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El miércoles 9 de octubre, las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron las modificaciones realizadas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a la convocatoria para el proceso de designación de la persona que asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los próximos cinco años (2024-2029).
De acuerdo con el marco legal, esta convocatoria debe emitirse 30 días hábiles antes de la conclusión del periodo de la actual presidencia que finaliza el próximo 15 de noviembre, es decir, debió haberse publicado a más tardar el pasado 4 de octubre. Con este desfase en los tiempos, arranca uno de los procesos de designación más relevantes para los derechos humanos en el país y el primero para la nueva legislatura, una que se ha caracterizado por aprobar reformas de gran envergadura (como la judicial) a la velocidad de la luz y casi sin revisar ni modificar sus contenidos.
Surge entonces la duda de si este proceso se llevará a cabo con las garantías necesarias para definir el perfil más idóneo o será una simulación de una decisión tomada ya desde Palacio Nacional. Un elemento que siembra enormes dudas sobre la objetividad de este ejercicio es la eliminación del carácter vinculante de los indicadores bajo los cuales se evaluarían los perfiles, modificación hecha por la JUCOPO y aceptada por unanimidad por las comisiones unidas.
Además de ser regresivo respecto a los propios antecedentes del Senado, esto representa un contundente alejamiento a realizar una designación basada en los méritos y capacidades, privilegiando en su lugar otros elementos no necesariamente vinculados a la idoneidad para la decisión, como sucedió en la designación pasada. Una decisión sumamente cuestionada por la falta de independencia de la actual presidencia de la CNDH, cuya actuación <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> <a href="https://x.com/designaciones/status/1836469200346399230" target="_blank" rel="noopener">ha demostrado que las dudas eran más que fundamentadas.</a>
¿Qué sigue ahora con la aprobación y publicación de esta convocatoria? Se espera una difusión amplia para que se inscriban muchos perfiles y, con ello, se amplíen las posibilidades de encontrar mejores opciones para la protección de los derechos de todas las personas. El 15 de octubre es la fecha límite para el registro. Hasta el 17 de octubre se recibirán preguntas y casos prácticos que se formularán durante las entrevistas, las cuales se llevarán a cabo a partir del 24 de octubre. El 21 de octubre se publicará la lista con las postulaciones que cumplen con los requisitos de elegibilidad, junto con la fecha de su entrevista ante las comisiones unidas. Se tendrán cinco días naturales, a partir de la publicación de la lista de aspirantes, para enviar comentarios. El 22 de octubre se prevé un ejercicio de “parlamento abierto” y a más tardar el 8 de noviembre se darán a conocer los resultados de la auscultación.
Estemos atentas y atentos al desarrollo de tan importante proceso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe protegernos a todas y todos. Se requiere un perfil no sólo con experiencia en el tema, sino también independiente, para que pueda poner freno a los abusos del poder sin miedo, sin titubeos y sin preocuparse por lealtades políticas. La crisis de derechos humanos en el país no se va a revertir sin personas que hagan que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas. A pesar del desdibujamiento que ha sufrido esta comisión, es esencial recuperarla como uno de los pocos mecanismos de protección que quedan. El Senado tiene una responsabilidad vital para dotar de legitimidad esta designación, esperemos que esté a la altura.
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://x.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Ver el balance sobre su gestión que elaboraron varias organizaciones de la sociedad civil <a href="https://x.com/designaciones/status/1836469200346399230" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Recuperar la CNDH

En estos 10 años de lucha en el caso Ayotzinapa podemos identificar tres grandes etapas: la de la resistencia, la de la esperanza y la de la decepción.
La primera etapa corresponde a los 3 años en que la investigación estuvo a cargo de la administración de Peña Nieto, donde padres y madres, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, lograron resistir el embate gubernamental para cerrar el caso a través de la llamada “verdad histórica”: una versión de los hechos fabricada en el contexto de una indagatoria sin sustento científico y plagada de irregularidades y violaciones al debido proceso y otros derechos humanos.
La etapa de la esperanza se inauguró en el marco del cuarto aniversario de la tragedia de Iguala, cuando en una reunión celebrada el 26 de septiembre de 2018 en el Museo Memoria y Tolerancia, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de crear una Comisión de la Verdad (posteriormente conocida como la COVAJ) para esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. En aquella reunión, el presidente expresó lo siguiente: <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45664141" target="_blank" rel="noopener">&#8220;Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo&#8221;</a>. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Sin embargo, la esperanza pronto empezó a diluirse para dar paso a la decepción. Para mediados de 2021, padres y madres de los estudiantes intensificaron su exigencia de resultados concretos por parte del Ejecutivo Federal y de la FGR, lo cual coincidió con un contexto electoral adelantado que requería empezar a generar narrativas triunfalistas por parte del gobierno. Así, en agosto de 2022, la presidencia de la COVAJ dio una vuelta de tuerca a sus trabajos, y anunció la emisión de su primer informe, sin consulta previa con el GIEI ni con las familias y sus representantes.
Dicho informe, si bien retomó y ordenó diversa información valiosa generada por el GIEI y la COVAJ, también presentó una nueva narrativa que pretendía dar una nueva explicación global del caso, donde se concluía que los estudiantes habían sido “ultimados” en circunstancias de extrema crueldad, afirmación que generó <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/ayotzinapa-mirada-psicojuridica-de-las-violencias/" target="_blank" rel="noopener">profundos impactos psicológicos y emocionales</a>, agudizados por la imposibilidad de cuestionar o pedir explicaciones detalladas sobre la forma en que se llegaba a dicha conclusión. En ese sentido, el principal sustento del informe de la presidencia de la COVAJ fue un conjunto de capturas de pantalla de un celular de origen no esclarecido y que, posteriormente, el GIEI demostraría que carecían de sustento técnico y, por tanto, de confiabilidad.
La publicación de esta narrativa fue un punto de inflexión y el inicio del declive del proceso de búsqueda de verdad y justicia durante la administración de López Obrador. La esperanza de las familias, que tanto trabajo había costado recuperar, se volvió a romper, no sólo por la lógica unilateral en la actuación de la presidencia de la COVAJ, sino también por su falta de sustento en evidencia y su manejo mediático, el cual inevitablemente hizo revivir la experiencia de la “verdad histórica” de Peña Nieto.
Después del informe de la presidencia de la COVAJ, el GIEI demostró que el Ejército ocultaba información con relevancia para el caso Ayotzinapa. Los poco más de dos años que han pasado desde entonces se han caracterizado por la exigencia para lograr el acceso a la información en posesión del Ejército. A pesar de que la SEDENA ha negado sistemáticamente la existencia de la información, en el último año el gobierno federal ha tenido que reconocer su existencia ante la perseverancia de las víctimas. Sin embargo, actualmente el gobierno federal niega que la información tenga relación para el caso, sin que esa negativa esté mediada por la entrega de la misma.
Ante la negativa de la SEDENA a seguir colaborando con la investigación, con el respaldo del presidente López Obrador, los integrantes restantes del GIEI no tuvieron más opción que abandonar el país a mediados de 2023, no sin advertir públicamente que su salida obedecía a la falta de condiciones para continuar su trabajo; y, en particular, el GIEI señaló la obstrucción del Ejército para entregar información relevante que podría llevar al esclarecimiento del caso.
Las conversaciones entre las madres y padres de Ayotzinapa con el presidente cayeron en un punto muerto; en ellas el presidente se ciñó a una estrategia de comunicación donde el mensaje central era excluir al Ejército de cualquier responsabilidad y atribuir a otros actores, incluidos los representantes legales de las familias, intereses políticos para hacer fracasar la investigación y dañar la imagen del gobierno y en especial del Ejército. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> En sus conferencias matutinas, informes y hasta en su libro de memorias sobre su presidencia, el presidente construyó un relato donde acusó a las organizaciones de favorecer la impunidad de los responsables, y a los organismos internacionales de orquestar un contubernio con agencias de seguridad de los Estados Unidos para socavar la soberanía nacional.
Así concluye la administración de López Obrador con un colectivo de padres y madres decepcionados y más deteriorados física y emocionalmente. Y si bien la futura presidenta ha sido receptiva al diálogo, no existe una perspectiva concreta de futuro. La pregunta que queda en el aire es si ella será capaz de romper las resistencias e impunidad del poder militar.
* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de <a href="https://fundar.org.mx/derechos-humanos/">Derechos Humanos</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> México: AMLO se compromete con familiares de víctimas de Ayotzinapa a esclarecer lo sucedido con los 43 estudiantes, BBC News Mundo, 27 de septiembre de 2018, disponible <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45664141" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Para dar cuenta de las implicaciones físicas y emocionales de estos 10 años de impunidad en las víctimas, el día de hoy Fundar publica su informe <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/ayotzinapa-mirada-psicojuridica-de-las-violencias/" target="_blank" rel="noopener">Ayotzinapa: una década de impunidad, una mirada psicojurídica de las violencias de Estado</a>.

