Con fallas y escaso presupuesto opera protección a defensoras y periodistas en Guanajuato
En Guanajuato, el Consejo Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos ha dado respuestas insuficientes y poco efectivas a las solicitudes de apoyo de mujeres periodistas y activistas que han buscado su resguardo al encontrarse en riesgo o por sufrir una agresión en el ejercicio de su labor, tal como asienta la ley en la que basa sus funciones.
A pesar de que algunas de estas mujeres han llegado a esta instancia en condiciones de riesgo extremo, muchas de ellas siendo madres, cuidadoras únicas o sostén de sus familias, el organismo opera sin perspectiva de género, sin considerar su doble o triple carga de trabajo y sin ofrecer medidas que respondan a sus realidades, de acuerdo con experiencias que describieron en este reportaje.
El Consejo Estatal fue creado por decreto de ley en octubre de 2017, con la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato. Sin embargo, su primera sesión formal ocurrió un año y medio después, en abril de 2019, hasta que se emitieron el reglamento y la convocatoria para la designación de consejeros.
La norma fue impulsada por el gremio periodístico y activistas luego del brutal ataque que sufrió la periodista Karla Silva, entonces colaboradora del periodico El Heraldo, en Silao, ordenado por el ex alcalde Benjamín Solis Arzola en septiembre de 2014.
Aunque el discurso oficial de la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo ha sido de apoyo a colectivos de búsqueda y periodistas, con la incorporación de reformas legales y mecanismos de protección, la realidad contrasta. En 2022, como secretaria de Gobierno y presidenta del consejo, rechazó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) derivada del expediente 189/2022, por la queja de una buscadora que acusó descoordinación del Consejo Estatal y el Mecanismo Federal. Libia se convirtió en gobernadora en septiembre de 2024.
La CNDH determinó que tanto el Mecanismo Federal de Protección (de la Secretaría de Gobernación) como el Gobierno de Guanajuato violaron los derechos a la seguridad jurídica y legalidad de la víctima; se les acusó de omisiones en el deber de cuidado y falta de debida diligencia para implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida e integridad. Específicamente, se señaló una mala integración del expediente y falta de coordinación para las reuniones de trabajo necesarias.
El gobierno estatal se rehusó a aceptar la recomendación y argumentó que sí le brindaban medidas de protección a la víctima.
Simultáneamente, las agresiones y las solicitantes de apoyo se multiplican, defensoras y periodistas enfrentan amenazas, desplazamiento, censura, violencia sexual, asesinatos o desapariciones de familiares; sin embargo, el Consejo Estatal de Protección ejerce los fondos destinados a ayudas sociales de forma discrecional, hay opacidad en la operación institucional, carencia de personal especializado y atenciones mínimas o intermitentes.
En consecuencia, las mujeres dedicadas a estas tareas que acuden a esta instancia continúan expuestas, sin acompañamiento adecuado y sin medidas integrales que tomen en cuenta sus necesidades como mujeres, cuidadoras y trabajadoras que ejercen el periodismo y defienden diversos derechos humanos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo (ENUT) del INEGI, en México las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario; 21.5 horas más que los hombres quienes solo invierten 18.2 horas semanales a estas labores. Adicionalmente, las mujeres invierten 5.3 horas más en cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad.
Este es el caso de María, quien desde hace 11 años es reportera de información policiaca mientras cuida de su sobrina y de su madre, quien padece cáncer. En 2020, debido a estos deberes, tuvo que contratar a Alejandro para que la apoyara con la cobertura noticiosa del medio San Miguel Noticias con Valor de San Miguel de Allende.
Pasadas algunas semanas, el hombre contratado por María le exigió quedarse con su espacio informativo o eliminarlo de las redes; ella no cedió. Poco después, recibió amenazas de un hombre armado en el negocio de su madre, en la misma ciudad.
