La sobrecarga de cuidados en las mujeres en tiempos de adicciones
El 6 % de la población mundial que tiene entre 15 y 64 años consume drogas, y de este porcentaje, 64 millones de personas viven con trastornos por consumo de drogas, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). De estas personas con trastornos por consumo sólo 1 de cada 12 recibió algún tipo de tratamiento, y en el caso de las mujeres sólo 1 de cada 18 recibió tratamiento. Detrás de estas estadísticas de consumo y atención a las adicciones se encuentra una figura que asume un papel muy importante y poco reconocido: las mujeres cuidadoras.
En un contexto donde aumenta el consumo y los usos problemáticos de drogas, el reconocimiento al trabajo de cuidados nos obliga a voltear la mirada hacia los hogares, pues son las madres, las esposas, las hermanas e hijas las que se convierten en las primeras respondientes y, en muchas ocasiones, las únicas que llegan a brindar algún tipo de acompañamiento en los casos de consumo problemático de sustancias, sacrificando su tiempo, su salud y su bienestar económico. En suma, son las mujeres quienes se transforman en las cuidadoras principales, gestoras de la crisis y hasta asumen tareas de rehabilitación.
Pero ¿qué significa ser cuidadora en tiempos de adicciones? En primera instancia, las mujeres realizan el 76.2 por ciento de todo el trabajo de cuidado no remunerado, destinando 3.2 veces más tiempo que los hombres, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto se traduce en que las mujeres, al destinar más tiempo al trabajo de cuidado, tienen menos oportunidad de formación y desarrollo personal. En el contexto de la adicción, este “sacrificio” no sólo limita su independencia económica, sino que las hace más vulnerables frente a factores estructurales que generan brechas de desigualdad y discriminación.
También se debe de considerar que las mujeres son las que se encargan de la búsqueda, el contacto y la logística de centros de rehabilitación y grupos de apoyo y, a menudo, son ellas las responsables de proteger al resto de la familia, incluyendo a las infancias, personas adultas mayores o con discapacidad. Esta gestión constante implica un agotamiento severo de las cuidadoras, pues viven en constante estado de alerta, manejando la frustración por las “recaídas” de sus familiares que consumen alguna sustancia y la inestabilidad emocional que se suscita en el seno familiar por el estigma social que existen hacia las personas usuarias de sustancias, asignándole a las mujeres una carga moral al “fracasar” en su “rol de cuidado”; es decir, se convierten en “malas mujeres”. Este agotamiento físico y emocional y el estigma sobre su rol de género, convierte a las mujeres cuidadoras en una víctima invisible de los consumos problemáticos de sustancias de sus familiares.
Paradójicamente, si la propia cuidadora desarrolla un problema de consumo (a menudo relacionado con el trauma o la automedicación para manejar el estrés), el sistema de salud la desatiende y le impone estigmas asociados con su género. Como el mismo informe de la UNODC lo confirma, sólo 1 de cada 18 mujeres que necesitan tratamiento recibe ayuda. El sistema no sólo espera que ellas cuiden, sino que ignora la necesidad de que sean cuidadas.
Y no sólo se trata de reconocer el trabajo no remunerado, sino también de atender las brechas que existen entre las personas que reciben tratamiento. Cambiar la política de drogas solamente será posible si se incluye una perspectiva de género y se reconoce que los cuidados que desempeñan las mujeres en contextos de adicciones también representa un trabajo. Seguir ignorando esta situación, perpetuará brechas de desigualdad y discriminación que afectan a las mujeres. Lograr un cambio en la política de drogas, la prevención y atención de las adicciones sólo será posible con la plena participación de todas las mujeres, reconociendo su trabajo de cuidados y que también son usuarias de sustancias.
* Tamara González Mendoza es prestadora de servicio social en el área de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia. Es estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Mientras la atención internacional se centra en los cambios políticos que atraviesa Venezuela, para los venezolanos el aumento de precios es la preocupación más inmediata.
En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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