Los límites del ‘nearshoring’
La idea del nearshoring ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, en México y en la región de América del Norte. Para quienes se desempeñan en el ámbito empresarial, financiero o de análisis económico, la palabra se usa prácticamente todos los días. Para quienes están en otras áreas, lo probable es que la hayan leído o escuchado más de una vez. El concepto se usa para señalar oportunidades de crecimiento económico, de inversión y de generación de empleos en diferentes sectores. Lo mencionamos a la hora de hablar de la competitividad en nuestro país, o de las obligaciones que tenemos ante nuestros socios comerciales y la importancia de cumplir con ellas. La pregunta es: ¿qué tan exitoso está siendo México en el tema?
Es importante aclarar una cosa: el nearshoring, es decir, la posibilidad de relocalizar cadenas productivas cruciales a países cercanos y aliados, realmente representa una oportunidad enorme para la economía mexicana. Para las industrias del futuro —como las manufacturas tecnológicamente avanzadas, las energías limpias o incluso la inteligencia artificial—, representa una mayor integración con sus contrapartes estadounidense y canadiense que será la clave para detonar mayor innovación, generación de conocimiento y, al final de día, mayor producción en la industria mexicana.
El precedente es claro: así como hubo una integración regional de la industria norteamericana a partir de la década de los 90 (particularmente en la industria automotriz), podría haber una mayor integración en estos nuevos sectores. Con ello, el camino hacia una economía más fuerte y con crecimiento alto y sostenido se volvería más accesible (aunque se requeriría también de otros elementos para facilitarlo).
El potencial del nearshoring no está en duda. La magnitud de los frutos rendidos hasta ahora sí lo está. Medir esos resultados es complejo, pero un indicador que se ha usado como herramienta es la medición de Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al país. Las cifras inicialmente muestran un panorama optimista: en 2022, la IED que entró a México creció 12% respecto al año anterior y alcanzó uno de los niveles más altos en el registro (a excepción de 2013 y 2015). Además, en 2021 (el año más reciente en el registro de la ONU), México se mantuvo como una de las 10 economías con mayor ingreso de IED alrededor del mundo.
La inversión proveniente del extranjero sí ha crecido en México, pero también lo ha hecho en otros países. Indonesia, Brasil, Singapur y China (todos miembros de la lista de mayores receptores) también registraron crecimiento en la entrada de IED en 2021, algunos con tasas mayores a la observada en México en ese año.
Por otra parte, el detalle de la IED que entra al país muestra que el incremento en la llegada de recursos no está limitado a los sectores relacionados con el nearshoring. Es más, aunque la inversión extranjera en esas áreas ha crecido, las cifras de 2022 muestran que, en algunos casos, el crecimiento fue menor al observado a nivel nacional, mientras que la destinada a actividades poco relacionadas con el fenómeno ha crecido en mayor medida. El crecimiento de la IED en actividades como la información en medios masivos, las actividades bursátiles e incluso la industria fílmica, por ejemplo, fue mayor al observado en áreas como la fabricación de componentes electrónicos, de equipo de computación o incluso la generación de energía eléctrica.
Tomando esas cifras en cuenta, vale la pena cuestionarse si el nearshoring ha tenido hasta ahora el efecto deseado en la inversión extranjera a nivel nacional. También es válido poner en duda si la llegada constante de recursos resulta más bien de las características que han hecho a México un destino atractivo para la inversión a lo largo de los últimos años, como su ubicación geográfica o su pertenencia a 14 tratados de libre comercio que facilitan el intercambio con 50 países alrededor del mundo.
El rezago en condiciones estructurales como el acceso garantizado a insumos como agua y energía eléctrica o la modernización de puertos y aduanas impide que México aproveche el nearshoring en la mayor medida posible. Además, algunas acciones del gobierno en los últimos años van en contra de sus compromisos con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, un acuerdo que se debe cumplir cabalmente si lo que se busca es integrar las tres economías aún más.
Si esas barreras no se superan, esa integración será difícil de alcanzar, y la oportunidad de usar el nearshoring como herramienta para el crecimiento económico en el país, y tal vez en sus regiones más rezagadas, se irá más rápido de lo que vino.
* Ana Bertha Gutiérrez Jiménez (@AnaBerthaGtz) es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el IMCO.
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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