Para detener el acoso y hostigamiento de su excolaborador, María tuvo que eliminar su página en redes sociales, donde acumulaba 180 mil seguidores, y solicitar apoyo al Consejo Estatal de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Se ordenaron rondines en su domicilio que molestaron a sus vecinos; tuvo que pedir que le retiraran la medida, y le proporcionaron un número de la policía estatal “por si algo pasaba”.
La periodista lamentó que la instancia creada para proteger a personas dedicadas a la labor informativa y a la defensa de los derechos humanos sea “inconstante e intermitente” en su atención, y que además carezca de un enfoque de género.
Cinco años después, María volvió a ser violentada; esta vez el agresor fue el alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mauricio Trejo Pureco, quien, con gritos y descalificaciones, intentó invalidar su labor en una conferencia pública. Pero decidió ya no recurrir al Consejo porque perdió la confianza en él.
Poco presupuesto, mucha opacidad
De acuerdo con reportes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-Derechos Humanos) y con informes de Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, desde 2015 en Guanajuato han sido asesinadas 10 personas periodistas y defensoras de derechos humanos; tres de ellas eran mujeres buscadoras. A esta cifra se suma la desaparición de dos defensoras más.
Datos del Consejo Estatal de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos indican que, de 2019 a la fecha, 40 mujeres periodistas y 58 defensoras han solicitado medidas de protección, ya sean preventivas o urgentes, debido a situaciones de riesgo.
Desde su creación, el Consejo ha operado con presupuestos limitados. Entre 2019 y 2024, el Gobierno del Estado sólo ha asignado 12 millones 230 mil 734 pesos a la operación de este organismo. En 2019, año de su creación, recibió el mayor presupuesto con 2 millones 502 mil pesos; pero a partir de entonces, el gasto fue disminuyendo.
Anualmente, la mayoría de los recursos se han destinado a la partida 4410 de Ayudas Sociales a Personas, que en los últimos seis años sumó 5 millones 927 mil 667 pesos, lo que representa el 48.6 % del presupuesto de ese periodo. En 2021 reportó su mayor monto asignado, un millón 500 mil, más del 75 por ciento del presupuesto de ese año.
Sin embargo, el Consejo de Protección ha registrado subejercicios considerables y nunca ha utilizado el recurso etiquetado para esta partida con el fin de apoyar directamente a periodistas, defensores y buscadoras en riesgo o víctimas de agresiones por su labor, pese a que fue diseñada para ese fin.
En distintas solicitudes de información se pidió el número de beneficiarios, el tipo de apoyo otorgado, así como las copias simples de los comprobantes que acrediten dichos gastos, pero no hubo respuesta.
La Dirección de Protección del Estado sostiene que aplica el presupuesto conforme a la normatividad, que los apoyos que otorga los da de acuerdo con las medidas y se entregan en especie para fortalecer la seguridad.
El recurso de ayudas sociales, que tiene el número de partida 4410 en el presupuesto, sigue las reglas de la Ley de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública Estatal y las reglas del clasificador por objeto de gasto.
Este último documento refiere que en el capítulo 4000 están clasificadas las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (apoyos sociales y becas). El clasificador no establece un tope en los apoyos, pero define estas ayudas como: “asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales”. Son asignaciones de auxilio o apoyos especiales que no tienen carácter de permanente.
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En el año 2020, el presupuesto del Consejo Estatal disminuyó a un millón 982 mil pesos, pero únicamente se ejercieron 224 mil 099 pesos. El recurso para ayudas sociales volvió a quedar intacto.
Un comportamiento similar ocurrió en 2021: con un presupuesto idéntico al del año anterior, sólo se utilizaron 477 mil 834 pesos, y nuevamente la partida de ayudas sociales, ascendente entonces a 1.5 millones de pesos, no se aplicó.
Fue hasta 2022 cuando el Consejo reportó por primera vez el uso de una parte significativa del presupuesto. De un millón 922 mil 540 pesos aprobados para ese año, se ejercieron un millón 831 mil 283 pesos, incluyendo un millón 214 mil 730 pesos provenientes del rubro de ayudas sociales.