Ayotzinapa: una década de impunidad militar

La biodiversidad es la base de la vida en la Tierra, además combate el cambio climático y sostiene los sistemas alimentarios que nutren al mundo. Sin embargo, estamos presenciando una crisis sin precedentes: <a href="https://news.un.org/es/story/2024/05/1529951" target="_blank" rel="noopener">los hábitats están desapareciendo y hasta un millón de especies se enfrentan a la extinción</a><a href="#_ftn1" name="_ftnref1">, 1</a> lo que amenaza las vidas y los medios de subsistencia de millones de personas que dependen de ellas. Esta es la realidad que vivimos, mientras las naciones se preparan para la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP16) que se llevará a cabo en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre.
Las expectativas son altas ya que el año pasado, durante la COP15, se estableció el Marco Mundial de Diversidad Biológica Kunming-Montreal, el cual es un acuerdo histórico que dio lugar a cuatro objetivos audaces para 2050 y 23 metas que se deben lograr para 2030. Por ello, se espera que este año los países reporten los primeros resultados de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Diversidad Biológica (NBSAP, por sus siglas en inglés).
El objetivo de la COP16 es ver los compromisos del Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal 2022 aterrizados en planes viables. La implementación de este Marco exige la cooperación mundial, reconociendo el papel fundamental de la biodiversidad en nuestra seguridad alimentaria, estabilidad climática y salud planetaria. En última instancia, y no es para menos, las decisiones que se tomen en la COP16 darán forma al futuro de nuestro planeta.
Poner en marcha estos planes será el tema central de la reunión y es absolutamente esencial para lograr un futuro sostenible. La COP16 será el espacio para que los países compartan los retos y desafíos para que sus NBSAP se alineen con los compromisos del año pasado, respecto al uso eficiente de los recursos para la financiación de las acciones, buscando regular el acceso y la distribución de beneficios. Sin embargo, para que la implementación funcione, tanto los gobiernos como los actores del sector privado junto con la academia y la sociedad civil deben encontrar posibles soluciones o desarrollar acciones viables para que los cambios necesarios ocurran.
La principal causa de la pérdida de biodiversidad es la pérdida del hábitat, de la que la producción agrícola es un factor clave. Varias metas del Marco buscan abordar este problema, incluida la de facilitar opciones de consumo sostenibles para reducir el desperdicio y el consumo excesivo.  Con el comercio globalizado de productos agrícolas, las decisiones que se toman en lugares remotos del mundo pueden tener profundas consecuencias para las especies y los ecosistemas.
Además, tanto las investigaciones como los debates sobre políticas suelen centrarse en la tierra, cuando también es importante comprender mejor la crisis de biodiversidad que enfrenta el océano, donde el cambio climático, la contaminación y la sobrepesca son algunos de los principales impulsores. La mayor parte de la contaminación proviene de la tierra, y los cambios en los ecosistemas costeros pueden tener consecuencias graves al medio ambiente.
En muchas de las discusiones de la COP15, la bioeconomía se perfiló como una alternativa a los modelos económicos insostenibles que han provocado la pérdida de biodiversidad en los países tropicales. La COP16 presentará una gran oportunidad para repensar, construir y acelerar la transición hacia nuevos modelos económicos basados en el uso sostenible de la biodiversidad. Esto es de particular importancia para los <a href="https://news.un.org/es/story/2021/08/1495582" target="_blank" rel="noopener">países de América Latina</a>, donde la biodiversidad es muy importante para la vida y está en riesgo de desaparecer, y en donde se espera que los efectos e impactos del cambio climático, como las olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales y los eventos extremos del nivel del mar, serán más intensos. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Por lo tanto, hay que seguir las discusiones y exigir políticas públicas bien diseñadas que protejan nuestros ecosistemas, pues no se puede solucionar el problema del cambio climático con los mismos mecanismos de mercado que nos han traído a la crisis climática que actualmente atravesamos.
* Ariana Escalante Kantún es investigadora en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/tierra-y-territorio/" target="_blank" rel="noopener">Territorio, Derechos y Desarrollo</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Ver <a href="https://news.un.org/es/story/2024/05/1529951" target="_blank" rel="noopener">Crisis de la biodiversidad: La extinción engendra extinción</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ver <a href="https://news.un.org/es/story/2021/08/1495582" target="_blank" rel="noopener">Cambio climático: América Latina será una de las regiones más afectadas</a>.
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¿Qué está en juego para la COP16 de Biodiversidad?

