Maternidad en guardia: la doble explotación de las médicas residentes en México

La residencia médica no se detiene frente a un embarazo. Cuando ambas experiencias coinciden, ocurre lo que el feminismo marxista ha nombrado desde hace décadas como la doble explotación. No se trata sólo de una metáfora, sino de un mecanismo material mediante el cual el capital y el Estado obtienen beneficios de manera simultánea; por un lado, la plusvalía del trabajo asalariado disfrazado de formación; por el otro, el fruto del trabajo reproductivo —gestar, parir, criar— que sostiene la continuidad social sin recibir remuneración ni condiciones dignas.

Autoras como Silvia Federici, 1 Angela Davis, 2 y más recientemente Tithi Bhattacharya, 3 han mostrado que el embarazo y la crianza no son “experiencias privadas”, sino procesos centrales de la reproducción social. La mujer residente encarna así, al menos, dos trabajos: el asalariado y el reproductivo, articulados en un régimen que exprime su cuerpo y tiempo hasta el agotamiento. El hospital se beneficia de su fuerza de trabajo flexible; la sociedad recibe un nuevo ciudadano y futura fuerza laboral, pero ninguna institución cubre los costos materiales ni emocionales de esa doble jornada.

Ella relató jornadas que comenzaban antes del amanecer y se extendían hasta la tarde, seguidas de guardias hospitalarias de toda la noche. Al mismo tiempo, debía sostener su embarazo con desplazamientos físicos y cuidados médicos. En sus propias palabras: “me sentí como una adolescente que se embaraza sin haber terminado la escuela”. Esa metáfora muestra cómo el régimen hospitalario inscribe la maternidad en un registro moralizante y disciplinario, donde ser madre es irresponsable porque interrumpe la disponibilidad total del cuerpo al capital médico.

En México los marcos normativos reconocen ciertos derechos —licencias de maternidad, espacios de lactancia, guarderías—, pero en la práctica funcionan más como dispositivos performativos que como garantías efectivas. Nancy Fraser 5 ha señalado que los Estados neoliberales producen “derechos de papel”: medidas que aparentan proteger mientras legitiman la explotación y trasladan los costos del cuidado a las familias. ¿De qué sirve una hora de lactancia si la jornada es de 36 horas? ¿Qué valor tiene una licencia si, aun en el posparto, se exige conectarse a clases y presentar exámenes? Mi amiga relató que dedicaba alrededor de cinco horas diarias a la residencia, incluso a distancia, aun cuando su cuerpo seguía en recuperación. Desde mi interpretación, el lenguaje de la concesión —“me dejaron salir una hora antes”— muestra cómo los derechos se experimentan como favores otorgados, no como garantías exigibles. En este sentido, los derechos de papel cumplen una función clara: legitimar el orden hospitalario mientras preservan intacta la lógica de la explotación.

El testimonio confirma este diagnóstico: la red de apoyo de la residente fue, sobre todo, femenina —madre, abuela, compañeras—. Su esposo también estuvo presente y ofreció acompañamiento constante, pero quedó institucionalmente relegado: la ley sólo le reconoció cinco días de licencia de paternidad, sin ningún otro respaldo que hiciera posible una corresponsabilidad real. Esa restricción no es anecdótica: expresa un régimen laboral que naturaliza la maternidad como tarea exclusiva de las mujeres y expulsa a los padres de cualquier papel efectivo en el cuidado. La abuela, por su parte, tampoco recibió apoyos ni recursos, cargando con responsabilidades a costa de su propio tiempo y esfuerzo. Las compañeras residentes se solidarizaron con gestos concretos —como dejarla dormir durante las guardias—, pero esa red de apoyo, aunque indispensable, resulta precaria e insuficiente. El hospital y el Estado descansan en esa “buena voluntad” femenina para sostener lo insostenible: un régimen que externaliza los cuidados explota la solidaridad entre mujeres y se exime de garantizar derechos colectivos.

Así, la residencia sigue siendo un espacio que premia promedios y disponibilidad absoluta, mientras niega el reconocimiento de las desigualdades estructurales y de la interseccionalidad que atraviesa a las mujeres-madres en la formación médica. No existe una “mujer universal”: 9, 10 clase, racialización, origen regional o condición migratoria configuran experiencias radicalmente distintas. Una residente proveniente de sectores medios urbanos, con familia médica y redes de apoyo estables, puede amortiguar parcialmente las exigencias institucionales. En contraste, una residente indígena, afrodescendiente o de origen rural enfrenta mayores barreras: discriminación implícita, menor acceso a recursos materiales y redes de cuidado más frágiles. 11 De igual forma, la maternidad de una residente sin pareja estable o con pareja también precarizada genera cargas diferenciadas. Estas dimensiones cruzadas intensifican la vulnerabilidad: no sólo es la mujer-madre en el hospital, sino la mujer-madre racializada, de clase trabajadora o migrante, la que encarna en su cuerpo el peso completo de la reproducción social externalizada.

La residencia médica mexicana, medida en horas sin dormir, no sólo castiga la maternidad: la integra como un mecanismo de disciplinamiento estructural. El temor de una residente al comunicar su embarazo —“¿cómo le iba a decir a mi coordinadora que estaba embarazada?”— es síntoma de un sistema que naturaliza la disponibilidad absoluta del cuerpo médico, negando la legitimidad de la maternidad dentro de la formación profesional.

¿Qué hacer?

Conclusión

El feminismo marxista permite nombrar esta paradoja: la sociedad obtiene dos beneficios —una médica especialista y una nueva ciudadana— mientras la residente paga los costos sola. Pero ya no pienso en teorías: pienso en mi amiga, en sus jornadas interminables, en su miedo y en el hospital que la formó. Su relato muestra que la doble explotación no es un accidente coyuntural, es el sostén de la productividad hospitalaria y comunitaria. Por lo tanto, el desafío no es humanizar un régimen inhumano, sino desmontar la estructura que convierte a la maternidad en un recurso gratuito para el capital y el Estado.

Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad únicamente de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

1 Silvia Federici, Revolution at point zero: Housework, reproduction, and feminist struggle (PM Press, 2013).

2 Angela Yvonne Davis, Women, race & class (Vintage, 1981).

3 Tithi Bhattacharya, ed., Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression (Pluto Press, 2017).

4 Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”, en Feminist Studies 14, núm. 3 (1988): 575-99. https://doi.org/10.2307/3178066

5 Nancy Fraser, “Contradictions of capital and care”, en New Left Review 100 (2016): 99-117.

6 Marta Lamas, comp., El género: La construcción cultural de la diferencia sexual (Miguel Ángel Porrúa / PUEG-UNAM, 1996).

7 Jacqui True, Gender, Globalization, and Postsocialism. The Czech Republic After Communism (Columbia University Press, 2003).

8 Ann Shola Orloff y Bruno Palier, “The Power of Gender Perspectives: Feminist Influence on Policy Paradigms, Social Science, and Social Politics”, en Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 16, núm. 4 (2009): 405-12.

9 Kimberle Crenshaw, “Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”, en University of Chicago Legal Forum 1989, núm. 1 (1989): 139-67.

10 Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment (Routledge, 2000).

11 María Lugones, “The Coloniality of Gender”, en Worlds & Knowledges Otherwise 2, núm. 2 (2008) 1-17.