justicia aprobaron la iniciativa que busca eliminar el delito de aborto en la CDMX. Desde 2007, la interrupción del embarazo por libre decisión se permite durante las primeras 12 semanas de gestación, y posterior a este plazo solamente puede practicarse legalmente bajo causales: violación o inseminación artificial no consentida, riesgo a la salud, alteraciones congénitas o genéticas graves, y conducta imprudencial o culposa. Pero el aborto aún es un delito; mujeres y personas gestantes siguen enfrentando el riesgo de ser señaladas como delincuentes.
El dictamen que está por discutirse en el Pleno propone la derogación (eliminación) de los artículos que castigan el aborto voluntario (autoprocurado y consentido), una vez cumplidas las primeras 12 semanas del embarazo, incluidas las causales, que serán innecesarias al aprobarse la eliminación del delito. Al mismo tiempo, el Capítulo V “Aborto” cambiará su denominación para llamarse “Interrupción Forzada del Embarazo”, subsistiendo únicamente el artículo 146, que contemplará una pena de cinco a ocho años de prisión para quien interrumpa el embarazo de mujer o persona gestante sin su consentimiento, en cualquier momento y por cualquier medio. Y si mediare violencia física o moral, de ocho a diez años de prisión.
Sacar el aborto del Código Penal no quiere decir que no haya una regulación en términos de quién puede acceder a los servicios, sino que en lugar de que exista como un delito se propone que se regule desde el ámbito sanitario. Aprobar esta reforma hará posible que mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar dejen de ser considerades delincuentes por ejercer su autonomía reproductiva, y convertirá a la CDMX en la entidad con el estándar más alto en la protección del derecho a decidir, tanto en México como en la región.
Para que la decisión de interrumpir un embarazo no represente peligro de sanción penal, es fundamental que el aborto ya no sea un delito: al eliminarlo se dejará de criminalizar, cosa que con la despenalización parcial no se ha logrado.
De acuerdo con datos del SESNSP, de enero de 2015 a septiembre de 2024, en la CDMX hubo 1,257 carpetas de investigación por el delito de aborto. Pese a que el número de entidades en las que se ha despenalizado parcialmente constituye actualmente más de un tercio del país, las carpetas de investigación que fueron abiertas por las fiscalías han ido al alza en algunas partes y no han desaparecido en el resto.
Recordemos que la criminalización va más allá de lo penal. Aunque se suele asumir que su expresión más dramática y agraviante consiste en que las mujeres o personas con capacidad de gestar sean sentenciadas y sancionadas penalmente, la criminalización se manifiesta en diferentes momentos del proceso penal, incluso desde la mera amenaza de la presentación de una denuncia. Asimismo, sus efectos pueden experimentarse de múltiples formas, como el estigma social y la negativa o el condicionamiento de servicios esenciales de salud, con afectaciones serias a su integridad personal.
Eliminar el delito de aborto resulta fundamental para que mujeres y personas gestantes dejen de enfrentar procesos penales y también dejen de ser criminalizadas tanto en los servicios de salud como en el ámbito social. Quienes interrumpen un embarazo podrán hacerlo sin la sombra del estigma, lo que traerá mayor libertad para hablar sobre el aborto, sin miedo, en cualquier ámbito. Eliminar el delito de aborto terminará con la criminalización de las personas que abortan, de quienes llevan a cabo el procedimiento y de quienes acompañan el proceso o brindan información.
Además de terminar con la criminalización, se fortalecerá el reconocimiento del aborto como un servicio esencial de salud y se abonará a garantizar el acceso a dicho servicio como parte del ejercicio de los derechos reproductivos. La regulación del aborto como un asunto estrictamente sanitario facilitará una atención oportuna, de calidad, respetuosa, no discriminatoria, con información basada en evidencia científica y libre de estigmas.
La derogación del delito reafirma el reconociento y garantía de los derechos reproductivos como derechos humanos, tal como lo establece el artículo 4º constitucional que, además del reconocimiento de los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a la vida y a la libertad, en el párrafo segundo prevé el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; es decir, el derecho a la autonomía reproductiva.
Eliminar el delito de aborto erradicará las dudas que obstaculizan la labor del personal de salud: ya no tendrán que preguntarse por las semanas de gestación o si tienen que llamar al Ministerio Público; sólo tendrán que concentrarse en cumplir con su obligación, es decir, prestar servicios de salud reproductiva en las mejores condiciones posibles, lo cual dará mayor certidumbre para brindar atención e información a quienes deseen interrumpir un embarazo.
Desde GIRE seguiremos pugnando por que el dictamen aprobado en en Comisiones llegue al Pleno y que en la CDMX contemos con una regulación que reconozca plenamente que mujeres, hombres trans y personas no binaries somos sujetos morales plenos con la capacidad de tomar las decisiones que mejor convengan a nuestro proyecto de vida e intereses personales.
¡Fuera el aborto del código penal!
Siria está dividida y controlada por el presidente Assad o por varios grupos armados y entidades declaradas unilateralmente con diferentes ideologías y lealtades.