Sin embargo, el rubro de ayudas sociales se utilizó en un diagnóstico y consultoría en materia de derechos humanos. Ese estudio había sido acordado desde la primera sesión del organismo el 10 de abril de 2019 de acuerdo con el acta a la que se tuvo acceso, pero se concretó hasta tres años después.
Como respuesta a un cuestionario enviado para el reportaje a la Dirección de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esta respondió que los diagnósticos se realizaron desde 2020 y desde esa fecha se han actualizado.
El Consejo Estatal de Protección contrató en 2019 al consultor colombiano Juan Carlos Botero Ospina, quien cobró 455 mil 648 pesos por la elaboración de un atlas de riesgos, revisión de protocolos de seguridad, guía de autoprotección y capacitaciones, no fueron público, ni socializados y quedó como un instrumento obsoleto.
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“Hay que efectuar un análisis para ver si esas modificaciones de situaciones de riesgo están focalizadas en un sector específico de la profesión o si está asociado a un territorio y unas causas particulares. Haciendo esa valoración se puede entrar a determinar si es necesario hacer una actualización bien sea territorial o poblacional“, reconoció Botero en 2022, entrevistado para el reportaje Comisiones de Papel.
Botero Ospina señaló que es fundamental que el atlas de riesgo pueda actualizarse constantemente, pues debe incluir el contexto más reciente al que están expuestos tanto periodistas como defensores.
Recientemente, también se contrató la consultoría de Jorge Ruiz del Ángel, ex director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo Federal. El resto del presupuesto se ha destinado para las capacitaciones, así como compras de papelería, equipo de oficina, combustibles, viáticos y telefonía.
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Otra de las partidas presupuestales con mayor recurso en este periodo son las 3380 y 3390, etiquetadas para servicios profesionales, científicos y técnicos generales, que sumaron de 2019 a 2024, 3 millones 246 mil 931 pesos.
En 2025 se gastaron 788 mil 976 pesos solamente en servicios para la realización del informe anual del Consejo Estatal. Por primera vez y por única ocasión desde su creación en 2019, para este informe se organizó un evento público con amplia convocatoria, que incluyó un brindis y canapés.
Según información de la Dirección de Protección a Personas Defensoras del Gobierno del Estado se pagaron 234 mil 216 pesos al Grupo Produce Comunicaciones; 285 mil 744 pesos a la Coordinadora de Eventos y 269 mil 015 pesos a Luden Entretenimiento.
En respuesta a una solicitud, la Secretaría Técnica entregó factura de la compra de chalecos, cámaras de seguridad, mallas de protección y pagos de servicios, pero todos correspondían a otras partidas presupuestales, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del estado (IACIP).
El caso fue asignado al exconsejero del IACIP, Alejandro Rocha Pedraza, quien consideró que la entrega de esas facturas era suficiente, por lo que dio por válida la respuesta y nunca se completó con los comprobantes de las ayudas sociales.
Protección insuficiente por falta de recursos y enfoque de género
Para el director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, los mecanismos de protección, tanto federal como estatales, operan con presupuestos insuficientes y sin una perspectiva de género real, lo que limita su capacidad para atender riesgos urgentes en la defensa de derechos humanos y el periodismo.
Maldonado consideró que uno de los temas más urgentes es la falta de perspectiva de género, especialmente frente a los riesgos diferenciados que enfrentan las periodistas y defensoras, pues aunque en el discurso oficial se menciona, no hay prácticas reales. “La perspectiva de género se tiene que traducir en medidas concretas y en un seguimiento concreto”.
Expresó que las medidas de protección para mujeres, así como para sus hijas e hijos a su cargo, deben incluir acciones tanto en el ámbito digital como en el territorial. Por ejemplo, la implementación de protocolos de autoprotección que prevengan “doxing” —exposición maliciosa en línea—, intentos de hackeo o la generación de deep fakes sexualizados, lo que implica colocar candados estrictos en redes sociales, además de configurar perfiles como privados y evitar la publicación de datos personales o fotografías.
