Violencia obstétrica: los límites de nombrarla en el código penal
La violencia obstétrica es un fenómeno apremiante, sin embargo, ello no justifica la adopción de cualquier tipo de respuesta. El uso del derecho penal como eje de la política pública tiende a producir más injusticias que soluciones sustantivas. Su tipificación en el código penal, como ocurrió en Michoacán, desconoce el carácter estructural de esta violencia y desplaza la responsabilidad del Estado hacia respuestas punitivas que resultan insuficientes para garantizar derechos.
A finales del año pasado el Congreso de Michoacán decidió sancionar conductas del personal de salud, tales como la falta de atención oportuna y eficaz durante el embarazo, parto o puerperio; la imposición de condiciones de parto contrarias a la voluntad o prácticas culturales de la mujer o persona gestante; la intervención injustificada en partos de bajo riesgo sin consentimiento informado; la omisión o negación de información que impida el apego precoz y la lactancia inmediata, así como cualquier forma de coacción o presión, ya sea verbal, física o psicológica, que inhiba la libre decisión sobre la maternidad. Las sanciones consisten en penas de seis meses a tres años de prisión y multas de setenta a ciento cincuenta días.
Con esta decisión, Michoacán se sumaría a la lista de entidades federativas que emplean la vía penal como respuesta a la violencia obstétrica, lo que refleja la persistencia de la idea de que, ante un fenómeno latente, es necesario recurrir a este enfoque. Planteamiento que se replicó durante la reunión celebrada el pasado noviembre entre presidentas de comisiones de igualdad de género de todo el país.
La incorporación de esta figura en los códigos penales no ha contribuido a disminuir estas prácticas o a mejorar de manera sustancial la atención en los servicios de salud. Esto se debe a que la penalización prioriza una respuesta punitiva, pues coloca el foco en atribuir conductas al personal médico en lo individual y no en las condiciones estructurales que hacen posible esa violencia, tales como sistemas de salud saturados, precarización de insumos, falta de protocolos o falta de claridad en ellos, jornadas laborales excesivas, ausencia de formación en derechos humanos y prácticas institucionales normalizadas que difícilmente se transformarán desde una lógica punitivista.
Con esta modificación en la ley, se puede percibir la disposición del estado michoacano por avanzar en el reconocimiento de la violencia obstétrica; sin embargo, se optó por una respuesta que no es la idónea. La tipificación no constituye una solución, por el contrario, puede operar como un distractor al generar la falsa idea de que el Estado ha agotado sus recursos para enfrentarla.
Desde GIRE sostenemos que es necesario priorizar regulaciones sanitarias y políticas públicas orientadas a la prevención y a la garantía de derechos, como el establecimiento de mecanismos de supervisión que permitan dar seguimiento a los casos; el fortalecimiento de vías accesibles y eficaces de queja y reparación; la formación continua del personal de salud, desde la etapa académica y a lo largo de su ejercicio profesional, así como la garantía de condiciones laborales adecuadas por parte del sector salud.
Todas las acciones mencionadas podrían generar cambios reales en la práctica médica y en las experiencias de las usuarias durante el embarazo, parto y puerperio, algo difícil de lograr al emplear un enfoque centrado en la penalización.
Valdría la pena repensar si el camino elegido dice más sobre las inercias legislativas que sobre una estrategia real de garantía de derechos. La decisión de llevar la violencia obstétrica al Código Penal de Michoacán no resuelve el debate: lo fija en una respuesta punitiva y deja sin explorar otras herramientas disponibles.
El llamado es a abandonar el uso del derecho penal y apostar por políticas públicas integrales que prioricen la prevención, la regulación y la transformación de las condiciones en las que ocurre la atención obstétrica. Ello implica fortalecer el sistema de salud, establecer responsabilidades institucionales claras, garantizar mecanismos efectivos de supervisión y reparación, y promover una atención centrada en la dignidad y la autonomía de las mujeres y personas gestantes, en lugar de insistir en respuestas centradas en la criminalización.
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la industria estatal ha estado desprovista de inversiones durante muchos años.
Trump afirma ahora que tiene previsto visitar Venezuela, aunque aún no se ha fijado una fecha.
