
El 2025 comenzó con la clara conciencia de que los años previos habían sido extraordinarios. En 2023 y 2024 se consolidaron avances históricos para los derechos reproductivos en México y sabíamos que mantener ese ritmo —o incluso superarlo— sería un desafío en un contexto que ya anunciaba transformaciones profundas. Aun así, entramos al año con la certeza que siempre nos guía: la autonomía reproductiva merece ser defendida todos los días, incluso cuando las condiciones se vuelven más complejas. En GIRE asumimos este año con confianza en nuestra causa y con el compromiso de seguir acompañando, incidiendo, generando evidencia y construyendo rutas para que los derechos no solo se protejan, sino que se mantengan y se sigan ampliando. Fue un año que nos exigió adaptarnos, sostener y cuidar lo logrado. Pero también fue un recordatorio de por qué seguimos aquí.
El contexto marcó el paso. A nivel nacional, la transformación del sistema de salud avanzó a través de procesos rápidos y, en muchos momentos, ambiguos. Esto generó dudas sobre quién debe garantizar la prestación de servicios esenciales, revelando tanto la fragilidad institucional como la permanencia de prácticas restrictivas que limitan el acceso efectivo a la atención. Al mismo tiempo, la reconfiguración del Poder Judicial —particularmente tras la reforma de 2024 que limitó los efectos generales de las sentencias— implicó un giro relevante para el litigio estratégico y añadió incertidumbre respecto a la aplicación práctica de criterios previamente establecidos. Estos cambios, sumados a la necesidad de mantener y consolidar estándares jurisprudenciales, nos recordaron que nuestros logros requieren una defensa constante.
En el plano internacional, el clima tampoco fue sencillo. En varios países, los gobiernos adoptaron posturas más regresivas en materia de igualdad de género y derechos reproductivos, dando oxígeno a discursos estigmatizantes y narrativas que buscan desacreditar al movimiento feminista. Esta tendencia global alcanzó también a México, visible en debates locales donde grupos conservadores lograron frenar avances legislativos a pesar de resoluciones judiciales favorables. El restablecimiento de la llamada Global Gag Rule añadió una capa más de presión, sobre todo para países con sistemas de salud debilitados, al restringir la provisión de información y servicios esenciales. En conjunto, fue un escenario donde los derechos conquistados no estaban garantizados.
Aun así, los logros de 2025 fueron significativos. En materia de aborto, el impulso de los últimos años se mantuvo firme: hoy 24 de las 32 entidades federativas han despenalizado la interrupción del embarazo al menos durante el primer trimestre. Este avance, fruto del trabajo persistente del movimiento feminista, organizaciones de la sociedad civil, abogadas, acompañantes y de decisiones clave del máximo tribunal, representa un hito histórico para el país. Un panorama como este habría resultado inimaginable apenas una década atrás.
Este año se cumplieron 18 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. A casi dos décadas de aquella reforma, la capital sigue siendo un referente en la defensa de los derechos reproductivos. Sin embargo, este aniversario también obliga a reconocer que el camino hacia la garantía plena del derecho a decidir sigue marcado por límites estructurales. A pesar de los avances normativos, la regulación penal del aborto permanece vigente en la mayoría de los estados, y esa permanencia tiene efectos concretos: quienes buscan acceder a un aborto siguen expuestas a ser denunciadas y a enfrentar procedimientos penales. La existencia misma del delito restringe el acceso, profundiza las desigualdades territoriales y alimenta el estigma que atraviesa la experiencia de quienes requieren atención. Mientras la regulación penal continúe operando, el riesgo de criminalización será una realidad y la promesa de un acceso pleno, seguro y libre de prejuicios seguirá incompleta. Por eso seguimos insistiendo en un cambio de paradigma que deje atrás el uso del derecho penal y permita que el aborto legal, seguro y gratuito sea una garantía efectiva para todas las personas.