Es altamente probable que en los últimos días hayas hecho un pedido por Amazon, solicitado un taxi por Uber, visto una película en Netflix y utilizado por horas Facebook o Instagram para leer las noticias o simplemente scrollear. Nuestra vida cotidiana está ligada desde hace algunos años al uso constante de plataformas tecnológicas que brindan diversos servicios digitales. Como resultado, muchas de estas empresas de la llamada “economía digital” han aumentado sus ingresos rápidamente hasta ubicarse entre las más ricas del mundo. Sin embargo, el aumento de sus ganancias no ha desencadenado necesariamente más beneficios económicos en los países donde tienen actividad económica. Estas empresas no pagan impuestos donde scrolleamos y utilizamos sus servicios.
Para buscar soluciones a esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) <a href="https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2024-08/Chair%27s%20proposal%20draft%20ToR_L.4_15%20Aug%202024____.pdf" target="_blank" rel="noopener">aprobó el pasado 16 de agosto un primer documento</a> que podría cambiar radicalmente este escenario. Los “Términos de Referencia” acordados guiarán las futuras negociaciones sobre mejores mecanismos para controlar la evasión y elusión tributaria de grandes empresas multinacionales, incluidas las de la economía digital. Es decir, los Estados miembros han vuelto a subrayar la necesidad de regular de una manera más justa y equitativa el pago de impuestos de empresas que realizan actividades en diferentes países, aunque no necesariamente tengan oficinas, sucursales o fábricas instaladas en dichos territorios.
Por dar un ejemplo pensemos en la empresa Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Muchos de nosotros y nosotras utilizamos diariamente estas aplicaciones, vemos anuncios en ellas, aceptamos compartir nuestros datos personales con terceros, compramos productos y nos redirigen a tiendas virtuales. Todas estas actividades generan ingresos para la empresa. En muchas ocasiones nuestros clicks y likes están contribuyendo a las metas publicitarias por las cuales otra empresa o individuo decide anunciarse y comprar un espacio en redes sociales. Esta interacción con el usuario de la aplicación es tan fundamental para empresas como Meta, que el <a href="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000132680124000012/meta-20231231.htm#ibbcdb9a98fd34a92b3add929872a8009_82" target="_blank" rel="noopener">98 % de sus ingresos provienen de la venta de espacios de publicidad</a>. Asimismo, quizás y sin saberlo, cada vez que abrimos estas redes y aceptamos la utilización de nuestros datos personales, estamos aceptando igualmente que dichos datos puedan ser vendidos a otra empresa. Ambas formas de generar ganancias no pagan impuestos directos en México y, por lo tanto, no aportan a las finanzas públicas del país a pesar de tener más de 100 millones de personas usuarias en el país.
Lo anterior es posible debido a las injustas reglas internacionales en materia de tributación. Estas reglas han sido elaboradas e implementadas principalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para defender los intereses de los países ricos, de donde provienen la mayoría de las grandes empresas multinacionales. En concreto, la OCDE ha privilegiado por muchos años la idea de que las empresas multinacionales solo deben pagar impuestos en el país donde está registrada legalmente su casa matriz, sin importar que muchos de sus ingresos se originen por actividades realizadas por usuarios en otros países. En el caso de Meta, esto significa que si bien la empresa tiene millones de personas usuarias alrededor del mundo consumiendo sus servicios, esta solo está obligada a declarar ingresos y pagar impuestos en los Estados Unidos (EEUU).
Curiosamente, Meta y muchas de sus empresas subsidiarias están formalmente registradas en Delaware, territorio considerado por muchos como <a href="https://taxjustice.net/faq/where-are-tax-havens-located/" target="_blank" rel="noopener">uno de los mayores paraísos fiscales en el mundo</a>. Según la organización Tax Justice Network, los EEUU y algunos países europeos como Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo o Suiza también forman parte de la lista de paraísos fiscales, aunque habitualmente pensemos únicamente en islas caribeñas. Por lo tanto, no es de extrañar que estos y otros países ricos no votaran en favor del texto recientemente aprobado por Naciones Unidas y continúen defendiendo las reglas impuestas por ellos mismos en espacios como la OCDE.
Sin embargo, a pesar de la evidente defensa de los intereses de las empresas provenientes de los países ricos, la ONU logró aprobar por insistencia de los países de ingresos bajos y medios (incluido México) una esperanzadora guía para las negociaciones de los próximos años. Los compromisos esperados deberán construir mecanismos más inclusivos y eficientes para un reparto más justo de los impuestos entre los países donde empresas como Meta tienen operaciones. Desde Fundar seguiremos de cerca este proceso en donde sabemos que el Estado mexicano podría verse altamente beneficiado.
* Ana María Morales Chacón es investigadora en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">Justicia Fiscal</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.<a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>

¿Cómo podría la ONU lograr que Facebook pague impuestos en México?

“El INAI no ha servido para combatir la corrupción, es muy grande y costoso”. Este tipo de falacias se han utilizado en los últimos días sobre este organismo autónomo en un escenario donde hay una lucha mediática con el legislativo para aprobar su eliminación y muchas dudas en la sociedad sobre la utilidad del organismo. Lo cierto es que lo ausente en el discurso son los impactos que generará en la garantía del derecho a la información y la protección de datos personales el no contar con un órgano independiente que vigile el cumplimiento de estos derechos, los cuales se evidencian al desmontar estos dichos.
<h2>1. La función de “combatir la corrupción”</h2>
Al INAI no le corresponde de manera específica el combate a la corrupción. Por el contrario, la obligación sustantiva de investigar la comisión de actos de corrupción es de la institución a la que se pretende trasladar las funciones del INAI, la Secretaría de la Función Pública. Por ejemplo, es tarea de la Función Pública investigar a las personas servidoras públicas involucradas en el desvío de recursos en el caso SEGALMEX e informar a la ciudadanía en qué van esos procesos y qué ha hecho para prevenir que vuelvan a suceder. Sin embargo, en los portales de la SFP ni en sus informes públicos se ha dado cuenta a la ciudadanía de manera clara y amplia sobre el avance de este y otros casos de corrupción. En tanto que al INAI le corresponde vigilar que la Función Pública informe sobre estas funciones.
El INAI tiene una función preventiva importante en el combate a la corrupción. Además de vigilar que las entidades públicas garanticen el acceso a la información a la ciudadanía para evitar que estas decidan discrecionalmente qué datos nos quieren dar, también funge de vigilante de las instituciones para evitar un mal ejercicio de su presupuesto y sus funciones.
Esto es importante para prevenir hechos irregulares pues, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos se dan en entornos de opacidad, dónde no existe vigilancia ni controles externos. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Sin controles nada garantiza que se transparente ampliamente qué hacen nuestros gobiernos.
<h2>2. &#8220;No es necesaria la existencia del INAI&#8221;</h2>
También se ha mencionado que sin un organismo autónomo se puede garantizar la transparencia. Lo anterior sería cierto si históricamente las instituciones públicas señalaran ampliamente cómo funcionan. No obstante, de acuerdo con los datos en los informes del INAI, las inconformidades presentadas por la ciudadanía por falta de transparencia son en su mayoría de entidades que pertenecen a la administración pública y, en comparación con 2018, las negativas de información de estas se han incrementado en 92 %. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Además, desde el Ejecutivo federal se han emitido decretos para reservar información por muchos años sobre la construcción de los proyectos prioritarios, incluso previo a que sea solicitada. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Precisamente la creación de un organismo autónomo y especializado como el INAI surgió del impulso ciudadano ante la falta de rendición de cuentas de las entidades sobre temas tan relevantes como las contrataciones públicas que realizan, los costos de sus proyectos de infraestructura, la manera en que proporcionan servicios públicos, entre otros.
Debido a la existencia de un organismo autónomo que vigila la transparencia, las y los periodistas han podido acceder a datos para fortalecer investigaciones que han dado cuenta de la comisión de actos de corrupción, como es el desvío de recursos de SEGALMEX o la CONADE, y que han obligado a las instituciones a tomar acciones que de otra forma no haría, pues nadie les podría exigir que rindan cuentas.
<h2>3. “Se generarán ahorros si se elimina al INAI”</h2>
De manera superficial, pareciera que el gobierno ahorrará 1000 millones de pesos al año, -presupuesto promedio anual del INAI- pero lo cierto es que eliminar al INAI no generaría ahorros realmente significativos, pues este monto apenas representa 0.01 % del gasto del gobierno. Mientras, la falta de prevención de la corrupción seguirá generando gastos y desvíos, como lo más de 9000 millones de pesos que ha costado el caso SEGALMEX. Y a largo plazo generará otros costos en la gestión y en la sobrecarga de trabajo de las y los servidores públicos que tendrán que atender ahora estas funciones, lo que implicaría una nueva asignación presupuestaria.
Los argumentos que se han intentado colocar en la discusión no son ciertos, pero sí es necesario que se analice la estructura del INAI para maximizar su utilidad en la garantía de los derechos que protege, así como lograr que el uso de la información llegue a distintos sectores de la sociedad. Fortalecer sus funciones como órgano garante para que pueda realmente obligar a las instituciones públicas a entregar y divulgar información de interés público. Además de robustecer los procesos de designación de sus titulares para que sean los mejores perfiles los que dirijan a esta institución y se verifiquen sus propios mecanismos internos de control. Si se abren las discusiones públicas hacia la mejora y fortalecimiento del INAI se evitaría la regresión institucional, normativa y de estándares de derechos que estamos por enfrentar con su eliminación.
* Sarahí Salvatierra es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Comisión Interamericana de derechos humanos. Corrupción y derechos humanos. 06 de diciembre de 2019. Párrafo: 332. Disponible <a href="https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a>
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Article 19 México y Centroamérica. Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y el derecho a la información. 2024.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> En 2019 y 2021 el Ejecutivo Federal emitido decretos para reservar por seguridad nacional los proyectos y obras del gobierno que considerara como de interés público.

