Negociaciones climáticas: avances, bloqueos y qué sigue para México tras COP 30
Más de treinta años después del nacimiento de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC) en Río, la COP30 regresó a la Amazonía en un momento decisivo. Con un multilateralismo desgastado y con pocos resultados, en esta cumbre estaba en juicio la capacidad de avanzar en conjunto frente a la crisis climática.
Brasil, desde la presidencia, buscaba recuperar credibilidad y lograr acuerdos concretos. Tras tres COP presididas por petroestados, llegar a la Amazonía elevó las expectativas. Pero estas chocaron con una realidad conocida: posiciones profundamente atrincheradas, tensiones geopolíticas y una limitada disposición para ceder. Las esperanzas de un gran avance en financiamiento y en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles volvieron a diluirse entre corchetes y opacidad.
Aun así, la COP30 no dejó las manos vacías. Una de las mayores victorias, una que ofrece una ruta hacia adelante, fue el acuerdo para crear un mecanismo que asegure transiciones justas, el “BAM”, que entrará en operación formal en la COP 31. Este logro, impulsado por la sociedad civil, establece que la transición debe diseñarse con trabajadores, comunidades, mujeres, pueblos indígenas y juventudes al centro, respetando derechos humanos y garantizando el consentimiento libre e informado. México y Brasil jugaron un papel clave para empujar un texto progresivo y establecer un mecanismo que fortalecerá la cooperación, la asistencia técnica y el apoyo financiero para que cada país pueda construir y ejecutar su propia ruta de transición justa. Sin embargo, los elefantes en la sala siguen ahí. No hubo acuerdo para un “phaseout” de combustibles fósiles; la principal causa de la crisis ni siquiera aparece mencionada en los textos finales. El grupo Árabe y varios países en desarrollo rechazaron cualquier lenguaje que comprometiera explícitamente su eliminación. Al mismo tiempo, muchos países concuerdan: sin financiamiento climático suficiente, predecible y no basado en deuda, la transición será inviable. En este punto, la Unión Europea volvió a quedarse corta: si quieren ser un campeón climático, deben asumir planes ambiciosos propios y ofrecer apoyo financiero a la altura del reto.
Pese a la falta de acuerdo global sobre la salida de los fósiles, Colombia, con el apoyo de Países Bajos, lanzó una iniciativa para construir una hoja de ruta para su eliminación. Con más de 80 países que apoyaban este resultado en las negociaciones, estas “coaliciones de las voluntades” pueden convertirse en catalizadores que aceleren avances y presionen a las negociaciones formales a la acción.
En adaptación, el resultado fue insuficiente. No hubo señales claras de cierre de brechas y la promesa de triplicar el financiamiento se pospuso hasta 2035, un golpe para los países más vulnerables.
El nuevo mecanismo de transición justa, sumado a alianzas para abandonar los fósiles bajo principios de justicia, podría abrir ventanas para atraer financiamiento que reduzca emisiones y, a la vez, fortalezca la resiliencia comunitaria, comprando tiempo para adaptarnos y evitar mayores pérdidas y daños.
También hubo avances en materia de género: se adoptó el Plan de Acción de Género pese a la resistencia de algunos gobiernos, reforzando la importancia de integrar cuidados y derechos humanos en la acción climática. Esto conecta directamente con México, que pronto presentará un plan estratégico nacional que vincula clima, cuidados y derechos humanos, y cuya NDC ya incorpora de manera destacada el enfoque de cuidados.
¿Qué sigue para México?
México jugó un rol relevante en estas negociaciones al lado de Brasil y otros países latinoamericanos. Ahora debe concentrarse en tres prioridades al interior:
- Garantizar el financiamiento público necesario para cumplir con su NDC 3.0.
- Construir una ruta propia de transición justa, alejándose progresivamente de los fósiles con claridad a corto, mediano y largo plazo.
- Aterrizar un enfoque centrado en las personas —especialmente mujeres, infancias y juventudes y en la protección del ambiente.
La COP30 no resolvió las tensiones que amenazan al multilateralismo, pero dejó una herramienta concreta para colocar la justicia social en el corazón de la acción climática y una coalición de países dispuesta a usarla para acelerar la transición.
El reto de enfrentar la crisis climática es ineludible, pero también es la puerta hacia un México más próspero, justo y resiliente. Cuidar el planeta no es solo una obligación moral: es la oportunidad de México para liderar una transformación global que genere empleos, bienestar y un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible capaz de mejorar la vida de millones personas.
* Jorge R. Martínez es coordinador del Programa de Justicia Climática de Oxfam México. Ingeniero Eléctrico y de Sistemas por la Universidad de Pensilvania, con especialidad en Energía y Sostenibilidad. Ha sido consultor en el sector energético y de política climática para los 3 niveles de gobierno y el sector privado a nivel internacional. Ha participado en las negociaciones climáticas de Naciones Unidas como observador y negociador.
El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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