Pese a los discursos y operativos del gobierno estatal y del federal, la extorsión a manos del crimen organizado crece e incluso ya con nuevas modalidades, en distintas partes de Michoacán.

Apenas el pasado jueves, sujetos armados ingresaron a un lote de autos de la ciudad de Uruapan y dispararon contra tres trabajadores.

Una de las hipótesis sostiene que se trató de un asunto en el que el dueño ya no pudo pagar el derecho de piso a uno de los cárteles que operan en esa zona.

En Uruapan, el delito de extorsión a manos de organizaciones delincuenciales, se extendió a establecimientos comerciales, al transporte público y al sector aguacatero.

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Zamora es otro de los municipios donde la extorsión es de los delitos más consumados por los cárteles, donde hace una semana asesinaron a Miriam Nohemí Ríos Ríos, una activista trans y dirigente de Movimiento Ciudadano en Jacona.

El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que la principal línea de investigación, es por posible extorsión, la cual la activista se negó a pagar.

López Solís dijo que la Fiscalía ya solicitó una orden de aprehensión en contra del presunto responsable de este hecho.

La dirigente de MC era originaria de la tenencia de Ario de Rayón, en el municipio de Zamora, pero vivía en el municipio aledaño de Jacona, donde extendió su liderazgo.

En esos dos municipios, al igual que en la mayoría de las regiones de la entidad, los cárteles impusieron el cobro de piso: “plata o plomo”.

Extorsiones a agricultores de Michoacán

Uno de los sectores más golpeado por las extorsiones del crimen organizado es el agrícola, el cual afecta a toda la cadena productiva.

Además de fijarles una tarifa a comercios chicos, medianos y grandes empresas, la delincuencia también lo hizo con los productores y empacadores de berries, como lo dio a conocer Animal Político el pasado 7 de diciembre.

Debido a la derrama económica que representa la producción, comercialización y exportación de berries, el cobro de piso “afecta a todos por igual”: productores, empacadores, exportadores y pequeños y grandes establecimientos de cualquier giro.

Los pagos a los grupos del crimen organizado en la región de Zamora oscilan entre los 2 y 3 pesos por kilo producido y otros más, por kilo comercializado.

A eso se suman los 100 o 200 pesos diarios que los criminales cobran por día a los pequeños comercios y entre 15 y 20 mil pesos a medianas empresas.

Las cámaras empresariales prefieren no ahondar sobre el tema por temor a represalias de los cárteles en su contra, pero confirmaron la extensión de la extorsión.

Eso mismo ocurre en todos los rincones que comprende el conocido corredor de la muerte.

Ese corredor atraviesa los municipios de Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Villamar, Venustiano Carranza, Briseñas, Pajacuarán, Vista Hermosa, Chavinda, Tangamandapio, Jacona y Zamora.

Es considerado así, debido a su alta peligrosidad para habitantes de la zona, automovilistas y autoridades del estado y la federación.

En la región de la Tierra Caliente son más los municipios donde los grupos del crimen organizado han fijado impuestos tributarios: derecho de piso y derecho de paso.

Además de multas a quienes no cumplan con pagarles las cuotas por extorsión o comercialicen productos o servicios que no controlen.

En el caso del limón, la cadena productiva tiene que pagar 4 pesos por kilo de limón: un peso por kilo cortado; un peso por kilo comercializado en empaque y dos más, por cada kilo de limón que transportan.

“Por donde uno pasa el limón con los camiones, hay que pagarles 2 pesos, por donde están los grupos criminales, como Los Viagras, Migueladas, y todos esos allá para Santa Ana, Catalinas, Pinzándaro (municipio de Buenavista), aquí en Nueva Italia (municipio de Múgica) y entonces, pues uno paga 4 pesos, como quien dice: 2 que paga uno de acá de las parcelas y el empaque y 2 por donde están ellos. Es cobro de paso”, contó un productor y empacador de limón.

Ese nuevo impuesto tributario criminal, conocido ya como cobro de paso, llega a alcanzar hasta el millón 200 mil pesos al mes, por cada camión cargado con cerca de 40 0 45 toneladas de limón.

“Nos cobran de 80 a 100 mil pesos, cada vez que pasa uno; son tres veces a la semana; estamos hablando de 300 mil pesos semanales, nada más por pasar por sus terrenos de ellos; donde están ellos. Pues no va a quedar de otra, porque en realidad estamos trabajando nomás para ellos (criminales); ellos son los que ganan y nosotros en la pura chinga, nada más”, relató el empresario limonero.