Mitos usados para justificar la eliminación del INAI

Mientras la justicia no logre ser una forma de memoria,
la memoria sola puede ser una forma de justicia. 
Ana Blandiana

La memoria es la recuperación de la experiencia del pasado, ligada a la reconfiguración de sentidos que se le dan a dicho pasado, a los usos políticos que se le dan en el presente con miras a un futuro distinto. Testimonio y memoria desafían al poder, constituyen actos de y en resistencia, fracturan la narrativa del orden dominante anclado en la violencia y el silencio cómplice e impune.
En su uso social y político, la pluralidad de memorias constituye un campo de batalla política por la verdad a través de la cual, pasado y presente, recuerdo y olvido, se entretejen y complejizan en escenarios donde la violencia sociopolítica ha producido sufrimiento a partir del ejercicio del poder, prácticas de dominación y graves violaciones a derechos humanos. Así, la polifonía de voces testimoniales ligadas a la construcción de memorias colectivas, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> es una potencia política que logra derrumbar la instauración de “verdades históricas”.
El próximo 30 de agosto se conmemora el día internacional de las víctimas de desaparición forzada. Este crimen de lesa humanidad, cuando se comete de forma masiva o sistemática, constituye la implementación de políticas de terror en regímenes totalitarios y dictaduras militares, pero también en regímenes que se dicen democráticos como es el mexicano. Dicha práctica criminal afecta directamente a las víctimas, a sus seres cercanos y lacera el cuerpo social en su conjunto.
El amplio espectro de violencias que coexisten en escenarios bélicos (tortura, ejecuciones, desaparición forzada), configura a la vez un abanico de afectaciones que irrumpen la vida cotidiana y el sentido de vida. Las y los familiares sobrevivientes a la tragedia han sido la colectividad política que, en su lucha por encontrar a sus seres amados, han enfrentado e interpelado al aparato estatal y la impunidad de quienes han sido perpetradores, donde el Ejército ha jugado un papel central.
Particularmente en México, la expansión y diversificación en la producción de víctimas de desaparición es una grave situación que se ha prolongado a lo largo de las décadas: desde la aparición de la práctica en el marco de la mal llamada “guerra sucia” –que se ha reconocido como “terrorismo de Estado”– <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> hasta su auge exponencial a partir de la denominada “guerra contra el crimen organizado”.
Frente a las políticas negacionistas del Estado, el hermetismo para ocultar la verdad y, con ello, sostener la continuidad de la impunidad de las personas responsables, los testimonios de quienes han sobrevivido han sido clave para señalar la violencia estatal, abonar al esclarecimiento de los casos, acceder a la justicia y no olvidar lo acontecido.
La transmisión de la experiencia testimonial demanda ser escuchada y reconocida, su circulación en el espacio público deja registro en la memoria social, pues si bien el testimonio tiene un carácter subjetivo, “al extraer de la experiencia vivida, la memoria es eminentemente subjetiva”, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> el testimonio es lo que permite construir y tejer formas diversas de memorias colectivas desmarcadas de la lógica estatal a través de discursos, prácticas y acciones en el espacio público-social. Un ejemplo de ello es el Museo de la Memoria “La Silla Vacía&#8221;, que la agrupación de familiares AFADEM inaugurará el próximo 30 de agosto, en Atoyac de Álvarez, Guerrero; o la apropiación y reasignación de nombre y significado a espacios públicos como es la Glorieta de las y los Desaparecidos, antes conocida como la Glorieta del Ahuehuete, en la Ciudad de México, y la Glorieta Niños Héroes en Guadalajara, ahora denominada Glorieta de los y los Desaparecidos.
Sin embargo y pese a la implementación en este sexenio de la Comisión para el Acceso a la Verdad y del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, los casos de violencia cometidos en el pasado-presente, en específico de desapariciones forzadas cometidas por militares, siguen en la impunidad.
En días recientes, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico presentó su informe <a href="https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/" target="_blank" rel="noopener">“Fue el Estado (1965-1990)”, </a><a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> donde los comisionados señalaron la obstaculización para acceder a los archivos históricos del CISEN y del Ejército; situación similar fue denunciada por los expertos del GIEI en el caso Ayotzinapa, pues pese a la implementación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) dicha institución se ha negado a entregar folios relevantes para el esclarecimiento del caso.
En el actual contexto de efusividad por las políticas de memoria y el peculiar interés estatal en ello, es al menos contradictorio que, por un lado, se destinen sitios de memoria, se hagan memoriales o se instauren monumentos con tendencia oficiosa mientras que, por otro lado, la impunidad sigue siendo la norma y los perpetradores, intocables.
Sin acciones contundentes que reviertan nuestro oscuro pasado y presente, es nuestro deber observar con lupa y de forma crítica las acciones que el Estado emprende con la intención de abonar a una “política de memoria”, sobre todo para evitar la estatización o cristalización de las memorias a través de sus usos y abusos. <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>  Por el contrario, es nuestro quehacer acompañar los procesos y prácticas de memorias gestadas desde las víctimas y la fuerza legítima de sus testimonios: honrar las experiencias, las memorias vivas y en disputa por la verdad.
#HastaEncontrarles  
*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de <a href="https://twitter.com/fundarmexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Para leer más sobre memoria colectiva, recomendamos leer el libro “La memoria colectiva”, de Maurice Halbwachs, Miño y Dávila, 2011.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Para leer más sobre dicha conceptualización, sugerimos el libro “Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años setenta”, de Pilar Calveiro, Siglo Veintiuno Editores, 2013. Este posicionamiento político se ha traducido recientemente en la <a href="https://fundar.org.mx/verdad-y-justicia-la-deuda-de-50-anos-del-estado-mexicano-con-rosendo-radilla-y-las-victimas-del-terrorismo-de-estado/" target="_blank" rel="noopener">sentencia 565/2018 para el Caso Radilla</a>, la cual reconoció por primera vez que lo ocurrido en el periodo mal llamado de la “Guerra sucia” fue en realidad una política de terrorismo de Estado.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Cita del libro “El pasado, instrucciones de uso “, de Enzo Traverso (2011,  p. 22), Prometeo Libros, 2011.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Para acceder al informe vaya a <a href="http://www.meh.org.mx/especial-informe-final/" target="_blank" rel="noopener">este enlace</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Para leer más al respecto, sugerimos el libro “ Los usos y abusos de la memoria”, de Tzvetan Todorov, Paidós, 2008.

