El paro de casi dos meses que comenzó formalmente el 28 de octubre en la Universidad Pedagógica Nacional es resultado de un caos que, a juicio de académicos y estudiantes, empezó 7 años atrás con la designación de Rosa María Torres Hernández como rectora de la institución.

Hoy el conflicto ha escalado hasta el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quien a finales de la semana pasada asumió varios compromisos frente al conflicto; el principal, realizar una evaluación académica, política y administrativa a la rectora. Aunque esto no deja del todo tranquila a la comunidad estudiantil y académica, que insiste en su salida, será un primer paso hacia la posible entrega de las instalaciones el próximo 5 de enero.

La comunidad universitaria acusa que a lo largo de siete años, la actual rectora no ha tenido una política de comunicación con ninguno de los sectores de la universidad, y ha dejado su administración en manos de secretarios administrativos poco eficientes, así como de una secretaría académica que no ha consolidado un proyecto académico para la institución.

El decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional, como una institución pública de educación superior con carácter de organismo desconcentrado de la SEP, establece en su artículo 11 que la persona rectora será nombrada y removida por el titular de la secretaría, sin establecer ningún periodo de estancia mínima ni máxima, por lo que la rectoría de Torres Hernández puede prolongarse hasta que Delgado decida la contrario.

“Han sido completamente insatisfactorios los resultados de la secretaria académica, de la secretaria administrativa y en especial de planeación, y ni qué hablar del jurídico, que pierde todos los casos que se le presentan”, afirma en entrevista Virginia Casas, una de las voceras de la comunidad académica que se ha inconformado.

Recuerda que después de aquel referéndum de finales de 2024, fue cuando la comunidad estudiantil empezó a organizarse para la marcha del 2 de octubre y frente a los apoyos que otras instituciones de educación superior sí reciben, comenzó asambleas, entregó un pliego petitorio y pidió una reunión con la rectora, a la cual nunca se presentó. Finalmente, llegó un punto de quiebre cuando la secretaria académica desestimó el paro, lo que derivó en la toma de instalaciones.

A ello siguieron diversas acciones, entre cierres y oficios, sin Torres Hernández diera respuesta directamente. Cuando por fin la secretaria académica les hizo llegar una posible respuesta al pliego petitorio, la consideraron insuficiente y buscaron una cita con el subsecretario de Educación Superior.

La primera vez no se les recibió y en la segunda el funcionario sostuvo que la dependencia no tenía facultades para destituirla, lo cual contradice el decreto de creación de la universidad. Luego de levantarse de la mesa y hacer una serie de manifestaciones que los llevaron hasta la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a través de esta fueron canalizados con el secretario Mario Delgado.

En la reunión del 18 de diciembre, el titular de la SEP se comprometió por primera vez a hacer recorridos en las unidades en paro, los cuales todavía estaban en curso hasta este lunes. Tras ese encuentro también se planteó, como parte de los acuerdos, la evaluación académica, política y administrativa a Torres Hernández, con la intervención de la Secretaría Anticorrupción, para definir qué pasará.

“Preparen el confeti o las antorchas”: comunidad estudiantil tras acuerdos

“Según Mario, nos dan los resultados el 7 de enero del 2026, así que preparen el confeti o las antorchas, según resulte. Ahora, ¿vieron que Mario Delgado fue a las unidades 095 y 098? Esto es algo histórico, pues jamás había ido un secretario de Educación a las instalaciones de las otras unidades de la Ciudad de México”, difundió la comunidad estudiantil después de la reunión del jueves 18 de diciembre.

Los primeros días del próximo año serán clave para el futuro de la Universidad Pedagógica Nacional: mientras la entrega de los resultados está prevista para el 7 de enero, la recalendarización del semestre se programó a partir de esa fecha y hasta el 5 de febrero, con el fin de compactar en cuatro semanas las cinco que la institución estuvo en paro, pues el ciclo acabó oficialmente el 28 de noviembre.

“Desde la SEP nos comprometimos con las y los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional para atender de manera directa sus demandas. Visitaremos los planteles educativos para presentar un plan integral de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de la UPN en la Ciudad de México. Hoy supervisamos la Unidad 098 Oriente y 095 Azcapotzalco. Vamos a trabajar para que las y los jóvenes tengan instalaciones seguras, adecuadas y dignas para ejercer plenamente su derecho a la educación superior”, publicó el secretario de educación en sus redes sociales el viernes pasado.

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Mientras que las visitas terminarán de desarrollarse este lunes, con la unidad Ajusco, la SEP y los estudiantes acordaron el desahogo y atención integral del pliego general y los específicos de cada unidad mediante mesas de diálogo, y la SEP suscribió el plan de recalendarización con regreso a clases presenciales el 7 enero, tras la entrega de instalaciones prevista hasta ahora para el 5 de enero.

“El secretario Mario Delgado entrega a las y los estudiantes por escrito la carta compromiso donde suscribe plenas garantías de que no habrá ninguna acción o represalia en contra de ningún integrante del movimiento, misma que se hará pública”, puntualizan los acuerdos.

El tema de la evaluación no da una completa tranquilidad a la comunidad, dice Casas, porque lo que ha caracterizado a los representantes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al interior de la institución es que son plazas de confianza que dependen de la autorización de rectoría, por lo que ven ahí un primer conflicto de interés, pero enfatiza que estarán a la expectativa de los resultados de la evaluación, que, tras estos siete años, calculan no podrían ser positivos.

Subraya, como principales fallas de la gestión actual, que no existe un proyecto académico consolidado, se ha perdido el trabajo colegiado mediante una prohibición expresa de la rectoría para la relación interacadémica con las otras unidades del país, mientras que no hay proyectos nacionales ni apoyos para el trabajo académico o de investigación, lo cual también se ha visto reflejado en el tejido social de la universidad.

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“Los niveles de convivencia se han vuelto violentos, ha habido una política de hostigamiento de esta administración hacia ciertos académicos… y verdaderamente el punto de quiebre son los estudiantes porque han sido los más maltratados, no tienen un servicio de comedor adecuado y suficiente, no se les tramitó ningún tipo de beca, no se les presta ningún apoyo, y otro problema central es que no se han abierto concursos de oposición para que se basifiquen nuevos maestros”, apunta.

Ante esto, buena parte del alumnado es atendida por profesores interinos contratados por períodos de cinco meses y medio, con contratos donde se comprometen a no demandar a la universidad. La seriedad de los problemas en el sector académico, a juicio de la comunidad, ha impactado en la calidad de docencia que reciben los estudiantes, por lo que fueron ellos los primeros en organizarse, y quienes decidirán si hay condiciones para la entrega de planteles el próximo 5 de enero.