Crímenes atroces cometidos por militares en México: la importancia de las cadenas de mando
Desde hace más de doce años, México se ha visto envuelto en un intimidante contexto de violencia, el cual ha mantenido como constante un ataque generalizado hacia la población civil y un aumento en la militarización de la seguridad pública. Desde el inicio de la llamada “guerra contra las drogas” declarada por el expresidente Felipe Calderón, México se ha convertido en el escenario de más de 200 mil personas asesinadas1 y más de 73 mil personas desaparecidas2, además de aquellas que han sido desplazadas por la violencia.
Dentro de este contexto de violencia, las fuerzas de seguridad han jugado un papel crucial. Desde diciembre de 2006, México se ha visto inmerso en un escenario de militarización en donde el Ejército y la Marina han reemplazado la labor de seguridad pública, tomando las calles y desplazando a las policías en acciones de patrullaje y lucha contra el crimen. De entonces y hasta el 2018, las fuerzas armadas habían detenido a 100,447 civiles, todos en supuesta flagrancia. Durante este mismo periodo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha estado involucrada en 4,495 enfrentamientos y la Secretaría de Marina (SEMAR) en 3983.A la par de la militarización y el aumento de la presencia del ejército en las calles, el país también se vio inmerso en un incremento de violaciones y abusos contra civiles cometidos por soldados y marinos. Las comisiones de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, grupos de activistas y periodistas empezaron a recibir y a documentar una gran cantidad de testimonios de violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió miles de denuncias por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y del 2006 al 2019 emitió 174 recomendaciones que involucran a la SEDENA y/o a la SEMAR en actos de torturas, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones, entre otros atroces crímenes.4
Frente a este escenario, el gobierno federal se empeñó en señalar a las personas como “agresores”, “narcotraficantes” o “delincuentes”, manteniendo un discurso de apoyo incondicional a las fuerzas armadas, con acciones destinadas a desprestigiar la versión de las víctimas y a descalificar organizaciones de la sociedad civil que defendían derechos humanos. Esta campaña de desprestigio no solo se centró en palabras, sino en actos concretos como ocultar los hechos, alterar las escenas del crimen e intimidación en contra de las víctimas, sus familiares y organizaciones no gubernamentales.
Más aún, las recomendaciones de la CNDH no dejan lugar a dudas sobre la existencia de violaciones a los derechos humanos cometidas a gran escala y de manera sistemática. La SEDENA y la SEMAR, al aceptar las recomendaciones que CNDH, han reconocido que las violaciones documentadas por dicha institución han sucedido y que fueron realizadas por las unidades identificadas como perpetradoras.
Las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fallaron en investigar debidamente los abusos documentados por la CNDH. Actualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha centrado los esfuerzos de su administración en investigar y procesar a todos aquellos funcionarios involucrados en dichos crímenes.
Teniendo en mente la complejidad de esta situación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) identificó la importancia de comprender y clarificar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de México en su tarea como “protectoras” de la seguridad pública, ahora incluso con permiso de un artículo transitorio de la Constitución, con una orden general y vaga del presidente de la República para que funjan como policías a lo largo y ancho del país por un periodo que concluye en 2024.
Conocer la estructura jerárquica de las fuerzas armadas a través del tiempo es esencial no sólo para comprender el funcionamiento de las mismas, sino para poder rastrear la responsabilidad de cada unidad e individuo, fortaleciendo las denuncias y esclareciendo el señalamiento de culpables en la construcción de memoria. Así, la CMDPDH se ha enfocado en entender la jerarquía y operaciones de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Estructura del Ejército Mexicano
Dentro del Ejército Mexicano, las Regiones Militares son las unidades de mandos territoriales de mayor rango, actuando directamente por debajo del secretario de la Defensa Nacional. Estas generalmente controlan las operaciones militares en uno o más estados. De la misma manera, mantienen mando directo sobre las Zonas Militares y es a través de éstas que controlan unidades más pequeñas como batallones, guarniciones, compañías y regimientos5.
Dentro del contexto nacional de violencia generalizada, llama la atención la situación que se han vivido Coahuila y Chihuahua, estados que comprenden el área de operación de la XI Región Militar. Es por esto que la CMDPDH unió sus esfuerzos con el Security Force Monitor (SFM), un proyecto del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia en Nueva York, para una investigación conjunta sobre el Ejército Mexicano.
El SFM realiza investigación de fuentes abiertas, y publica información detallada sobre las estructuras y cadenas de mando de las policías, ejércitos y otras fuerzas de seguridad alrededor del mundo. Así, revisando comunicados de prensa de la SEDENA, junto con numerosas notas contemporáneas de medios locales e internacionales, el SFM logró crear una base de datos sobre las Fuerzas Armadas Mexicanas relativa al período 2006-2012.