Memorias en disputa

En medio de la <a href="https://x.com/jufed_org/status/1826053882922840090" target="_blank" rel="noopener">suspensión de actividades indefinidas en el Poder Judicial</a>, que inició el miércoles 21 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha convocado el próximo lunes a una sesión para aprobar el <a href="https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/ago/20240816-I.pdf" target="_blank" rel="noopener">dictamen de la iniciativa</a> presidencial de reforma al Poder Judicial.
Desafortunadamente, no es una buena noticia. Organismos internacionales, como la <a href="https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29251" target="_blank" rel="noopener">Relatoría Especial de Naciones Unidas</a> para la independencia de [las] y los magistrados y abogados, especialistas de diversas universidades, barras de abogadas y abogados y un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil hemos señalado los riesgos que la iniciativa representa para la independencia judicial, y que el dictamen profundiza. En estas líneas me centraré en tres aspectos relacionados con las designaciones (elecciones) de las personas juzgadoras que considero de mayor atención.
Primero, hablemos de los requisitos para acceder a estas importantes responsabilidades públicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que, a mayor responsabilidad, más exigentes deben ser los requisitos y más riguroso el proceso de designación, ya que sus decisiones inciden en la vida de las personas y desempeñan funciones con impactos en toda la sociedad. Las personas juzgadoras tienen la enorme encomienda de proteger nuestro derecho a la justicia.
Por lo anterior, resulta insólito que entre los requisitos adicionados se incluya el promedio académico y las calificaciones en las materias “relacionadas con el cargo”, la presentación de un ensayo de tres cuartillas donde se expresen los motivos y las cartas de referencia de “vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo”, así como la disminución de los años de experiencia. Es decir, elementos sumamente laxos, por no decir ridículos, que no fortalecen las características de idoneidad ni independencia que requieren estas importantes funciones públicas.
Desde el Observatorio de Designaciones Públicas, en conjunto con más organizaciones, hemos insistido en varias propuestas respecto a los requisitos. Por ejemplo: cambiar el concepto de “buena reputación” por el de “reconocimiento e integridad pública”; sumar la 3de3 contra la violencia de género como limitante para acceder a una responsabilidad judicial; adicionar las responsabilidades que no pueden acceder, como la consejería jurídica, las subsecretarías de Estado, o alguna de las cuatro funciones de mayor jerarquía de una secretaría a nivel federal y/o estatal, tampoco miembros activos de las Fuerzas Armadas; ampliar el plazo de término de las responsabilidades indicadas de uno a tres años; no haber sido militante de un partido político ni haber sido postulado o postulada por un partido político para un cargo de elección popular en los tres años previos a la fecha de la postulación, y que cualquier vínculo o duda sobre la cualidad del ser y parecer independiente descarte la postulación. ¡Un abismo de diferencia!
En segundo lugar, se propone la incorporación de comités de evaluación para definir las listas de las personas mejor evaluadas que cada poder debe enviar. Sin embargo, hay varias consideraciones para tener en cuenta. Si bien esta figura de “comités de evaluación” se ha usado en distintos procesos de designación, sus resultados han sido desiguales. En muchos casos, estos comités han sido capturados y su integración ha sido parcial y cercana al partido gobernante del momento. Basta recordar el último Comité de Evaluación para el proceso de consejeras y consejeros electorales en 2023.
Sin criterios claros ni objetivos de cómo se definirán sus cinco integrantes, se corre el enorme riesgo de que el mecanismo sea usado de manera facciosa, profundizando la desconfianza hacia el mismo y cargando los dados a priori bajo una supuesta selección externa. Aunado a lo anterior, las disposiciones no establecen claramente cómo debe ser el trabajo del Comité, dejando a discreción el uso de metodologías de evaluación rigurosas y objetivas. Por el contrario, la definición final será por insaculación. Sí, por tómbola, dejando a la suerte nuestro derecho a la justicia.
Algunas de las recomendaciones que hemos apuntado sobre estos órganos de evaluación externos son: garantizar la diversidad, pluralidad e independencia en su composición; transparentar su objetivo, la metodología y los criterios con base en los cuales cumplirán su misión; estar conscientes de que un “mal proceso” también tendrá un costo en la credibilidad de su labor, es decir, el proceso y resultado son igual de relevantes. El comité, aunque independiente, debe someterse a ejercicios de escrutinio y de transparencia. Por lo que se vuelve esencial el carácter público de sus trabajos y la máxima publicidad de la información del proceso. Estos mecanismos no sustituyen otras vías de participación a lo largo del proceso. El dictamen carece de formas para que las personas, tanto en lo individual como colectivamente, participen de manera efectiva y se dé certeza de un trabajo riguroso y objetivo de evaluación por parte de estos comités.
Por último, la elección en sí misma. Mucho se ha dicho de lo inviable y riesgoso de la propuesta para la independencia judicial, al tratarse de una función no representativa que, más bien, necesita imparcialidad y debe ejercerse sin presiones externas de ningún tipo. La experiencia confirma que no es la mejor ruta, pues en ningún país del mundo, en ninguno, se eligen por voto a todas las personas juzgadoras. Algunas cifras apuntan que se elegirán 6,500 responsabilidades judiciales tanto a nivel federal como en el ámbito estatal. Esto sin considerar los sesgos que se han perfilado para las boletas: sin fotos, con la etiqueta de qué poder es quien hace las propuestas y realizando las elecciones en la misma jornada en la cual se decidirán los demás cargos de elección popular.
Estamos a días de que se apruebe una de las reformas más trascendentales para el país. Sin embargo, esta reforma no busca resolver el problema de fondo para que la impunidad no sea el pan de cada día y la demanda de una justicia pareja de la sociedad sea una realidad. En su lugar, plantea salidas como la tómbola, como si los perfiles que deciden sobre nuestros derechos pudieran dejarse al azar, a la suerte.
#SinCuotasNiCuates 
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora el Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://x.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El Observatorio tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles, como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de derechos.

