De los males el peor: los crímenes más graves que se cometen en México
La comunidad internacional ha reconocido que ciertos actos son tan graves que no deberían ocurrir en ningún lugar, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. La represión de estos actos criminales, que incluyen la tortura, la desaparición, el asesinato y la violencia sexual, se considera de interés primordial para todos los países, y cuando éstos se cometen de tal manera que forman parte de ataques planeados, en contra de civiles, que son generalizados, o que cumplen con un patrón sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad. Además, cuando esos crímenes se cometen en el contexto de un conflicto armado interno contra personas o bienes protegidos, se consideran crímenes de guerra. Tanto los crímenes de lesa humanidad como los crímenes de guerra son violaciones graves del derecho penal internacional que comúnmente se conocen como “crímenes internacionales” que pueden ser investigados y enjuiciados por la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI es un organismo establecido en 1998 como el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a individuos responsables de cometer crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra y el crimen de agresión, cuando los países no tienen la capacidad o la voluntad de investigar o enjuiciar a los responsables. México es parte del Estatuto de Roma que creó la CPI desde el 1º de enero de 2006.
Desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil, academia, periodistas y personas expertas hemos documentado y presentado a la CPI información creíble que indica que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra sin que el Estado tenga la voluntad o la capacidad de investigar y enjuiciar a los responsables de cometerlos. En particular, esto sucede cuando los presuntos responsables son altos mandos de las Fuerzas Federales Mexicanas.
En ese contexto, desde la CMDPDH apostamos este año por enviar información a la CPI sobre crímenes de su competencia –particularmente crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra– que se han cometido en México desde el año 2006, y cuyas víctimas continúan sufriendo los estragos del delito y la impunidad que viene aparejada de la indolencia de las autoridades y de los pactos cupulares que impiden su investigación y sanción.
Así, en junio de este año presentamos a la CPI información sobre 64 casos que refieren un total de 173 víctimas directas de asesinato cometido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la entonces Policía Federal (PF), entre 2006 y 2018, en 22 estados de la República Mexicana en el marco de la estrategia de seguridad de la mal llamada “Guerra contra las Drogas”. Estos crímenes se insertan en un contexto de un ataque sistemático contra la población civil, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad que puede investigar la CPI.
La semana pasada la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, presentamos una Comunicación a la CPI en el que demostramos que Fuerzas Federales del Estado Mexicano, SEDENA, SEMAR y la entonces PF, cometieron actos de tortura, incluida tortura sexual que cumplen con la calificación de crímenes de lesa humanidad de conformidad con el derecho penal internacional. La comunicación documenta y analiza 197 casos comprendidos en 166 Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicadas entre el 1° de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2019 , que involucran a un total de 642 personas que fueron sometidas a actos de tortura.
Los años 2020 y 2021 no han sido la excepción cuando nos referimos a la comisión de crímenes internacionales en México. En 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) inició 895 investigaciones por el delito de tortura y, de enero a mayo de 2021, 368 carpetas de investigación por el mismo delito. 1 En materia de desaparición de personas 8,593 desaparecieron en 2020 y 5,779 de enero a octubre de 2021. 2 Además, sólo durante 2020, se tienen registradas 28,834 carpetas de investigación por homicidio doloso, de las que en al menos 74% se utilizó un arma de fuego. Hasta agosto de 2021, se han registrado 19,173 carpetas por homicidio doloso, 68% de las cuales involucraron también armas de fuego. 3 Es decir, la crisis humanitaria y las violaciones graves a los derechos humanos se siguen profundizando en México.
En particular, la naturaleza generalizada de la tortura y la desaparición forzada de personas ha sido confirmada a nivel internacional. Mientras que en 2015 el entonces Relator Especial de la ONU contra la Tortura afirmó que este crimen y los malos tratos ocurren en México de manera generalizada y en un contexto de impunidad, el mes pasado el propio Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada visitó México y lamentó confirmar que, con un saldo de 95,121 desaparecidos a nivel nacional, continúa una situación generalizada de desapariciones en gran parte del país, rodeada de una prevaleciente revictimización y casi absoluta impuniadd.
