Rainbow‑washing, afirmación de género y derechos reproductivos
Junio se pinta de colores: marcas con logotipos arcoíris y campañas que llaman a “celebrar la diversidad y la inclusión”. Sin embargo, bajo ese estallido de colores late una realidad incómoda. El rainbow‑washing —la apropiación del discurso LGBTQ+ sin compromisos reales— convive con la necesidad de combatir la marginación y la discriminación que siguen excluyendo a las personas trans masculinas y no binaries con capacidad de gestar, especialmente cuando se trata de derechos reproductivos.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia especializada en salud sexual y reproductiva, publicó este año el artículo Cinco lecciones de 2024 para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en 2025. En el punto 3, “Quedarse atrás también significa ser empujado atrás”, subraya que, aunque en las últimas tres décadas se han registrado avances notables, estos han beneficiado de forma desproporcionada a los sectores más privilegiados.
El artículo advierte: “El Estado de la Población Mundial 2024 reveló las múltiples formas de marginación y discriminación que siguen excluyendo a millones de personas del progreso. Estas desigualdades están arraigadas en los sistemas de salud y en las instituciones económicas, sociales y políticas, privando a demasiadas personas de su salud y de sus derechos sexuales y reproductivos fundamentales”.
Para los hombres trans y las personas no binaries con capacidad de gestar, todo esto se traduce en barreras concretas: clínicas de aborto sin protocolos inclusivos, personal de salud que cuestiona su identidad de género y precariedad laboral más aguda para quienes no encajan en los estereotipos de “hombre” o “mujer”. El propio UNFPA marca la ruta: la necesidad de voltear a mirar la marginación y discriminación de estas disidencias del sexo-género y crear narrativas que les incluyan de forma prioritaria en los esfuerzos por garantizar derechos reprodutivos. Menos rainbow‑washing y más compromisos reales.
Un informe de 2025 del Carnegie Endowment for International Peace, The New Global Struggle Over Gender Rights, subraya que grupos conservadores y actores religiosos articulan un “backlash anti‑género” para reforzar la “familia natural” y frenar los avances en igualdad y salud sexual. Esta ofensiva global comparte un guión: redefinir quién “merece” derechos, penalizar a quienes prestan servicios y asfixiar financieramente la atención reproductiva y de afirmación de género.
En el Cono Sur lo vemos, por ejemplo, en Argentina, donde el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la modificación del artículo 11 de la Ley 26.743 para prohibir la hormonización y las cirugías en menores de 18 años; las hormonas para adultos siguen dentro del Programa Médico Obligatorio, pero organizaciones LGBTQ+ denuncian desabasto y retrasos. En Chile, sectores conservadores buscan acotar el debate parlamentario sobre el proyecto que legalizaría el aborto hasta las 14 semanas de gestación, intentando frenar su avance. Y en Uruguay, una bancada propone derogar parcialmente la Ley Integral para Personas Trans, lo que recortaría el acceso a terapias hormonales y programas de inclusión laboral. Estos casos muestran que el ataque a la autonomía corporal se extiende por la región y no es una excepción aislada.
Dialogando con amigues trans masculinos observamos un patrón de transfobia: se les acusa de “traicionar” a las mujeres, a la feminidad, al elegir la masculinidad. Pero muchas de estas personas no pretenden ser “hombres de facto”; están cuestionando y reinventando lo que significa la masculinidad.
Este discurso de odio también lo sostienen algunos sectores feministas que excluyen de la lucha por los derechos reproductivos a los hombres trans y las personas no binaries.
Se trata de una ofensiva coordinada, regional y global, que busca recuperar el control estatal, religioso y cultural sobre los cuerpos. Mientras la afirmación de género se enfrenta a prohibiciones directas, en materia de aborto aún hay retrocesos, estigmas, criminalización y barreras en el acceso. El objetivo es idéntico: limitar quién puede decidir sobre su cuerpo. Al imponer la noción de cuerpos “correctos”, estas políticas desplazan y castigan a quienes se salen de la norma.
El UNFPA insiste: si queremos que los próximos 30 años de progreso incluyan a todas las personas, debemos diseñar programas de salud específicos que desmantelen la discriminación sistémica. Las clínicas que prestan servicios de aborto necesitan protocolos de atención para personas trans masculinas y no binaries que respeten su identidad.
Defendamos estos derechos todo el año: los derechos reproductivos de los hombres trans y las personas no binaries no son un eslogan de temporada, son derechos humanos.
* Diana Estefania Velázquez Millán es Oficial de Comunicación Digital en @GIRE_mx.
La ley aprobada en el Congreso, que será promulgada este viernes por el presidente, incluye cambios radicales en los impuestos, la seguridad social y más.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el extenso proyecto de ley de impuestos y gastos de Donald Trump, lo que representa una victoria significativa y reñida para el presidente y su agenda nacional.
Tras una ardua sesión en el Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 218 votos a favor y 214 en contra este jueves por la tarde. El martes, el proyecto fue aprobado en el Senado por un solo voto.
Trump había dado al Congreso, controlado por los republicanos, hasta el 4 de julio para enviarle la versión final del proyecto de ley y así promulgarlo, algo que hará este viernes en una ceremonia especial.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el proyecto de ley podría añadir US$3,3 billones al déficit federal en los próximos 10 años y dejar a millones de personas sin cobertura sanitaria, una previsión que la Casa Blanca cuestiona.
La legislación genera ahorros mediante recortes a las prestaciones publicas para alimentación y sanidad, y la reducción de las exenciones fiscales para proyectos de energía limpia.