Aunque la guerra en Siria continúa tras 13 años de combates, el conflicto desapareció de los titulares hasta este diciembre, cuando el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) llevó a cabo un sorpresivo avance en Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, conquistando grandes territorios en pocas horas.
El jueves HTS tomó la ciudad de Hama, donde vive un millón de personas. Y ahora se dirigen a Homs, una ciudad de importancia estratégica.
El avance del grupo yihadista ha sido descrito como “rápido y asombroso” y ha vuelto a trazar las líneas de esta guerra de más de una década.
Todo empezó en 2011 cuando un levantamiento pacífico contra el presidente sirio Bashar al Assad se convirtió en una guerra civil a gran escala.
El conflicto ha dejado medio millón de muertos y se ha convertido en una guerra subsidiaria en la que participan países de la región, Rusia y Estados Unidos.
Hoy Siria está dividida en cuatro secciones diferentes, controladas por el régimen de Assad o por varios grupos armados y entidades declaradas unilateralmente con diferentes ideologías y lealtades.
El control de cada parte de Siria ha cambiado significativamente desde el comienzo de la guerra.
Al principio, el gobierno del presidente Assad perdió vastos territorios ante las fuerzas rebeldes, pero a partir de 2015 logró obtener el apoyo de Rusia y recuperó el control de alrededor de dos tercios del país hasta el último avance rebelde sobre Alepo y Hama.
En el norte, donde Siria limita con Turquía, hay numerosas fronteras trazadas por autoridades autoproclamadas o grupos armados respaldados por actores internacionales.
“Desde el este de la capital, Damasco, hasta las tierras que llegan al río Éufrates, existe la influencia iraní”, afirma Serhat Erkmen, del Centro de Análisis de Riesgos y Seguridad.
“La costa mediterránea, las zonas desde allí hasta Damasco y las tierras del sur están bajo la influencia de Rusia”, añade.
Irán y Rusia han estado entre los partidarios más vocales del gobierno de Asad.
Pero los recientes acontecimientos en la región cambiaron fundamentalmente la dinámica de poder.
Enfrascados en un conflicto con Israel, Irán y Hezbolá se distrajeron y Rusia se está centrando en su guerra en Ucrania.
Aunque todos estos actores siguen declarando su apoyo al gobierno de Asad, los analistas afirman que su apoyo sobre el terreno durante la última escalada ha disminuido.
Alepo y las regiones circundantes, incluida la ciudad de Hama, están ahora bajo el control de Hayat Tahrir al Sham (HTS), una organización política y armada islamista sunita.
Latakia, el principal puerto de Siria en el Mediterráneo, está bajo el control de Asad y ha desempeñado un papel fundamental desde que estalló la guerra civil.
A poco más de 120 km hacia la frontera norte se encuentra la provincia de Idlib, que ha estado controlada por varias facciones rivales de la oposición desde que las fuerzas gubernamentales perdieron el control de esa provincia en 2015.
Ahora está en su mayor parte bajo el poder de HTS.
“Solía llamarse Frente Nusra y mucha gente estará familiarizada con ese nombre. Era la rama de Al Qaeda en Siria”, explica Mina al-Lami, especialista en medios yihadistas de BBC Monitoring.
En 2016, el Frente Nusra anunció que rompía sus vínculos con Al Qaeda, ya que los grupos rebeldes locales se negaban a trabajar con ellos debido a la marca Al Qaeda.
“Todo el mundo tenía miedo a Al Qaeda. Por eso, el grupo anunció su independencia”, señala Mina al-Lami.
Aunque HTS insiste en que es independiente y no está vinculado a una entidad externa, y afirma que no tiene ambiciones yihadistas globales, la ONU, Estados Unidos y Turquía lo consideran un grupo todavía asociado con Al Qaeda y lo incluyen en la lista de organizaciones terroristas.
El periodista sirio Sarkis Kassargian afirma que hay muchos grupos radicales que apoyan a HTS en la región, como el Partido Islámico de Turkestán, un grupo yihadista dominado por los uigures chinos.
Después de obligar a la mayoría de los militantes respaldados por Turquía a salir de Idlib, HTS estableció una autoridad administrativa de facto en la región.
“Tiene ministerios, tiene ministros que son muy activos en las redes sociales, inauguran nuevos proyectos, se centran en la reconstrucción, asisten a graduaciones”, dice Mina al-Lami.
“Así que realmente intenta presentarse como un microestado, un pequeño estado dentro de un Estado, que dirige sus propios servicios, y realmente han tratado de obtener la aprobación de la comunidad internacional”.
En 2017, Turquía, que se oponía al gobierno sirio, y los aliados de Siria -Rusia e Irán-, llegaron a un acuerdo en las conversaciones en la capital kazaja, Astaná, para establecer zonas de distensión, incluida Idlib, con el objetivo de detener los combates.
Al año siguiente, Rusia y Turquía acordaron crear una zona de amortiguamiento desmilitarizada en la provincia de Idlib para separar a las fuerzas gubernamentales de los combatientes rebeldes estacionados allí.