En cuanto al territorio, Leopoldo Maldonado dijo que se requieren rutas de movilidad segura diseñadas con perspectiva de género, tomando en cuenta zonas de alto riesgo para mujeres, como áreas asociadas a desapariciones, además de contar con acompañamientos por personal capacitado, idealmente escoltas mujeres.
A esto se suma la necesidad de reconocer el impacto diferenciado del desplazamiento forzado, pues las mujeres periodistas suelen requerir refugios que también consideren la protección integral de sus hijas e hijos.
El director de Artículo 19 cuestionó la falta de protocolos claros para dar seguimiento a los casos que los consejos estatales canalizan al mecanismo federal, ante la ausencia de reglas claras.
“No puede haber un desentendimiento… tiene que haber un protocolo mínimo de seguimiento a los casos que se canalizan. Se genera un limbo jurídico… no se sienten obligados por ley, sino parece que lo hacen como un favor para las personas beneficiarias”.
Buscadoras, blanco del crimen
El año 2020 marcó un antes y un después en la situación de seguridad para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato con el asesinato de Rosario Zavala Aguilar, buscadora en León, quien fue asesinada el 16 de octubre de ese año, mientras buscaba a su hijo adolescente, Yatziri Misael, desaparecido desde diciembre de 2019.
Ese año, el primero de noviembre desapareció en Celaya el comunicador independiente Víctor Manuel Jiménez Campos, que cubría la nota roja, sus restos fueron identificados en 2024 en un pozo de Villagrán. Ese mismo noviembre, pero en Salamanca, el periodista Israel Vázquez Rangel fue asesinado en una cobertura periodística en la colonia Villa Salamanca 400 de Salamanca.
Ocho meses después, el 27 de junio de 2021, Jorge Ulises Cardona Zavala, hijo de la buscadora Rosario, también se convirtió en víctima de homicidio. Ninguno de los dos alcanzó a conocer el paradero del menor de 16 años. Los casos siguen impunes.
En 2021 también fue asesinado Javier Barajas Piña, buscador e integrante de la Comisión de Búsqueda afuera de su casa, quien intentaba encontrar a su hermana Guadalupe Barajas Piña, localizada sin vida junto con otras 80 personas en una fosa del Barrio de San Juan en el municipio de Salvatierra en 2020. Por este hecho, sus padres viven desplazados por la violencia.
El riesgo se extendió y en noviembre de 2022, en Abasolo, fue acribillada afuera de su domicilio María del Carmen Vázquez Ramírez, integrante de un colectivo de búsqueda que desde el 14 de junio de 2022 trataba de dar con el paradero de su hijo Osmar Zúñiga Vázquez.
En mayo de 2023, en la comunidad de San Miguel Octopan, Celaya, Teresa Magueyal Ramírez fue asesinada mientras buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020 en ese municipio. Su muerte se sumó a la lista de agresiones letales.
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La violencia escaló nuevamente en enero de 2024, cuando Lorenza Cano, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue privada de la libertad durante un ataque en su domicilio, en el que asesinaron a su esposo e hijo. Ella buscaba a su hermano José Francisco Cano Flores, desaparecido desde el 17 de agosto de 2018.
En marzo de 2025, autoridades estatales informaron del hallazgo de restos humanos en Villagrán que podrían corresponder a ella, aunque hasta ahora no existe una confirmación pericial.
En noviembre de 2024, se registró también la desaparición de Luz Alejandra e Iván, matrimonio integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda. Ambos buscaban a Jesús Abel Jiménez Torres, desaparecido desde el 21 de mayo de 2017, hermano de Óscar Iván. Su paradero sigue sin conocerse.
En medio de este panorama de agresiones, amenazas, y asesinatos a buscadoras, la historia de Norma Patricia Barrón Núñez refleja la forma en que han sufrido el abandono de las instituciones que deberían protegerlas.
