En 2023, 31 personas demostraron que sus derechos humanos fueron violados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pero cuando ésta recibió recomendaciones para que les resarciera el daño, se negó a hacerlo y rechazó que fuera cierto. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 42 recomendaciones a la Fiscalía de Veracruz tan solo el año pasado, pero únicamente cinco fueron aceptadas, seis más permanecen en análisis y el resto fueron rechazadas por lo que están en manos de la Comisión Nacional en un intento de que se vuelvan a emitir, las acepten y tomen acciones. 

Aseguró que las familias de personas desaparecidas se enfrentan a la falta de labores de búsqueda y a la impunidad constante que conforman una violación a los derechos humanos pues generan que quienes buscan no puedan localizar a sus seres queridos.

Además, sostiene que ahora enfrentan la negativa de la Fiscalía de aceptar las recomendaciones lo que consideró es otra forma de violentarlas. 

Recomendaciones que Fiscalía de Veracruz ignora

Desde julio del 2015, dos hermanos desaparecieron sin dejar rastro cuando iban rumbo a un partido de futbol y desde entonces su familia los busca. Pero aunque presentaron la denuncia ante la Fiscalía, tan solo para tener el permiso para revisar los cuerpos que se encuentran en Servicios Periciales tomó un año y cinco días. En este tiempo la FGE no hizo nada. Luego pasó otro año y 11 días sin actividad.

El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas que indica las diligencias que se deben hacer y que debe ser de manera rápida, fue ignorado por completo en este caso, como sucede con muchos otros. 

Por ejemplo, las búsquedas en lugares como hospitales, centros de detención u hoteles, se hicieron cuatro años después de que se recibió la denuncia y las muestras de ADN se tomaron en muchas ocasiones (cuando debía ser solo una vez cuando recién se pone la denuncia) pero sin que en ningún momento notificaran si había resultados. 

Por eso la CEDH pidió a la Fiscalía que se le brinde atención médica y psicológica así como apoyo jurídico. Además, le dijo que debe retomar la investigación con los lineamientos que las leyes marcan y capacitar al personal para que esto no se repita. También pide una indemnización para reparar el daño. 

Pero la FGE no quiso hacerlo. De hecho, respondió que nada de eso es cierto pues consideró que se hicieron los trabajos de búsqueda y las diligencias correctamente. Todo esto en la recomendación 005/2023.

“No hacen el trabajo que están supuestamente para hacer, no cumplen con las acciones de investigación de búsqueda, de dar respuesta, no cumplen con nada de eso. Ante el que se enfrentan ya con las recomendaciones de Derechos Humanos por el trabajo totalmente nulo que hacen, en vez de asumir la realidad y reconocer que su trabajo ha estado muy por debajo del estándar, ¿que se espera de ellos en vez de reconocerlo se niegan? y entonces ahí hay una omisión, una omisión que es delincuencial”, aseguró Díaz Genao. 

El caso fue llevado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien emitió una nueva recomendación (237/2023) con la que reitera las medidas que su homóloga estatal había solicitado. 

Este es el único caso que ha recibido una recomendación de la CNDH, aunque según la presidenta de la Comisión Estatal, Namiko Matzumoto Benitez, 28 de las que fueron rechazadas en 2023 se encuentran en análisis pues es una forma en que buscan que finalmente los derechos sean respetados.

Explicó que ante los rechazos de cualquier ente solamente pueden tomar dos vías que son la impugnación ante la Comisión Nacional o solicitar al Congreso del Estado que llame a las autoridades para que explique, sin embargo consideró que es más útil la primera. 

“Creemos que es mejor optar por una solución procesal que produzca un resultado –cuál sería el recurso de impugnación ante CNDH – que eventualmente podría ser una nueva recomendación por parte del organismo nacional, ya que, de solicitar al Congreso la comparecencia de la autoridad, ésta volvería a expresar lo que ya fue manifestado documentalmente a la CEDH”, indicó. 

Gobernador y fiscal de Veracruz, sin explicar rechazo

En una entrevista a algunos medios de comunicación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, invitó a la fiscal Verónica Hernández Giadáns a aceptar las recomendaciones pues dijo que es necesario trabajar de manera coordinada. Sin embargo, ningún diputado o diputada ha solicitado su comparecencia específica por este tema. 

