FGR investiga a cuatro militares por la muerte de Fernando Alan en Culiacán, Sinaloa
Para entender mejor
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones en contra de cuatro elementos del Ejército Mexicano, tras los hechos ocurridos el pasado 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, donde perdió la vida el joven Fernando Alán “N”.
Los efectivos fueron presentados el pasado lunes ante el Juzgado Quinto de Control Militar en La Mojonera, Jalisco. Aunque el proceso comenzó en el fuero castrense para el deslinde de responsabilidades internas, la FGR atrajo el caso debido a que la víctima era un civil y existen señalamientos de uso excesivo de la fuerza.
Fernando Alán, un abogado de 23 años recién egresado, falleció tras ser atacado a tiros durante un operativo militar en el que también resultó herida su pareja. Inicialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional calificó el incidente como un “error de identificación” durante una persecución contra personas armadas.
De acuerdo con la investigación, los jóvenes viajaban en un automóvil cuando ambos quedaron en medio de un intercambio de disparos sobre la avenida Álvaro Obregón, durante una persecución entre fuerzas de seguridad y civiles armados. La joven resultó gravemente herida y permanece hospitalizada.
Carpetas de investigación sobre caso Fernando Alan
Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja para investigar posibles violaciones al derecho a la vida.
Por su parte, el Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que la investigación se mantiene en la jurisdicción federal y ofreció respaldo a la familia del joven.
“Parece que hubo demasiada fuerza usada contra su hijo. Porque en realidad la versión que ellos tienen, y la que dan los vecinos, es que no fue fuego cruzado, sino que fue un hecho que ocurrió sí en medio de la persecución de unos delincuentes, pero que se tiene que decir muy claramente que lo que ocurrió”, mencionó.
El domingo, familiares, amigos y ciudadanos se manifestaron en Culiacán, Sinaloa, para exigir el esclarecimiento del asesinato de Fernando Alan.
Vestidos de blanco y bajo la consigna de “¡No era un criminal!, los manifestantes marcharon de la Catedral de Culiacán al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido como La Lomita, en una protesta pacífica en la que exigieron justicia y que el caso no quede impune.
“No fue un error”, dice la familia
La familia del joven Fernando Alan aseguró que su muerte durante un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, no fue producto de un “error”, y afirmó que continuará exigiendo justicia hasta que el caso sea esclarecido.
Brayan Humberto Chaidez Osuna, padre del joven, informó que la carpeta de investigación ya fue atraída por la Fiscalía General de la República, luego de que el caso fuera inicialmente atendido por la Fiscalía de General del Estado.
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Pese a que la familia aún no ha tenido acceso al expediente, aseguró que autoridades estatales y federales les prometieron acompañamiento y una investigación a fondo.
“Nuestro destino o camino siempre va a ser justicia. Que paguen, no fue él, fueron varios, según el video que se circuló en redes, es que paguen lo que hicieron, pero eso es lo que estamos buscando”, subrayó Humberto Chaidez.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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