Patricia camina siempre con la sensación de que alguien la sigue. Desde junio de 2019 busca a su hijo, Kevin Damián, y a su esposo, Juan Rodríguez, desaparecidos el mismo día. Esa ausencia la llevó a fundar el colectivo Una luz en mi Camino que hoy agrupa a más de cien familias.
Ella fue beneficiaria del Consejo Estatal de Protección, luego su caso pasó al Mecanismo Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero entre ambas instituciones se formó un silencio que la dejó expuesta. Poco después de la desaparición de sus seres queridos, fue amenazada de muerte si no entregaba un rescate.
Para ella han sido siete años de amenazas. El Consejo remitió su caso al Mecanismo; éste respondió tarde, con una medida que no la protegió debidamente. La falta de coordinación la obligó, en agosto de 2021 a abandonar el país por más de dos semanas para refugiarse en Estados Unidos, con recursos propios.
“El panorama es muy violento y muy desgastante. El Consejo realmente era muy escueto, siempre nos remiten al Mecanismo Federal en la Ciudad de México. Lo que a veces muchas de las buscadoras nos impide porque no tenemos los recursos para llegar hasta allá…”.
A esa ineficacia se suman fallas operativas: el botón de asistencia que no tiene señal en algunas zonas y que no funcionó cuando lo activó en Cuerámaro en junio de 2021 durante una búsqueda independiente; la falta de apoyo psicológico o económico; cursos de autoprotección que, dice: “son una forma del Estado de decirnos que nos cuidemos solas”.
En marzo de 2022, un juez federal ordenó medidas para reforzar su protección, como un resguardo para su seguridad, pero el cumplimiento fue parcial. Un día, en junio de 2024, al quedarse sin ese acompañamiento sin previo aviso, Patricia fue privada de la libertad en Irapuato, agredida sexualmente y localizada con vida en Celaya.
“Ese día pudieron levantarme porque no había nadie. Me dejaron sola”, dice.
Presentó dos denuncias. La investigación sigue abierta. Nadie ha aceptado responsabilidad.
La falta de coordinación entre el Consejo Estatal y el Mecanismo Federal persiste. La Guardia Nacional sigue sin cumplir la medida completa. Ninguna institución explica por qué falló la protección y sobre todo por qué la autoridad incurrió en desacato judicial, dejando a Patricia sin resguardo.
Otro testimonio de la falta de coordinación lo confirma la buscadora María Concepción Sierra Enríquez. Lo que ella cuenta es una cadena de fallas: un mecanismo federal que la adoptó “como hija” y luego la dejó sola, y un consejo estatal que, dice, no ve a las mujeres que buscan con ella y tampoco reconoce el trabajo colectivo.
La historia de Conchita comenzó el ocho de enero de 2018, cuando desapareció su hija, Luz María. En junio de 2020, la búsqueda individual se convirtió en un movimiento: organizó familias, presionó autoridades, impulsó la Ley de Búsqueda estatal y hoy encabeza un colectivo con más de 300 familias en Juventino Rosas.
El 9 de mayo de 2022 todo cambió. Durante una búsqueda en la comunidad de Santiago de Cuenda, dos camionetas con hombres armados rodearon al grupo que realizaba labores de rastreo independiente y amenazaron de muerte a Conchita y a sus compañeras.
Para resguardarla, el caso fue tomado por el Consejo de Protección, luego canalizado al Mecanismo Federal de Protección y la desplazó a Oaxaca con su familia, en ese proceso cayó en una depresión profunda y por salud mental empeoró en el exilio, por lo que, pidió volver al estado. El mecanismo aceptó.
Adecuaron su casa para reforzar la seguridad. Pero las medidas trajeron otra deuda: la factura de luz subió de 180 a más de 2 mil pesos mensuales debido a la instalación de equipo. De regreso en Guanajuato, afirmó que el acompañamiento se rompió y no vio cercanía del consejo, ni el mecanismo.
