
En México no existen condiciones para que las mujeres puedan tomar decisiones en torno a su vida reproductiva de manera libre y sin discriminación, porque cotidianamente enfrentan violencia institucional y de género.
A las niñas y adolescentes que cursan un embarazo producto de violación se les niega o retrasa el acceso al aborto; a quienes desean interrumpir su embarazo, se les criminaliza; el maltrato normalizado en la salas de parto y las muertes maternas por causas prevenibles son un grave problema enraizado en las fallas estructurales del sistema de salud; la falta de una regulación integral para el acceso a servicios de reproducción asistida provoca actos arbitrarios, y la feminización de los cuidados dificulta la conciliación de la vida laboral y la reproductiva.
A pesar de los avances legislativos y judiciales, quienes deciden abortar son denunciadas, la mayoría de las veces por el personal de las instituciones de salud que, por desconocimiento o prejuicio, condiciona la atención médica a requisitos injustificados y ejerce presión para conocer las circunstancias específicas de la interrupción, dejando en segundo plano las responsabilidades de brindarles atención y consejería.
En el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio imperan los regaños, las burlas, las humillaciones, las intervenciones médicas injustificadas y la falta de información. Datos de la ENDIREH 2021 señalan que 30.9 % de las mujeres en edad reproductiva que informaron haber tenido al menos un parto en los últimos cinco años experimentaron violencia obstétrica; quienes viven con discapacidad la enfrentaron con mayor frecuencia, particularmente en forma de gritos, regaños y presión para aceptar procedimientos anticonceptivos o ser esterilizadas.
En el extremo de este tipo de violencia se encuentran las muertes maternas prevenibles, que ocurren en un contexto de desigualdad en el acceso a la atención obstétrica. Las entidades federativas donde hay más casos son las que presentan mayores índices de rezago social y de población indígena. Esto evidencia el impacto diferenciado de las fallas estructurales del sistema de salud: las personas que viven en situación de pobreza y marginación tienen que recorrer largos trayectos para acudir a centros de salud que se encuentran en malas condiciones, no cuentan con personal médico de base ni con intérpretes de lenguas indígenas, y donde suelen recibir actitudes discriminatorias por parte del personal médico.
Por otra parte, quienes presentan un problema de salud o no pueden lograr un embarazo sin asistencia, tienen que recurrir a servicios de reproducción asistida, pero la falta de un marco normativo integral que regule, a nivel general, el acceso a estos procedimientos y su práctica ha provocado que sean víctimas de actos arbitrarios. Un caso acompañado por GIRE y que fue resuelto por la SCJN es ejemplo de ello. A una mujer derechohabiente del ISSSTE se le negó el acceso a servicios de reproducción asistida debido a criterios discriminatorios. La Corte declaró inconstitucionales requisitos como la edad límite, que las personas beneficiarias sean una pareja o estén en una unión con reconocimiento legal y el no tener enfermedades genéticas heredables a su descendencia. Decisiones como ésta, además de sentar precedentes para orientar a los tribunales de todo el país en la resolución de casos similares, contribuyen a frenar la violencia institucional que obstaculiza el ejercicio de los derechos reproductivos.
Otra manifestación de las múltiples violencias en contra de las mujeres, y que está profundamente arraigada en los estereotipos de género, es la distribución desigual del trabajo de cuidados. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, ellas dedican 3.2 veces más tiempo que los hombres a la limpieza, la preparación de los alimentos, los cuidados familiares, entre otras labores no remuneradas. Esta carga desproporcionada les dificulta conciliar la vida laboral y la reproductiva, y condiciona sus decisiones respecto a tener hijes y cuándo, sobre todo si carecen de recursos, tiempo y redes de apoyo para atender las responsabilidades en torno a los cuidados.
En el marco del #25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, visibilizar las violencias que atraviesan el ejercicio de los derechos es prioritario para avanzar hacia la justicia reproductiva. Y este avance implica, a la vez, que el Estado genere las condiciones políticas, sociales y económicas que permitan a las mujeres determinar su destino reproductivo en libertad y sin discriminación.