La justicia a la suerte

El sistema fiscal mexicano se caracteriza por recaudar poco y redistribuir mal, y <a href="https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2024/03/Tributacion-Feminista.-Los-Casos-de-Argentina-y-Mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener">desde Fundar hemos señalado</a> por mucho tiempo y en diferentes espacios su regresividad. Creemos firmemente que mientras el Estado mexicano siga evitando recaudar más a través de impuestos realmente progresivos, como los impuestos a la propiedad o a la riqueza, y no elimine el tratamiento preferencial a las personas ultrarricas y a las empresas extractivistas, continuará siendo un Estado fiscalmente débil que prioriza la acumulación por encima de la igualdad y el bienestar.
Además, México es el país que menos recauda entre los miembros de la OCDE, con solo el 17 % de su PIB. Como resultado, el financiamiento para políticas y proyectos estratégicos, así como para programas sociales e infraestructura educativa o de salud, ha sido, es y seguirá siendo insuficiente. La manera en que se cobran impuestos en México, además de impedir el cierre de las muchas brechas de desigualdad existentes y la extrema concentración de la riqueza, continúa promoviendo actividades económicas que perjudican al medio ambiente, en lugar de apostar por la sostenibilidad y el cuidado de la vida.
Es en este contexto en el que debemos recurrir a nuevos paradigmas para encontrar soluciones que busquen transformar la realidad desde la raíz. Uno de ellos es la Economía Feminista, corriente de pensamiento que busca visibilizar las dimensiones de género que han sido ignoradas en el estudio de la teoría económica dominante, cuestionando la división sexual del trabajo y poniendo atención en el reconocimiento del trabajo no remunerado.
Esta perspectiva teórica, metodológica y política, además de reconocer los impactos diferenciados en las condiciones de vida y trabajo de mujeres y hombres, también propone <a href="https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/" target="_blank" rel="noopener">centrar la discusión en las condiciones de la reproducción social y la sostenibilidad de la vida</a>, en lugar de enfocarse exclusivamente en los mercados y la producción. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Por ello y con el objetivo de promover la investigación económica y el análisis de políticas desde una perspectiva de género e interseccional, en 1992 surge la <a href="https://www.iaffe.org/" target="_blank" rel="noopener">Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFFE)</a>, una comunidad global de académicas, activistas, teóricas y profesionales que comparten el propósito de abrir nuevas áreas de investigación económica, fomentar reflexiones críticas y enriquecer el discurso económico desde los feminismos.
Este año, durante la 32ª edición de la Conferencia anual de la IAFFE, nos reunimos participantes de todo el mundo para compartir sobre los problemas más apremiantes que enfrenta la sociedad y proponer soluciones desde la Economía Feminista.
Durante la conferencia “Atrapad*s entre la revolución digital y una crisis de la democracia: respuestas de la economía feminista para el futuro”, se alcanzó un consenso sobre cómo la crisis de la democracia trasciende actualmente los contextos nacionales y culturales, impulsada por múltiples desigualdades que cruzan entre sí. Paralelamente, este fenómeno conlleva retrocesos en materia de género, creando un círculo vicioso de políticas regresivas, polarización social y crisis económicas.
Las políticas económicas y sociales basadas en una ética feminista e interseccional juegan un papel crucial en romper este círculo vicioso, pues al poner a las personas y la sostenibilidad de la vida en el centro, se pueden plantear soluciones que consideren y busquen transformar las relaciones sociales, incluidas las asimetrías de poder, así como las causas estructurales que moldean las dinámicas económicas y políticas actuales.
En este contexto, desde Fundar nos hemos propuesto repensar la fiscalidad desde la Economía Feminista con el objetivo de vincular la justicia fiscal con la justicia de género y la justicia climática. Lo que implica reconocer que las decisiones de los Estados en materia de impuestos, presupuesto y endeudamiento tienen efectos diferenciados sobre hombres, mujeres y otros grupos históricamente discriminados. Además, estas decisiones tienen el poder de desincentivar (o incentivar) ciertas actividades económicas perjudiciales (o beneficiosas) para el planeta y la reproducción social. Por ejemplo, mientras que el sistema tributario otorga un tratamiento preferencial a las empresas mineras y cobra menores impuestos al dinero generado por las inversiones de las personas ultrarricas, no contempla deducciones fiscales hacia actividades relacionadas con los cuidados.
Repensar la fiscalidad desde la Economía Feminista es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible. Al integrar la perspectiva de género en la toma de decisiones fiscales, es posible crear políticas que no solo promuevan la igualdad, sino que también protejan el medio ambiente y fortalezcan la democracia. La justicia fiscal, de género y climática están intrínsecamente vinculadas, y solo a través de un enfoque integral podremos romper el círculo vicioso de desigualdades y crisis que enfrentamos hoy en día.
Espacios como la Conferencia anual de la IAFFE y la colaboración con otras organizaciones que busquen romper paradigmas desde lo heterodoxo deben continuar funcionando como semilleros de reflexiones e ideas, que después deberán traducirse en acciones concretas de política pública.
* Andrea Larios Campos es investigadora en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">Justicia Fiscal</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Enríquez, Corina. Revista Nueva Sociedad. <a href="https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/" target="_blank" rel="noopener">Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad.</a>

Repensar la fiscalidad desde la Economía Feminista

En México, el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas han enfrentado varios desafíos históricos, políticos, económicos y sociales. Esta lucha por mantener su autonomía y formas de vida comenzó hace siglos; para los pueblos la resistencia al colonialismo, racismo y discriminación ha implicado una resistencia activa para defender su existencia.
En ese esfuerzo permanente, los pueblos indígenas siempre han alzado vigorosamente la voz. Recordemos que luego del levantamiento armado del EZLN, se logró firmar con el Estado mexicano los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, en un hecho sin precedentes aquel 16 de febrero de 1996. Desde entonces el Estado mexicano se comprometió a modificar la Constitución y establecer un nuevo marco jurídico que permita una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, con base en el reconocimiento pleno de sus derechos, entre ellos su derecho a la libre determinación y la autonomía. Esa reforma constitucional en materia indígena no se ha concretado plenamente hasta el día de hoy.
Sexenio tras sexenio, la falta de voluntad política y privilegiar otros intereses sobre la vida de nuestros pueblos, ha encontrado en el discurso político argumentos absurdos para justificar la violación sistemática de los derechos colectivos. Al inicio de este sexenio, el Ejecutivo federal se comprometió a finalmente concretar las demandas históricas de los pueblos indígenas. Inició un proceso de consulta indígena convocado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que incluyó la realización de 54 foros de consulta en 27 entidades y uno con población migrante indígena que radica en Estados Unidos, y que contó con la participación de más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas.
Como resultado de ese proceso se construyó una propuesta de Reforma Constitucional que fue entregada por el pueblo Yaqui al presidente de la República, en septiembre de 2021. Finalmente, el 5 de febrero de 2024, el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa que retoma varios de los temas principales de la propuesta consultada con los pueblos, pero donde también se dejaron fuera otros de importancia, como es el caso del derecho al territorio y de representación política a cargos del Estado por vía de sus sistemas normativos internos.
Con la conformación del nuevo Congreso, donde la mayoría gobernante cuenta con los votos necesarios para aprobar la Reforma Indígena, sumado a los pronunciamientos de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado que será una de sus iniciativas prioritarias para aprobarse en septiembre, se abre una oportunidad única para que finalmente esta deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos sea concretada.
Por tal motivo, la <a href="https://hacemosaldea.org/wp-content/uploads/2024/08/Comunicado_ALDEA_Urge_aprobacion_de_reforma_indigena_070824.pdf" target="_blank" rel="noopener">Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)</a>, conformada por más de 250 comunidades indígenas, afromexicanas y organizaciones, pertenecientes a 19 entidades de la República, hizo un llamado al Congreso de la Unión a la inmediata aprobación de la reforma para el mes de septiembre y que el reconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas sea incluido dentro del dictamen de la iniciativa que está por discutir la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
A pesar de los temas pendientes, la ALDEA reconoce la relevancia de esta iniciativa que rescata uno de los pendientes derivados de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, como es “el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos público con personalidad jurídica y patrimonio propio, fortaleciendo su derecho a la libre determinación y a la autonomía para ejercer sus propias formas de gobierno y sistemas normativos internos, así como para preservar sus modos de vida y de desarrollo, a través de la administración directa de presupuestos públicos sin la tutela del Estado”.
Será fundamental que este compromiso con los pueblos hecho por la presidenta electa no quede en letra muerta y que las y los legisladores se comprometan a aprobar una reforma que retome los temas que quedaron pendientes. Como manifestó la ALDEA: solo de esta forma podrán “transformarse verdaderamente las condiciones de injusticia y discriminación hacia nuestros pueblos y comunidades”.
* Maira Olivo es abogada en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/tierra-y-territorio/" target="_blank" rel="noopener">Territorio, Derechos y Desarrollo</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Alianza de pueblos originarios exige la aprobación de la Reforma Indígena como lo prometió Sheinbaum

