Autoridades de seguridad desmantelaron tres antenas repetidoras de internet, presuntamente controladas por grupos del narco en Michoacán con las que ofrecían servicios amenazando a la población.
En cateos ejecutados en inmuebles de los municipios de Apatzingán y Buenavista, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE), del Ejército y de la Guardia Nacional ubicaron antenas de Internet a resguardo del crimen organizado, informó la Fiscalía de Michoacán.
Durante los operativos se detuvo a una persona que custodiaba uno de los inmuebles y se aseguraron tres antenas, equipos repetidores de internet, cableado y computadoras.
La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer en un comunicado que realizaron tres cateos en las poblaciones de Santa Ana Amatlán y Cenobio Moreno, del municipio de Buenavista, donde fueron inhabilitadas las antenas de Internet ilegal.
De acuerdo con medios locales como La Voz de Michoacán los presuntos responsables de la operación del servicio son Los Viagras.
La Fiscalía también informó que el grupo impedía el acceso a compañías nacionales de servicios de telecomunicación, además de que bajo amenazas, obligaban a los pobladores a contratar los servicios de internet a costos elevados.
“De acuerdo con las investigaciones, desde agosto de 2023, los pobladores fueron asolados por supuestos integrantes de grupos criminales que los obligaron a contratar servicio de internet a costos excesivos, bajo el argumento de que serían privados de la vida en caso de no hacerlo”.
Apenas el 14 de diciembre se dio a conocer que equipos de la empresa Telmex fueron dañados y los cables cortados por presuntos grupos del narco en Michoacán, con lo que la población de San Juan de los Plátanos, Tepalcatepec y Coalcomán se quedó sin internet ni servicio de telefonía.
Este 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, se registraron 65 homicidios en el país, según el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las entidades con el mayor número de víctimas fueron Estado de México y Michoacán, con 8 asesinatos cada una; y Chihuahua, que registró 6. Le siguieron Guerrero y Nuevo León, con 5 y 4 víctimas respectivamente.
Apenas el 11 de diciembre, una emboscada a elementos de seguridad estatales y federales en el municipio de Múgica, Michoacán, dejó dos personas muertas.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Gámbara mientras personal de la Guardia Nacional, el Ejército y policías estatales realizaban recorridos de vigilancia.
Durante la emboscada, las autoridades repelieron el ataque y mataron a uno de los hombres del grupo armado.
Un militar también resultó herido y falleció mientras recibía atención médica, informó la Guardia Civil.
El 16 de noviembre en distintos puntos de Michoacán se registraron bloqueos en carreteras y balaceras, ante ello, autoridades estatales y federales implementaron desde ayer 15 de noviembre, cuando ocurrieron los hechos, operativos para garantizar la seguridad de la población y restablecer el tránsito vehicular.
En las zonas de Zamora, Huaniqueo, Numarán y Morelia hubo bloqueos carreteros con vehículos incendiados. En Numarán se repelió una agresión armada, por lo que policías y militares acudieron a la región para reforzar la seguridad.
En la vía libre de Uruapan-Pátzcuaro un grupo armado incendió dos autos, además de atacar a balazos un tráiler sobre la carretera Morelia-Quiroga, en las inmediaciones de la tenencia Capula.
Las autoridades estatales informaron que hubo un ataque a balazos contra una unidad de carga en la vía Pátzcuaro-Morelia.
También se registró un bloqueo en Erongarícuaro, ubicado en una carretera que conecta con Zamora y La Piedad.
Tras el fallo de la Corte el gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a naciones distintas de su país de origen.
Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que exigía al gobierno brindar a los migrantes una “oportunidad significativa” para informar a las autoridades sobre los riesgos que podrían enfrentar al ser deportados a un tercer país.
Las tres juezas liberales de la corte emitieron una larga disensión argumentando que el fallo mayoritario “premiaba la ilegalidad”.
El gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
El caso surgió a raíz de una orden emitida en abril por el juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, para suspender las deportaciones de migrantes a terceros países.
El juez afirmó que esos migrantes tenían derecho al debido proceso, es decir, a ser notificados de su destino y a la oportunidad de argumentar que corrían peligro de ser torturados o asesinados si eran enviados a dichos países.
Posteriormente, el juez declaró que un vuelo de deportación a Sudán del Sur había violado su orden.
La deportación incluía a ocho migrantes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam, enviados en un avión que supuestamente se dirigía a ese país africano, un país plagado de violencia y en el que la mayoría de ellos nunca habían puesto un pie.
El vuelo, sin embargo, aterrizó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. Los hombres han permanecido retenidos allí desde entonces.
Aunque la orden del juez Murphy se aplicaba a muchos migrantes, la atención pública desde entonces ha estado centrada en esos ocho hombres, que habían sido calificados por la administración Trump de “lo peor de lo peor”.
La decisión de la Corte Suprema bloquea temporalmente la orden del juez Murphy.
En su disensión, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron el fallo de la mayoría, calificándola de “grave abuso”.
“Aparentemente, la corte considera más aceptable la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares lejanos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se exceda en sus facultades correctivas cuando ordenó al gobierno que proporcionara la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor.
“Ese uso de discreción es tan incomprensible como inexcusable”, agregó.
La declaración de un solo párrafo, sin firmar, de la mayoría conservadora de la Corte Suprema no explica sus razones para poner en pausa la decisión de Murphy.
El fallo de la Corte de este lunes representa otra victoria para el presidente Trump en su búsqueda de deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo era “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”.
“¡Que se enciendan los aviones de deportación!”, dijo la portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin.
El gobierno de Trump afirmó que los ocho migrantes vinculados al caso habían cometido “crímenes atroces” en Estados Unidos, incluyendo asesinato, incendio provocado y robo a mano armada.
Sin embargo, los abogados de los migrantes declararon ante la Corte Suprema que muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales.
La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los demandantes, calificó el fallo de la corte de “horrendo”.
Su directora ejecutiva, Trina Realmuto, afirmó que la decisión expone a sus clientes a “tortura y muerte”.
Poco después del fallo, los abogados de los migrantes presentaron una moción de emergencia ante el juez Murphy solicitando que continuara bloqueando las deportaciones.
En una breve orden emitida el lunes por la noche, el juez indicó que los migrantes en Yibuti por ahora están protegidos de una remoción inmediata debido a un fallo distinto emitido previamente por él.
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