“No se vale mentir”: Brugada rechaza que buscara un “pacto de silencio” con medios sobre inseguridad en CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rechazó este miércoles que su administración esté promoviendo un “pacto de silencio” o una forma de censura hacia los medios de comunicación, luego de que ayer propuso establecer un acuerdo con éstos para disminuir la difusión de la nota roja con el fin de mejorar la percepción de inseguridad entre los habitantes.
Durante un evento de supervisión en el embarcadero de Cuemanco, en Xochimilco, Brugada afirmó que algunas publicaciones difundieron de manera distorsionada lo expresado el martes en su conferencia de prensa.
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“Ni pacto de silencio ni censura, y son mentiras, son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación, que han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio, ante el tema que estuvimos el día de ayer analizando”, aseveró.
La mandataria capitalina sostuvo que en la ciudad existen libertades plenas para el ejercicio periodístico y que su gobierno no persigue a la prensa.
“Lo que no es legítimo”, recalcó, “es mentir, desinformar, como cuando se dice que yo pedí un pacto de silencio”.
Ayer, durante su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno planteó la posibilidad de establecer un esfuerzo conjunto con los medios para reducir el volumen de contenidos relacionados con violencia.
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“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja. Sabemos que la nota roja es lo que atrae, es una estrategia de los medios para que la gente vea, pero entre todos debemos contribuir a mejorar la percepción”, dijo.
Brugada sostuvo en esa misma conferencia que la percepción ciudadana sigue fuertemente influida por la exposición mediática de delitos, más allá de los indicadores oficiales.
“Más del 60% de la población habla que se entera de la inseguridad por televisión y si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad ¿pues qué es lo que le estamos generando a la población?”, cuestionó.
Añadió que la cobertura excesiva de hechos violentos genera una percepción más negativa que la realidad, lo que afecta la confianza de quienes viven en la capital.
Este miércoles, la mandataria reiteró que el objetivo es abrir una discusión pública, amplia y transparente sobre el papel social de los medios en relación con la seguridad y el impacto que la información tiene en el estado de ánimo colectivo.
Llamó a la participación de periodistas, académicos, especialistas y organizaciones sociales. “Así que ni pactos de silencio, ni censura en la Ciudad de México y bienvenido el debate; eso sí, no se vale estar difundiendo o haciendo una mentira de lo que no se dijo”, concluyó.
Según los datos presentados ayer por el propio gobierno capitalino —con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi—, durante diciembre de 2025 el 59.5% de la población adulta de la Ciudad de México consideró que vivir en la capital es inseguro.
En septiembre, el porcentaje fue de 61.2%. En el mismo trimestre de 2024, el indicador se ubicó en 57.4%. En el ámbito nacional, el cierre de 2025 mostró un aumento ligero, con 63.8% de personas adultas que consideran insegura su ciudad. La encuesta también señala que las mujeres reportan niveles más altos de temor al delito.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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