La fiscal se refirió a la falta de aceptación de las recomendaciones desde el mes de marzo del año pasado cuando dijo “desde la fiscalía siempre estamos del lado de las víctimas, defendemos sus derechos pero también defendemos nuestro trabajo”. En ese momento ya había acusaciones de que estaban rechazando la mayor parte de las que le llegaban. 

“Desgraciadamente, pues como se emitieron muchas, muchas recomendaciones, pues Fiscalía llegó un momento que las paró, es lo que nosotros pensamos que haya sido; pero también es por todas las violaciones que tienen las carpetas, es que desgraciadamente pues las carpetas están en un gran rezago entonces nosotros como familiares exigimos que se revisen para que nos den una respuesta”, afirmó Lara. 

La activista está en lo cierto al decir que han sido muchas recomendaciones las que ha recibido la fiscalía. Por ejemplo, en 2022 recibió 38 de las que rechazaron seis (dos por detención arbitraria y tortura, dos por desapariciones, entre otras), en 2021 fueron 34 todas aceptadas, en 2020 fueron 149 de las que una fue rechazada.

Entre los casos que han recibido recomendaciones donde la FGE se ha negado a aceptar que violó derechos humanos se encuentran algunos que han sido muy mediáticos como la detención arbitraria y tortura de July Raquel Torres quien recibió condena por el homicidio de la rectora de la Universidad de Valladolid en Xalapa, caso que conmocionó a la sociedad de la ciudad. 

Otro fue la detención que la CEDH consideró arbitraria y con tortura de Oscar Felipe, quien estaba acusado del homicidio del activista de la comunidad LGBT Miguel Ángel Sulvarán. Él fue puesto en libertad. 

Además, hay múltiples casos de desapariciones donde la falta de trabajo ha provocado estragos a sus familias. Por eso estas recomendaciones fueron una de las demandas que pusieron sobre la mesa en diciembre los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, cuando tomaron el Palacio de Gobierno. 

Tras la toma, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se reunió con las manifestantes pero al encuentro no fue la fiscal. Aun así, hablaron del tema y de acuerdo con Lara, el gobernador prometió darles informes de lo que está pasando y por qué la negativa a aceptarlas, pero hasta el momento siguen esperando. 

“Pues nuestra exigencia fue hacia el gobernador, pues se revisen que nos den una respuesta, porque sí, ya son muchos años los que estamos esperando y simplemente se salía, pues no da como una respuesta clara porque se están rechazando”, aseguró. 

“Desde que vamos a poner la denuncia, desde ese momento nos violentan porque te hacen esperar, porque en su momento nos cobraron para poner la denuncia, porque en su momento nos pidieron dinero para hacer las investigaciones y poder ir al lugar de los hechos, entonces claro que nosotros nos apoyamos con Derechos Humanos, porque es una forma de poder exigir que se haga la investigación”, contó. 

Además, las víctimas se enfrentan a que la FGE no es la única que rechaza las recomendaciones cuando se determina que violaron derechos. 

De acuerdo con la CEDH el año pasado la Secretaría de Seguridad Pública rechazó nueve recomendaciones, aceptó tres y está en análisis de una. En una revisión realizada se encontró que algunos de los rechazos son por hechos de desaparición forzada, es decir donde la corporación estuvo involucrada. 

“Es un ciclo vicioso de impunidad de delitos, de omisiones de simulación y en este ciclo estamos las víctimas y los desaparecidos y así no van a aparecer, aparte de todo el daño que lleva a la familia”, indicó la directora del Colectivo Solecito. 

Por eso, ella, sus compañeras activistas y las demás víctimas siguen en espera de que en algún momento la Fiscalía acepte las recomendaciones y retome las investigaciones tal y como hubieran esperado lo hiciera desde el inicio. 

“Ellos no están cumpliendo y es reiterativa la omisión, cuando ellos también incurren en negarse a reparar el daño es una omisión sobre otra, es una negligencia, una falla, sobre otra, entonces ¿qué es lo que la Fiscalía pretende hacer en Veracruz?”, afirmó Díaz Genao.