En otras áreas de la salud reproductiva, GIRE avanzó en agendas igualmente urgentes. Continuamos posicionando el aborto como parte integral del continuo de atención en salud reproductiva, pero también trabajamos en visibilizar la violencia obstétrica desde sus múltiples dimensiones: falta de información, trato indigno, prácticas coercitivas y controles que limitan la autonomía de las personas. Además, insistimos en la necesidad de regular la reproducción asistida desde un enfoque de igualdad y no discriminación. Actualmente, la falta de un marco normativo adecuado deja espacio para decisiones arbitrarias basadas en estereotipos sobre quién “merece” o no acceder a técnicas reproductivas. Lo mismo ocurre con la gestación por sustitución, donde la ausencia de reglas claras expone a todas las partes involucradas a escenarios sin rutas formales para garantizar información, acompañamiento y protección.
Otro eje que tomó fuerza este año fue la agenda de cuidados. Comprender el trabajo de cuidados —pagado y no remunerado— como parte esencial de la justicia reproductiva implica reconocer que las desigualdades se entrelazan: quienes viven con menos recursos suelen enfrentar más barreras tanto para acceder a servicios de salud como para sostener el cuidado cotidiano. Esta intersección nos obliga a ampliar la mirada y a exigir políticas que consideren los determinantes sociales de la salud: ingreso, vivienda, educación, empleo, movilidad, acceso al agua, seguridad social y todos aquellos elementos que condicionan la posibilidad real de tomar decisiones libres. Es una agenda en construcción, pero ya perfila horizontes transformadores para el país y en el ámbito regional, considerando el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho autónomo, a partir de la decisión de la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hacia el cierre del año, hubo señales alentadoras. La nueva Suprema Corte, en uno de sus primeros asuntos vinculados a derechos reproductivos, invalidó normas que imponían trabas indebidas para acceder a servicios como el aborto por violación o la anticoncepción de emergencia. La decisión también abrió la puerta a la despenalización del aborto en Tlaxcala y reafirmó que ninguna autoridad puede imponer requisitos punitivos que limiten el acceso a servicios esenciales de salud. Es un mensaje poderoso: incluso en escenarios institucionales cambiantes, los criterios construidos durante más de una década siguen teniendo fuerza y están profundizando su capacidad de proteger los derechos.
De cara al 2026, sabemos que se perfila un año exigente. Consolidar los avances alcanzados requerirá asegurar que todas las personas puedan acceder efectivamente a servicios de salud reproductiva sin discriminación ni obstáculos. También será clave fortalecer los criterios jurisprudenciales existentes para que se mantengan como referentes firmes en esta nueva etapa del Poder Judicial. Y, sobre todo, será indispensable impulsar políticas públicas capaces de convertir los derechos en una realidad cotidiana: servicios accesibles, personal capacitado, infraestructura adecuada y un sistema de salud que reciba a las personas con base en la calidez y calidad, no con sospecha.
Pero si algo nos enseñó este año es que los derechos avanzan cuando se sostienen colectivamente. Cuando se documentan las injusticias, cuando se acompaña sin juicio, cuando se exige con claridad, cuando nadie se queda sola ante la violencia o la precariedad institucional. La fuerza del movimiento feminista, la solidaridad de las comunidades y la convicción de quienes defienden la autonomía reproductiva siguen siendo los motores esenciales en tiempos de incertidumbre global.
Por eso, nuestra apuesta sigue intacta. Queremos mantener lo ganado, profundizar en lo avanzado y proteger cada conquista para que el Estado garantice servicios accesibles, disponibles, aceptables y de calidad. Sabemos que aún existen barreras importantes, pero confiamos en que, a través del acompañamiento de casos, la incidencia, la investigación y la comunicación, seguiremos construyendo un país donde decidir sea una posibilidad real para todas las personas. Nada de lo logrado es definitivo, pero nuestra capacidad de seguir empujando hacia adelante sí lo es. GIRE seguirá aquí: con la misma claridad, la misma convicción y la misma esperanza activa que nos han guiado desde el inicio.
* Frania Colmenero (@franiacolmenero) es subdirectora de @GIRE_mx.

El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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