A nivel nacional, las investigaciones sobre estos crímenes no han avanzado. En México, por ejemplo, no se contempla un tipo penal de “crímenes de lesa humanidad” o “crímenes de guerra”, a pesar de que el Estado forma parte de tratados internacionales que le obligan a perseguir estas conductas y que sean imprescriptibles. Es decir, hay responsabilidad internacional en tres vías: 1) al cometer, permitir, tolerar, ordenar los crímenes, 2) al no investigarlos, enjuiciarlos, reparar a las víctimas y asegurar que no se repitan y 3) al no adoptar la legislación que pueda sancionarlos en su contexto y no como crímenes aislados.
La aprobación e implementación de una legislación de esta naturaleza debería permitir que se sancionen a aquellos sujetos que, sin ser los responsables materiales de los crímenes, son los más altos responsables por ordenarlos, tolerarlos y ocultarlos, o bien, por facilitar o ayudar de alguna forma a su comisión o falta de sanción.
El 2022 plantea grandes retos en materia de reivindicación para las víctimas de estos crímenes atroces. Este Gobierno reconoció la crisis humanitaria por las masacres, desapariciones y torturas; en esa línea, en el Programa Nacional de Derechos Humanos el Gobierno ha considerado como objetivo prioritario la atención a víctimas, la cual debe ser integral e incluir asistencia humanitaria y acceso a la justicia.
La consideración del caso mexicano por un tribunal penal internacional como la CPI puede contribuir a disuadir la comisión de estos crímenes, asegurar investigaciones y enjuiciamientos genuinos y efectivos, y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese sentido sería relevante que, en coherencia con las acciones que se proponen en el mencionado Programa y haciendo eco de su narrativa contra la impunidad y la corrupción, el Estado solicite a la Fiscalía de la CPI colaborar con las investigaciones de los crímenes internacionales cometidos en México en el marco de la Guerra contra las Drogas.
1 FGR. Solicitud de información número de folio 0001700178421.
El nuevo aeropuerto Jorge Chávez quiere mejorar las conexiones de la capital peruana y ser vanguardia en la región.
El nuevo aeropuerto Jorge Chávez de Lima comienza a funcionar a pleno rendimiento este primero de junio con la promesa de convertirse en uno de los aeródromos más modernos y con más tránsito de Sudamérica.
Después de varias semanas de pruebas, en las que un grupo reducido de aerolíneas internacionales han estado operando vuelos en las nuevas instalaciones, el nuevo Jorge Chávez entrará plenamente en funcionamiento con el objetivo de mejorar la capacidad de atracción de visitantes y la conectividad de Perú.
Tras su inauguración oficial este viernes 30 de mayo, en un acto en que se espera la participación de la presidenta Dina Boluarte, el domingo a la 1pm hora local el aeropuerto estará totalmente operativo.
El camino hasta la inauguración del nuevo aeropuerto no ha sido fácil ni ha estado exento de retrasos y contratiempos. Estaba inicialmente prevista para diciembre de 2024, pero se aplazó hasta junio de este año para garantizar la seguridad y un eficiente desarrollo de las operaciones.
Y han surgido dudas sobre el impacto de algunas carencias aún no resueltas, como el escaso espacio destinado a los funcionarios de Inmigración, que podría provocar retrasos en la admisión de pasajeros al país, las esperas por la acumulación de vuelos tras las horas sin actividad del primer día o la falta de un acceso peatonal a la terminal.
Pese a todo, el nuevo aeropuerto tendrá previsiblemente un gran impacto en Perú y en su capital, así como en el transporte aéreo en Sudamérica.
Según Raúl Pérez Reyes, ministro peruano de Transportes, “la inauguración de este moderno aeropuerto marcará un hito para el desarrollo económico y turístico del país”.
Por qué un nuevo aeropuerto en Lima
El nuevo aeropuerto es el resultado básicamente del agotamiento de la capacidad del antiguo aeródromo, que entró en funcionamiento en 1960.
“En 2014 ya comprobamos que el número de pasajeros estaba creciendo a un ritmo superior a lo de que se había planeado para la infraestructura”, le cuenta a BBC Mundo Norbert Onkelbach, jefe comercial de Lima Airport Partners, la empresa de capital alemán que tiene la concesión de la explotación del aeropuerto.
En 2017, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano y la empresa concesionaria acordaron una extensión de la concesión hasta 2041 con el compromiso de que esta construiría una nueva terminal.