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos son las víctimas del caso Ayotzinapa; no lo son ni el presidente de la República ni el Ejército. Aunque la afirmación anterior pareciera una obviedad, es necesario recordarlo y precisarlo a la luz de las afirmaciones del presidente en su Primer Reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, publicado en La Jornada en su edición del 20 de julio y posteriormente en el sitio web del Gobierno de México el 25 de julio, ambos del presente año.
En el reporte referido, redactado en formato de carta dirigida a los padres y madres de Ayotzinapa, el presidente despliega y desmenuza los elementos centrales de su argumento de defensa del Ejército, con lo cual lo excluye de cualquier responsabilidad en el caso. De acuerdo con el presidente, el señalamiento hacia el Ejército es ideológico y devendría de un contubernio internacional orquestado con el fin de dañar la imagen del presidente, del Ejército y para socavar la soberanía de México. Los actores principales de este contubernio serían la DEA, la OEA y la CIDH, coludidos con actores nacionales como las organizaciones de derechos humanos y periodistas afines al llamado grupo conservador.
Para sustentar su hipótesis, el presidente utiliza esencialmente elementos retóricos y de articulación de diversos hechos inconexos, en principio, con el caso, como la participación de la DEA en actividades de escuchas telefónicas dirigidas a grupos criminales de Guerrero como “Guerreros Unidos” (sometidas a control judicial en EU); la participación de Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo de la CIDH cuando ocurrió la detención-desaparición de los 43 estudiantes, y las investigaciones periodísticas de Anabel Hernández. Conforme al presidente, incluso el GIEI formaría parte de este contubernio, así como los padres y madres de los 43 estudiantes al dejarse manipular e influenciar por todos estos actores, situación que sería la principal motivación de las familias para exigir la rendición de cuentas del Ejército.
La caracterización de los padres y madres del caso Ayotzinapa como personas que actúan por pura manipulación borra de un plumazo 10 años de lucha y resistencia, y niega el cúmulo de evidencia que, gracias a esta lucha, ha sido posible recabar sobre las omisiones del Ejército. El señalamiento al Ejército se sustenta en evidencia que ahora forma parte de la investigación, proveniente de documentos emitidos por la propia SEDENA, y que acreditan que el Ejército incurrió en omisiones antes, durante y después de la detención-desaparición, las cuales acarrean responsabilidades en el caso y, lo más importante, constituyen una base razonable para afirmar que la SEDENA cuenta aún con más información sobre el caso.
El pasado 29 de julio, padres y madres expusieron al presidente su postura y las razones de su desacuerdo con el informe presidencial sobre el caso. El presidente no fue receptivo a estas razones; López Obrador se ha atrincherado en su teoría de conspiración. Sin embargo, esta teoría no sólo es narrativa, tiene expresiones concretas con relación al caso. A la par de que el presidente despliega esta defensa comunicacional del Ejército, la SEDENA se ha enfocado en socavar los avances que se habían logrado al principio de esta administración en términos de verdad y justicia, a través de una defensa denodada de los elementos castrenses sometidos a juicio por el caso, y a través del <a href="https://x.com/FundarMexico/status/1818366788419149862" target="_blank" rel="noopener">hostigamiento mediático y judicial</a> de los funcionarios que, en su momento, intentaron impulsar una investigación independiente e imparcial respecto de la actuación del Ejército.
Un par de horas después, el mismo 29 de julio, padres y madres de Ayotzinapa se reunieron con la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La reunión fue positiva, hubo un compromiso de la virtual presidenta de seguir atendiendo de manera prioritaria el caso; en Claudia se encontró la receptividad y apertura al diálogo que no hubo en Palacio Nacional. Sin embargo, es todavía prematuro adelantar una perspectiva de futuro concreta. El tono realista predominó en la reunión, un evidente contraste ante la euforia y sensación de esperanza de 2018.
* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador de <a href="https://fundar.org.mx/derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">Derechos Humanos</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

¿Quiénes son las víctimas en el caso Ayotzinapa?

Es lunes, 6:20 de la mañana; Marcelo, mi hijo me despierta. Me levanto para poner agua a calentar para bañarnos; mientras se calienta quito la ropa que tendí ayer. Me baño junto con Marcelo y comienzo a hacer el desayuno mientras pongo más agua para que Julián se bañe; a las 7:00 lo voy a despertar y le dejo preparada su ropa para cuando salga. Desayunamos todos a las 7:30 y en lo que él se va a peinar yo levanto la mesa y termino de arreglar la lonchera de Marcelo y la comida para Julián. Él se va 8:10 en el carro y yo salgo con Marcelo a las 8:25 para alcanzar el camión de las 8:30 y dejarlo en la escuela a tiempo.
Días como estos viven de forma cotidiana las mujeres en México que, de acuerdo con la <a href="https://fundar-my.sharepoint.com/personal/karen_fundar_org_mx/Documents/Trabajo%20Fundar/2024/www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/ingresosygastos#:~:text=La%20Encuesta%20Nacional%20de%20Ingresos,los%20hogares%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs." target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada por el INEGI (2022)</a> son ellas quienes dedican 54.3 horas a la semana al trabajo del hogar y de cuidados, mientras que los hombres solo 30.2 horas. Hablar de cómo mujeres y hombres tienen experiencias diferenciadas en el trabajo del hogar y de cuidados es relevante para develar las desigualdades sociales que derivan en desigualdad en las oportunidades de construir un proyecto de vida pleno.
Lo anterior adquiere relevancia cuando se evidencia que del trabajo doméstico que generalmente realizan las mujeres, un 24.9 % del tiempo se dedica a proporcionar cuidados, con un 74.8 % de tiempo de las mujeres frente a un 25.2 % de los hombres. Esto por debajo de las labores de limpieza y mantenimiento que implican un 23.7 %, con una diferencia significativa entre unas y otros, las primeras con un 68.9 % y los segundos con un 31.1 %  de acuerdo con los datos de la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CSTNRHM/CSTNRHM2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2022</a>.
La deuda social del trabajo no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres es histórica pues no solo mantienen el ámbito de lo privado funcionando a través de la reproducción del orden social, sino que abonan al mercado y al sistema capitalista, a través de la producción desde la lógica mercantil.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el trabajo de cuidados de las mujeres en los hogares representa 27 % del Producto Interno Bruto, lo que significa que, si este trabajo tuviera una remuneración económica estaría por encima de actividades económicas, como la industria manufacturera, el comercio y los servicios educativos. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Premia reconocer el aporte a nivel social y económico del trabajo no remunerado y de cuidados que realizan las mujeres, para condiciones más justas e igualitarias para todas las personas. Este reconocimiento debería estar acompañado de políticas públicas que también den cuenta de que las mujeres han salido al espacio público a integrarse a la dinámica de trabajo remunerado, pero los hombres no necesariamente se han corresponsabilizado con las labores del espacio privado, por lo que para ellas, la conciliación de trabajo, familia u ocio es más difícil de lograr y, por lo tanto, las oportunidades no solo para romper el techo de cristal, sino para dedicar su tiempo al descanso y al goce se vuelven casi nulas en las vidas de las mujeres.
En el marco del día internacional del trabajo doméstico, reivindicar la concepción de las labores del hogar de cuidados como trabajo es romper esa deuda que, con acciones puntuales desde el Estado abren el espacio para un cambio de narrativa que se traduzca en acciones concretas que permitan una vida más justa, más libre y autónoma para quienes históricamente no han tenido esa posibilidad.
* Claudia García es analista de Gestión Institucional y del Conocimiento en <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a> y Karen Valadez es nuestra oficial de género.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Ver más <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CSTNRHM/CSTNRHM2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Trabajo del hogar y de cuidados: la deuda histórica pendiente