Utilizando la información recabada y los datos propios de la CMDPDH, se muestra un claro ejemplo del abuso y violaciones perpetradas por el Ejército dentro de los estados mencionados, identificando la cadena de mando desde las unidades operativas en el campo, hasta los oficiales responsables de las órdenes que propiciaron estos crímenes.
XI Región Militar
En operaciones militares ordinarias, los estados de Coahuila y Chihuahua recaen bajo la jurisdicción y mando de la XI Región Militar, comprendida por la 6 Zona Militar cubriendo al estado de Coahuila, la 5 Zona Militar comandando los municipios norteños de Chihuahua y la 42 Zona Militar los municipios hacia el sur.
El 28 de marzo de 2008 el gobierno de México dio inicio a la Operación Conjunta Chihuahua (OCCH), bajo el mando del comandante de la 5 Zona Militar, la cual se encontraba enfocada en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en Ciudad Juárez y sus alrededores. Debido a los resultados negativos y las múltiples acusaciones de abusos perpetrados por el personal militar la OCCH cambió de nombre en enero de 2010, denominándose Operación Coordinada Chihuahua y el 8 de abril del mismo año, dejó de estar bajo el mando del Ejército y pasó a ser encabezada por la Policía Federal.
Durante este periodo se registraron un gran número de quejas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en Chihuahua.
La OCCH se mantuvo jerárquicamente bajo el mando de la 5 Zona Militar, la cual se encuentra adscrita a la XI Región Militar. Esta operación involucró a tropas de diversas unidades fuera de la cadena de mando “regular” de la XI Región Militar. Al menos 50 unidades del Ejército Mexicano enviaron tropas para servir como parte de esta operación, desplegando elementos en períodos que duraban entre 45 días y dos meses.
Así, las tropas de las unidades que permanecían operando en sus localidades “regulares”, mantenían su cadena de mando, respondiendo a sus superiores habituales, mientras que las tropas enviadas a la Operación Conjunta respondían a la 5 Zona Militar, la cual se encuentra bajo la jurisdicción de la XI Región Militar. En la siguiente gráfica se puede observar la cadena de mando de la XI Región Militar durante el período de tiempo que duró la OCCH, de acuerdo a información extraída de recomendaciones de la CNDH, comunicados de prensa de la SEDENA y medios de comunicación:
Durante estos casi dos años, la población de Coahuila y Chihuahua sufrió una ola de violaciones constantes cometidas por el ejército mexicano. Más del 20% de las recomendaciones emitidas por la CNDH y que involucran a la SEDENA desde el inicio de la guerra contra las drogas de Calderón hasta junio de 2019 documentan violaciones cometidas dentro de estos dos estados durante el periodo de la OCCH. De las 26 recomendaciones emitidas por la CNDH que se refieren a este periodo, 17 identifican claramente a la unidad que cometió la violación; unidades que se muestran en el siguiente esquema:
Este esquema muestra claramente como las unidades que perpetraron violaciones (en rojo), se encontraban conectadas al resto de la estructura de la XI Región Militar. Es importante subrayar que estas unidades fueron señaladas como perpetradoras directas en 17 recomendaciones de CNDH; otras diez recomendaciones documentan violaciones cometidas por el Ejército en Coahuila y en Chihuahua durante este período; sin embargo, no es posible identificar a la unidad específica relacionada a los casos.
Es importante señalar que el proceso en el que la CNDH emite recomendaciones es lento, por lo que es posible que más crímenes salgan a la luz de manera posterior. Adicionalmente, a muchas víctimas de violaciones no les fue posible presentar alguna denuncia o de relatarlas a los medios, por lo que tal vez nunca se conozcan la totalidad de los abusos cometidos por el ejército en ambos estados.
No obstante, sin importar qué unidades se encontraban operando dentro de estos dos estados durante la OCCH, las violaciones a derechos humanos sucedieron constantemente, sugiriendo que los abusos no deberían de ser considerados como casos aislados, sino que podrían ser consecuencia de una orden directa de lugares más altos en la cadena de mando.
Comandantes
XI Región Militar
Durante el período que duró la OCCH/Operación Coordinada Chihuahua, por la información analizada entendemos que dos personas se desempeñaron como comandantes de la XI Región Militar: Jorge Juárez Loera (septiembre de 2006 al 30 de mayo de 2008) y Mario Marco Antonio González Barreda (mayo 31, 2008 a enero 14, 2012).