Afrin, que alguna vez fue un enclave controlado por los kurdos y se encuentra en el noroeste de Siria, está hoy bajo el control de grupos anti-Assad respaldados por Turquía.
En 2018, Turquía inició un ataque masivo contra las fuerzas kurdas del otro lado de la frontera tras la decisión de Estados Unidos de formar una fuerza de seguridad fronteriza integrada por combatientes kurdos de las YPG (Unidades de Protección del Pueblo), a quienes Ankara considera una amenaza para la seguridad nacional y una rama del grupo militante PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), que lleva más de tres décadas librando una guerra en el sureste de Turquía.
Desde entonces, Turquía y sus aliados sirios controlan la región de Afrin.
Turquía reunió a los grupos militantes que respaldaba bajo el paraguas de lo que denominó Ejército Nacional Sirio (ENS) en 2017. Anteriormente se llamaban Ejército Libre Sirio (ELS).
El ENS estaba compuesto por grupos directamente vinculados al ejército turco o a la inteligencia, como la División Sultán Murad, y otros grupos con afiliaciones a los Hermanos Musulmanes y Qatar.
“Hasta donde sabemos, estos grupos no trabajan junto con grupos yihadistas, pero por supuesto están en línea con la propia agenda, prioridades y ambiciones de Turquía en la región. Por lo tanto, están fuertemente en contra de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos y también, por supuesto, de las fuerzas del gobierno sirio”, señala Mina al-Lami de BBC Monitoring.
Con el respaldo de Turquía, el ENS controla hoy áreas desde Afrin hasta Jarablus, en el oeste del río Éufrates, y desde Tell Abyad hasta Ras al-Ayn en el este.
El 30 de noviembre, lanzaron una operación contra las fuerzas kurdas en el norte de Alepo, logrando avances y tomando el control de áreas como la ciudad de Tell Rifaat, anteriormente controlada por los kurdos.
El ENS es parte de la autoridad administrativa denominada Gobierno Provisional Sirio, y el gobierno y el ejército turcos también juegan un papel importante en la región.
Otro grupo destacado en el norte son las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).
Esta coalición de milicias étnicas kurdas y árabes y grupos rebeldes controla áreas desde el este del río Éufrates hasta la frontera iraquí y la ciudad de Manbij en el oeste.
Las FDS han declarado unilateralmente una entidad bajo el nombre de Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria en 2018, controlan una cuarta parte del territorio sirio y albergan bases militares estadounidenses y rusas.
“A diferencia de otros grupos de oposición, las FDS intentan establecer una legitimidad internacional utilizando ambos canales, a través de Moscú y Washington”, dice el analista de seguridad Serhat Erkmen.
“Por un lado, mantienen conversaciones con el gobierno sirio para determinar cómo pueden integrarse en el futuro del país, y por el otro, mantienen una estrecha cooperación política, económica y militar con EE.UU., a quién Damasco se opone vehementemente”, agrega.
La presencia de las FDS en la frontera turca es una de las principales preocupaciones para Ankara, y muchos analistas sostienen que uno de los objetivos de los recientes avances rebeldes en Alepo es obligar al gobierno de Asad a negociar un acuerdo con el presidente turco Erdogan sobre una zona de amortiguamiento en el norte.
El grupo autodenominado Estado Islámico (EI), también conocido como ISIS o Daesh en árabe, proclamó su califato en 2014 y durante años logró apoderarse de vastas secciones de Siria e Irak.
La aparición del EI cambió el curso de la guerra en Siria y motivó la formación de una coalición liderada por Estados Unidos que incluía a más de 70 naciones para derrotarlo.
En 2019, esa coalición finalmente expulsó a EI de su último refugio en Siria.
Pero, ¿terminó por completo la amenaza del EI en Siria?
“Ha vuelto a ser un grupo insurgente, que lleva a cabo ataques relámpago, pero sigue siendo muy activo en Siria y sus ataques han aumentado significativamente este año”, señala Mina al-Lami.
Agrega que EI lograría un punto de inflexión significativo si pudiera liberar a sus combatientes y a sus familias detenidas y retenidas en varios campamentos controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias.
Amnistía Internacional asegura que, más de cinco años después de la derrota de EI, decenas de miles de personas siguen detenidas: unos 11.500 hombres, 14.500 mujeres y 30.000 niños están recluidos en al menos 27 centros de detención y dos campos de confinamiento: Al-Hol y Roj.
“Estado Islámico tiene los ojos puestos en esos campos. Está esperando cualquier crisis, cualquier debilitamiento de la seguridad para poder entrar y asaltar esos campos y prisiones y liberar a la gente que está allí”, afirma Mina al-Lami.
“Ejemplos de esa crisis serían una importante operación militar dirigida por Turquía en el norte de Siria, posiblemente contra las fuerzas kurdas, o una importante operación estadounidense contra las milicias chiitas en Siria”, añade.
*Con información de Fatima Celik, BBC News Turquía.
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