Explicó que las consecuencias para quienes no pagan esa nueva extorsión pueden ser fatales, a pesar de los operativos que han implementado autoridades de los tres niveles de gobierno, que para los productores, empacadores y comerciantes, de nada han servido.

“Pues te corren o te matan a un familiar. Así te amenazan. También queman camiones o si no lo quieres pagar, nomás lo paran y desaparecen al muchacho y pues ya el camión se perdió; nomás lo prenden y ya y el gobierno como que no ve; se hace como que no ve nomás y ellos siguen con sus cosas. Hacen lo que quieren”, lamentó.

Comerciantes de esa región denunciaron que eso ocurre con todo vehículo que transporta cualquier tipo de mercancía y que las extorsiones no sólo no se han frenado, sino que también se han extendido a otros sectores, como el de medicamentos, que ya controlan las organizaciones criminales.

La primera advertencia de un microempresario durante el recorrido en la zona fue: “Aquí estamos en Pinzándaro, aquí nos encontramos, nomás no grabes hacia afuera, porque si nos vieran esos viagras, por ahí nos levantan y son capaces de llevarnos y matarnos luego, luego”.

Con relación al control del medicamento, el habitante de Pinzándaro explicó que los grupos criminales que operan en esa parte de la Tierra Caliente, Los Viagras, cobran todo.

“No puede uno traer la medicina para acá, porque si trae uno medicina, nos la quitan y aparte de eso hasta nos matan y la medicina ya ve, se ocupa, es muy requerida la medicina, pero actualmente, ellos son los que controlan todo eso aquí”, sostuvo.

Extorsión en Michoacán, un impuesto de guerra

David Saucedo Torres, consultor y analista en seguridad, explicó que esta nueva modalidad de extorsión es prácticamente un impuesto criminal de guerra.

“El control en la comercialización de medicamentos, por parte de Los Viagras, en distintas regiones de Michoacán se debe al control territorial que tienen de varias regiones de esta entidad. Este esquema también lo están aplicando para realizar el cobro del tránsito de personas y mercaderías en una especie de impuesto de guerra que le están imponiendo a los pobladores de las regiones del vasto narco imperio”.

El especialista fue claro y señaló, desde su óptica, cuáles son las causas que permiten esa libertad de operación criminal.

“Debido sobre todo a la cooptación de las autoridades locales, que son permitidas para la realización de este tipo de delitos. De igual manera, el control y regulación de precios es una atribución federal que distintas dependencias que van desde la Profeco hasta la Secretaría de Economía tendrían bajo su atribución, pero que lamentablemente está siendo expropiada por parte de los grupos criminales”.

Ante lo que viven, los afectados piden una urgente y efectiva intervención del gobierno federal con militares, para acabar con esas prácticas delictivas.

“Que venga y nos apoye el gobierno, es lo que más requerimos aquí en la población de Pinzándaro. Que nos ayude el gobierno para estar un poco mejor. Sí, con el Ejército”, dijo el comerciante entrevistado.

Extorsión hasta en internet

Desde hace tres años, grupos del crimen organizado se han apoderado también del servicio de internet en varios puntos de la Tierra Caliente.

Además de que se han apropiado de empresas, han cortado en múltiples ocasiones el servicio de telefonía e internet de Teléfonos de México con la intención de obligar a los habitantes a contratar a las compañías que tienen bajo su poder.

“Hace algún tiempo que nos empezaron a pedir primero cuota sobre las contrataciones que hacíamos en las empresas y después vieron que el negocio era fructífero y empezaron a formar sus propias empresas; se aliaron con la competencia y empezaron a ofrecer su servicio de internet”, confirmó Salvador Ortega.

Este empresario del ramo explicó la manera en la que el grupo criminal Los Viagras escaló su embate a las compañías de servicios de internet.

“Comenzaron, en primera instancia, atacando las propias redes, quitando antenas, rompiendo las conexiones de fibra óptica y después ya empezaron a amedrentar tanto a nuestros clientes, como a futuros clientes que querían contratar internet; no solo conmigo, sino con otros y se fueron apropiando del mercado”.

Detalló que las primeras consecuencias fueron para las empresas que en ese momento abastecían el servicio de internet en los municipios de Apatzingán, Múgica y algunas localidades de Buenavista, como Pinzándaro, Cenobio Moreno, Santa Ana Amatlán y División del Norte, entre otras.