Respecto de Jorge Juárez Loera, encontramos que cinco recomendaciones de la CNDH señalan que graves violaciones a derechos humanos fueron perpetradas por unidades adscritas a la XI Región Militar durante su mandato6. Posterior a su comandancia de la XI Región Militar, Loera fue transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional en donde se desempeñó como servidor público hasta su jubilación el 1 de mayo de 2011. Poco menos de un mes después de su retiro, Loera perdió la vida bajo circunstancias no muy claras el 21 de mayo de 20117.
Por lo que se refiere a Mario Marco Antonio González Barreda, la mayor parte de las violaciones documentadas en las recomendaciones de la CNDH que tuvieron lugar en estos estados, ocurrieron durante el período de Barreda. Se trata de 21 recomendaciones8 relativas a crímenes cometidos por elementos de la SEDENA, de las cuales 11 identifica a unidades bajo el mando de la XI Región Militar9.
Por la información analizada González Barreda fue promovido de General de Brigada a General de División mientras fungía como comandante de la XI Región Militar. Con posterioridad a este cargo, fue transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional en donde se desempeñó como Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea hasta su jubilación el 19 de enero de 2013.
5 Zona Militar y sus Operaciones
Durante todo el período solo una persona se desempeñó como comandante 5 Zona Militar, quien estuvo a cargo de ambas operaciones en Chihuahua: Felipe de Jesús Espitia Hernández, del 18 de enero 2007 al 1 de julio 2010. Posterior a su comandancia de la 5 Zona Militar, Espitia fue promovido al puesto de Coordinador de Asesores para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El Pelotón de la Muerte y sus superiores jerárquicos: un ejemplo de impunidad
La Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (3ª CINE) es una unidad del Ejército, la cual fue llamada por periodistas e investigadores “Pelotón de la Muerte”10, pues durante su participación dentro de la OCCH, al igual que muchas otras unidades, detuvieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a civiles, supuestos criminales bajo la menor sospecha de pertenecer al crimen organizado.
El “Pelotón de la Muerte” operó en Ojinaga11, Chihuahua, principalmente. Al menos, entre 2008 y 2009, se les atribuyen a elementos de esta unidad crímenes como: tortura, asesinato y desaparición forzada12.
De acuerdo a la documentación de casos realizada por la CMDPDH, es posible identificar la cadena de mando involucrada en los crímenes cometidos en estos estos estados y durante el periodo ya mencionado, misma que incluía al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el Comandante de la XI Región Militar, Marco Antonio González Barreda, el Comandante de la 5 Zona Militar, Felipe de Jesús Espitia Hernández, el Comandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, Jesús Moreno Aviña y por último, el Comandante de la 3 CINE, José Julián Juárez Ramírez13.
Es importante subrayar que, hasta el momento, sólo se han iniciado procesos de carácter judicial a funcionarios de bajo nivel en el escalafón militar, mientras los altos mandos han escapado de toda responsabilidad, permaneciendo en una impunidad continúa. Así, hasta marzo del 2017 (según la revista Proceso)14, 13 de los 31 miembros del “Pelotón de la Muerte” obtuvieron su libertad por falta de pruebas. Entre los ya sentenciados, el General Jesús Moreno Aviña, recibió 52 años de prisión y José Julián Juárez Ramírez sigue en proceso; los demás elementos de la cadena de mando permanecen libres y fuera de proceso judicial.
El caso de la 3ª CINE, no solo es prueba de la ya conocida falla en el sistema de impartición de justicia mexicano, sino que da cuenta de la importancia de la investigación realizada, en donde la cadena de mando demuestra, por un lado, la responsabilidad de los funcionarios dentro del proceso de órdenes y operaciones militares y por otro refleja la falta de justicia y la ya reafirmada impunidad, en donde los eslabones más bajos son utilizados como chivos expiatorios y carne de cañón y los altos funcionarios se mantienen no sólo libres, sino gozando de beneficios y en una situación de total inmunidad.
* Este texto fue elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH), con apoyo de investigación de Security Force Monitor (@SecForceMonitor) un Proyecto de la Columbia Law School Human Rights Institute. El Security Force Monitor trabaja para que la policía, el ejército y otras fuerzas de seguridad de todo el mundo sean más transparentes y rindan cuentas.
1 157 mil asesinatos, Eduardo Guerrero Gutiérrez, El Financiero, 24 de diciembre de 2018, fecha de acceso: 23 de julio de 2020; 13 años y 250 000 muertos: las lecciones no aprendidas en Mexico, José Luis Pardo Veiras, The Washington Post, 28 de octubre de 2019, fecha de acceso: 23 de julio de 2020.