El inicio de un nuevo sexenio representa una oportunidad para mejorar las políticas públicas en todos los sectores, incluida la salud pública. Pero ¿cómo se está planteando el nuevo gobierno mejorar el sistema de salud pública y cuáles son sus prioridades?
Como contexto, el sistema de salud enfrenta varios desafíos, que han sido documentados por pacientes, organizaciones de la sociedad civil, periodistas e incluso instituciones públicas, como : 1) <a href="https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexicanos-gastan-el-doble-en-salud-que-el-promedio-de-los-paises-de-la-OCDE-20240710-0140.html" target="_blank" rel="noopener">el bajo gasto en salud pública</a> y que, en 2022, generó a las familias un <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/" target="_blank" rel="noopener">gasto de bolsillo</a> trimestral de $1,345 pesos; 2) una crisis persistente de infraestructura, insuficiencia de profesionales de la salud, y desabasto de medicamentos e insumos, que se agravó en zonas alejadas y de difícil acceso y que generó que, en 2022, 48.8 % de las personas se atendieran en <a href="https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/documentos_analiticos.php" target="_blank" rel="noopener">consultorios privados</a> y no en instituciones públicas; 3) la fragmentación del sistema de salud que ocasiona que las personas reciban una atención diferenciada dependiendo de la institución a la que acudan; 4) la falta de un sistema de salud público consolidado para la población abierta, que es la más vulnerable; 5) la ausencia de un enfoque intercultural, de género e interseccional en la política de salud; 6) la creciente opacidad y falta de rendición de cuentas del gasto desagregado en salud; etc. Estos desafíos tienen impactos profundos y afectan mayormente a la población más pobre.
<h2>Las prioridades en salud del nuevo gobierno</h2>
En primer lugar, el gobierno consolidará al IMSS-BIENESTAR apostando por la federalización para que todas las personas del país sin seguridad social accedan a un mismo estándar de atención similar al del ISSSTE o IMSS. Propone también equipar adecuadamente la infraestructura del IMSS-BIENESTAR, contratar personal suficiente, y ampliar los turnos en clínicas, hospitales y quirófanos.
En segundo lugar, el Proyecto de Nación plantea que las tres principales instituciones, el IMSS, ISSSTE o IMSS-BIENESTAR, compartan infraestructura y servicios para alcanzar una mayor cobertura territorial, atender la fragmentación actual del sistema de salud y homologar el estándar de atención. Propone fortalecer la capacidad resolutiva, el personal, y la infraestructura de estas tres instituciones. Buscará además, tener una unidad de atención primaria por cada 3,000 personas y que nadie deba trasladarse más de una hora para llegar a una unidad de salud.
Una tercera apuesta es promover un enfoque preventivo en centros de salud primaria, que brindan 80 % de atención a la población. Para ello, estos centros contarán con más personal sobre todo enfermeras profesionales, nuevos protocolos y guías clínicas de atención, así como mayor capacidad resolutiva para prevenir, diagnosticar y mantener en control enfermedades crónicas que tienen una alta incidencia como hipertensión, diabetes, EPOC, etc.
Una cuarta apuesta es garantizar el 100 % de abasto de recetas y reducir los costos totales de medicamentos e insumos en por lo menos 10 %. Para ello, se apuesta para que <a href="https://birmex.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">Birmex</a>, como institución pública, fortalezca la compra, abasto y distribución de medicamentos e insumos.
Una quinta prioridad es recuperar y asegurar una cobertura de vacunación superior al 97 %, contar con las vacunas más actualizadas y al mejor precio, y promover la producción y creación de vacunas nacionales.
<h2>La pieza ausente del Proyecto de Nación</h2>
Para materializar estas apuestas, por ejemplo, mejorar o consolidar infraestructura, ampliar los turnos y contratación de personal, o lograr un abasto de 100 %, el Estado mexicano necesitará invertir más recursos económicos. Sin embargo, en el Proyecto de Nación no hay una mención ni una cuantificación –ni siquiera provisional– sobre cuántos recursos se necesitará invertir para lograr estas metas. Por el contrario, se enfatiza la necesidad de mejorar la eficiencia y lograr ahorros en procesos, como una solución para atender esto desafíos. Un ejemplo de ello es que propone actualizar el compendio de medicamentos privilegiando aquellos sin patentes o reducir en 10 % los costos unitarios de los medicamentos, sin que se hable de la necesidad de adquirir medicamentos o tratamientos de nueva generación o experimentales para atender enfermedades de gasto catastrófico, que también tienen incidencia en la población y que, si no son cubiertos por el Estado, pueden llevar a las familias a la pobreza.
En los últimos años, México ha destinado apenas el 3 % de su PIB a la salud pública cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de al menos 6 %. El bajo gasto en salud ha sido subsanado por las y los propios pacientes y sus familias. Por ello, lograr ahorros o mejorar la eficiencia no será suficiente para superar los desafíos estructurales del sistema, se requiere una inversión sustancial y progresiva de recursos a la salud pública. Además, a la par de que se amplíe esta inversión, deben generarse mecanismos que aseguren su transparencia y rendición de cuentas.
Desde Fundar, hemos <a href="https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2023/09/PEF_2024_Salud_Sexual_y_Reproductiva.pdf" target="_blank" rel="noopener">documentado</a> que las diversas transformaciones del sistema de salud, como la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI y posteriormente del IMSS-BIENESTAR, han generado una disminución de la información disponible y desagregada sobre el uso y destino del gasto en salud.
Por ello, será importante que, en el próximo Plan Sexenal de Salud, que se elaborará y publicará en los próximos meses, se incorpore en cada prioridad o meta cuál será la inversión de recursos públicos que el gobierno está planteando destinar, además de que clarifique qué mecanismos permitirán dar seguimiento desagregado a este gasto. La salud es un derecho humano y sin recursos suficientes será imposible garantizarla.
#SinRecursosNoHayDerechos 
* Janet Oropeza Eng es investigadora en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/anticorrupcion/" target="_blank" rel="noopener">Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

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