Salvador relató que en su caso, “los equipos fueron robados y fueron a ser parte de estos grupos, que ahora sabemos que son de la delincuencia organizada”.

Afirmó que los cobros de extorsión se extendieron hasta que los grupos criminales se apoderaron del servicio de internet en esa zona de la Tierra Caliente.

“A nosotros nos cobraban una cierta cantidad por contratación: primeramente de 50-100 pesos por contrato y ya después ellos empezaron a cobrarle a la gente directamente y no solo eso, sino que los obligaban a permanecer en el servicio contratado y no les permitían cambiarse de compañía o irse con la empresa grande de teléfonos (Telmex)”.

El monopolio del servicio de internet, en manos del grupo criminal, recayó en las familias de esa parte de la entidad, como lo cuentan habitantes de la comunidad de Pinzándaro.

Jairo David, habitante de esa localidad, denunció que “los malosos, tumban postes, antenas y nos obligan a contratar las empresas que ellos extorsionan y nos obligan a pagar la cuota; y si no, pues nos quedamos sin internet y el internet se ocupa para la escuela de los niños y para muchas cosas. Ahorita estamos pagando como 400 y feria, ya más caro; ya vienen unos 50 o 100 pesitos ya de cuota”.

Narró que las consecuencias para las familias que no se sometan a contratar las empresas del servicio de internet y pagar las tarifas impuestas por el grupo criminal, también son radicales.

“Pues en toda la zona de Los Viagras, lo que son Pinzándaro, Catalinas, partes donde ellos gobiernan, donde ellos transitan. Pues sí lo hemos intentado, pero te amenazan a la familia y te empiezan a decir que tienes que pagar lo que ellos digan. Lo cortan (el servicio de internet), nos tumban los postes… esas son las consecuencias: tumbarte los postes, dejarte sin internet, obligarte a contratar compañías de ellos”.

Incluso, las organizaciones criminales se valen de otros medios para presionar a los pobladores a contratar obligadamente sus servicios, lo cual ya ha costado que docentes, tengan que huir de esas localidades, como lo denunció un maestro de primaria de la zona.

“Por mi seguridad me tuve que salir. Ahí hay mucho cobro de piso, cuotas. Me trataban de obligar a que obligara pues a los padres a contratar servicios que para ellos es la forma como nos cobran: Santa Ana, Catalinas, Pinzándaro”.

Para el profesor rural, es inhumano que los grupos delictivos les cobren extorsión a familias incluso de muy bajos recursos, como sucede en esas comunidades del estado.

“Los niños salen afectados, porque no van a la escuela. Los niños son los que pagan todo eso. La gente que no tiene para comer; los niños que no pueden estudiar por falta de cosas que ocupan y todo. Miedo a salir de sus casas, de tantas balaceras y todo lo que ha pasado y además tenemos que pagar todavía; aunque no podamos o no queramos”.

Las áreas de seguridad señalan a César Sepúlveda Arellano, El Botox, como el principal responsable de cobrar extorsiones por el uso de ese servicio de internet y cooptar compañías para ese fin, además de causar afectaciones a la red e infraestructura de Telmex.

A través de sus redes sociales, autoridades estatales informaron que personal de la Fiscalía de Michoacán, de la Coordinación Nacional Antisecuestro, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado ejecutaron tres cateos en los municipios de Apatzingán y Buenavista.

En los inmuebles supervisados se ubicaron antenas repetidoras de internet, cuyo servicio era proporcionado bajo amenazas y a costos excesivos.

Las fuentes de seguridad consultadas revelaron que estos servicios de internet ilegal le daban a Los Viagras una ganancia mensual neta de más de 4 millones de pesos.

Sin embargo, los grupos delictivos aún cortan frecuentemente las líneas de fibra óptica y la señal de telefonía e internet.

Desde el inicio de su administración, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que la extorsión iba en aumento en la entidad y se comprometió a reducir la incidencia del delito.

El pasado 19 de septiembre, la administración estatal anunció que la extorsión ya se sigue por oficio, con la entrada en vigor de la reforma al Código Penal.

La persecución del delito incluye que sea por medios electrónicos o nuevas tecnologías.

También, amenazar con publicar imágenes íntimas o videos de índole sexual es una de las agravantes de este delito.

Ahora, la extorsión se equipara al secuestro con penas de hasta 25 años de prisión.

Sin embargo, el delito va en aumento, con nuevas modalidades y cada vez con mayor temor de las víctimas a denunciar por temor a ser asesinados.