Además, cumple dos de las principales promesas de campaña de Trump: hacer permanentes sus recortes de impuestos de 2017 y eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extras y los beneficiarios de la Seguridad Social, con un coste de US$4,5 billones en 10 años.
Se destinarán unos US$150.000 millones a seguridad fronteriza, centros de detención y agentes de inmigración. Otros US$150.000 millones se destinarán a gasto militar, incluyendo el programa de defensa antimisiles “cúpula dorada” del presidente.
Los demócratas, que habían recurrido a maniobras procesales para retrasar la votación en la Cámara de Representantes, criticaron duramente el proyecto de ley final.
Lo describieron como una medida que priva a millones de estadounidenses de la atención médica y los subsidios alimentarios, a la vez que otorgaba recortes de impuestos a los ricos.
A continuación, te presentamos algunos de los puntos clave de la polémica ley.
1. Prórroga de los recortes de impuestos de Trump de 2017
En su primer mandato, Trump firmó la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, que bajó los tributos a corporaciones y personas de la mayoría de los niveles de ingresos.
Trump había promocionado la ley como una norma que estimularía el crecimiento económico, pero expertos argumentan que ha beneficiado más a los estadounidenses adinerados.
Disposiciones clave de esa ley vencerán en diciembre, pero el extenso proyecto de ley presupuestaria votado este jueves hará que esas reducciones de impuestos sean permanentes.
2. Fuertes recortes a los subsidios de salud
Para ayudar a financiar los recortes de impuestos en otras áreas, los republicanos han añadido restricciones y requisitos adicionales a Medicaid, el programa de salud del que dependen millones de estadounidenses con discapacidades y bajos ingresos.
Los cambios a Medicaid, uno de los componentes más importantes del gasto federal, han sido una fuente importante de conflicto.
Uno de los cambios son los nuevos requisitos laborales para adultos sin hijos y sin discapacidades.
Para calificar, a partir de diciembre de 2026 deberán trabajar al menos 80 horas al mes.
Otro cambio propuesto al programa es exigir que la reinscripción a Medicaid pase de ser anual a semestral.
Los inscritos también tendrán que proporcionar verificaciones adicionales de ingresos y residencia.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que casi 12 millones de estadounidenses podrían perder su cobertura médica para finales de la próxima década como resultado de los cambios propuestos.
3. Impuestos a la Seguridad Social
En la campaña electoral, Trump prometió eliminar los impuestos sobre las prestaciones del Seguro Social: pagos por jubilaciones o pensiones para personas con discapacidad.
El proyecto de ley no cumple esa promesa, pero sí aumenta temporalmente la deducción estándar hasta en US$6.000 anuales para algunas personas mayores de 65 años. Esta deducción estaría vigente entre 2025 y 2028.
No podrán beneficiarse las personas mayores con ingresos más bajos que ya no pagan impuestos sobre el Seguro Social, quienes optan por solicitar sus beneficios antes de cumplir los 65 años y quienes superan un umbral de ingresos definido.
4. Recortes a los beneficios en alimentos
También se han incorporado reformas al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), utilizado por más de 40 millones de estadounidenses de bajos ingresos.
El proyecto de ley exige que los estados contribuyan más al programa, que actualmente está financiado en su totalidad por el gobierno federal.
El gobierno seguirá financiando íntegramente las prestaciones para los estados con una tasa de error en los pagos inferior al 6%, pero los estados con tasas de error más altas asumirán entre el 5% y el 15% de los costos del programa.
El cambio entrará en vigor en 2028.
El proyecto de ley también añade requisitos de trabajo para los afiliados al programa SNAP sin discapacidades que no tengan dependientes.
5. Sin impuestos sobre horas extras o propinas
La disposición de “sin impuestos sobre las propinas” del proyecto de ley fue una de las promesas de campaña de Trump.
La versión final del proyecto de ley permitirá a los trabajadores deducirse hasta US$25.000 en propinas y hasta US$12.500 (US$25.000 en el caso de una declaración conjunta) en horas extras, pero estas deducciones son temporales y terminan el 31 de diciembre de 2028.
6. Recortes de impuestos a las energías limpias
Una de las divisiones más notables entre los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado era la propuesta del Senado de exenciones fiscales para energías limpias.
Aunque ambos pedían el fin de los créditos fiscales federales para energías limpias de la era Biden, los republicanos del Senado aprobaron una eliminación gradual.
Por ejemplo, el Senado ha ampliado el plazo para que las empresas que construyen parques eólicos y solares sigan beneficiándose de los créditos fiscales.
Sin embargo, tanto la versión de la Cámara baja como la del Senado buscaron denegar los créditos a empresas cuyas cadenas de suministro puedan tener vínculos con una “entidad extranjera preocupante”, como China.
Las empresas que comiencen la construcción este año podrían calificar para la exención fiscal completa. Esta se reduce al 60% si comienzan la construcción en 2026 y al 20% si comienzan en 2027. El crédito desaparecería en 2028.
¿Qué pasa a partir de ahora?
Ahora que el proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, su siguiente paso es pasar por el despacho del presidente para su promulgación oficial.
La Casa Blanca afirma que el presidente Trump lo firmará en una ceremonia el 4 de julio a las 17:00 hora local (21:00 GMT).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó a la aprobación del proyecto de ley con un mensaje breve en redes sociales: “¡VICTORIA!”, escribió, junto a una imagen de la bandera estadounidense.
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