“Ni una llamada, ni un correo… algo. Pero no hay nada. Nada”. Concepción asegura que la falta de protección colectiva proviene de una crisis estructural entre el Consejo Estatal y el Mecanismo Federal.
Morir sin encontrar, la condena de una buscadora
A Blanca Patricia Torres Arredondo le tiembla la voz cuando recuerda la frase que la persigue desde hace un año: “Si no paras tu desmadre, los vamos a matar a todos”. La escuchó de boca de dos hombres encapuchados, a unas cuadras de su casa en Apaseo el Grande.
La amenaza se registró el 7 de noviembre de 2024, dos días después de que su hijo Óscar Iván Jiménez Torres y su nuera Luz Alejandra Lara Cárdenas fueran desaparecidos. Ella ya cargaba con la ausencia de Jesús Abel Jiménez, su primer hijo, quien desapareció el 21 de mayo de 2017.
Aunque ya había vivido amenazas previas en 2020 y 2023 nadie investigó, pero en la última ocasión por el nivel de riesgo, el Mecanismo Federal de Protección ordenó moverla, junto a su familia, a otro estado.
“Allá me estaban matando en vida. No podía buscar, no podía hablar, no podía decir dónde estaba…”, dice. Su nieta enfermó y estuvo hospitalizada un mes. Al final, por todas estas circunstancias, pidió volver.
A Blanca únicamente le dejaron algunas medidas de protección y eliminaron otras que la hicieron sentir vulnerable. A un año de la desaparición de su segundo hijo y su nuera no hay avances.
“Yo no quisiera morirme sin saber dónde están mis hijos. A eso sí le tengo miedo. A que me maten, no”, dice.
De acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública, desde 2019, año en que se creó el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se han otorgado 98 programas de protección exclusivamente a mujeres periodistas y defensoras. Sin embargo, esta cifra no refleja la totalidad de solicitudes que se incrementan al doble con las estadísticas que incluyen hombres.
Según los registros del propio Consejo, los municipios con mayor número de medidas de protección otorgadas son Celaya, con 33 casos; León, con 26; Irapuato, con 23; Pénjamo, con 22; Guanajuato capital, con 19; San Luis de la Paz, con 14, y Salamanca, con 11.
Del total de 373 medidas emitidas desde 2019 hasta agosto de este año a 207 víctimas, las más comunes han sido la entrega de 128 teléfonos celulares para emergencias, 100 rondines policiales, 38 dispositivos de vigilancia colocados fuera del domicilio, 22 asignaciones de escoltas y 13 instalaciones de cámaras de videovigilancia.
El catálogo de medidas también considera notificaciones a municipios sobre la incorporación de una persona al Consejo y la canalización del caso a la Fiscalía General del Estado o al Mecanismo Federal, algo que solo ha ocurrido en 15 casos. Se reportan además dos casos de extracción realizados por el mecanismo federal.
Entre fosas y abandono en Salvatierra
Desde 2020, cuando se halló la fosa clandestina más grande de Guanajuato, con 81 cuerpos en Salvatierra, la buscadora Angélica Zamudio, vive con la sensación constante de estar expuesta.
La fundadora del colectivo Ángeles de Pie por Ti, acompaña a más de 70 familias que buscan a sus desaparecidos en uno de los municipios que concentran más violencia en el estado.
“Desde ese hallazgo todo se volvió personal. Ya no amenazaban al colectivo: me amenazaban a mí”, sostuvo. Aunque su hija también ha sufrido las consecuencias.
La intimidación se intensificó aquel año, cuando la violencia del Cártel Santa Rosa de Lima se cruzó con su labor de búsqueda.
“En Salvatierra todos saben quiénes somos y a quiénes acompañamos. Aquí no se oculta nada. Día y noche nos vigilan”.