2 Aristegui Noticias. “73 mil 201 personas han sido reportadas como desaparecidas en México” (13 de julio de 2020).
3 SEDENA, Solicitud de Información, folios: 0000700043617 y 0000700043917. SEMAR, Solicitud de Información, folio: 0001300019517.
4 Los datos de la Base I-Doc. The Investigation and Documentation System (I-DOC) of the Case Matrix Network es accesible a la CMDPDH a través del apoyo de la Unión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Noruega.
5 Artículo 10o (PRIMERA PARTE De las Regiones Militares) del Reglamento General de Regiones y Zonas Militares, 9 June 1951, derogado por el Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza, 22 April de 2013.
6 Las Recomendaciones de la CNDH 055/2009, 034/2009, 015/2009, 059/2009, 054/2009. 033/2009 también documentaron violaciones durante su mandato, sin embargo, en ellas no se identifica a alguna unidad en específico como perpetradora.
7 Oscuros, peligrosos negocios en la Sedena. Proceso. 23 February 2014. Fecha de acceso: 21 de julio de 2020.
8 Recomendaciones de la CNDH: 044/2009, 043/2010, 088/2011, 081/2010, 056/2010, 052/2010, 050/2010, 022/2010, 063/2009.
9 Recomendaciones de la CNDH: 028/2009, 061/2009, 053/2009, 070/2009, 073/2009, 091/2011, 066/2011, 043/2011, 041/2009, 049/2011, 031/2011.
10 Medios como Proceso, Milenio, Vice, MVS noticias e investigadores como Cadena de Mando y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Cadena de Mando, fecha de acceso:12 de junio de 2020; Confirman condena a militar, Norte Digital, 9 de marzo de 2017, fecha de acceso: 12 de junio de 2020; El “pelotón de la muerte”, soldados con licencia para matar, Jorge Carrasco Araizaga, Proceso, 12 de enero de 2013, fecha de acceso: 12 de junio de 2020; Falla Ejército en acusaciones del “pelotón de la muerte”, Jorge Carrasco Araizaga, Proceso, 1 de marzo de 2017, fecha de acceso: 12 de junio de 2020; Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Chihuahua, México entre 2008 y 2010, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Junio 2018, pp. 51-54, fecha de acceso: 21 de julio de 2020; Amparan a teniente que se le relacionó con ‘El Pelotón de la Muerte, Milenio, 5 de marzo de 2020, fecha de acceso: 21 de julio de 2020; El general mexicano que lideró el ‘pelotón de la muerte’ irá a prisión por tortura y asesinato, VICE, 2 de mayo de 2016, fecha de acceso: 21 de julio de 2020.
11 Los datos del periodo de operación de Operación de la 3a CINE relevantes al presente documento, se limitan al contexto de la Operación Conjunta Chihuahua. No se cuenta con fuentes que indiquen si dicha unidad se encuentra aún en operación, ni de su ubicación geográfica.
12 Cadena de Mando, acceso el 12 de junio de 2020; Confirman condena a militar, Norte Digital, 9 de marzo de 2017, fecha de acceso: 12 de junio de 2020; El “pelotón de la muerte”, soldados con licencia para matar, Jorge Carrasco Araizaga, Proceso, 12 de enero de 2013, fecha de acceso: 12 de junio de 2020; Falla Ejército en acusaciones del “pelotón de la muerte”, Jorge Carrasco Araizaga, Proceso, 1 de marzo de 2017, fecha de acceso: 12 de junio de 2020.
13 Cadena de Mando, fecha de acceso: 12 de junio de 2020.
14 Falla Ejército en acusaciones del “pelotón de la muerte”, Proceso, 1 March 2017, fecha de acceso: 21 de julio de 2020.
“Cuando escuchamos una idea contraria a la nuestra, el cerebro no empieza evaluando argumentos: primero detecta que hay un conflicto”, dice un experto. Pero es posible aprender a escuchar con calma.
Escuchar una opinión contraria a la nuestra rara vez es una experiencia neutra. Aunque solemos atribuir esta dificultad a factores culturales o personales, la ciencia muestra que tiene raíces profundas en el funcionamiento del cerebro.
Desde la neurociencia sabemos por qué nos cuesta tanto escuchar opiniones diferentes.
El desacuerdo activa sistemas diseñados para detectar conflicto y mantener la coherencia interna.
Esto explica por qué solemos reaccionar con rapidez y, a menudo, con rigidez ante ideas que desafían lo que creemos.
El cerebro detecta conflicto antes de razonar
Cuando escuchamos una idea que contradice nuestra forma de pensar, el cerebro no empieza evaluando argumentos. Primero detecta que hay un conflicto. Una de las regiones implicadas en este proceso es la llamada corteza cingulada anterior o CCA.
