A un año de la despenalización del aborto en Baja California existen más retos que avances. Y es que desde el Estado no se ha generado ninguna campaña para informar a la población bajacaliforniana que el aborto es una realidad y un derecho en esta entidad.
El Programa de Aborto Seguro sólo se encuentra operando en tres sedes: en Mexicali se ubica en el Centro de Salud de la colonia Industrial, en Tijuana en la Jurisdicción de Servicios de Salud y en Ensenada en el Hospital General. Esto se traduce en una barrera de acceso, pues los servicios están limitados a cierta área geográfica, dejando fuera u obligando a las personas a desplazarse desde puntos periféricos de cada municipio, incluso desde otros municipios ya que San Felipe, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín no cuentan con un Centro de Salud, una Jurisdicción o un Hospital General que brinde el servicio. Además, el horario de atención es reducido, lo que restringe aún más la accesibilidad al servicio de aborto.
El enorme conservadurismo en el personal de salud es otro gran problema, pues se escudan en la objeción de conciencia para coartar el derecho a un aborto seguro de mujeres y personas con capacidad de gestar que pudieran llegar a solicitarlo. Y este conservadurismo permea también en varias y varios tomadores de decisiones, quienes sin tapujos generan convenios o alianzas con organizaciones abiertamente antiderechos.
Por otro lado, no existe un protocolo homologado para brindar el servicio de aborto en el estado (aun cuando se encuentra ya la Edición 2022 del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México). Más bien, cada municipio sigue sus propias normativas; por ejemplo, en Ensenada es necesario acudir al área de psicología antes de que se realice procedimiento, es decir, alguien ajeno a nosotres debe validar nuestra decisión o intentar disuadirnos de ella, tal como lo externó el Secretario de Salud del estado en la mañanera del 28 septiembre: “Desde que se publicó el decreto, hasta la fecha, han acudido a solicitar la interrupción del embarazo poco más de 200 personas, de las cuales han calificado para llevar a cabo este proceso 159 en total. El resto afortunadamente han podido ser disuadidas”. Es preocupante que quien lidera los Servicios de Salud en Baja California se enorgullezca de que algunas personas hayan sido disuadidas. No, señor Secretario, coartar nuestros derechos no es motivo de orgullo.
Si bien se ha mencionado con bombo y platillo que el personal de salud ha sido capacitado por diversas instituciones gubernamentales o de la sociedad civil, esto no se ve reflejado en acciones que contribuyan a la accesibilidad. Por otra parte, el escaso presupuesto etiquetado para el Programa de Aborto Seguro es otra situación que afecta gravemente, pues el no contar con los suficientes recursos económicos limita el acceso a la población. Necesitamos urgentemente un presupuesto acorde a las necesidades y demanda de la población, y no uno que se asigne desde el estigma, la desinformación y la moral.
Como se puede ver, los retos y deudas por cumplir son enormes, pues no basta con despenalizar el aborto hasta la semana 12.6 de gestación. Es necesario sacar al aborto del Código Penal para que ninguna mujer y persona con capacidad de gestar sea criminalizada por decidir sobre su vida y su cuerpo. También es imprescindible que el Estado garantice el acceso y las condiciones para que el aborto sea asequible para todas en Baja California. Que se generen campañas de información con perspectiva de género, alejadas del estigma, para que la población sepa que el aborto está despenalizado en la entidad. Que el Programa de Aborto Seguro se encuentre en todos los municipios y en diversas sedes de cada uno de ellos. Que haya personal de salud no objetor de conciencia. Que los protocolos sean homologados y se rijan bajo el principio pro persona. Se requiere un presupuesto específico para el Programa de Aborto Seguro, basado en las necesidades y la demanda de la población.
Asimismo, es imperioso que les tomadores de decisiones no intenten imponer sus creencias por encima de nuestros derechos. No se puede dar marcha atrás a los derechos que hemos ganado: la protección a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos de la población bajacaliforniana es fundamental para el avance de todes. En este sentido, es necesario que el Estado haga su trabajo.
Agradezco a todes les acompañantes y a las organizaciones nacionales e internacionales que hacen del aborto una realidad; a todes ustedes quienes luchan desde la autonomía, la libertad, el amor y la rabia, mi admiración. En especial, agradezco a mis compas de la Red Estatal de Acompañantes de Baja California: sin ustedes el acceso al aborto no sería posible.
* Perla Nallely Martínez Reynoso es integrante de Las Borders (IG @las_borders).