Del paquete de reformas constitucionales enviado por el presidente el pasado 5 de febrero, una de las que parece generar mayor consenso es la referente a derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. A diferencia de otros temas como el poder judicial, organismos autónomos y guardia nacional, donde las posturas entre las fuerzas políticas del partido gobernante y la oposición son totalmente antagónicas y donde sectores de la sociedad civil y la academia han alertado de los retrocesos que implicaría su aprobación.
En el caso de la reforma en materia indígena resultaría hasta políticamente incorrecto oponerse, ya que mediante esta se busca ampliar el reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos y comunidades ¿Quién podría oponerse a esta causa en el contexto de discriminación e injusticia padecido históricamente por estas poblaciones?
Entre los contenidos más avanzados de la reforma está reconocer a los pueblos como “sujeto derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, lo cual en términos prácticos replantea toda la forma en que el Estado mexicano se relaciona con los pueblos. Hasta ahora ha prevalecido una relación de subordinación donde se impone un tutelaje estatal a los pueblos y las comunidades que son consideradas “entidades de interés público”.
Esto provoca que el derecho a la libre determinación y a la autonomía si bien -se ejerce en los hechos por los pueblos, aun en medio de situaciones graves de violencia y discriminación- se trata de un derecho mutilado porque las decisiones comunitarias y de sus asambleas no se respetan por parte del Estado ni de terceros, y de igual manera no cuentan con recursos presupuestarios propios para ejercer de forma efectiva este derecho. De ahí que poder caminar en el reconocimiento de los pueblos como sujeto de derecho público brindaría una fortaleza sin precedente para un verdadero autogobierno indígena.
Se trata de una demanda histórica de gran legitimidad y fuerza social que defiende la reforma por sí misma y es su mejor arma para lograr los consensos necesarios para materializar unala reforma constitucional. Sumado a lo anterior, debe recordarse que la propuesta presentada por el Ejecutivo vino precedida de un amplio proceso de participación y consulta con pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país entre 2019 y 2021; elemento que robustece aún más la legitimidad de la reforma, por lo que no implica que deba someterse a una nueva consulta por parte del poder legislativo. Entonces, hay suficientes razones de peso para lograr la mayoría calificada necesaria, aunque tampoco será un paseo de verano por el alto nivel de polarización entre las fuerzas.
Otro factor que juega en el proceso de negociación de la reforma es el tiempo. Apenas se están desarrollando los foros de parlamento abierto promovidos por la Cámara de Diputados sobre todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. Esta etapa debe concluir hacia mediados de abril, quedando apenas unos 15 días para que culmine el periodo ordinario de sesiones. Tan solo en este lapso la reforma en materia indígena deberá someterse al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quien además tiene la compleja encomienda de dictaminar las otras 19 iniciativas que comprenden el paquete del Ejecutivo. En caso de lograrse el dictamen y la aprobación por el pleno de Diputados, deberá transitar luego un procedimiento similar en la Cámara de Senadores. Por todo lo cual se ve cuesta arriba lograr su aprobación final dentro de este periodo.
Otra opción sería la de abrir un periodo extraordinario, lo cual sería ideal para extender la vida de la iniciativa, pero no será sencillo alcanzar los consensos dentro la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para un nuevo periodo estando en medio de la contienda electoral, donde las y los congresistas deberán también hacer sus propias campañas para el legislativo. Un último escenario que mantendría vigente la iniciativa es lograr al menos su presentación pública ante el pleno de Cámara de Diputados, ello aseguraría que la siguiente legislatura pueda continuar con su discusión y eventual aprobación, pero habrá que ver cómo terminará quedando la configuración del nuevo Congreso.
Por ello, ante estos complejos escenarios y escollos del proceso legislativo, pueblos y comunidades de todo el país, agrupados en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, enviaron un mensaje contundente en dos foros celebrados en el Congreso de Oaxaca este 1 y 2 de abril, organizados por la Cámara de Diputados, donde exigieron la aprobación inmediata de la iniciativa de reforma dentro de este periodo ordinario sin más dilaciones. Se trata de un acto de justicia histórica hacia los pueblos que no debe ser presa del juego electoral.
* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.
La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.
“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
“Leal al expresidente”
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.
Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.
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