México ante la convergencia entre crisis climática y crimen organizado
Hablar de cambio climático en México sin hablar de seguridad es quedarse a medias. Los fenómenos que antes entendías como “climáticos y ambientales”, hoy están presionando la estabilidad social, la economía de las familias, la cohesión comunitaria y hasta la soberanía. Por eso, el compromiso número nueve de seguridad y cambio climático incluido en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), no es un adorno técnico; es un reconocimiento de que la crisis climática ya está reconfigurando riesgos que afectan directamente la vida cotidiana.
Los principales diagnósticos internacionales lo advierten. El Global Risk Report 2025 identifica los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos como los riesgos más severos de la próxima década. En México, estas amenazas no se distribuyen de forma equitativa: se convierte en conflictos socioambientales y en condiciones propicias para la violencia.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM (IIES), existen 560 conflictos socioambientales activos, principalmente relacionados con minería, agua, energía y megaproyectos turísticos (IIES, s.f.). Muchos de ellos involucran defensoras y defensores del territorio que, pese al Acuerdo de Escazú, siguen operando sin garantías mínimas de protección y justicia.
Celebro que la NDC 3.0 reconozca la necesidad de coordinar al sector público, privado y a las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias. Pero hay un actor que no aparece y que es imposible ignorar: el crimen organizado. La obtención ilegal de recursos naturales, madera, minerales, agua, fauna y territorios estratégicos es ya una actividad criminal que acelera la crisis climática, la degradación ambiental y aumenta la violencia.
El caso de los ejidos San Francisco las Palmas y Nueva Morelia, en Chicomuselo, Chiapas, es un ejemplo claro, porque en un territorio rico en minerales (Pinto, 2023) y ubicado en un corredor fronterizo estratégico, el crimen organizado ha generado amenazas (López-Dóriga Digital, 2023), desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones, pérdida de tejido social (Animal Político, 2024) y destrucción ambiental. No es un caso aislado, es un patrón.
Desde mi experiencia trabajando en comunidades y gobiernos locales, puedo afirmar que el clima es un hoy multiplicador de vulnerabilidad. Cuando desaparece un río, cuando un huracán arrasa con casas o cuando una sequía paraliza la producción, las familias no solo pierden ingresos: pierden estabilidad y seguridad. Y si los diferentes niveles de gobierno no actúan estructuralmente, dejan un vacío de poder que es aprovechado por grupos criminales (Voss, 2023), como ocurre en Guerrero tras el impacto del huracán Otis (BBC News Mundo, 2023). La crisis climática no solo genera desastres: genera desorden social cuando el Estado no actúa con rapidez, coordinación y visión estructural.
Por eso, el Eje F de la NDC 3.0 es estratégico, porque representa un nuevo enfoque: pasar de reaccionar a anticipar. La seguridad ya no puede depender solo de cuerpos armados, sino de información científica, interoperabilidad de datos, gobernanza local y justicia climática. Crear un portal nacional que articule datos de seguridad, agua, energía, clima, biodiversidad y población no es tecnocracia, es construir inteligencia pública, accesible y útil para prevenir desastres.
Otra pieza crítica es la incorporación del cambio climático en los sistemas de seguridad nacional y protección civil. No se trata de militarizar la agenda climática, sino de aceptar que huracanes, olas de calor e inundaciones afectan directamente infraestructura estratégica: puertos, aeropuertos, carreteras, cuartales, redes energéticas. Modernizar el DN-III-E, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional con criterios de adaptación es indispensable si queremos reducir pérdidas humanas y evitar que la emergencia se convierte en caos social.
La NDC 3.0 también acierta al evitar separar adaptación y mitigación, porque restaurar manglares, proteger cuencas, implementar soluciones basadas en la naturaleza no solo reduce emisiones, evita conflictos, estabiliza economías locales y proteger a las comunidades. Pero estas acciones requieren recursos voluntad política y capacidades técnicas que muchos municipios no tienen. El nivel local sigue siendo la primera línea de respuesta, pero también la más abandonada.
El Eje F debe reconocer al crimen organizado como actor climático-territorial integrando su influencia en agua, bosques, suelos e infraestructura. Para ello se propone crear un sistema nacional de monitoreo de delitos ambientales y un inventario de emisiones derivadas de actividades ilícitas, además de desarrollar mapas de riesgo que combinen clima, escasez hídrica, conflictividad socio ambiental y control territorial.
La seguridad climática debe de avanzar hacia la prevención estructural, mediante infraestructura resiliente, acceso seguro al agua y empleos verdes en territorios vulnerables. Esto exige integrar el riesgo climático-territorial en la planeación del desarrollo y fortalecer la gobernanza local.
Asimismo, se propone crear un Mecanismo Nacional de Coordinación Interinstitucional que articule medio ambiente-cambio climático, seguridad, protección civil, desarrollo territorial, gobiernos locales y fiscalías, con diagnósticos unificados, información en tiempo real, protocolos conjuntos y presupuestos alineados. En conjunto, estas acciones permitirían una política climática capaz de enfrentar la convergencia entre clima, violencia y desigualdad.
La dirección es correcta, aunque aún falta por desglosar aún más a qué se refiere con seguridad climática, qué implica y hacia dónde nos puede dirigir. Es un pilar que puede convertirse en política pública en México, que pone al país en sintonía con las discusiones más avanzadas del mundo. Este eje habla de prevención, paz territorial, de justicia climática y de datos abiertos. Y la idea central es simple, pero profunda: la seguridad climática no es un tema ambiental y climático, es una agenda de país.
La paz no puede construirse en un territorio degradado ni en ciudades y comunidades que viven entre la incertidumbre climática y la intromisión del crimen organizado. México necesita instituciones coordinadas, financiamiento suficiente, participación pública real e inclusiva y la capacidad de anticiparse al futuro. Un país que se prepara para los riesgos climáticos es un país que proteger su seguridad, su democracia y su futuro.
* Iyari Balderas Cruz es miembro activo de la Coalición México Resiliente. Especialista en sustentabilidad ambiental por la IBERO CDMX, cuenta con un diplomado en creación e implementación de políticas públicas en seguridad pública y nacional por la UNAM.
Referencias Bibliográficas:
Animal Político. (2024) Continúa la violencia en Chiapas: pobladores abandonan sus hogares en Chicomuselo. Animal Político.
BBC News Mundo (2023). El huracán Otis deja al menos 45 muertos y grandes destrozos a su paso por la ciudad de Acapulco y el estado mexicano de Guerrero. BBC News Mundo.
(IIES-UNAM). (2020). Mapeando las injusticias ambientales en México. IIES-UNAM.
Pinto, Ñ. (2023) Chiapas: Denuncian reactivación de mina en Chicomuselo bajo hostigamiento y sin permiso ambiental. Avispa Midia.
Redacción López-Dóriga Digital. (2023. Hombres armados amenazan a ambientalistas en Chiapas. López-Dóriga Digital.
Voss (2023). Grupos mexicanos podrían beneficiarse de la destrucción en Acapulco. Insight Crime.
El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
Parte de un gran aparato
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
¿Por qué está en Mineápolis?
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Diferencias con el ICE
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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