Un análisis de los detalles clave de la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump y sus implicaciones para Europa, América Latina y el mundo.
La Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump ha generado alarma entre los aliados más cercanos de Estados Unidos y marca un alejamiento dramático de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense de décadas.
El documento de 33 páginas, divulgado por el gobierno hace unos días, presenta el mundo primordialmente como un escenario económico, resaltando los acuerdos bilaterales y el nacionalismo económico por encima del multilateralismo y la promoción de la democracia.
La estrategia refleja las “cepas más ideológicas” del gobierno de Trump, comentó el corresponsal de BBC News en el Departamento de Estado, Tom Bateman, en el podcast The Global Story del Servicio Mundial de la BBC.
Esta también tiene implicaciones para América Latina, tanto en cómo se relaciona Washington con los cada vez más numerosos gobiernos de derecha, hasta la nueva versión de la Doctrina Monroe, que reafirma a la región como el “patio trasero” de EE.UU.
Igualmente impactante es lo que el documento omite, sin casi una sola crítica hacia adversarios tradicionales como Rusia y China.
En cambio, reserva el lenguaje más cargado para con Europa, lo que dio pie a la preocupación a lo largo de las capitales europeas.
Mientras que anteriores estrategias de seguridad nacional tendían a reafirmar los valores y prioridades compartidos de EE.UU. con los países europeos, este documento toma un giro diferente.
Europa será “irreconocible en 20 años a menos”, declara, por la acogida del continente a las instituciones multilaterales y sus políticas migratorias, que se han convertido en una influencia corruptora de la “identidad occidental”.
En esa sección, la estrategia crudamente declara que los estados de Europa enfrentan lo que llama la “eliminación civilizacional”.
Los líderes europeos han quedado, por lo menos en privado, “horrorizados” por el documento, dijo al podcast nuestro corresponsal en el Departamento de Estado.
“No están sorprendidos de que esta sea la postura ideológica de algunas partes del gobierno, pero verlo articulado dentro de un documento formal de política es bastante preocupante para ellos”, expresó.
La reacción en Europa de lado y lado del espectro político no se ha hecho esperar.
El diario francés de izquierda Le Monde catalogó el quiebre como un “divorcio”, señalando que marca una ruptura histórica con la era posterior al final de la Segunda Guerra Mundial
“El divorcio está finalizado, pendiente de la división de bienes”, escribe el diario en su artículo.
Más diciente aún en términos de la prensa francesa, indica el corresponsal Tom Bateman, es el comentario del diario conservador Le Figaro sobre la aparente contradicción de lo que afirma el documento sobre lo que llama la “pretensión del no intervencionismo” por un lado y, por el otro, el intervencionismo explícito en el caso de los países europeos.
La estrategia textualmente indica la intención de EE.UU. de cultivar la resistencia de los partidos de oposición en los países europeos. Eso implica apoyo a partidos de extrema derecha como el AfD en Alemania, el Partido Reforma en Reino Unido, y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, entro otros.
Es un apoyo explícito a los movimientos políticos en Europa que abogan por un nacionalismo económico y una oposición férrea a la migración, que el documento tilda de “partidos patrióticos”.
La estrategia hacia Europa sería una repetición de cómo ha accionado el gobierno de Trump en relación con América Latina, opina el corresponsal de la BBC.
En Argentina, por ejemplo, menciona el rescate económico que Trump aprobó para el gobierno de Javier Milei días antes de que su partido enfrentara elecciones legislativas que definirían el futuro de su proyecto político.
“Eso fue interpretado por los opositores (de Milei) como una evidente interferencia por Estados Unidos”, expresó Tom Bateman.
Ese apoyo se repitió antes de las recientes elecciones en Honduras, cuando Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años en EE.UU. por narcotráfico, al tiempo que manifestó su apoyo al candidato de derecha Nasry “Tito” Asfura.
