Acceso a la salud libre de gordofobia: un reto para la justicia reproductiva
El 4 de marzo de 2022 se conmemoró, por primera vez, el Día Mundial contra la Gordofobia. Ese día, activistas contra la gordofobia reivindicaron una fecha que antes conmemoraba el Día Mundial contra la Obesidad. Es así que redactaron un manifiesto colectivo en el que declaran, entre otras cosas, que la obesidad no es una enfermedad, que las personas gordas no le deben salud a nadie, que la gordura es parte de la diversidad humana y que las personas gordas son merecedoras de recibir atención e intención de tratamiento médico adecuado.
En esta fecha de resignificación nos parece urgente visibilizar que una de las deudas principales con las personas gordas es el acceso a servicios de salud reproductiva no centrada en el peso, libre de violencia y sin sesgos gordofóbicos.
Cuando hablamos de gordofobia nos referimos a un fenómeno sociocultural, económico y político cargado de prejuicios valorativos incitadores de odio contra los cuerpos que no entran en los cánones corporales normativos. Al abordar este fenómeno es muy importante tomar en cuenta que se trata de un tipo de violencia estructural y como todo problema sistémico se esconde con discursos que parecieran ser bien intencionados, pero que traen detrás asociaciones negativas que se traducen en el rechazo, la exclusión y el menoscabo de derechos de las personas gordas.
El gordo odio ha sido uno de los problemas más difíciles de evidenciar y la razón es sencilla: el discurso gordofóbico se ha escondido en una supuesta preocupación por la salud de las personas. Se ha conceptualizado a los cuerpos delgados como cuerpos saludables, mientras que los gordos han sido asociados automáticamente con enfermedad, cuando lo cierto es que la salud y el bienestar de una persona dependen de muchos factores no asociados con el peso. Así, el peso ha sido usado como un chivo expiatorio que debería explicar todos los padecimientos de una persona con un cuerpo gordo.
El fenómeno afecta todos los espacios de la medicina y, evidentemente, influye en la forma en que las mujeres y personas con capacidad de gestar gordas acceden a servicios de salud sexual y reproductiva.
Desde el acompañamiento de casos en GIRE hemos identificado actuaciones gordofóbicas de las autoridades en la aplicación de Técnicas de Reproducción Asistida (TRA). Por ejemplo, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre exige como requisito para poder acceder a estas técnicas que las pacientes cuenten con un índice de masa corporal (IMC) menor a 30 IMC Peso (kg/m2). Cabe mencionar que, de acuerdo con el manifiesto mencionado al inicio, el IMC es una fórmula basada y pensada para hombres cis blancos, europeos y adultos, por lo que se trata de un indicador clasista, racista, androcentrista, cisexista y eugenésico que es poco representativo de la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En ese sentido, existe evidencia contundente de que el IMC no es una categoría adecuada para ciertos grupos poblaciones, en particular para mujeres y personas con capacidad de gestar, grupos etarios jóvenes y de edad avanzada y algunos otros grupos poblacionales; por ejemplo, el Departamento de Salud de Estados Unidos ha encontrado que las mujeres afroamericanas tienden a ser categorizadas como obesas con más frecuencia.
Además, durante la atención médica nuestras acompañadas han reportado una insistencia fuerte en la pérdida de peso para “mayor eficacia” del procedimiento de fertilización in vitro. Les recetan, incluso, medicamentos o dietas restrictivas que provocan una pérdida de peso significativa en un corto periodo de tiempo, ignorando el impacto que esto podría generar en su salud física y mental, y además colocándolas en una situación en la que, si la técnica aplicada falla, se sienten responsables por no haber perdido el peso suficiente. Lo cierto es que no hay evidencia científica que sustente que la pérdida de peso influye en el tratamiento de la infertilidad o en el éxito de las TRA.
Desde GIRE también hemos identificado esta violencia en la atención del embarazo, parto y puerperio, es decir, como una forma de violencia obstétrica. La violencia obstétrica gordofóbica va desde el hostigamiento a las personas embarazadas para que no suban de peso durante el embarazo, hasta comentarios relacionados con la imposibilidad de realizar un ultrasonido porque la grasa abdominal supuestamente resta visibilidad, la necesidad de optar por una cesárea exclusivamente por el peso de la paciente y las dietas restrictivas después del parto para perder los kilos subidos en el embarazo.
Este actuar no solo se ve hacia las personas embarazadas o buscando un embarazo, sino que es común en la atención ginecológica que el personal de salud sugiera como solución la pérdida de peso, haciendo comentarios hirientes sobre el cuerpo de la persona y sin atender realmente el problema subyacente, no importa cuál sea. Este tipo de situaciones ocasiona que ante la culpa y la vergüenza generada las personas se abstengan de acudir nuevamente para revisión.
Todos estos ejemplos son un reflejo del problema sistémico que es la gordofobia, misma que no solo se perpetúa en los lineamientos técnicos que se utilizan en los hospitales sino que es sostenida por el personal médico. El reto de eliminar la atención centrada en el peso es enorme, ya que la gordofobia no se ve como un problema que atender, sino más bien es el status quo. Así, permea la concepción de que hay enfermedades que solo les dan a los cuerpos gordos y que la pérdida de peso por sí misma soluciona padecimientos, a pesar de que ninguna de las dos afirmaciones es cierta.
El Día Mundial contra la Gordofobia nos da la oportunidad de reflexionar sobre la violencia gordofóbica que presenciamos e incluso ejercemos. Y, a las personas comprometidas con la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, nos obliga a reconocer la deuda que tenemos hacia las personas gordas, cuyas necesidades hemos desatendido.
* Sofia del Carmen Aguiar Reynoso (@sofiaguiarr) y Ximena Mendoza Ramírez (@xime9898) son abogadas de Documentación y Acompañamiento de Casos en @GIRE_mx.
El juez que presidía la causa, Maximiliano Savarino, anunció que el juicio tendrá que volver a empezar de cero.
El juicio por la presunta responsabilidad de un grupo de personal médico en la muerte del astro de fútbol argentino Diego Armando Maradona fue anulado este jueves, luego de que uno de los tres magistrados fuera apartado por haber estado filmando un documental sobre el proceso, sin autorización.
El juez que presidía la causa, Maximiliano Savarino, anunció que el juicio, que comenzó en marzo pasado en los suburbios de Buenos Aires, tendrá que empezar de cero en otro tribunal y con otros tres magistrados.
Siete personas estaban siendo juzgadas por homicidio involuntario, luego de que un panel de expertos designado para examinar las causas de la muerte del futbolista determinara que su fallecimiento en 2020, a los 60 años, a causa de un infarto, era prevenible.
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El panel afirmó que el equipo médico de Maradona que lo trató durante una internación domiciliaria, tras una operación para remover un coágulo de sangre en el cerebro, actuó de “manera inapropiada, deficiente e imprudente”.
Cerca de medio centenar de testigos ya habían declarado en la causa, incluyendo las hijas de Maradona.
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