Denuncian a Adrián de la Garza por presunta desaparición forzada y tortura cuando fue procurador en Nuevo León
Adrián de la Garza, candidato a la alcaldía de Monterrey por el PRI, PAN y PRD, fue denunciado públicamente por presuntamente haber ejercido tortura mientras se desempeñó como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León en 2011.
El abogado de la víctima, Héctor Mateos Urbina, informó que su cliente, Daniel Abdón Torres Muñoz, fue víctima de desaparición forzada y tortura cuando era miembro de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Detalló que Muñoz fue privado de la libertad en Apodaca, en octubre de 2011. En un video, la víctima narró que fue torturado para obtener una confesión e incluso mencionó que ya cuenta con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Fui torturado, fui golpeado. Traigo quemados los huevos, para sacar una confesión, traigo los dedos quebrados”, dijo.
Además de los señalamientos contra Adrián de la Garza, también se acusó a otros mandos de la Policía Ministerial como Guadalupe Saldaña y Florentino Martínez. Al igual que a los fiscales Alexandro González Cantú, Adela Blanco Martínez, Ricardo Rodríguez, Laura Alicia López, Jesús Manuel Rangel y José Luis López Lugo.
Por estos hechos, el afectado recibió una indemnización por más de 2 millones de pesos. Además, desde el 2016 la Comisión de Víctimas lo reconoce como víctima de torturas y desaparición forzada.
El abogado Héctor Mateos declaró que con la denuncia se busca “concientizar a la ciudadanía sobre el tipo de perfiles que están participando en la elección y en procesos de presidencia municipal, de elección de fiscal, entre otros”.
También, aclaró que ya existe una carpeta de investigación por los delitos que se cometieron e informó que el denunciante solicitó protección para él y su familia.
MC denuncia a Adrián de la Garza por presunto desvío de recursos
Esta no es la única denuncia que recibió Adrián de la Garza esta semana. Apenas el 14 de mayo, el candidato de la alianza Fuerza y Corazón por Nuevo León fue denunciado por Movimiento Ciudadano (MC) por presuntamente desviar recursos por 411.6 millones de pesos en la construcción de un C4 durante su administración.
En conferencia de prensa, Miguel Alfonso Meza, consultor en litigio estratégico en MC, detalló las presuntas inconsistencias que encontró la administración de Luis Donaldo Colosio Rojas. Entre estas, está la construcción del C4, que calificó como “seguridad simulada”.
“Todo esto fue una absoluta farsa. En realidad, para lo que usaron la excusa del C4 fue para desviar millones de pesos y en realidad construyeron un C4 que es simulado, que no servía y en el cual había muchísima corrupción”, expresó Meza.
¿Quién es Adrián de la Garza, candidato en Monterrey?
Adrián de la Garza fue alcalde de Monterrey de 2019 a 2021 y compitió por la gubernatura de Nuevo León pero perdió ante Samuel García.
Estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría en Ciencias Penales por la misma institución.
En 2011, fue procurador general y ocupó cargos como Juez Calificador y Asesor del Subdirector Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado y Secretario Particular del Director General de Seguridad Pública del Estado.
Fue propuesto por el Congreso para ser titular de la Fiscalía de Nuevo León en 2022; sin embargo, Samuel García lo vetó. El gobernador argumentó que de la Garza no cumplía con el compromiso de preservar la seguridad para el Estado.
Tanto Samuel como Adrián han sido acusados por corrupción y delitos electorales desde que compitieron en 2021. Inclusive, el candidato a alcalde ha mencionado que investigará al mandatario.
Con información de ABC Noticias
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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