Esta estructura actúa como un radar encargado de identificar inconsistencias entre nuestras expectativas y la realidad, así como conflictos entre respuestas o entre creencias. Por lo tanto, la CCA funciona como un “radar de incongruencias”.
La evidencia neurocientífica muestra que la CCA forma parte de circuitos implicados tanto en el control cognitivo como en el procesamiento del dolor físico y del dolor social.
Por eso, una opinión contraria puede ser experimentada como algo incómodo o amenazante, incluso cuando no hay confrontación directa.
Junto a la corteza cingulada anterior se activan otras regiones. Una de ellas, la amígdala, está implicada en la respuesta de amenaza. Otra área importante, la ínsula, está relacionada con la percepción del malestar corporal.
El resultado de este proceso es familiar para todos: nudo en el estómago, tensión corporal y una tendencia a defenderse o cerrar la conversación.
Finalmente entra en juego la corteza prefrontal dorsolateral, responsable de funciones como la planificación, la inhibición de impulsos y la toma de decisiones.
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El coste cognitivo y emocional de integrar otra perspectiva
Aceptar una visión opuesta exige un esfuerzo considerable. El cerebro debe mantener al mismo tiempo dos modelos mentales incompatibles: “lo que yo creo” y “lo que tú dices”.
Además, debe compararlos y decidir si alguno debe modificarse. Desde el punto de vista energético, es una operación exigente.
A este esfuerzo se suma la disonancia cognitiva: el malestar que aparece cuando una información amenaza la coherencia de nuestra visión del mundo o de nuestra identidad.
En muchos casos, este malestar no se resuelve escuchando al otro, sino justificando lo que ya pensábamos. Es lo que se conoce como “razonamiento motivado”.
Por otra parte, muchas creencias están ligadas a la pertenencia a un grupo.
Cambiar de perspectiva puede ser experimentado, aunque sea de forma inconsciente, como un riesgo social: quedar mal, perder estatus o sentirse excluido.
El cerebro social está especialmente orientado a evitar ese tipo de amenazas.
El estrés dificulta escuchar y pensar con calma
Un factor clave en todo este proceso es el estrés.
Cuando este es elevado o sostenido, el sistema nervioso funciona en modo de alerta, lo que reduce la capacidad de la corteza prefrontal para regular emociones y sostener el desacuerdo con calma.
En ese estado, escuchar se vuelve especialmente difícil.
La buena noticia es que estos sistemas son plásticos. Las regiones cerebrales implicadas en el conflicto, la emoción y el control cambian con la experiencia y la práctica.
Escuchar desde la calma se puede entrenar
La dificultad para escuchar opiniones contrarias ha ido ganando presencia en el debate social y cultural. Especialmente en contextos donde las decisiones tienen consecuencias compartidas como en equipos de trabajo, instituciones o espacios de liderazgo.
El desacuerdo mal gestionado suele escalar hacia conflictos interpersonales, bloqueos comunicativos y deterioro del clima emocional.
Se trata de algo muy común en entornos laborales de alta demanda.
Afortunamente podemos entrenar la escucha desde la calma, circunstancia que mejora de forma clara el liderazgo y la toma de decisiones.
Prácticas como el mindfulness o el biofeedback reducen la reactividad automática y aumentan la capacidad de observar el desacuerdo sin responder de forma impulsiva.
Por ejemplo, estudios sobre redes cerebrales en reposo muestran que la práctica sostenida de mindfulness modula redes cerebrales implicadas en regulación emocional y flexibilidad cognitiva.
De este modo se favorecen respuestas más adaptativas ante la discrepancia.
Por otra parte, nuestros proyectos de investigación del grupo Neurociencia del Bienestar de la Universidad de Sevilla han mostrado que entrenar la regulación fisiológica y emocional se asocia con una mayor capacidad para pausar antes de responder, escuchar con menos reactividad y gestionar conversaciones difíciles con mayor claridad.
La clave no está en eliminar la incomodidad, sino en aprender a regularla para que no derive en rechazo automático.
Escuchar no significa ceder ni renunciar a los propios valores. Significa sostener la incomodidad el tiempo suficiente para ampliar el marco desde el que decidimos.
En un mundo cada vez más polarizado, la capacidad de escuchar opiniones contrarias es una habilidad neurocognitiva entrenable.
Comprender cómo responde el cerebro al desacuerdo es el primer paso para dejar de reaccionar automáticamente y empezar a responder con mayor calma, claridad y humanidad.
*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para leer el texto original.
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