FGR inicia investigación por delincuencia organizada tras ataque con coche bomba a Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada, luego del ataque con la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.
Por estos hechos, registrados este sábado 6 de noviembre, cinco personas murieron, de las cuales se presume que una sería el conductor, y 12 más resultaron lesionadas.
En la zona se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, detalló la dependencia.
Los elementos desplegados son especialistas en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además, en telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.
La investigación estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad federal y autoridades de Michoacán.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública michoacana dio a conocer el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Coahuayana, con el fin de cuidar a la población y buscar a los responsables del ataque.
“El operativo permanece activo para proteger a la población, mantener el control del área y respaldar las investigaciones tras los hechos registrados”, señaló la dependencia.
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Michoacán es uno de los estados más violentos: ocupa el séptimo lugar en cuanto a homicidios dolosos, con 1,132 casos entre enero y octubre y, a la vez, se tiene registro de 7,361 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, según cifras oficiales.
Desde que se lanzó el Plan Michoacán, el pasado 10 de noviembre, tras el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, al menos 165 personas han sido detenidas y se han decomisado decenas de armas y explosivos.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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