Históricamente México ha suscrito diversos instrumentos del derecho internacional, siendo parte de casi todos los tratados, convenios y declaraciones en materia de derechos humanos, tanto del Sistema Universal de protección como del Sistema Interamericano. Paradójicamente muchas de las leyes secundarias vigentes en el país, como la Ley Minera y la Ley de Aguas Nacionales, violentan sistemáticamente derechos de personas y comunidades, muchas veces de manera irreversible.

Al constatar las distintas insuficiencias en la observancia de esos derechos y los obstáculos normativos para su implementación real, distintas organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas, han impulsado en los últimos años una serie de propuestas para reformar, por ejemplo, la Ley Minera; reforma que se concretó parcialmente el pasado 29 de abril, en la sesión realizada en la Antigua Casona de Xicoténcatl, ante la toma de la tribuna legislativa del Senado; la reforma fue aprobada con 66 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra.

Pese a este lamentable desempeño de quienes integran el Congreso y de la clara intromisión de las empresas mineras, quienes lograron mutilar la iniciativa presidencial que buscaba una reforma integral del sector, se lograron avances importantes que no se deben minimizar; entre ellos, retirar el carácter preferente a la minería sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra, es decir, que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales ya no se impondrá sobre cualquier otra actividad que las comunidades estén desarrollando en su territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra. Se condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica, se prohíbe minería en áreas naturales protegidas, se obliga a los titulares de las concesiones a presentar un programa de restauración, cierre y post cierre de minas.

Otro avance importante es la realización de la consulta antes de entregar concesiones sobre territorios indígenas. Esta propuesta del Ejecutivo Federal se fortaleció en la discusión y aprobación en Cámara de Diputados, pues se adicionó la obligación de obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades, lo cual es acorde a los estándares existentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde se ha enfatizado que en casos de actividades extractivas que puedan ocasionar impactos significativos en el territorio, es necesario obtener el consentimiento.

Una última lección de este proceso legislativo que reformó la ley minera es la confirmación de un camino permanente por la armonización de nuestro derecho interno con el marco convencional de los derechos humanos, que exige cuestionar un sistema político que se dice democrático, pero en el que las mayorías, que deberían estar gobernando, son excluidas y carecen de mecanismos para ejercer sus derechos plenamente, donde tampoco se ha logrado incluir a los grupos tradicionalmente marginados; es indispensable generar procesos democráticos en la vida pública que incluya a todas las personas, pues claramente los mecanismos de representación no están siendo eficaces.

Adicionalmente, es necesario que los medios de comunicación generen un debate informado sin privilegiar argumentos sectarios que confunden a la ciudadanía. La organización comunitaria y de la sociedad civil en general, permite la construcción de propuestas legislativas que poco a poco irán transformando el marco jurídico, con la conciencia de saber que el trabajo y exigencia no se agota en un único momento de la historia, que no es el todo o nada, y cualquier modificación que brinde mayores herramientas de defensa de nuestros pueblos y comunidades nunca serán menores. Finalmente las reformas logradas constituyen en el imaginario colectivo la permanencia del anhelo de un mundo más justo y digno para las personas.