
Para entender mejor
Luego de darse a conocer que la Frutería Pepe, en Polanco, está próxima a cerrar después de 40 años tras perder la batalla contra la gentrificación, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, criticó la falta de facultades de las demarcaciones para proteger a los comercios de barrio y a los vecinos de fenómenos.
Para lo cual sí tiene atribuciones, subrayó, es para ordenar el comercio en vía pública, por lo que descartó haya posibilidad de darle un permiso a la frutería para que se instale en alguna calle de la alcaldía.
La opción, dijo, es ofrecerles un espacio en uno de los 19 mercados públicos de la demarcación.
“No podemos darle un permiso para vender en la vía pública. Definitivamente no es una opción. Nosotros no hemos dado un permiso para vender en la vía pública; lo que sí podemos ofrecer es en alguno de los mercados algún local, eso sí, porque si tenemos locales disponibles y ahí podría acercarse nuestra gente de mercados”, informó Tabe.
Aunque aceptó que “no es lo mismo porque el valor del comercio sí depende de la ubicación”, el panista dijo que es la única opción que su gobierno podría ofrecerles.
Este lunes 8 de diciembre Animal Político publicó el caso de la Frutería Pepe, uno de las decenas de negocios de barrio que debido a incrementos de renta o llegada de franquicias y negocios de lujo se ven obligados a cerrar sus fuentes de trabajo.
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Después de 40 años de servicio y tras haber empezado como un puesto en vía pública, Sthefany Lourdes Bonifacio, encargada del local, dijo que ha valorado regresar a la venta en vía pública, pues esta es su única fuente de ingreso.
“No hemos dado permisos para el comercio en vía pública y todos los días nuestro equipo está cuidando del orden en las calles, (además) de que atendemos las quejas de los vecinos cuando se instala alguien que no tiene permiso. Buscamos que no se instalen nuevos comerciantes porque sino la calle se vuelve un caos”, insistió Mauricio Tabe.
En coyuntura al caso de la Frutería Pepe, el alcalde subrayó que el precio de las rentas y el suelo de la CDMX no lo establecen las demarcaciones, por lo que aunque él quisiera decirle a los arrendadores que no suban los precios, no puede hacerlo.

“Es bien penoso como alcaldía que no se pueda hacer nada para salvar a los pequeños comercios de barrio (porque) nos faltan instrumentos y facultades. Ese es el reclamo que hemos hecho (porque) estamos atados de manos”, señaló.
Tabe también cuestionó qué ha hecho el Gobierno capitalino y el Congreso local para evitar que fenómenos como la gentrificación expulsen no solo a los negocios de barrio, sino a los propios habitantes de las demarcaciones
“Ya sacó el gobierno de la Ciudad hace unos meses su medida contra la gentrificación y ya tendría que estar dando resultados, ¿no?”, dijo.
“Urge una respuesta del Gobierno y del Congreso de la Ciudad para poner fin a este problema de crecimiento del valor del suelo desigual porque se dispara en unas zonas y se deprime en otras”, pidió.

Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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