Para entonces el viejo Jorge Chávez ya recibía unos 17 millones de pasajeros al año.
Cómo es el nuevo aeropuerto de Lima
Con más de US$2.000 millones de inversión, el nuevo Jorge Chávez tiene 270.000 metros cuadrados de superficie y 46 puertas de embarque.
Con capacidad para 40 millones de pasajeros anuales, futuras ampliaciones podrían elevar esa cifra hasta los 50 millones anuales.
La segunda pista construida, que se suma a la del viejo aeropuerto, que seguirá operativa, ha dejado a la nueva terminal en medio de dos pistas que pueden utilizarse simultánea y coordinadamente.
“Esto nos permitirá llegar a los 54 movimientos por hora, desde los 35 que ahora se realizan”, señala Onkelbach.
La nueva terminal cuenta con avances que deberían facilitar el tránsito y la experiencia de los pasajeros, como equipos de tomografía computerizada tridimensional que permiten inspeccionar los equipajes en el control de seguridad sin que haya que sacar los dispositivos electrónicos de su interior, como ahora sucede en muchos aeropuertos del mundo.
También contará con puntos de control electrónicos en los que peruanos y extranjeros residentes en el país podrán completar el trámite migratorio tan solo con mostrar sus documentos ante un escáner.
El viejo Jorge Chávez dejará de recibir pasajeros y sus instalaciones se convertirán en áreas de estacionamiento y mantenimiento de las aeronaves, y dependencias administrativas y logísticas de las aerolíneas y otros agentes aeroportuarios.
Cómo se compara con otros aeropuertos de la región
Para Perú, país donde el comercio exterior y el turismo representan un 2,9% de su Producto Interno Bruto anual, contar con un aeropuerto moderno y con gran capacidad en su capital es un asunto de gran importancia.
La compañía que opera el de Lima tiene como objetivo llegar a los 38 millones de pasajeros en 2030, lo que acercaría el nuevo Jorge Chávez a los 40 millones que pasan cada año por el aeropuerto de Sao Paulo, o los 46 del aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, actual líder en la región.
El objetivo, dice Onkelbach, “es convertir al de Lima en el aeropuerto que conecta Norteamérica y Sudamérica”.
Actualmente, solo alrededor de un 10% de quienes aterrizan en Lima toman después un vuelo de conexión y Lima Airport Partners quiere elevar esa cifra hasta el 30 ó 35% con el nuevo aeródromo. “Aunque eso dependerá las condiciones de mercado de las aerolíneas con las que trabajamos”, advierte Onkelbach.
La chilena Latam es la principal usuaria y se espera que su actividad y presencia aumenten.
Lima tiene algunas ventajas para las aerolíneas.
Por su ubicación geográfica, les permite alcanzar destinos desde Canadá hasta Chile y Argentina con aviones de fuselaje estrecho, lo que les permite un mejor aprovechamiento de su flota sin tener que recurrir a aparatos más grandes habitualmente utilizadas en vuelos de larga distancia.
Su clima, caracterizado por una casi total ausencia de lluvias, facilita las operaciones y la puntualidad de los vuelos.
Sin embargo, el aeropuerto tendrá que superar algunos hándicaps propios de la zona en la que se ubica.
Los atascos y problemas de movilidad son habituales en el área urbana de Lima-El Callao, lo que obliga a los pasajeros a trasladarse con mucha antelación hacia el aeropuerto si quieren llegar a tiempo.
Y los críticos señalan que las autoridades deberán mejorar los accesos si quieren evitarse las filas de autos y escenas de caos circulatorio que formaban parte del día a día en el viejo aeropuerto.
Qué impacto tendrá el nuevo aeropuerto de Lima
Tanto las autoridades peruanas como la compañía concesionaria se muestran optimistas sobre el futuro del nuevo aeropuerto.
El ministro Pérez Reyes creen que colocará a Perú como “un hub más competitivo en la región”.
Sin embargo, su entrada en funcionamiento no tendría por qué ser una amenaza para otros “hubs” consolidados como Bogotá, Ciudad de Panamá o Sao Paulo.
“Podemos conectar con las ciudades secundarias de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. No vamos a quitarle cuota de mercado a nadie porque en Sudamérica hay margen de crecimiento para todos siempre que no se produzca una recesión”, dice Onkelbach.
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