Colapsa Tierra Caliente: alcaldes, diputados y pobladores bloquean accesos a nueve municipios en Guerrero
Tras cuatro días de bloqueos en los nueve municipios de Tierra Caliente, encabezados por alcaldes, diputados y funcionarios estatales, la economía en la zona ha colapsado.
Ciudadanos de esa región denunciaron compras de pánico en las tiendas departamentales y en los mercados, mientras que en las gasolineras se agota el combustible. Este lunes por la mañana se registraron largas filas en estos establecimientos en espera de comprar algunos litros. Muchos negocios, como los de comida, han cerrado.
Desde el sábado 29 de abril, las dos principales empresas de autobuses que circulan en Guerrero, Estrella de Oro y Estrella Blanca, suspendieron su servicio al público a la región de Tierra Caliente por los bloqueos y, además, por la falta de condiciones de seguridad.
“La gente ya está desesperada porque los productos de primera necesidad ya se están escaseando porque los camiones surten toda clase de productos a esta región no pueden ingresar”, dijo en entrevista telefónica un ciudadano de Ciudad Altamirano.
Desde el pasado viernes 28, seis alcaldes y dos alcaldesas, así como una diputada y un diputado local y un legislador federal encabezan bloqueos en cuando menos seis puntos de la región, lo que la mantiene cercada la Tierra Caliente.
Lee: Presuntos integrantes de Los Tequileros amenazan con escalar pelea por control de Tierra Caliente
Los bloqueos
Un primer bloqueo está en el punto conocido como Palos Altos, cerca de Arcelia; otro más en Poliutla, uno en Tlapehuala; los siguientes en Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán y en el puente de Rivapalacio, en los límites entre Guerrero y Michoacán.
Otro bloqueo lo encabeza la alcaldesa morenista de Tlachapa, Tania Mora Equiluz, en la carretera que conduce a este mismo municipio que gobierna.
La principal demanda de los ediles, legisladores y funcionarios del gobierno estatal es la destitución de la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, porque, según ellos, ha ordenado detenciones de personas y cateos arbitrarios en viviendas.
El viernes 29 pasado, personal de la FGE, acompañado por el Ejército y Guardia Nacional, aseguraron una camioneta Hummer y un automóvil Lamborghini con reporte de robo.
Ambos vehículos estaban en una bodega en Ciudad Altamirano y, presuntamente, los tenían en su poder familiares cercanos de unos de los líderes de la Familia Michoacana (FM), Jhonny Hurtado Olascoaga, apodado “El Pez”.
El otro líder de este grupo del crimen organizado, es decir, un grupo criminal con relaciones claras con grupos económicos y políticos regionales, es José Alfredo Hurtad, “La Fresa”. Desde hace una década las autoridades han reportado operaciones de este grupo en Tierra Caliente, y en los últimos meses en más puntos del estado.
Los problemas recientes en la región, evidenciados en los bloqueos, se desencadenan de la operación reciente de la FGE, que incluyó el aseguramiento de vehículos.
El secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, aseguró que les ha ofrecido diálogo a los alcaldes y a los diputados, pero estos han rechazado el ofrecimiento.
Este grupo de ediles y legisladores que dirigen el cierre de las vías de comunicación son los que se reunieron el jueves 27 de abril con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones militares del 34 Batallón, en Ciudad Altamirano, a quien le pidieron medidas de seguridad porque, aseguraron, son amenazados de muerte por el grupo del crimen organizado de Los Tlacos, contrarios a la FM.
De manera oficial el gobierno estatal no informó detalles puntuales de la reunión con estos servidores públicos, pero Amapola Periodismo logró documentar que esta reunión fue complicada porque hubo reclamos de ambos lados.
Los alcaldes y legisladores se quejaron de que son amenazados por Los Tlacos, y la gobernadora reviró que en la Tierra Caliente hay otro grupo que impone hasta los precios de los productos que venden en la región, al parecer en alusión al grupo criminal de la Familia Michoacana.
Ahora, a los bloqueos se han sumado hasta miembros del gobierno de Salgado Pineda con funciones en la región.
En un video que circuló este lunes en redes sociales, la delegada en Tierra Caliente del gobierno del estado, María Asunción Santamaría Jiménez, dijo que ella acudió a los bloqueos y ayudó a habitantes con el traslado de víveres.
“En estos bloqueos me he encontrado a comerciantes, ganaderos y profesionistas y me han manifestado la inconformidad por los hechos cometidos por la Fiscalía y me han pedido que yo le pida a la gobernadora que tenga el acercamiento para un diálogo y resolver esta situación que afecta a todo el territorio calentano”, comentó la funcionaria estatal.
“Pronto se terminarán los víveres, combustibles, las purificadoras dejarán de dar su servicio; el hospital general pronto dejará de atender por falta de personal, insumos, alimentos para los enfermos, no se pueden hacer traslados (de enfermos), y esto no puede seguir así”, mencionó Santamaría Jiménez al leer un comunicado este lunes a través de su cuenta personal de Facebook.
La gobernadora también expuso que la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz acordó reforzar las acciones en la región de la Tierra Caliente con el objetivo de cuidar la integridad y el bienestar de los habitantes.
“No daremos un paso atrás en los trabajos encaminados a la pacificación del estado”, comentó. Después agregó:“Nuestro pacto es y será siempre con el pueblo”.
Tras establecer un diálogo con las y los alcaldes de la Tierra Caliente, acordamos reunirnos el día de mañana para revisar nuevamente sus planteamientos y encontrar una ruta conveniente para poder resolverlos.
En este diálogo sostenido la tarde de hoy, también se acordó con las…
— Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) May 2, 2023
En los bloqueos participan transportistas, funcionarios, trabajadores municipales de los ocho ayuntamientos de los alcaldes involucrados, personal de la Secretaría de Salud y maestros.
Por versiones de habitantes de la región, la mayoría de la gente que desde el pasado viernes está en las protestas, fueron obligados por los alcaldes, diputados y funcionarios estatales de la región a participar.
“Acudan a su bloqueo más cercano y manden evidencia”, decía un mensaje enviado a algunos de los trabajadores a través del WhatsApp.
Los alcaldes que dirigen las protestas son el perredista de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; la morenista de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, y el priista de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario.
También el de Arcelia, Bulmaro Torres Berrúm; el de Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea; los priistas de Cutzamala, Mayté Lucero Arce Jaimes y el diputado local, Adolfo Torales.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que el delegado de Servicios Educativos en Tierra Caliente, Taurino Vázquez Vázquez, también participa en los bloqueos.
Otro funcionario que fue denunciado por obligar a sus trabajadores a acudir a los bloqueos es el director del Hospital General de Coyuca de Catalán, Jexzael Sánchez Martínez.
Este funcionario estatal tiene como superior a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria, 01 de la Secretaría de Salud, Amalia Mora Equiluz, hermana de la alcaldesa morenista de Tlachapa, Tania Mora, quien encabeza un contingente en el cierre de una de las vías en esa región.
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Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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