Sus comentarios, realizados el viernes pasado, se produjeron después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, completara un viaje de dos días a Venezuela para ver cómo el país está empezando a reabrir su sector petrolero a las empresas estadounidenses.
La visita de Wright se produjo poco después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una ley para permitir la inversión privada y extranjera en su industria petrolera, tras dos décadas de estricto control estatal.
A los ojos de Trump, se trata de una gran oportunidad de negocio para el sector petrolero estadounidense: “Vamos a extraer cantidades de petróleo como pocas personas han visto”, afirmó en una conferencia de prensa a mediados de enero, tras una reunión con los directivos del sector energético en la Casa Blanca.
Pero para las empresas petroleras estadounidenses que Trump quiere que inviertan fuertemente en Venezuela, la pregunta es sencilla: ¿salen las cuentas?
Complicado
William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, afirma que el objetivo del presidente estadounidense es “reactivar el sector petrolero de Venezuela y utilizar esa energía para aumentar la oferta y reducir los costos para el consumidor, lo que posiblemente proporcionaría una fuente de ingresos para que un gobierno venezolano más favorable reconstruyera la economía tras años de mala gestión”.
Sin embargo, para las empresas energéticas estadounidenses hay enormes dificultades prácticas que superar. La petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), es una sombra de lo que fue.
Los gobiernos de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, exprimieron la empresa al máximo y utilizaron el dinero para financiar el gasto social en vivienda, salud y transporte, así como una inédita expansión del Estado.
Pero no invirtieron en mantener los niveles de producción de petróleo, que se han desplomado en los últimos años, en parte, pero no solo, debido a las sanciones de Estados Unidos, que ahora podrían revisarse.
“En Venezuela, se trata de una infraestructura que se ha degradado tras muchos años de abandono”, afirma Jackson. “Hace diez o quince años, Venezuela producía 1,5 millones de barriles al día más que en la actualidad”.
Mónica de Bolle, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, coincide en que PDVSA se encuentra en una situación precaria.
“Hay muchas cosas que hay que desechar por completo y reconstruir desde cero”, afirma a la BBC. “De hecho, si las restricciones políticas no importaran, lo mejor sería desmantelar PDVSA, pero eso no va a suceder”, continúa.
“Es un gran símbolo nacionalista, está ligada a la soberanía. ¿Estarían los venezolanos dispuestos a hacer lo que diga Estados Unidos y rendirse? No lo creo”.
Muchas reservas, poca producción
Trump ha pedido a las empresas petroleras estadounidenses que inviertan al menos US$100. 000 millones en restaurar la maltrecha infraestructura de Venezuela, algo absolutamente necesario para que su plan de aumentar las ventas pueda hacerse realidad.
Oficialmente, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, pero en 2023 solo exportó 211,6 millones de barriles, por un valor aproximado de US$4.000 millones.
Comparado con Arabia Saudita, que ocupa el segundo lugar, con 267.000 millones de barriles de reservas, el país de Medio Oriente tuvo exportaciones por valor de US$181.000 millones en el mismo periodo, es decir, 45 veces más.
Así que, al menos sobre el papel, hay margen para mejorar.
Sin embargo, Jackson afirma que existen dudas sobre el verdadero tamaño de las reservas petroleras de Venezuela.
Durante la presidencia de Chávez, Venezuela reclasificó sus reservas. Anteriormente, se pensaba que solo había 80.000 millones de barriles de petróleo extraíble, pero en 2011 la cifra comunicada casi se había cuadruplicado.
Ese cambio estadístico fue posible gracias a los altos precios del petróleo en ese momento, que permitieron que proyectos anteriormente inviables parecieran factibles.
“Hubo un gran salto que la gente ha cuestionado”, afirma Jackson. “Pero ahora el mundo está inundado de petróleo y no está claro que los mismos cálculos sigan siendo válidos”.
Factores en contra
Cuando Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, los precios del petróleo estaban subiendo. A principios de la década de 2010, un barril solía alcanzar unos US$100, lo que proporcionaba a Caracas mucho dinero para invertir en programas sociales. Pero con los precios actuales rondando los US$65, el país parece menos atractivo como inversión.