Pese al riesgo, la protección institucional ha sido errática. El Mecanismo Federal la incorporó por la magnitud del hallazgo, pero para ella su respuesta ha sido lenta y burocrática.
Angelica consideró que el Consejo Estatal ha sido más ágil, aunque las medidas instaladas tampoco le garantizan seguridad. Y con el tiempo, también, le han obligado a pagar más por la luz con facturas de miles de pesos.
La buscadora lamentó que la protección no considere la perspectiva de género ni análisis real del contexto y mucho menos la coordinación entre autoridades. Su exigencia es directa: individualizar los casos, eliminar la burocracia y coordinar al Mecanismo con el Consejo.
Celaya: periodista protegido es asesinado y nadie responde
El 4 de agosto de 2024, tras cubrir un accidente vial en Villagrán, Alejandro Martínez Noguez, conocido como “El Llanerito” o “El Hijo del Llanero Solititito”, reportero de nota roja reconocido en Celaya por documentar hechos policiales y de emergencia, fue atacado por civiles armados mientras viajaba en una patrulla municipal acompañado de dos escoltas; los agresores dispararon contra el vehículo y lo hirieron de muerte.
Antes de su asesinato ya había sido víctima de un atentado y amenazado, por lo que se encontraba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el 28 de noviembre de 2022.
A más de un año de su asesinato, la periodista María de la Paz Rodarte Ramírez, pareja del comunicador celayense, denunció que permanece expuesta, sola y sin resguardo integral.
“Yo me quedé a la deriva, sin un cuidado real. Desde que mataron a Alejandro, nadie vino a decirme cómo protegerme o si mi hijo y yo corríamos riesgo”, dijo Rodarte Ramírez, quien también ejerce el periodismo en Celaya, la ciudad con más solicitudes de programas de medidas por riesgos para periodistas y defensoras.
Alejandro Martínez era un comunicador conocido por su cobertura directa de la nota roja. Tras recibir amenazas, aceptó una custodia municipal acordada personalmente con el autoridades municipales, además de cámaras, botón de asistencia y rondines instalados tardíamente por el Mecanismo Federal.
“Lo dejaron solo. Las cámaras estaban ahí, pero nadie las monitoreaba. Nosotros las revisábamos cada ocho días”, recordó ella.
De acuerdo con la periodista, Alejandro vivió casi dos años escoltado por agentes municipales, una medida que terminó afectando su trabajo y su vida cotidiana.
“Llegábamos a cubrir una nota y atrás venían los custodios armados. La gente ya no quería hablar con él. Todo era miedo”, relató.
Aunque el Mecanismo Federal instaló algunas medidas, el seguimiento fue mínimo. Sobre el Consejo Estatal de Protección, fue tajante: “El Estado se lavó las manos. Solo me dijeron: ‘ya pasamos tu caso a la federación’. Nunca volvieron”.
Tras el asesinato del Llanero, Rodarte Ramírez también tuvo que pedir apoyo directamente al gobierno municipal para tener resguardo temporal porque las medidas oficiales no se activaran con oportunidad.
La Fiscalía del Estado no ha dado resultados, a más de un año del asesinato. Solo ha recibido apoyo de una beca escolar y reembolso de terapias psicológicas.
“Nos dijeron que el primer atentado iba por una línea y el asesinato por otra; ahí se atoró todo”.
Rodarte Ramírez pide al Consejo que no sean sólo una instancia reactiva, sino preventiva: “Hay zonas donde ya saben que estamos en peligro. No deben esperar a que maten a un periodista para actuar”.
Personal escaso y mínima especialización para proteger
La Secretaría Técnica del Consejo Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrita a la Secretaría de Gobierno, responsable de coordinar medidas de prevención y reacción ante agresiones contra activistas y comunicadores, enfrenta una realidad que contrasta con la gravedad del problema: un equipo reducido y perfiles con escasa especialización en derechos humanos.
De acuerdo con la estructura orgánica oficial, la Dirección de Protección a Personas Defensoras y Periodistas está integrada únicamente por cuatro personas.
