Desde 1981, México firmó en dos Convenciones de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y en 1999 firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará. 1 Sin embargo, en el 2014, el hostigamiento sexual estaba tipificado en el 81 % de las entidades federativas, y fue hasta el 2020 que el acoso sexual fue tipificado como delito a nivel federal. La Secretaría de Educación Pública, por mandato de la Ley General de Educación Superior, solicita a las Instituciones de Educación Superior (IES) contar con un protocolo de atención a la violencia por razón de género. 2
Estos protocolos representan un compromiso institucional para atender la violencia de género, y con ello, se puede considerar el primer paso de una estrategia integral (ausente en la mayoría de las universidades) para identificar y sancionar la violencia contra las mujeres. Quejas y denuncias por violencia de género en las instituciones de educación superior hay de sobra por todo el país, y son expuestos (al menos) cada conmemoración del 8 de marzo ante la inacción de las autoridades universitarias.
De acuerdo con Medina y Cienfuegos (2020), es indispensable que las universidades hablen de manera explícita del hostigamiento y el acoso sexual, tanto en sus estatutos como en sus protocolos, como un tipo de violencia y problemática que ocurre dentro de sus espacios educativos y por lo tanto, requiere ser sancionada institucionalmente. Asimismo, las autoras concluyen que la elaboración de sanciones institucionales deben armonizar con las leyes locales, federales e internacionales, y deben ser acorde con la gravedad del acto cometido. De igual manera, las instituciones deben promover y facilitar el acercamiento de la víctima hacia los organismos correspondientes para realizar el proceso de manera externa, como conducir a los agresores al Ministerio Público, y hacer valer los derechos de la víctima ante cualquier circunstancia. 3
Sobre las reflexiones en torno a trece protocolos para atender la violencia de género en universidades públicas del país, Eugenia Martín (2020) menciona que hay casos en los que estos documentos son muy generales, dejan vacíos y dudas; hay otros que son extensos y difíciles de comprender; otros que son poco accesibles, o muy especializados. Destaca que en la mayoría de los protocolos no se incluye la prevención como paso fundamental para divulgar, informar y sensibilizar sobre la problemática, ni se considera la reparación del daño. Además, la autora encontró que los documentos incluyen procesos de mediación, sin establecer las condiciones necesarias para que los facilitadores guíen estos procesos, y sobre todo, no toman en cuenta las consecuencias y costos para las víctimas. De igual manera, hay protocolos que basan las sanciones en la normativa universitaria que suele ser anacrónica y obsoleta, como aquellos que establecen recomendaciones en lugar de sanciones, implicando un alto grado de impunidad. Por lo anterior, Eugenia Martín concluye que los protocolos no son suficientes para cambiar la realidad de la problemática a la que se enfrenta la comunidad estudiantil. 4
Por otra parte, Cerva y Loza (2020) concluyen que no existen procedimientos claros para actuar ante casos de violencia de género, desincentivando la denuncia y da el mensaje de ser un procedimiento institucional viciado. Las autoras destacan la necesidad de que la creación y aplicación de los protocolos quede a cargo de personal formado y sensibilizado en perspectiva de género y de derechos humanos, en lugar de autoridades y órganos colegiados quienes actualmente crean y aprueban dichos protocolos. Asimismo, las investigadoras concluyen que los protocolos implementados no resultan suficientes ni efectivos, mostrando una falta de reconocimiento de la problemática, la opacidad con las que las instituciones manejan el tema y limitantes para las personas responsables de la perspectiva de género en las universidades. Por lo anterior, las colectivas feministas son el principal recurso para las víctimas, haciendo evidente la problemática. 5
Se requirieron unas horas de búsqueda en las páginas de internet de las primeras 65 instituciones de educación superior en el listado de ANUIES, para encontrar que los protocolos de atención a casos de acoso y hostigamiento sexual, en muchos de los casos, solo cumple el requisito establecido en la ley. La búsqueda se tornó complicada, pues encontrar los protocolos en las páginas de internet universitarias no resultó simple en todos los casos. ¿Qué se encontró? En el caso de los Institutos tecnológicos, integrados en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), estos replican el protocolo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 03 de enero del año 2020: Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. Cabe añadir que estas instituciones cuentan con un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación, derivado de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no discriminación que, como el nombre lo indica, se centra en la transversalización de la perspectiva de género en materia laboral, dejando de lado al alumnado, que es cosa seria, considerando que su oferta académica integra las carreras que han sido estereotipadas como masculinas.
En el caso de las universidades, se encontró que las autónomas estatales fundamentan sus protocolos en convenciones internacionales y en leyes nacionales. Sin embargo, la gran mayoría, no justifican el documento en torno a la problemática presentada en sus espacios educativos. Se identificaron algunas excepciones en las que se tomó en cuenta al estudiantado o las colectivas feministas para la elaboración o reforma del protocolo. Por ejemplo, la actualización del protocolo de la Universidad Autónoma de Chiapas, afirma que fue el resultado de la instalación de mesas de diálogo establecidas tras la movilización de la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas (RECOFUCH), a raíz del incremento de casos de violencia de género al interior de la institución.