El petróleo de Venezuela también es de peor calidad que el de Arabia Saudita. Su crudo ácido y pesado es difícil de extraer y refinar, mientras que su alto contenido en azufre lo hace corrosivo para los oleoductos.
El resurgimiento de la industria venezolana podría plantear problemas a Canadá, que produce un petróleo igualmente viscoso y exporta gran parte de él a Estados Unidos, pero los analistas consideran que el riesgo es menor.
Según un estudio de Capital Economics, el petróleo canadiense debería seguir teniendo un precio competitivo, incluso si aumenta la producción venezolana.
Mientras tanto, la crisis económica de Venezuela ha provocado el éxodo de casi ocho millones de personas que se han marchado en busca de una vida mejor.
Esto incluye conocimientos técnicos esenciales para mantener en funcionamiento las bombas de petróleo: ahora que los ingenieros cualificados que antes trabajaban para PDVSA ejercen su profesión en otros lugares, el sistema sigue funcionando a duras penas con una plantilla mínima.
¿Puede lograrlo EE.UU.?
Thomas Watters, director general y responsable del sector del petróleo y el gas de la empresa de investigación S&P Global Ratings, afirma que las empresas estadounidenses tienen la capacidad de reparar la infraestructura de Venezuela, pero que debe tener sentido desde el punto de vista económico.
“Al fin y al cabo, las empresas petroleras y de gas tienen que aportar valor a los accionistas”, afirma. “Cuentan con muy buenos gestores. Se puede construir cualquier cosa, siempre y cuando se pueda pagar”.
“Pero se necesita un precio del petróleo que lo haga rentable. A menos que se pueda generar suficiente dinero para justificarlo, es muy difícil que la industria se recupere”.
Además, las empresas petroleras estadounidenses ya han sufrido consecuencias negativas por operar en Venezuela en otras ocasiones. En 2007, grandes firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips vieron cómo se embargaban sus activos al negarse a permitir que PDVSA tomara el control mayoritario de sus proyectos.
Acudieron a los tribunales internacionales y se les concedieron enormes indemnizaciones por daños y perjuicios -US$8.300 millones en el caso de ConocoPhillips- que nunca se han pagado.
Dado que el actual gobierno venezolano sigue prácticamente intacto, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria interina, será muy difícil disipar los temores de una nueva expropiación.
Además, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha declarado que el gobierno de Trump no tiene previsto ofrecer garantías de seguridad a las empresas petroleras en Venezuela, una omisión preocupante en un país donde los grupos paramilitares vinculados al gobierno, conocidos como “colectivos”, suelen actuar como bandas criminales.
Sin mayores incentivos gubernamentales, las empresas petroleras se mostrarán reacias a dar un paso que podría resultar muy costoso. No es de extrañar, pues, que el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, haya calificado a Venezuela de “inviable para la inversión” en su estado actual.
Es revelador que Trump no haya vuelto con una oferta de incentivos para promover la inversión. En cambio, amenazó con bloquear la inversión de ExxonMobil en Venezuela. La política es “todo palo, nada de zanahoria”, afirma De Bolle, del Instituto Peterson usando la expresión en inglés que significa “todo castigo, nada de premio”.
“Y no parece que entiendan que necesitan zanahorias”, añade.
En opinión de De Bolle, el gobierno de Trump tiene una “visión imperialista” de América Latina que la lleva a considerar los recursos de la región como de su propiedad. Para ella, la aversión de las empresas petroleras privadas hacia Venezuela es una barrera bienvenida a ese tipo de apropiación de recursos.
“Es un momento en el que uno piensa: ‘Gracias a Dios que Estados Unidos no tiene una empresa petrolera estatal'”, afirma. “Necesitan al sector privado, pero por el momento, este no se mueve. ¿Y qué empresa en su sano juicio va a invertir dinero en Venezuela?”.
Pero si la producción petrolera de Venezuela acaba aumentando, ¿podría hacer bajar los precios mundiales del petróleo? Los analistas se niegan a pronunciarse.
“Depende de la escala en la que se produzca”, afirma Jackson, de Capital Economics.
“La situación es muy fluida, muy opaca, y hay un gran ángulo geopolítico. Estamos en las primeras etapas en lo que respecta a la producción venezolana”, apunta.
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