De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en Guanajuato hasta el último trimestre de 2024 había mil 470 personas dedicadas al periodismo. Sin embargo, este sector acumula una informalidad laboral de 28.3 %. El número de personas dedicadas a la defensa de derechos humanos no es calculable, pero se identifica la existencia de al menos 32 colectivos de buscadoras de personas desaparecidas.
Por siete años y hasta principios de diciembre de 2025, Adrián Nájera Ramírez fue el funcionario que dirigió la secretaría técnica. Fue asignado a esa labor por su experiencia en tareas de administración pública y política interna: antes fue director de Desarrollo Político, coordinador en la Secretaría Particular del Gobierno del Estado y colaborador en la Secretaría de Seguridad Pública.
Aunque es abogado, su perfil no cumplía con trayectoria sólida en derechos humanos, un rasgo que se replica en el resto del equipo.
El Coordinador de Recepción de Casos y Reacción Rápida, José Luis Mosqueda Elizarrarás, es también licenciado en Derecho, pero su experiencia previa se concentra en funciones fiscales dentro de la Secretaría de Finanzas, donde fue actuario y encargado del área de ejecución entre 2014 y 2027.
En el nivel operativo, el analista Hiram Esaú Navarro Gutiérrez, también abogado, ingresó hace apenas dos años y medio. Su trayectoria inmediata anterior se vinculaba a áreas jurídicas universitarias y al litigio privado, sin antecedentes relevantes en la defensa de derechos humanos. Tras la renuncia de Nájera, el trabajador operativo se hará cargo de la secretaría técnica del consejo, informaron extraoficialmente colaboradores de la Secretaría de Gobierno.
La única mujer del equipo, Martha Georgina Cuéllar Ramírez, destaca como la integrante con mayor formación especializada: es maestra en Derecho Constitucional y Administrativo y acumuló nueve años como analista jurídica en materia de derechos humanos en la propia Secretaría de Gobierno. Fue incorporada a la Secretaría Técnica apenas este año.
Periodistas y defensores en el estado, consideran que la combinación de poco personal, baja especialización y mínima experiencia en derechos humanos, hace evidente la fragilidad institucional del mecanismo estatal.
En una encuesta realizada a periodistas y defensoras de diferentes municipios, un 60 % refirió que en los últimos cinco años se han sentido en riesgo y el 65% dijo que la atención del consejo es insuficiente.
En el cuestionario realizado a través de un formulario en línea, 28 personas dedicadas a estas actividades que lo respondieron reconocieron la existencia de una ley de protección, pero el 40 % desconoce qué tipo de medidas pueden recibir, a pesar de que desde su instalación el Consejo de Protección ha presumido en informes públicos, la capacitación de periodistas, defensores y buscadoras, así como la creación de una Red de Enlaces Municipales.
La red ofrece a funcionarios municipales capacitaciones y talleres, busca vinculación y coordinación. Sin embargo, no genera indicadores cuantitativos que demuestren su función o atención a beneficiarios del consejo.
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La Secretaría de Gobierno dice que han incorporado la perspectiva de género, enfoque interseccional, pertinencia cultural y otros enfoques diferenciados en cada caso de protección que se le presenta, pero las víctimas sostienen que esto es falso.
Las estadísticas de esta misma instancia evidencian también el desinterés de los titulares de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes son parte del Consejo y tienen responsabilidades en el mismo: sus ausencias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo se han acumulado durante años, sin importar los cambios de administración ni de titulares.
Este reportaje forma parte del proyecto “Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia”, promovido por Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C financiado por la Unión Europea.
Créditos
Fotografía, ilustraciones y video:
Jessica de la Cruz
Rodrigo Rojas
Ricardo Milantoni
A nuestra editora y maestra, por su sororidad y amistad
Nuestro agradecimiento
A Las Libres por ser refugio y acompañar desde la rebeldía y la ternura
15 de diciembre, 2025
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
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Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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