Como se ha documentado en años recientes, las instituciones de educación superior en México son espacios en los cuales se perpetúan dinámicas y relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, que resultan en un continuo de situaciones de violencia de género. Lo que se constató con la búsqueda en internet (de los protocolos y notas periodísticas sobre violencia contra las mujeres en universidades), es que estos documentos poco han abonado a la atención de la violencia de género, mucho menos han contribuido a la creación e implementación de una estrategia integral que incorpore tanto la prevención de la violencia y la reparación del daño. Es necesario que todas las mujeres podamos aprender y formarnos profesionalmente en espacios libres de violencia. Por ahora, solo nos queda continuar con la exigencia de justicia para las víctimas, exigir el establecimiento de campañas contra la normalización de la violencia, a favor de la sensibilización, concienciación y aceptación de la problemática en las universidades, que nos permita vislumbrar en un futuro no tan lejano, la erradicación de estas manifestaciones de violencia.
* Mirna García Avalos (@Mir_Maicita) es parte del equipo de investigación de Simetría, y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en temas de aprendizaje tecnológico.
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos.
2 López, S., Rodríguez, B., Ojeda, L., Gutiérrez, J., Narcia, E., Villanueva, M., Cayeros, L., González del Pliego, E. 2023. Diagnóstico Unidades de Igualdad de Género de las IES. Red Nacional de Instituciones de Educación Superior. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
3 Medina-Medina, B., & Cienfuegos-Martínez, Y. (2020). Análisis de protocolos universitarios contra el hostigamiento y acoso sexual en México. Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios, 32(79), 47-68. Consultado el 23 de enero de 2024. Recuperado de aquí.
4 Martín Moreno, Eugenia. (2020). Protocolos de atención a la violencia de género en las universidades públicas en México. ¿Un Traje a la Medida? Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios, 32(79), 70-94. Recuperado a partir de aquí. Consultado el 26 de enero de 2024.
5 Cerva Cerna, D., & Loza Gómez, Z. (2020). Obstáculos institucionales en el diseño e implementación de los protocolos para la atención a la violencia contra las mujeres en universidades públicas. Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios, 32(79), 147-170. Recuperado a partir de aquí. Consultado el 26 de enero de 2024.
Los recortes al presupuesto de educación superior llevaron a estudiantes, profesores y obreros a protestar en Buenos Aires y otras ciudades del país.
Fue una de las protestas más multitudinarias registradas en Argentina desde que Javier Milei asumió la presidencia del país en diciembre de 2023.
Las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades de Argentina se vieron abarrotadas este martes con cientos de miles de personas, especialmente estudiantes y profesores universitarios, que rechazan los recortes del gobierno a la educación superior en ese país.
Estuvieron respaldados por obreros y sindicalistas que esperan que se reviertan las reducciones de entre 60-70% del presupuesto público para las universidades.
El recorte es parte de la política de la “motosierra”, como llama Milei a su plan para reducir la participación del Estado en actividades públicas de todos los sectores, para conseguir un equilibrio fiscal en la golpeada economía argentina.
“Vamos a tener que dejar de funcionar”, advertía a una emisora local Ricardo Gelpi, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la institución pública que cuenta con más de 300.000 alumnos y que está catalogada entre las mejores de América Latina.
Apuntó que los recortes están afectando el pago a profesores, las actividades de investigación y la atención sanitaria, pues la UBA gestiona cinco hospitales públicos.
Al grito de “La UBA no se vende, la UBA se defiende”, los miles de manifestantes avanzaban en la capital argentina desde la sede del Congreso hacia la Casa Rosada, sede de la presidencia.
Algunos jóvenes llevaban libros en las manos para manifestarse contra el gobierno de Milei, quien ganó con una holgada mayoría las presidenciales de 2023.
Las viejas generaciones también acompañaron a los estudiantes.
“Vengo para defender la universidad pública y porque mis principios están muy alejados de los del gobierno actual”, dijo Pedro Palm, un arquitecto de 82 años graduado en la UBA, a la agencia Reuters.
La protesta fue respaldada también por la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país.
El plan de Milei también ha incluido el despido de miles de funcionarios, así como la eliminación de diversos programas gubernamentales.
La noche del lunes, Milei pronunció un discurso en cadena nacional en el que celebraba los logros económicos de su gobierno -como un superávit fiscal de 0,2%- como un “milagro económico” producto de sus políticas de ajuste.
“Pese a la oposición de buena parte del establishment político y económico de Argentina, a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, nuestro plan está funcionando”, afirmó.
Argentina no registraba un superávit fiscal trimestral desde 2008.
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