Lo mismo se ha visto en Brasil, con los ataques de Trump contra los tribunales de ese país que condenaron al expresidente de corte “trumpista” Jair Bolsonaro por su intento de golpe tras haber perdido las elecciones en 2022.
La nueva estrategia realza al continente americano, referido como el “Hemisferio Occidental”, como un principal foco de la política exterior de EE.UU.
El gobierno quiere “asegurarse… de que la región permanezca estable y suficientemente bien gobernada para evitar y desalentar la migración masiva hacia Estados Unidos”, lee el documento.
La estrategia introduce la idea de un “corolario Trump” a la doctrina Monroe, posicionando la táctica del gobierno como una secuela a la política del presidente James Monroe en el siglo XIX afirmando la primacía de EE.UU. en el continente americano y repeliendo la interferencia de los poderes coloniales europeos.
El gobierno considera esta renovada atención como necesaria para contrarrestar la influencia de China en América Latina, señala nuestro corresponsal, a pesar de que China no está mencionada directamente en el documento.
China ha logrado obtener demasiada posición económica en la región, según Trump, aunque su insinuación de que está “operando” el Canal de Panamá no es literalmente verdad.
Los recientes esfuerzos diplomáticos, incluyendo la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a países latinoamericanos a comienzos de año, son una señal de la intención de Washington de reafirmar su dominio tanto económico como estratégico en la región.
Aunque la estrategia no se extiende en la dimensión militar de esta política, la campaña de bombardeos aéreos contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y la presencia de múltiples acorazados y personal militar estadounidense frente a las costas de Venezuela subraya la amenaza del uso de fuerza militar.
El deterioro de las relaciones entre EE.UU. y Europa ha sido aparente durante meses.
Una de las primeras señales de la actitud del gobierno de Trump hacia Europa se produjo en enero, cuando el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, emitió un cáustico ataque contra las democracias europeas, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que reprendió a sus líderes por ignorar las preocupaciones de sus votantes sobre la migración y la libertad de expresión.
Pero en la práctica, esta incómoda relación se ha desarrollado en otro escenario; la guerra en Ucrania.
El documento parece sugerir que Europa no ha entendido las dinámicas de poder que están en juego y que Estados Unidos debe invertir energía diplomática para estabilizar la región.
La Unión Europea está acusada de obstaculizar los esfuerzos de Washington por termina la guerra en Urania, según el documento, y que EE.UU. deber “restablecer una estabilidad estratégica hacia Rusia”, que a su vez “estabilizaría las economías europeas”.
El mensaje central es que Ucrania debería permanecer siendo un estado viable pero eso requiere reconocer la posición dominante de Rusia.
Donald Trump está “perdiendo la paciencia” con Europa y Ucrania, señala nuestro corresponsal.
“Está claro… la presión está sobre los europeos para que asientan a una postura que los ucranianos básicamente interpretan como una capitulación”, comentó en el podcast.
La tensión en torno a Ucrania ya se manifestó en momentos de alto perfil, incluyendo la reunión en el Despacho Oval de Trump y Vance con el presidente Volodymyr Zelensky en febrero, en la que tacharon al presidente ucraniano de “irrespetuoso” y “desagradecido”.
Los líderes europeos ahora enfrentan la realidad de que EE.UU. podría presionar para lograr un resultado mucho más preferencial para Moscú que para Kyiv.
Rusia recibió con beneplácito la Estrategia de Seguridad Nacional, describiéndola como “ampliamente consistente” con su visión.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional ya ha reconformado los debates en Washington y a lo largo de Europa.
Sus implicaciones para Ucrania, las relaciones EE.UU.-Europa y el orden global más amplio siguen desarrollándose.
Pero el documento deja una cosa inequívocamente clara: el gobierno de Trump pretende redefinir las prioridades de la política exterior de EE.UU. y espera que sus aliados se adapten a esa nueva realidad.
*Con información adicional del podcast The Global Story del Servicio Mundial de la BBC
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